Fui optimista en demasía. Esperaba una cifra superior para la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado. Hay que reconocer que, la campaña por el NO, tuvo efecto en los votantes, más allá de toda consideración. Si es cierto que la CPE fue aprobada, también lo es que un sector de la población quiere una normativa diferente. Hay que descartar la alternativa de que esos votos fueron a favor de la Constitución que regía hasta ayer. Aún cuando es evidente, también, que no había propuesta concreta en oposición al texto puesto a consideración.

Pero los analistas de la oposición no reconocen sus desaciertos. Haberlos escuchado aún antes de que terminase el conteo de votos, confirmaba que están enceguecidos. Recuerdo uno: en La Paz, 4 de cada 10 votantes le dijo NO al proyecto del MAS; ¡podrá seguir gobernando aquí Evo Morales con una oposición tan fuerte? Otro decía: El voto de las ciudades, el voto consciente, es contrario al presidente; Evo Morales ya no tiene la confianza que alcanzó en agosto. Uno más: el texto de esa Constitución tan resistida por el pueblo, no puede aplicarse; tendrá que formarse una supracomisión, entre la gente que sabe del tema, para redactar una nueva Carta Magna.

La impredecible prefecta de Chuquisaca, la misma noche del domingo, llamó al desacato y se proclamó, por sí y ante sí, como cabeza de la oposición. Su incoherencia es tan grande que, del desacato surgirían dos consecuencias: no podría seguir ejerciendo la prefectura, que la antigua CPE no reconoce y, como es su anhelo no expresado aún, no podría ser candidata porque tendría que desconocer la convocatoria a elecciones en diciembre próximo.

El propósito de estas argumentaciones es minimizar los resultados y presentar un país que está dividido. 90% de los votantes participó en el doble referendo, muestra un país que confía en las instituciones. La división quieren provocarla aquellos que, entre agosto y septiembre pasados, violentaron oficinas, destruyeron muebles, robaron instrumentos y quemaron expedientes. No hay otra división, aunque un conocido comentarista, con la voz engolada, decía que el gobierno está obligado a pactar. Supongamos que debe ser así: ¿qué se pactaría?, ¿reformas a la Constitución?, ¿suspensión de la Carta Magna mientras los del NO digan SI? No hay tema que pueda ser pactado.

Aún así, un diario nacional dice: “El Gobierno consiguió lo que buscaba, pero sin la legitimidad que esperaba”. Que hayamos esperado una votación superior, no le quita legitimidad a la aprobación del texto constitucional. Desde el momento en que, por dos tercios, el Congreso Nacional sancionó la ley de convocatoria a los referendos dirimidor y ratificatorio, se afirmó la legitimidad de este proceso. Si alguien pretende denunciar fraude, debe hacerlo con pruebas, única forma de deslegitimar la Carta Magna. Pretender que la voluntad de la minoría no le da legitimidad al voto de la mayoría es un despropósito. Pero ya sabemos que, la conducta de los opositores está plagada de despropósitos.

Habrá que subrayar, más bien, el planteamiento del presidente Evo Morales, convocando a todos los bolivianos, al revés de los discursos opositores que llamaron a continuar la confrontación que ellos generaron y siguen sosteniendo. Hay una sola verdad: el 25 de enero, 90 por ciento de los votantes asistió a las mesas electorales, un clima de tranquilidad hubo en todo el país y en todos los departamentos se respetó el derecho de cada mujer y de cada hombre. Esta es la nación que se prepara para refundar el país, como lo proclamó el pueblo en este referendo.

– Antonio Peredo Leigue es senador del Movimiento al Socialismo (MAS) de Bolivia.