El presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, ha emprendido literalmente una cruzada contra los órganos de Justicia y principalmente contra la Corte Suprema de Justicia. Ha señalado en reiteradas ocasiones que este alto tribunal no respeta el debido proceso de los parlamentarios que están siendo investigados por sus nexos con actores armados ilegales. Secundado por los columnistas y los medios de comunicación afectos a sus intereses, la han emprendido contra el magistrado auxiliar de la Sala Penal, el magistrado Iván Velásquez a quien ya Mario Uribe y Santiago Uribe junto con alias el Tuso Sierra, habían tratado de enlodar comprometiéndolo en un supuesto ofrecimiento de rebaja de penas a cambio de implicar al Presidente de la República en la conformación de grupos paramilitares. A quién supuestamente se le brindaron los beneficios judiciales, José Orlando Moncada, alias Tasmania, termino confesando que se trataba de un complot pero no contra Uribe sino contra el magistrado Velásquez. Lo curioso del asunto es que la Fiscalía cerró la investigación sin determinar porqué motivos se había urdido el complot contra el Magistrado y quienes lo idearon y participaron en él. Mario Iguarán Arana, fiscal general, absolvió de manera olímpica al Presidente de la República señalando que “había sido engañado”. Ésta justicia es la consecuencia de una falla estructural en la provisión de dicho cargo que como todos sabemos lo nombra la Corte Suprema de Justicia de terna enviada por el Presidente de la República. Iguarán, había sido viceministro del Interior en la primera presidencia de Uribe y por tanto su función en la fiscalía como lo ha señalado de manera clara la senadora Gina Parody, ha consistido más en tapar y tapar que en investigar. Ya comienzan a salir los parlamentarios que renunciaron al Congreso, y por tanto salieron de la orbita judicial de la Corte y se pasaron a la Fiscalía, por “falta de pruebas”.

 

Pero los ataques no paran allí. Uribe en su trabajo que tiene como propósito central ir creando “opinión favorable” para su anodina propuesta de reforma a la justicia ha denunciado que en la rama judicial existe un “roscograma” en el cual “El Procurador nombra a sus familiares en la Corte, la Fiscalía nombra a los de la Corte y los de la Corte nombran a los directores de Fiscalía”.[1] Antes había dicho sin mencionar nombres ni presentar acusación formal, como suele hacerlo sin que haya Procuraduría que le pida cuentas que “un congresista sintió que un sector de la justicia le estaba pidiendo dinero”. Por supuesto que no mencionó ni el Congresista ni el sector de la Justicia.

 

El estilo de Uribe siempre ha sido el de acusar sin sujetos concretos y sin presentar prueba alguna de sus acusaciones. En la misma línea en un Consejo Comunitario realizado en el municipio antioqueño de Rionegro, Uribe había acusado al senador del Polo Democrático, Gustavo Petro y a la senadora del Partido Liberal, Piedad Córdoba, de manipular testigos en el proceso que se sigue contra los parlamentarios acusados de mantener nexos con los grupos paramilitares. Aquí aparentemente y como se dice popularmente, le salió el tiro por la culata, puesto que tanto Gustavo Petro como Piedad Córdoba le pidieron a la Corte Suprema de Justicia  que investigara y ésta abrió indagación formal con lo cual vamos a ver si al final el Presidente de la República presenta pruebas que demuestren que los dos senadores opositores han manipulado testigos. Desde ya podemos decir que dudamos mucho de estas acusaciones temerarias.

 

La campaña en la que se ha comprometido el Presidente para salvar a sus amigos ligados con el paramilitarismo se llama desprestigio de los magistrados de las altas cortes y principalmente a los magistrados de la Sala Penal. No es que no existan problemas relacionados con el clientelismo en la rama judicial, han existido siempre y se han denunciado. Sin embargo, no hay que ocultar que  el mayor clientelista de este país es el Ejecutivo y éste Gobierno ha rebasado sin pudor todos los límites. Hermanos de congresistas en los ministerios, hijos de los ministros en las embajadas, contratos por doquiera para los familiares de ministros, gobernadores, parlamentarios, etc. El servicio diplomático ha sido convertido en un “roscograma” a favor de la reelección. Esta probado que la reelección fue comprada con puestos y recursos públicos. El hecho que la Corte Constitucional, alegando que ya había perdido la competencia para ello por vencimiento del tiempo de un año para revisar este proceso,  no le quita ni una coma al fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que condenó a Yidis Medina por el delito de vender su voto para la reelección del presidente Uribe. Actualmente juzga a Teodolindo Avendaño por los mismos hechos.

 

Hay, pues, una cruzada en contra de la rama judicial que busca generar “ambiente” para la aprobación de la reforma a la Justicia en un Congreso ilegitimo en el cual 76 de sus integrantes están siendo investigados por nexos con grupos paramilitares. Lo curiosos es que la incoherencia del Gobierno es total. Denuncia el clientelismo en la rama judicial y al mismo tiempo una de sus pomposas y cerebrales propuestas es la de aplicar el método de la cooptación para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Es decir lo que busca es profundizar el clientelismo en la rama judicial. Si se quiere acabar el clientelismo en la rama lo que debería proponerse es el concurso público y la carrera judicial para disminuir al máximo la arbitrariedad y el ámbito privado para tomar decisiones y nombrar cargos en las altas Cortes. Pero la muestra más fehaciente del clientelismo es la forma como se han postulado los candidatos y como se eligió a una magistrada de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Las listas con los candidatos, se comenta, fueron solicitadas a los partidos de la coalición para satisfacer sus apetitos burocráticos.

 

Queremos reiterar aquí que el verdadero propósito de la reforma uribista a la justicia es la aprobación de la doble instancia para favorecer a sus amigos parapolíticos, una parte de ellos, hoy presos. Lo que quieren es debilitar la labor de la justicia y concretamente minar la credibilidad de la Sala Penal de la Corte Suprema. Ese es el verdadero propósito. No hay que minar la credibilidad del Fiscal General de la Nación porque ya tiene muy poca como lo ha señalado certeramente la senadora Gina Parody.

 

Al mismo tiempo que el Gobierno lanza su ataque artero contra la rama judicial del poder enfila sus baterías también contra la oposición con la ayuda invaluable de sus columnistas y medios amedrentados y pusilánimes. Como no han podido estructurar un proceso sólido por la llamada farcpolítica los medios acusan de lentitud a la Corte porque no avanza en la detención de parlamentarios opositores. Realmente da grima ver los noticieros de televisión o los programas de opinión que muestran un inusitado afán  para mostrar y de paso para presionar a la Corte a la cual acusan de lenta y de sesgada ideológicamente, como ya lo ha dicho Uribe, quien los ha acusado de ser  amigos de los terroristas. El ataque ahora también compromete a la oposición y a sus principales voceros. Con ello Uribe sigue atentando contra las instituciones. ¿Quedará algo de instituciones democráticas al final de su mandato? ¿Sobrevivirá algo del sistema de pesos y contrapesos que es esencia de un sistema democrático?

 

– Pedro Santana Rodríguez es Presidente Corporación Viva la Ciudadanía.

Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 123, Corporacion Viva la Ciudadania.  www.viva.org.co

 



[1] El Tiempo, jueves 14 de agosto, 1A.

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