A Héctor González Martínez le llegó su minuto de fama. Mas no fue por su condición de arzobispo de Durango, alguna importante homilía o su trayectoria pastoral.

Lo que afamó al zacatecano ordenado sacerdote el 1 de diciembre de 1963, es lo que sigue: “El chapo vive más delante de Guanaceví, todos lo saben menos la autoridad”.

Con las 13 palabras que pronunció el 17 de abril, el arzobispo se incorporó a la presunción generalizada de que Joaquín Guzmán Loera es el menos molestado de entre los jefes operativos de los cárteles. Se trata de uno de los 200 hombres más ricos de la aldea global, de acuerdo a Forbes, tras la fuga a la luz del día del penal de alta seguridad desde entonces popularmente conocido como Puerta Grande.

Lo anterior a tono con la sentencia popular de que cada presidente de la República tiene su cártel favorito y, por ello, no es molestado durante su sexenio. Cierto o falso, total o parcialmente, dicen los que saben que importan más las percepciones de la ciudadanía sobre la realidad que la misma realidad. Y no falta la máxima simplista, enarbolada en horario estelar en las pantallas del duopolio televisivo: “¡Percepción mata realidad!”

El hecho es que un hombre de la elite eclesial puso el dedo en la llaga y lo hizo en la víspera de la reunión de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Allí no sólo fue arropado por sus pares y dispares, sino que como ya es práctica común los medios fueron responsabilizados de sacar de contexto lo que es una afirmación categórica y que dice exactamente lo mismo ubicada en cualesquiera contextos.

Finalmente la CEM mostró coherencia sólida con la denuncia de quien antes se desempeñó como arzobispo de Antequera-Oaxaca durante una década y seis años como obispo de Campeche, al decidir la entrada a una etapa de acusaciones directas contra los capos de las drogas y abandonar las denuncias generales que hizo desde siempre.

¿Por qué muta de conducta pública la jerarquía católica mexicana? Sobre todo si recordamos que antes toleró con disciplinado silencio que Girolamo Prigione Pozzi sostuviera dos encuentros con Benjamín Arellano Félix, entonces máximo capo –sólo operativo– del cártel de Tijuana, y bajo el pretexto del secreto de confesión negara la información no sólo a la Procuraduría General de la República sino al presidente Carlos Salinas de Gortari, ambos de perfil sumamente autoritario y aliados firmes. Tampoco es omitible que a partir de tan ilustre visita al nuncio apostólico del Vaticano, la palabra narcolimosna empezó a volverse de uso corriente.

Parte de la respuesta se localiza en que siete obispos y 120 sacerdotes están amenazados de muerte por los capos y sicarios del narcotráfico. Acaso otra razón de peso sea el propósito de corresponder al gobierno de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, con el que más y mejor se identifican en muchísimos años.

Sin embargo, ninguno de los amenazados procedió a presentar un denuncia ministerial y el vocero de la CEM omite presentar públicamente los nombres “para no exponerlos”, cuando es justamente al revés. Pero advierte: “La Iglesia recuerda que los mártires son su gloria y no su desgracia”. Y amenaza: “Que no se les ocurra matarnos a un sacerdote, porque entonces se ganarán el repudio popular”.

A partir de la cumbre de la CEM, los centros de derechos humanos que tienen las diócesis del país –como el Miguel Agustín Pro–, miles de parroquias y sus respectivas comisiones de pastoral social, se disponen a dar un fuerte impulso a la denuncia contra los cárteles. Incluso cuentan con la asesoría del sacerdote Luigi Ciotti, dirigente de la italiana organización antimafia Red Libera.

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