Cada día se conocen nuevas cifras sobre el tamaño de la defraudación a cientos de miles de colombianos por la irresponsabilidad de las entidades públicas encargadas de la vigilancia y la regulación de las entidades captadoras de dineros del público. Esta defraudación es una responsabilidad del Gobierno, del Ministerio de Hacienda, de las Superintendencias encargadas de regular a las entidades captadoras de recursos del público y también de la Fiscalía General de la Nación y de los organismos de control. Según recientes cifras en los departamentos del sur del país los recursos en manos de las pirámides y de la comercializadora DMG, se acerca a los 2.5 billones de pesos. En Bogotá ya se acerca a 100 mil el número de damnificados que ha dejado esta modalidad de captación de recursos públicos. Cálculos conservadores indican que en las pirámides podrían estar involucrados cerca de un millón de colombianos y que los recursos superarían los 5 billones de pesos. En el mundo de tantas pirámides no todas tenían las mismas características. La creada y dirigida por David Murcia Guzmán, DMG, presenta unas características muy específicas que conducen a pensar que de lo que se trataba era de una gran empresa ligada a las mafias para lavar dinero proveniente del narcotráfico. Fuentes periodísticas indagan por los nexos entre los narcotraficantes Juan Carlos Ramírez Abadía, alias “Chupeta” y Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco” y David Murcia. Esta comercializadora hasta el momento de la intervención estatal no había incumplido a sus clientes y venía pagando cumplidamente con los compromisos adquiridos. Decenas de miles de colombianos habían depositado sus recursos y aún se habían endeudado para invertir en esta “empresa” que liquidaba dividendos jugosos de los cuáles vivían regiones enteras del país como el departamento del Putumayo y buena parte de Nariño y el Cauca. La intervención estatal ha levantado una verdadera crisis social que se traduce en levantamientos espontáneos de la población que ha sido enfrentada a sangre y fuego por  el Gobierno.

Las investigaciones judiciales avanzan a paso de tortuga. No se sabe aún cuál fue la ruta para sacar los recursos del país. Lo único claro es que los recursos incautados a las pirámides son infinitamente menores a los recursos reclamados por los clientes timados por los captadores de dinero. Tampoco se sabe de los mecanismos concretos utilizados por las pirámides para  lavar dinero ni tampoco se sabe a dónde fueron a parar los importantes recursos de los clientes esquilmados.

Mucho menos se sabe de las redes tejidas entre las pirámides y los poderes políticos y estatales. Hasta el momento se han detectado nexos directos entre DMG y los gobernadores de los departamentos de Bolívar, Joaco Berrio Villarreal y del Magdalena, Omar Díazgranados Velásquez y el alcalde de Santa Marta, Juan Pablo Díaz Granados. También de los nexos del magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Pedro Alonso Sanabría con  DMG así como de algunos parlamentarios que habrían obtenido recursos a cambio de sus buenos oficios para protegerlos. 19 jueces se han declarado impedidos para investigar a DMG de lo cual se deduce nexos con esta organización. Lo único cierto es que la captación de dineros sin controles estatales mínimos fue el hecho regular durante los últimos seis años. La intervención del Gobierno fue caótica y presionada por los medios de comunicación que no hicieron distinción entre las diversas modalidades de captación con lo cual aumentaron los riesgos de los recursos que fueron incautados. El director general de la Policía Nacional, el general Oscar Naranjo ha señalado que han sido separados del servicio más de una veintena de agentes de la Policía por irregularidades en las incautaciones y allanamientos practicados en contra de las oficinas de las captadoras de dineros. También ha dicho que había entregado informes previos a la Fiscalía General de la Nación y ésta última, ¿por qué no actuó?

Mientras esto sucede con los ahorros y recursos principalmente de los estratos tres y cuatro la banca anuncia que en los primeros diez meses del año obtuvo ganancias por 6.1 billones de pesos. Los establecimientos de crédito obtuvieron $4.2 billones de utilidades. En cambio los fondos de pensiones y cesantías de los trabajadores registraron una pérdida de $1.4 billones de pesos a octubre y en el último año una pérdida de $3.09 billones de pesos. Con ello la bomba de tiempo de estos fondos es cada vez más evidente.

