Cuando Pablo Escobar era “el doctor”, y a su nombre se le anteponía el título de “honorable representante”, cuando todos los directores de medios periodísticos se deshacían en zalamas ante el personaje, y la mayoría de empresarios buscaban tener negocios con él, así fuera por interpuesta persona, mediando la década de los 80’s del siglo pasado, el entonces ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla, le hizo un debate al representante antioqueño denunciándolo como jefe de una organización mafiosa. La primera respuesta, después de la negación, fue tratar de poner al ministro en el mismo lugar de ellos, mediante el montaje de un cheque girado por otro conocido narcotraficante, Evaristo Porras, al valeroso Lara Bonilla. Luego fue asesinado.

Han transcurrido 24 años desde aquel crimen, y pervive el recurso al asesinato, más, no sólo este: también se actualiza el método del cartel de Medellín de igualar en bajeza a los contradictores. Buena parte del accionar mafioso se justifica desde la presunción que todos somos delincuentes, por lo cual a los más listos les está permitido tomar mayor participación en las transgresiones a la ley, de esto se desprende que ellos no son criminales, sino gente emprendedora, “echados pa’lante”: inteligencias superiores. Desde esta óptica todo hombre es un delincuente en potencia, al que sólo falta darle la ocasión de corrupción, para lo cual los mafiosos se prestan, como quien hace un servicio social.

Así, a la par de extender sus actividades ilícitas, la mafia necesita extenderse demográficamente, tocar cada vez más personas, porque aún el más impenitente criminal requiere alguna legitimación, y, al extenderse, la mafia confirma su tesis de base, y se re legitima, en un movimiento permanente. Ahora, cuando alguno no entra en este juego, no se deja corromper, no se concibe que por ello sea un hombre probo, sino que está inmerso en otro tipo de corrupción.

Con el Gobierno del Supremo, Álvaro Uribe, se han actualizado muchos de los antiguos métodos de Pablo Escobar, quien fue un gran innovador en su campo y llegó a formular algún saber de su accionar. Desde el recurso al soborno, con el cual constituyó su colectividad política, sustrayéndosela a los partidos, hasta la intimidación con la cual trata a la oposición, y a las cortes que no se hincan ante sus propósitos.

Dado el continuo cuestionamiento al Gobierno por sus vasos comunicantes con la ilegalidad, la respuesta a quienes enuncian esto es no sólo la intimidación, también ha incursionado en el señalamiento temerario, tanto que Pablo de Antioquia se sentiría abochornado. Como terroristas, o cómplices del terrorismo, han sido afrentados, sistemáticamente, los miembros de la oposición, o quienes han abandonado las huestes oficiales, como le sucedió a Rafael  Pardo, o como aliado de la mafia, como fue calificado el ex presidente Cesar Gaviria. Ha llegado a emplear el mismo lenguaje con el cual el paramilitarismo justifica sus crímenes y despojos, señalando a sus víctimas como guerrilleros vestidos de civil, cuando trata al senador Gustavo Petro de “terrorista vestido de civil”. Aún para la prensa independiente, para la que hacen Daniel Coronell y Ramiro Bejarano, tiene el calificativo de “nostálgicos del terrorismo”. Todo esto con el mayor desparpajo, sin responsabilidad alguna, porque en Colombia el Ejecutivo se aseguró de neutralizar, mediante el soborno, a su juez natural.

De los señalamientos se ha pasado a promover pogromos, a la usanza nazi, contra la senadora Piedad Córdoba, justificados ellos por un Ministro del Interior de este Gobierno.

Ahora, con la cooptación progresiva y ya casi total de las cortes, los organismos de control y la Fiscalía General de la Nación, se entra de lleno en una fase que ya se venía ensayando, el procesamiento judicial de los opositores.

La semana en curso, como trasfondo de la gira del Señor Presidente por Canadá y Estados Unidos, se ha puesto en escena dos hechos tendientes a deslegitimar a las cortes y a la oposición. Por una parte, se da el aprovechamiento del Gobierno del espionaje ilegal a los magistrados de las altas cortes, cuando se da a los medios de comunicación informes parciales sobre el seguimiento financiero a los magistrados, sindicándolos, en la generalidad, como protagonistas de recepción de dineros de dudosa procedencia. Luego, muy solícita, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, abre un proceso contra tres magistrados con base en tales informes. El mensaje es claro, así los militantes de la coalición de Gobierno estén comprometidos con parapolítica, cohecho y corrupción general, no se pueden procesar porque las cortes son indignas, tan corruptas como ellos.

