Pocas dudas caben acerca de la necesidad de poner en marcha una reforma política que enfrente problemas fundamentales que han conducido a un descrédito de los partidos políticos, a una pérdida de legitimidad del Congreso de la República, lo cual requiere, la adopción de mecanismos legales que contribuyan a la recuperación de la vida política nacional. En esta coyuntura estos temas están relacionados con por lo menos tres problemas urgentes. El primero corresponde a la necesidad de establecer un sistema de sanciones ejemplares a los partidos que avalan candidatos aliados con grupos armados ilegales y con sectores del narcotráfico. Si bien los organismos judiciales avanzan, en medio de grandes dificultades, en el empeño de castigar a los congresistas y demás funcionarios electos con la participación de grupos criminales, estas investigaciones, terminan con condenas individuales sin que dichas sanciones se extiendan a los partidos y movimientos políticos que acogieron candidatos que se aliaron con grupos criminales. En Colombia no existe un sistema de sanciones para partidos que posibilitaron dichas alianzas. Hay que tener en cuenta que en Colombia los partidos reciben financiamiento público para el sostenimiento de los partidos, pero, también se entregan recursos públicos por concepto de reposición de acuerdo con la cantidad de votos obtenidos por los partidos en las distintas elecciones. No cabe duda que se requieren mecanismos de sanción para aquellos partidos que se han convertido en instrumentos de grupos al margen de la ley o del narcotráfico.

Un segundo aspecto tiene que ver con el financiamiento de las campañas políticas. No existen sanciones para los partidos financiados por el narcotráfico o por grupos armados ilegales. No se obliga por ejemplo, a la devolución de los recursos percibidos por partidos y movimientos a quiénes la justicia ha demostrado que recibieron recursos y utilizaron métodos antidemocráticos para obtener votos y renglones en los cuerpos colegiados o en cargos de elección uninominal. Este fenómeno ha sacudido la política colombiana en dos ocasiones: el primer gran escándalo estuvo relacionado con el financiamiento de la campaña presidencial y de Congreso de la República en el año de 1994, alrededor de estos hechos se realizó el llamado proceso 8.000, y más recientemente, en la elección de Congreso de la República en el año 2002 y 2006, el escándalo popularmente llamado como parapolítica. A pesar de la gravedad de estos hechos comprobados judicialmente no se han aprobado medidas que busquen el castigo para las organizaciones políticas que reciben dichos recursos. Una reforma en materia de financiamiento también debería contemplar sanciones drásticas para partidos que reciben recursos de contratistas del Estado, pues, luego de ser electos los candidatos financiados con recursos provenientes de los contratos que realizan con organismos del Estado, los financiadores reciben jugosos contratos como retribución a sus contribuciones generosas a las campañas. El financiamiento de las campañas debería contemplar entonces el tema del financiamiento público, el uso de los medios de comunicación y su costo en las campañas, las sanciones a quienes violen los topes definidos por la autoridad electoral, los mecanismos de control sobre financiamiento.

Un tercer tema es el de las autoridades electorales. Es evidente que la forma de elección y las funciones del actual Consejo Nacional Electoral no garantiza ni la imparcialidad ni el castigo para candidatos, partidos y movimientos que sistemáticamente violan las normas electorales. El nombramiento del Registrador nos parece adecuado en cuanto que los resultados de los registradores nombrados bajo el nuevo sistema, en que son los presidentes de las altas cortes, quienes organizan el concurso y finalmente eligen, ha arrojado resultados que estimamos marchan de manera adecuada. No obstante el gran problema lo constituye el Consejo Nacional Electoral que es prácticamente una extensión de las cuotas de los partidos y por ello no aplican la normativa electoral. Sus resultados son desastrosos para la democracia, pues, no existe una autoridad electoral que sea una primera instancia sancionatoria y una segunda bien podría seguir siendo el Consejo de Estado. Pero este debate hay que darlo en el país. Un ejemplo, bastaría para ver la inoperancia de este Consejo Nacional Electoral. Este organismo definió que el tope de recursos para un proceso de referendo no debería exceder los 343 millones de pesos. Quienes estuvieron al frente de la recolección de firmas para buscar la ley que permita un referendo reeleccionista presentaron cuentas por más de 2.000 millones de pesos. No sólo excedieron el tope fijado por este organismo sino que tampoco han dado buena cuenta del origen de los recursos. ¿Qué ha hecho este organismo? Nada a no ser que continúa en las exhaustivas investigaciones. De éste organismo es del que estamos hablando, que no constituye garantía de vigencia de un poder electoral transparente y democrático.

