Portazo tras portazo ha recibido el Gobierno colombiano en los últimos meses de la comunidad internacional. El Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos pasó de proyecto bandera del “estado comunitario”, a baldón en el Congreso de ese país. No sólo fracasó, el cabildeo al tratado devino en un juicio a las políticas de derechos humanos en Colombia, y a sus manejos sindicales, tal juicio se convirtió en condena pública proferida por el eventual próximo presidente norteamericano, el demócrata Barack Obama., al referirse a la necesidad de ponerse firme frente a las violaciones de derechos humanos y a la falta de garantías sindicales en Colombia. No sólo resultó el gobierno colombiano humillado en el frente diplomático, por su único aliado en el mundo, sino también en el frente interno, de hecho, el vilipendiado y maltrecho sindicalismo nacional, con infinitos menos recursos y alharacas, tiene más credibilidad ante la opinión internacional que el jefe del Estado, sus áulicos y sus encuestas arrolladoras.

No sólo Obama encaró a Uribe. Human Rights Watch en su informe sobre Colombia denuncia el entramado de impunidad, corrupción mafiosa y criminalidad del Gobierno colombiano, así como sus ataques a la justicia y su resistencia a correctivos para depurar de mafias paramilitares el Congreso de la República. Termina el informe considerando la pertinencia de la intervención de la Corte Penal Internacional. Como si la desnudada pública hubiese sido poca, el mismo Gobierno terminó pelando el cobre, como se dice, con la reacción grosera de descalificar a Vivanco y de poner a sus porta incensarios a denostar de él. Al paso, se le devuelve la razón, acentuando su credibilidad internacional, a los defensores de derechos humanos del país, que cada vez que hacen estas mismas denuncias reciben el tratamiento de terroristas.

Intelectuales y artistas de todo el mundo, reunidos el VIII encuentro mundial, del Foro Mundial de Alternativas, expide una declaración sobre el conflicto colombiano, denunciando la expansión paramilitar, los crímenes de Estado, llamando al respeto de las garantías ciudadanas, al respeto por los derechos de los campesinos, indígenas y trabajadores, “y no reprimirlos bajo el amparo de medidas de excepción constitucional”, así como a la salida negociada al conflicto. Cosas de todos los días, siempre desoídas. Lo novedoso es que hacen un llamado a los países de UNASUR para que examinen las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos. Este llamado pone de nuevo en evidencia lo insuficiente de la justicia colombiana, y la falta de voluntad del ejecutivo para superar la impunidad.

Haciendo caso omiso a los llamados de la comunidad internacional, el Gobierno de la seguridad democrática desembozó su expresión más feroz: el autoritarismo y la represión social. Particularmente con el trato de enemigos del Estado a los trabajadores de la justicia, que, caso insólito en el mundo, hacen un paro para que se cumpla una ley, y para combatir a los trabajadores que buscan se cumpla la ley, decreta un estado de excepción, que en Colombia tiene el gelatinoso título de conmoción interior. Lo cual le valió el rechazo de las Naciones Unidas, y los ojos de la comunidad internacional se pusieron con desconfianza sobre este Gobierno.

Desatada la bestia represiva que los autócratas llevan en sí, se procedió a tratar como criminales a los corteros de caña, que tienen las reivindicaciones más elementales de un trabajador: un contrato laboral: con salario, jornada de trabajo y prestaciones sociales. Demandas de hace dos siglos, por las cuales llamó Uribe “hasta el último policía y soldado de la patria para impedir la huelga”. A lo cual se siguieron las intimidaciones, los hostigamientos policiales, las golpizas, y las detenciones. Solo falta la orden de disparar, la cual ya se dio para los indígenas del departamento de Cauca, con un saldo de tres muertos, casi un centenar de heridos, con refriegas diarias entre nativos y policías encapuchados. Todo por reclamar dos cosas: el cumplimiento de acuerdos con este mismo Gobierno y que no los sigan matando. Ambos reclamos traen aparejada la pena de muerte, que en Colombia no hay que instaurar, como piden algunos partidarios del Gobierno, sino abolir. Los acuerdos demandados tienen que ver con una entrega de tierras prometidas, lo cual choca con uno de los tres dogmas fundadores del uribismo: la expansión del latifundio, lo sagrado del mercado, y la infalibilidad de Álvaro Uribe. Lo de matar a quienes reclaman el derecho a la vida es una tradición ancestral en el país, y este es un Gobierno respetuoso de las tradiciones. Ya otra instancia internacional, el Tribunal Permanente de los Pueblos, en condena al Estado colombiano, una más, advierte del etnocidio que se lleva contra las comunidades indígenas, y cómo 18 pueblos están a punto de extinción.

