Asociación Minga exige respeto y solicita a la Procuraduría Nacional de la Nación que se convoque una reunión con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio del Interior y con Vicepresidencia de la República

En informe de inteligencia de organismos de seguridad del Estado difundido a través de medios de comunicación, señalan a la Asociación Minga como responsable de “ayudar a miembros de las FARC y del ELN a emigrar a Canadá”.
La Asociación Minga exige se aclare la información y hasta tanto detiene la interlocución con el gobierno nacional en espacios como el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos -CRER- del Ministerio del Interior.

Gloria Flórez, directora de la Asociación Minga, afirma que “las organizaciones articuladas a las plataformas de derechos humanos ante esta nueva agresión del gobierno colombiano hemos decidido parar la interlocución con el Estado Colombiano en relación al Plan Nacional en Derechos Humanos. Esto trae unas repercusiones muy fuertes para un trabajo que decididamente hemos hecho las organizaciones de interlocutar, de construir conjuntamente con el Gobierno caminos hacia los derechos humanos y la paz. Esta es una nueva agresión y por eso vamos a solicitar al Procurador General de la Nación, quien es la persona encargada de entregar un informe preciso a Naciones Unidas sobre la depuración de los informes de inteligencia, que convoque una reunión con el Ministro de Defensa, con el Ministro del Interior y con el Vicepresidente de la República para tratar el tema de los archivos de inteligencia y sobre la persecución que hacen los organismos de inteligencia contra los defensores de derechos humanos.”

Durante el 2008, el lenguaje común para referirse a las Organizaciones No Gubernamentales que trabajan por la promoción y la defensa de los Derechos Humanos en Colombia ha sido despectivo y en reiteradas ocasiones se les ha relacionado con el accionar de la guerrilla.

Al respecto Gloria Flórez señala que “las organizaciones de derechos humanos hacen una actividad legal y legítima importante para la democracia colombiana y para el Estado Social de Derecho” y que no resulta coherente que los organismos de inteligencia estén realizando investigaciones en contra de organizaciones legales que apoyan las víctimas del conflicto y protegen la vida de testigos y defensores de derechos humanos, mientras las organizaciones que comenten crímenes continúan delinquiendo.

Carolina Rojas
Coordinadora de Comunicaciones
Programa No Gubernamental de Protección a Defensores de Derechos Humano