En éstas mismas instalaciones durante esta semana, por ejemplo, se procedió a la aprobación de un proyecto de ley que permite la convocatoria de un referendo para buscar la candidatura por tercera vez del actual presidente de la República Álvaro Uribe Vélez. Todos los argumentos se han esgrimido para tratar de mostrar la inconveniencia de dicha propuesta que ya ha afectado de manera significativa el sistema de división de poderes. Los pesos y contrapesos han sido afectados sin que las mayorías uribistas en este Congreso hayan intentado siquiera debatir de manera seria y responsable cómo se hacen las reformas y cuáles deberían haber sido aprobadas ya, para restablecer el equilibrio de poderes seriamente afectado por la reelección presidencial. Aquí se sigue votando en medio del desprestigio de un Congreso en que 82 parlamentarios, es decir, el 30.7% del total de los congresistas están siendo investigados por sus nexos con grupos criminales, por el financiamiento de sus campañas con recursos del narcotráfico y estos congresistas sin romperse ni mancharse legislan en beneficio propio en esta reforma que están aprobando. Pero hay algo más son 33 senadores de la República los que se encuentran actualmente investigados por sus nexos con grupos criminales, lo que representa el 30% del Senado. Así pues de los 62 parlamentarios que votaron el texto del referendo, la mitad, lo que constituye un tercio del Senado de la República, no deberían votar pues mantienen una representación seriamente cuestionada por los jueces de la República. Si se hubiese aprobado la reforma que el señor presidente Álvaro Uribe Vélez, contribuyó a hundir en el mes de junio del año pasado, y que contenía la sanción del retiro temporal de todos aquellos investigados y asegurados legalmente, no hubiese obtenido los votos necesarios para su proyecto reeleccionista. Así pues este Gobierno mantiene las cuotas de sectores criminales de la clase política y se alía con ellos, entre otras cosas, para garantizar la continuidad de este proyecto en las más altas magistraturas del Estado comenzando por la institución presidencial.

La reforma Política en trámite no es la que requiere el país

La pomposamente llamada reforma política defendida a capa y espada por el presidente Uribe y su ministro del interior Fabio Valencia Cossio, avanza hacia su aprobación en el Congreso de la República. Ya se encuentra a consideración de la Comisión Primera del Senado de la República para surtir su sexto debate y esta Audiencia es parte de los requisitos del trámite. En este orden de ideas, quiero decir aquí, señor Presidente, que esta es una reforma tramposa, incompleta y que no es la reforma que el país requiere en estos momentos. Es evidente que una reforma política de verdad debería afrontar varios temas a los que de manera abstracta, ya me he referido en los minutos anteriores. Ahora pretendo hacerlo con relación a los contenidos del proyecto que se encuentra a consideración de esta Comisión Primera del Senado de la República. (1) Con relación al régimen de sanciones a los partidos y movimientos políticos a quienes las investigaciones judiciales han probado sus nexos y compromisos con grupos criminales y del narcotráfico. Este proyecto nada plantea en concreto sobre el régimen de sanciones. Dice el texto que la ley aplicara estrictas sanciones que lleven hasta la pérdida de la personería jurídica, pero, no establece ni el tipo de delitos ni la sanción correspondiente, todo lo deja a una futura ley estatutaria que deberá expedir este Congreso en el próximo semestre. Pero lo que si deja claramente establecido, es la impunidad. El régimen de sanciones sólo se aplicará a las futuras elecciones mientras tanto todos los llamados suplentes que votan la reforma en beneficio propio, no sólo seguirán hasta el final del período constitucional en julio del año 2010. Esto es una aberración. Un tercio de todo el Congreso contribuye a votar medidas que los benefician en abierta contradicción con los más elementales principios de la ética pública y constituyendo un aberrante conflicto de intereses.

Señor Presidente, partidos como Colombia Democrática o Colombia Viva que fueron mamparas de los grupos criminales de paramilitares no solo se les debería quitar la Personería Jurídica sino que deberían devolver los recursos que recibieron de los impuestos públicos que pagamos todos los colombianos tanto para su financiamiento como por la reposición de votos.

(2) Se debería aplicar retroactivamente la reforma para castigar a todos aquellos partidos que favorecieron el accionar criminal de los paramilitares y se favorecieron del crimen, de la compra de votos, de la amenaza a los electores, de los asesinatos de los lideres sociales y de los opositores políticos. Actualmente se encuentran investigados 82 parlamentarios en ejercicio lo que representa el 30.7% del total del Congreso de la República. De este número 61 son de todos los partidos de la coalición de Gobierno del presidente Uribe.