Atroz la respuesta que el Gobierno da a los indígenas acusados de terroristas. Pero niega el Presidente en persona, que sus tropas disparen sobre los manifestantes. Mientras los medios de comunicación nacionales hacen malabares para confirmar que los indios se matan ellos mismos, es un medio extranjero, CNN, quien divulga un video dónde se muestran a varios policías disparando a los indígenas.

Tal represión a reclamos que menos que justos son elementales, motiva una Declaración Parlamentaria de algunos diputados del Parlamento Europeo, considerando legítimas las reivindicaciones de los corteros y de los indígenas, rechazando la represión a los movimientos sociales y la invocación de la lucha contra el terrorismo para tal efecto, protestan por la expulsión del país de tres ciudadanos europeos que observaban las protestas, y dicen, “Queremos expresar nuestra más profunda indignación por estas graves violaciones a los derechos indígenas y sindicales que no pueden quedar en la impunidad”. Al parecer, sólo allende las fronteras de Colombia se considera importante que no haya impunidad. En Similar sentido se pronuncia el Premio Nóbel de Paz, Adolfo Pérez Esquivel, en una carta dirigida al mandatario colombiano, y en “contra de la violencia indiscriminada y la brutalidad de sus métodos represivos” le dice en un aparte. Constituyen estas un par de bofetadas diplomáticas al censurable proceder presidencial.

Pero, no hay situación, por calamitosa que sea, que no permita un chiste. En la infausta crisis humanitaria que vive Colombia, acaso superada por la de Sudán, hubo espacio para el humor. La carta de Pérez Esquivel a Uribe, tiene este curioso enunciado: “En esa oportunidad, cuando me preguntaron por la postulación de su persona para el Premio Nobel de la Paz, expresé que no estaba de acuerdo, porque usted no había hecho nada por la paz, usted es un guerrero, no un pacifista”. O sea que, además de pasar a cuchillo toda la normatividad nacional e internacional, de predicar, y ejecutar, guerra y tierra arrasada, ¡todavía hace gala del más desparpajado tropicalismo y envía a sus cortesanos a intrigar para el premio Nóbel de paz! Como que no le bastó el ridículo que hizo tratando de engatusar a los congresistas norteamericanos por el TLC, sino que ahora hace uno de talla mundial.

No en vano la revista Foreing Policy, en su última edición, trae el listado de los 60 estados fallidos, también llamados fracasados, frágiles, o malogrados, en el cual ubica a Colombia en la casilla 37 en el mundo, siendo el segundo en América, después de Haití en la 14, y lejos del siguiente, Bolivia que está de 57. Aunque la clasificación se presta para abusos, como solicitudes de invasión, no se debe desestimar. Se construye sobre 12 indicadores sociales, políticos, jurídicos y económicos. Se realiza desde el 2005, donde Colombia ocupó el lugar 14, luego pasó al 33 y ahora el 37, lo cual pude hablar de una mejoría en su condición de país paria. Pero, mirando los indicadores se encuentra que la mejora de posición se debe al crecimiento económico de los últimos años, pues, los demás indicadores de desplazamiento, ilegitimidad del Estado, desarrollo desigual, derechos humanos, servicios públicos, agravios colectivos, presiones demográficas, seguridad y consenso siguen igual. Ahora cuando la economía, tipo pirámide, se desfonda, con el resto del Estado, cuando ya los empresarios colombianos anuncian recesión y el Gobierno de Uribe se despoja de la piel de cordero de la democracia, con la que se arropó duran estos años, Colombia entrará a disputar el primer lugar con Sudán. Para ello cuenta con el primer lugar del mundo en minas antipersonal y el segundo en desplazamiento forzado.

Un Estado fallido, según Noam Chomsky, es aquel que no garantiza la vida de sus asociados, enunciado que se debe complementar con que es un Estado donde no opera la justicia.

Razones de más para que la Corte Penal Internacional asuma la lucha jurídica contra las mafias enquistadas en el poder; para que se solicite a las Naciones Unidas el nombramiento de un Tribunal Especial para Colombia que saque a la justicia nacional de ese 95% de impunidad generalizada, reduzca los 7 años promedio que tarda un proceso judicial en resolverse, y evacue los 19 millones de expedientes atorados en los juzgados. Recuérdese que sólo cuando hubo mediación internacional se logró la liberación de algunos secuestrados por las vías del diálogo, y que son más los que han muerto en cautiverio que los liberados por la “seguridad democrática”, por lo cual sea bienvenida UNASUR, ONU, la comunidad internacional en general que pueda coadyuvar al logro de acuerdos humanitarios y permita avanzar hacia una paz justa para Colombia. Sólo así parará esta orgía de sangre, y esta estirpe que invoca que es pasión, para no acatar el ordenamiento jurídico, podrá tener una segunda oportunidad sobre la tierra.

– José Darío Castrillón Orozco es Psicólogo

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas
Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org