Igualmente, el procurador que absuelve a los funcionarios gubernamentales, Alejandro Ordóñez, anuncia el inicio de investigaciones contra congresistas del Polo Democrático Alternativo, y contra la senadora liberal Piedad Córdoba, acusándolos de aliados de las FARC, lo que se ha llamado Farcpolítica. También vincula a un Concejal polista en Bogotá.

Claro está que cualquier ciudadano debe responder ante la justicia y los organismos de control cuando estos lo requieran, también que nadie debe tener inmunidad para delinquir, aunque el Director del Partido de la U diga lo contrario. Pero, el contexto en que se dan estos procesos indica que no se trata de una investigación cualquiera, sino de una abierta persecución política. Todo parte del presunto contenido de los computadores del abatido Raúl Reyes, y la certificación de la INTERPOL del contenido de estos indica que se adulteraron 48.000 archivos, en los primeros días de tener en custodia estos equipos, los cuales han estado en manos del Gobierno un año y medio más, sin que pasen a manos de las autoridades judiciales. Una cadena de custodia desvirtuada.

Equiparar parapolítica con farcpolítica es un disparate, por varias razones. En primer término, la parapolítica se da por la tolerancia del Estado con las bandas paramilitares, cuando no ha sido su promoción directa, como política de Estado. En cuanto a las FARC, y a la insurgencia en general, nunca se ha dado tolerancia alguna con ella, siempre se ha combatido y menos se ha dado promoción de la subversión.

Como motivación para que los paramilitares hicieran la captura del Estado, está la re configuración del mismo, haciéndolo funcional a sus fines. En cambio, las FARC buscan la derrota del Estado para promover otro. Mientras los paramilitares definen la vía electoral, dentro de la estrategia de la ultraderecha colombiana de combinar todas las formas de lucha, las FARC son abiertamente abstencionistas, por lo que resulta imposible que algunos congresistas se beneficien de los votos de las FARC. La mayor participación que hace esa guerrilla en elecciones es la matanza de candidatos, la quema de urnas y promover la abstención forzada.

Incluso, la vinculación como farcpolítico del senador Robledo es completamente inverosímil, dado que este político ha sido un antagonista de la lucha armada en general, y de las FARC en particular, desde tiempos ancestrales. En el afán de acallar la oposición perdieron de vista las particularidades de la izquierda.

Denominado como farcpolítica, el proceso pretende hacer un paralelismo con la parapolítica, de modo que si la coalición de Gobierno está masivamente vinculada a los grupos paramilitares, la oposición está vinculada a las FARC, con lo cual quedaría deslegitimada, tal como lo ha promovido el Supremo desde el inicio de su mandato. El rédito político para el Gobierno es rotundo: ni la oposición los puede acusar, ni la Corte los puede juzgar. De paso, anula a unos congresistas incómodos y desprestigia a estos partidos políticos.

La única forma de hacer farcpolítica fue la que intentó Juan Manuel Santos, cuando le propuso a esta guerrilla una alianza para derrocar al entonces presidente Ernesto Samper, en unida de acción con los paramilitares, y bandas vinculadas a los esmeralderos. Curiosamente, esta vía posible e intentada por el ex ministro no merece ninguna atención de las autoridades judiciales, menos de un procurador de bolsillo como es Ordóñez.

Que tal proceso lo inicie semejante procurador, militante de la extrema derecha e incondicional al Gobierno, contra quienes no votaron por él, deja muchas dudas. La primera que salta es si su concepción de la presunción de inocencia, según la cual todo funcionario del Gobierno del Patriarca es inocente así se demuestre su culpabilidad, funcionará inversa tratándose de los opositores, y resulten culpables, así se demuestre su inocencia.

– José Darío Castrillón Orozco es Psicólogo

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 162, Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org