Pero lo más aberrante es que los suplentes de congresistas condenados por su alianza comprobada con los criminales como los suplentes de Mauricio Pimiento, Erick Morris, para mencionar dos condenados por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que fueron elegidos con votos de los criminales, esos suplentes siguen decidiendo sobre reelección presidencial, recortes a las leyes que beneficiaban a los trabajadores, impuestos, etc. Este es el problema. Esta reforma está siendo aprobada por los beneficiarios de los criminales paramilitares. Hay más de 80 parlamentarios que deciden sobre referendo reeleccionista y sobre normas políticas electorales que los benefician. Por ejemplo, el proyecto señala que la reforma en materia de silla vacía solo funcionará para las investigaciones que se abran a partir de la entrada en vigencia del Acto Legislativo. El proyecto como lo hemos denunciado en varias ocasiones garantiza la impunidad para los actuales congresistas y sus suplentes a quienes Uribe sigue manteniendo sus cuotas burocráticas tanto en sus regiones como en el Gobierno Central.

(3) Habría que limitar el financiamiento privado de las campañas. Extender por ejemplo, al conjunto de las elecciones lo que se contempló en la ley de garantías electorales para la elección a la Presidencia de la República. El 90% del financiamiento es público y solo el 10 es privado con limitaciones. Hay anticipo de fondos para adelantar las campañas. Pero faltan normas que equilibren el cubrimiento en medios de comunicación, etc. Esto no está en el proyecto aprobado. La única modificación es la que permitiría el financiamiento anticipado, pero, todo el tema de porcentajes y mecanismos de control se deja a una hipotética ley que debería dictar éste mismo Congreso plagado de delegados de los criminales que siguen despachando y decidiendo.

(4) Precisamente uno de los puntos más censurables es que el proyecto de manera grosera y descarada plantea que si el Congreso no promulgare la ley en el próximo semestre, el candidato presidente Álvaro Uribe Vélez sería el que reglamente el Acto Legislativo. Esto es inmoral. Todos sabemos que Uribe está en campaña y que si se opuso a la reforma política que establecía la Silla Vacía fue justamente para garantizar que los suplentes de los 61 investigados de su coalición podrían seguir votando por el texto del referendo. Uribe no es garantía de reglamentación imparcial de una reformita que pretende cambiar reglas de juego para las elecciones.

(5). Pero el proyecto de Acto Legislativo contiene otras perlas. Prohíbe que los actuales concejales y diputados se puedan presentar como candidatos al Congreso para las próximas elecciones. Uribe les da ventajas a sus aliados. Seguramente hermanos, esposas, primas y demás familiares de los parapolíticos se presentarán a los cargos de los investigados o presos y no quieren que haya competencia. En cambio se fortalecen los requisitos para los candidatos independientes y el texto prohíbe las coaliciones entre candidatos inscritos con firmas y partidos políticos. En este mismo sentido se puede leer el aumento del umbral del 2 al 3% que es acertada, pero, que en esta coyuntura premiaría precisamente a los partidos que deben ser sancionados. Consagra además el transfuguismo político como el de Roy Barreras que abandonó Cambio Radical y se pasó sin romperse ni mancharse al partido de la U.

(6) El proyecto no es la reforma que el país necesita. Una reforma debería ocuparse del régimen de sanciones a los partidos ligados con el crimen y con el narcotráfico, pero, además debe incluir el tema de los delitos relacionados con la corrupción que también deberían ser incluidos en las sanciones drásticas, pues, se trata de delitos contra la democracia que deberían conducir a la pérdida de la investidura, de las curules y de las personerías jurídicas.

El régimen de sanciones debe ser explícito y no dejarse a la ley y mucho menos dejar abierta la posibilidad de que sea Uribe quien reglamente dicha reforma pues ha demostrado fehacientemente que está del lado de los parapolíticos que son sus aliados y en contra de la justicia encarnada en la Corte Suprema de Justicia. Ha demostrado que sus más cercanos colaborados no dudan en recurrir a actos ilegales y cometen delitos con tal de garantizar la continuidad de su “magnifica obra de Gobierno”, tal como la compra de los votos de Yidis Medina y de Teodolindo Avendaño para su reelección o las interceptaciones ilegales de magistrados de las altas cortes, de líderes de la oposición y de periodistas, defensores de derechos humanos, etc.

Así pues el país debe presionar para realizar una verdadera Reforma Política que devuelva la ética a la vida pública en este país y que establezca las normas y el sistema de castigo para quienes se alíen con los criminales. Ni más ni menos.

 

Gracias señor Presidente de la Comisión Primera del Senado de la República,

 

Bogotá mayo de 2009

 

– Pedro Santana Rodríguez es Presidente Corporación Viva la Ciudadanía

Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 159, Corporación Viva la Ciudadanía, Bogotá, mayo 22 de 2009. www.viva.org.co

 

* Texto de la Intervención realizada en la Audiencia de la Comisión Primera del Senado de la República que tenía como propósito el examen de la propuesta de reforma política que se encuentra en trámite. La Audiencia se realizó el miércoles 22 de Mayo.