Una de las estrategias que están usando los fujimoristas contra la sentencia, con el fin de meter miedo, es señalar que después de la condena de su líder, con la misma lógica podrían –deberían- ser condenados autoridades belaundistas y apristas. De ahí la importancia de la pregunta formulada.

La revista ideele me plantea para este artículo una pregunta muy específica y difícil de responder: ¿Es justo el reclamo de los fujimoristas de que no se les está midiendo con la misma vara y que García y Belaúnde debieron merecer el mismo trato?

El razonamiento que está detrás es que durante el Gobierno de Fujimori hubo incluso menos violaciones de los derechos humanos que en los gobiernos precedentes y que, además, a diferencia de los anteriores, el último fue un gobierno exitoso en derrotar a la subversión armada.

No se puede negar que el planteamiento tiene fuerza y es a simple vista indiscutible. Pero una mirada más cuidadosa muestra que el razonamiento tiene bastantes grietas. De hecho, el tema ya fue abordado en el Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y siendo tan claras, precisas y contundentes las conclusiones a las que ésta llega, creo que es mejor seguir la lógica del Informe para responder a esta pregunta.

El punto de partida para juzgar a los gobernantes civiles de esos años es la identificación del origen y los responsables del problema que tuvieron que enfrentar:

12. La CVR ha apreciado que la causa inmediata y fundamental del desencadenamiento del conflicto armado interno fue la decisión del PCP-SL de iniciar la “lucha armada” contra el Estado Peruano, a contracorriente con la abrumadora mayoría de peruanos y peruanas y en momentos en que se restauraba la democracia a través de elecciones libres.
15. La CVR ha encontrado que el PCP-SL fue en contra de las grandes tendencias históricas del país, poniendo en práctica una férrea voluntad política que se expresó como un proyecto militarista y totalitario de características terroristas que no conquistó el apoyo duradero de sectores importantes de peruanos.
16. La CVR considera que la ideología en que el PCP-SL sustentó su proyecto fue de carácter fundamentalista, centrada en una rígida preconcepción del devenir histórico, encerrada en una visión únicamente estratégica de la acción política y por tanto reñida con todo valor humanitario. Desdeñaba el valor de la vida y negaba los derechos humanos.

Lo segundo es ratificar la naturaleza legítima y democrática de los gobiernos contra los que Sendero Luminoso insurgió:

33. La CVR constata que, a diferencia de otros países de América Latina por esa misma época, entre 1980 y 1992, el conflicto armado interno se desarrolló mientras imperaba en el Perú un régimen democrático, con elecciones libres, libertad de prensa y el sistema político más inclusivo de nuestra historia contemporánea. El PCP-SL y el MRTA se autoexcluyeron de manera unilateral del sistema democrático y socavaron más bien con sus acciones armadas el régimen político democrático instaurado en 1980.
36. La CVR constata que Fernando Belaúnde Terry y Alan García Pérez ganaron la presidencia en elecciones libres y directas por los ciudadanos. También lo hizo Alberto Fujimori en 1990 […].
37. La CVR hace notar que, a pesar de la subversión armada del PCP-SL y del MRTA, y de ser notoriamente deficitaria en muchos aspectos, la democracia respetó la separación de poderes y la libertad de expresión, celebró tres elecciones presidenciales y parlamentarias, cuatro elecciones municipales nacionales y elecciones regionales en 1989. Ninguna de ellas fue cuestionada.

La tercera constatación es que la naciente democracia peruana no estuvo preparada para enfrentar esa brutal agresión, y que ello la llevó a cometer profundos errores y a la ocurrencia de graves violaciones de los derechos humanos:

38. La CVR constata, no obstante, que quienes gobernaron el Estado en ese período carecieron de la comprensión necesaria y del manejo adecuado del conflicto armado planteado por el PCP-SL y el MRTA. Existió un interés por poner en marcha la Constitución de 1979, por desarrollar el país y por hacer que la relación entre gobernantes y gobernados fuese expresión del Estado de Derecho. Sin embargo, tanto el gobierno del presidente Fernando Belaúnde como el del presidente Alan García erraron al no aplicar una estrategia integral, vale decir social, política, económica, militar, psicosocial, de inteligencia y de movilización del conjunto de la población, para hacer frente de un modo eficaz y dentro de sus propios marcos democráticos a la subversión armada y al terrorismo.
69. La CVR considera que, dado el desarrollo de los hechos, marcado por la creciente violencia del PCP-SL, era inevitable que el Estado utilizara sus Fuerzas Armadas para hacerle frente y recurriera a declarar estados de emergencia, que eran una posibilidad considerada por la Constitución vigente para afrontar situaciones de grave riesgo. La CVR deplora, sin embargo, que los gobiernos que así lo decidieron, no tomasen las previsiones para impedir los atropellos a los derechos fundamentales de la población, atropellos posibles de acuerdo con el tipo de intervención que es propio de los cuerpos militares, mucho más cuando voceros calificados de ellos advirtieron públicamente sobre la alta probabilidad de una represión indiscriminada.
70. La CVR es consciente de que todo este actuar de los gobiernos estaba condicionado, tanto en su debilidad como en su improvisación, por las fallas profundas del Estado: i) su insuficiente cobertura territorial y densidad institucional; ii) su falta de preparación para enfrentar un conflicto de esas características; iii) la desconfianza que le provocaban significativos sectores de sus propios ciudadanos y; iv) una creciente incapacidad para someterse a los marcos constitucionales y legales de los que acababa de dotarse el país a través de la Constitución de 1979.

