El asesinato a comienzos de esta semana en Medellín de Severo Antonio López Jiménez, alias “Job”, ex comandante paramilitar del Bloque Cacique Nutibara y vocero del Movimiento Nacional de Desmovilizados y de la Corporación Democracia[1], ha llamado la atención del país sobre el crecimiento de los crímenes en la ciudad en el primer semestre, al tiempo que ha generado una fuerte polémica por la declaraciones de Alonso Salazar, Alcalde de Medellín, quien señala a éste sujeto como una persona que mantenía nexos con el mundo criminal y además, Salazar, con base en denuncias de víctimas, lo acusa de ser el responsable de varios crímenes, cometidos todos ellos después de su presunta desmovilización.

 

Lo interesante de esta polémica es que ha puesto al descubierto que el llamado “milagro” de la pacificación de Medellín deja muchas inquietudes desde el punto de vista de una experiencia democrática, pues evidentemente, dicha pacificación se construyó inicialmente con base en el triunfo dudoso de las fuerzas del Estado en contra de las milicias de la insurgencia, para lo cual se implementó una alianza siniestra entre unidades de la fuerza pública y las bandas mafiosas de la ciudad recicladas como paramilitares (1999-2002) y posteriormente, se consolidó el dominio indiscutido de la ciudad, mediante la implementación de un modelo de convivencia basado en la coexistencia de un orden institucional, con múltiples ordenes microterritoriales ilegales (2003-2008).

 

Esta situación al fin se ha comenzado a reconocer por parte de las autoridades locales, quienes han denunciado el accionar delictivo del desmovilizado alias “Job”, revelando cómo construyó un entramado criminal que combinaba acciones legales e ilegales, tales, como la contratación de proyectos con el Estado, aprovechándose del marco de favorabilidad que le generó la condición de desmovilizado, la captura de recursos públicos y la recepción de ingentes recursos fruto de su condición de líder del proceso de desmovilización, mientras paralelamente; según las denuncias de las autoridades, ejercía un control sobre la estructura criminal de distribución de sustancias ilícitas en varias zonas de la ciudad, especialmente en las comunas 8 y 9, ordenaba asesinatos, desplazamientos y castigos físicos a pobladores, entre otras conductas criminales.

 

No obstante, ahora que se denuncien estas conductas no puede presentarse como un hecho novedoso, pues prácticamente desde que se inició el proceso de desmovilización se han formulado denuncias por parte de organizaciones estatales y no gubernamentales,[2] sobre las graves anomalías del mismo. Inicialmente sobre el reclutamiento de delincuentes barriales y jóvenes pobres de los barrios de Medellín, quienes fueron utilizados para inflar el contingente de supuestos paramilitares de los Bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada y posteriormente, sobre el mantenimiento de acciones criminales realizadas por organizaciones que mezclaban desmovilizados, no desmovilizados y nuevos delincuentes.

 

A pesar de la persistencia y sistematicidad de las denuncias, las mismas fueron desestimadas por la Alcaldía de Medellín en cabeza del Doctor Sergio Fajardo, quien consideraba cualquier denuncia al respecto como la expresión de los “enemigos” del proceso y de personas que estaban en contra de la buena imagen de la ciudad. Para ilustrar esta situación, basta recordar el agrio intercambio de mensajes entre la Administración Municipal y Amnistía Internacional por la publicación del informe especial “¿Los paramilitares de Medellín: desmovilización o legalización?”, presentado en el mes de septiembre de 2005, y el cual en esencia denunciaba lo que hoy corrobora el Alcalde Salazar: la persistencia del accionar criminal de decenas de desmovilizados.

 

Igualmente, es preocupante el silencio institucional de otras entidades encargadas del seguimiento al proceso de reinserción. En primer lugar, hay que preguntarse si esto no constituye un duro revés para el Programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín, manejado por Jorge Gaviria, que de manera tozuda ha afirmado hasta la saciedad saber en dónde están todos y cada uno de los 4.200 desmovilizados que atiende su Oficina. Es inexplicable que este año han sido asesinados cerca de 27 desmovilizados sólo en Medellín y que la cifra total de los que han sido asesinados supere los 200, mientras el señor Gaviria, insiste en afirmar que sabe a qué se dedican, a no ser que mantenga un silencio cómplice en torno a las actividades criminales de estos personajes.

 

Así mismo, preocupa la lentitud, por decir lo menos, de la Fiscalía seccional Medellín, la cual a pesar de las innumerables denuncias en contra de alias “Job” y muchos otros desmovilizados, ha dilatado y engavetado las investigaciones, reafirmando las informaciones que señalan un alto grado de infiltración mafiosa y paramilitar a su interior en esta región del país, desde épocas de Pablo Escobar primero, y luego, de parte de la oficina de narcotráfico de Envigado. De la misma manera, queda la pregunta por la acción de la Policía, que en el último semestre ha incrementado su persecución a algunas de estas estructuras, pero que entre los años 2003 y 2007, delegó activa o pasivamente, en muchos barrios de la ciudad el mantenimiento del orden y la convivencia en los desmovilizados. