El Gobierno ha tenido una política constante de ocultar hechos relevantes durante el trámite del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana y las leyes de implementación, cometiendo irregularidades en el procedimiento cuyas implicaciones jurídicas son difíciles de prever, aseguraron académicos integrantes de Comisión Especial Interdisciplinaria de la Universidad de Costa Rica.

La Comisión, nombrada para estudiar el TLC durante la discusión previa al referéndum del pasado 7 de octubre, inició un análisis del proyecto de enmiendas al Tratado que aprobó la Asamblea Legislativa, así como de la llamada "ley escoba", que reformó varias leyes, incluida la de biodiversidad y legislación sobre propiedad intelectual, como coronación de la agenda paralela del TLC.

El análisis del proyecto que integra las enmiendas al TLC (expediente 17010) ha permitido ver hechos no transparentes que estuvieron presentes desde el momento mismo de la convocatoria al referéndum, dijo el catedrático Manuel María Murillo, al exponer las primeras conclusiones, el pasado día 20.

Ahora la intención es seguir con el análisis de los parches y reformas que se le hicieron a la agenda complementaria (exp. 16955), añadió.

Al cierre de esta edición, el primer proyecto estaba listo para recibir el segundo y definitivo debate en la Asamblea Legislativa, luego que la Sala Constitucional le dio visto bueno la semana pasada. En el caso del segundo, la Sala aún no se había pronunciado, y una vez que esto ocurra, iría también al segundo debate.

En opinión de Luis Baudrit, catedrático de derecho y miembro de la Comisión universitaria, las enmiendas al TLC con parches mal pegados con los cuales el Gobierno intenta darle apariencia de legalidad a un proceso que ha estado viciado desde antes de la convocatoria al referéndum, con la complicidad del Tribunal Supremo de Elecciones. El jurista mostró preocupación por las actuaciones de la Sala Constitucional, que no encontró ninguna inconstitucionalidad en el TLC ni las leyes de implementación, pese a evidentes incompatibilidades. Ahora no se sabe cuál constitución está vigente, la Sala IV se ha encargado de hacer ineficaz la que hay y "el país está haciendo aguas", lamentó el jurista, quien no obstante dijo confiar que la situación se resuelva por la vía jurídica y no haya violencia, en un país donde hay mucha presión y motivos de sobra para las protestas, como lo evidencian algunos hechos recientes.

Entre las anomalías del trámite del TLC, Baudrit señaló que a los costarricenses se les puso a votar inútilmente el 7 de octubre un texto del TLC que ya no estaba vigente, pues el Tratado ya había sido reformado por los países que ya eran parte del Tratado.

Se convocó a votar un texto del TLC que no incluía una enmienda aprobada en marzo del 2006 por Estados Unidos y El Salvador, y de cuya existencia el Gobierno de Costa Rica tenía conocimiento, pero se les ocultó a los costarricenses, y cuando el referendo se realizó incluso ya se habían hecho otras enmiendas.

Sin embargo, no fue sino en abril del 2008 cuando por primera vez las enmiendas aparecieron mencionadas dentro del proyecto de cambios al TLC enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa.

Un problema adicional, según Baudrit, es que de nada vale que los diputados aprueben las enmiendas, porque las reformas al TLC solo las pueden hacer los países miembros, y Costa Rica aún no es parte de él, por ahora solo es signatario.

Por otro lado, el TLC que los costarricenses aprobaron en el referéndum solo podría ser modificado mediante otro referéndum, porque la materia decidida en referéndum es vinculante para el Estado y está excluida de la competencia de la Asamblea Legislativa, cosa que "los diputados no han querido entender", señaló Baudrit.

Otro punto espinoso es que la primera enmienda aprobada por Estados Unidos y El Salvador, y que ahora se pretende incorporar mediante la ley de reformas al TLC, modifica el procedimiento de entrada en vigencia del Tratado para los países signatarios y le agrega el trámite de "certificación."

Ahora para estar en capacidad de notificar a la OEA que ha cumplido con todos "los procedimientos jurídicos aplicables" para que el Tratado pueda entrar en vigencia, el país debe contar con la "certificación" de Estados Unidos que declare que efectivamente ha cumplido con todos los requisitos.

De esta forma los Estados Unidos muy hábilmente metieron, a través de una enmienda al TLC, una ley interna de ellos que no estaba en el Tratado, y se llegó al mismo resultado que reprochó la Sala IV, la cual dijo durante la consulta de constitucionalidad del TLC, que el país no se podía someter a una ley interna de Estados Unidos (a propósito del tema de la certificación.)

Hay un agravante y es que en la prórroga que Costa Rica pidió y se le concedió, a fin de tener tiempo hasta el próximo 1 de octubre para completar la aprobación de la agenda complementaria, el país aceptó eso, por lo que queda obligado a cumplir con todo lo que Estados Unidos le exija para darle la certificación de que ha cumplido a satisfacción para entrar a formar parte del Tratado.

Carlos Agustín Páez, médico que ha investigado cuidadosamente aspectos del Tratado y alertó primero que nadie sobre la existencia de la certificación en la ley de EE.UU, dijo que tras la aprobación de la prórroga, Costa Rica tiene que aprobar todos los cambios que EE.UU. le exija para entrar al Tratado, sin posibilidad alguna de defensa. "El Gobierno quiere dar a entender que lo del TLC ya se terminó (con la aprobación de las leyes complementarias), pero esto apenas está empezando", pues faltan aún normas, decretos y reglamentos que debe emitir. Eso va a llevar tiempo, como ocurrió en otros países signatarios, por lo que el Gobierno va a tener que pedir otra prórroga, cosa que no le preocupa a EE.UU., porque lo importante para ellos es asegurar las ventajas que obtuvieron en el TLC, comentó Páez.




Fuente: Semanario Universidad  (Costa Rica)

http://www.semanario.ucr.ac.cr/