Las grandes utilidades se dan a costa de los clientes de la banca y del sector financiero. Una banca usurera como la colombiana es la que permite que crezca el mercado no regulado e informal. Las pirámides son apenas una expresión de dicho mercado informal con nexos muy fuertes con la economía ilegal y criminal. El fracaso de la banca privada para atraer a los pequeños ahorradores se debe a los altos costos que tienen los servicios bancarios y a los muy bajos rendimientos para los cuentahabientes y ahorradores. La propia Asociación de Instituciones Financieras, ANIF, calcula que en Colombia están en manos del público cerca de 6 billones de pesos que no ingresan al sistema legal financiero siendo un caldo de cultivo para inversiones riesgosas. Frente a ello el Gobierno –que representa estos tiburones financieros- solo atina a señalar que obligará a los bancos a abrir cuentas sin costo alguno para los desplazados y para el estrato uno al cual le darían dos “grandes” estímulos: la exención del pago del cuatro por mil que realizan los particulares por las transacciones bancarias y el derecho a consultar su saldo de manera gratuita por una sola vez al mes. Da risa que ante el fracaso de la banca usurera para cobijar a los sectores de menores ingresos, estas sean las “drásticas” medidas de intervención sobre el sector financiero. En cambio el régimen no habla de aumento de las tasas de interés para los depositantes ni de las tasas de interés de los créditos ni de la rebaja de los costos de administración de las cuentas bancarias. Este es el Gobierno que mayoritariamente los colombianos han elegido.

Más interesante resulta el análisis sobre las nuevas modalidades de lavado de dinero por los sectores mafiosos. De comprobarse los nexos entre DMG y los narcotraficantes estaríamos frente a una nueva fase de la mafia que a cambio de introducir sus capitales en los círculos legales o en los sectores formales de la economía estaría pagando un peaje social que de contera la daría una base social propia. La gran familia DMG se asemeja a lo que el alcalde de Gela, Italia, planteó en un reciente seminario internacional en Medellín en que muestra que la mafia se ocupa de prestar servicios, retribuye a sus bases sociales a cambio de respaldo no solo en el encubrimiento de sus actividades sino de respaldo a sus iniciativas políticas. El Estado busca ser puesto al servicio de las empresas ilegales y la tranquilidad y el orden son parte del discurso mafioso. A cambio la mafia comparte parte de las utilidades que obtienen tanto en las redes criminales como en sus actividades legales.

Las consecuencias sobre la crisis social desatada por las pirámides aún no se pueden medir con precisión. Es obvio que el presidente Uribe sufrirá mella en su teflón y por ende en su popularidad que ya empieza a caer. La reelección tendrá en contra no sólo a los parlamentarios que provienen de las regiones más golpeadas sino de sectores que rechazan el estilo mafioso que se ha ido apoderando del país sin ningún castigo. Todos los escándalos tocan el régimen y no puede ser de otra manera. La base social y política del Presidente, esta representada en clientelistas nuevos y viejos, una buena parte representantes de los grupos paramilitares que poseen más del 30% del Congreso. Estos clientelistas están en las instituciones y las usan para su beneficio particular. El Estado como patrimonio privado. Cada que se descubren serias irregularidades se encuentran personajes muy cercanos al circulo de la “Casa de Nari”. Abelardo de la Espriella, abogado asesor de DMG, es a su vez el abogado de una parte de los parapolíticos, el ex procurador Jaime Bernal Cuellar fue uno de los redactores del proyecto de ley de justicia y paz que garantizaba la impunidad a los paramilitares, el vicefiscal Otálora y un largo etcétera son personajes cercanos al régimen. También los parlamentarios de la coalición están ahora muy cerca de ser nuevamente investigados por sus nexos con DMG como la parlamentaria Zulema Jattin. Es una cultura que se ha ido apoderando del país. Luís Guillermo Giraldo Hurtado, por ejemplo, no le ha dicho al país quién le dio los más de dos mil millones de pesos con los cuales pago la recolección de las firmas que buscan perpetuar a Uribe en el poder. Ahora dice que la Fundación primero Colombia que tiene un patrimonio de cinco millones de pesos prestó a la campaña del referendo cerca de dos mil millones de pesos. Giraldo Hurtado, ¿nos cree tarados a todos los colombianos?

Bogotá, 28 de noviembre de 2008

– Pedro Santana Rodríguez es Presidente Corporación Viva la Ciudadanía

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas
Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org