Un elemento adicional muy importante es que desde gran parte de la sociedad se toleraba y hasta alentaba lo que ocurría:
77. La CVR ha constatado con pesar que los gobiernos civiles no estuvieron solos en esta concesión al uso indiscriminado de la fuerza como medio de combate contra la subversión. Por el contrario, la proclividad de dichos gobiernos a la solución militar sin control civil estuvo en consonancia con un considerable sector de la sociedad peruana, principalmente el sector urbano medianamente instruido, beneficiario de los servicios del Estado y habitante de zonas alejadas del epicentro del conflicto. Este sector miró mayoritariamente con indiferencia o reclamó una solución rápida, dispuesta a afrontar el “costo social” que era pagado por los ciudadanos de las zonas rurales y más empobrecidas.

Ahora bien, y aquí está el punto medular, la CVR establece una clarísima distinción entre los gobiernos democráticos y el gobierno dictatorial al determinar el nivel de responsabilidad de los tres sucesivos gobernantes:

68. La CVR, antes de detenerse en sus conclusiones específicas sobre los gobiernos, debe diferenciar los años que van entre 1980 y 1992, tramo que transcurrió bajo regímenes civiles electos democráticamente, del tramo final de nuestro mandato, que va de 1992 al año 2000 —donde un gobierno que nació de un golpe de estado, organizó, pese a las elecciones que ganó, un régimen autoritario que quiso prorrogarse como dictadura. Ese cambio de régimen tiene una incidencia directa sobre las responsabilidades de las máximas autoridades del Estado en torno a las violaciones a los derechos humanos, pues la centralización del poder incide en la relación más directa en principio entre el Presidente de la República y los grupos que operan encubiertos por el poder para perpetrar esas violaciones.
76. La CVR considera que la abdicación de la autoridad democrática culminó con la legislación antisubversiva aprobada después del golpe de abril de 1992. De acuerdo con ella, los jefes de los CPM [Comandos Político-Militares] no solo coordinaban y supervisaban sino “conducían” las acciones en los campos no-militares. Ese paquete legislativo cambió el Sistema de Defensa Nacional, la ley del Servicio de Inteligencia Nacional y la ley de situación militar. Esta última permitió que los comandantes generales de las FF.AA. permanecieran en sus cargos aun después de su fecha de retiro. La nueva legislación incluía además penas y procedimientos que violaban las garantías del debido proceso, así como la Constitución y tratados internacionales de los cuales el Perú era firmante: penas mínimas desproporcionadas, nuevas figuras legales como terrorismo agravado y traición a la patria, tribunales y jueces sin rostro, entre otros. Este nuevo marco legal fue uno de los pilares del régimen surgido a partir del golpe de Estado de abril de 1992.

La CVR, en concordancia con lo que después hallaron los jueces chilenos que aprobaron la extradición y los peruanos que lo condenaron, encontró que en su caso sí había indicios suficientes de responsabilidad penal:

100. La CVR ha constatado que, a partir de 1992, la nueva estrategia contrasubversiva puso énfasis en la eliminación selectiva de las organizaciones político-administrativas (OPA) de los grupos subversivos. Vinculado a Vladimiro Montesinos actuó un escuadrón de la muerte denominado “Colina”, responsable de asesinatos, desapariciones forzadas y masacres con crueldad y ensañamiento. La CVR posee indicios razonables para afirmar que el presidente Alberto Fujimori, su asesor Vladimiro Montesinos y altos funcionarios del SIN tienen responsabilidad penal por los asesinatos, desapariciones forzadas y masacres perpetradas por el escuadrón de la muerte denominado “Colina”.

Concluye la CVR sobre Fujimori y su régimen:

104. Por lo expuesto, la CVR sostiene que en los últimos años del gobierno de Fujimori el conflicto armado interno fue manipulado con la finalidad de hacer que el régimen permaneciera en el poder. Ello sumió al país en una nueva crisis económica y en abismos de corrupción, descomposición moral, debilitamiento del tejido social e institucional, y una profunda desconfianza en la esfera pública. Todos estos rasgos constituyen, por lo menos en parte, secuelas de la forma autoritaria en que se resolvió el conflicto y configuran uno de los momentos de mayor oprobio de la historia de la República.

En conclusión: si bien hubo gravísimos crímenes en los tres gobiernos y responsabilidades ineludibles ante la historia, la diferencia y el punto de inflexión que hoy colocan a Alberto Fujimori ante una condena a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad fue el golpe del 5 de abril y la instauración de un régimen autoritario en el que sin controles institucionales tuvo autoría y responsabilidad personal por las barbaridades que se cometieron.

Carlos Basombrío es Analista político

 

Fuente: www.revistaideele.com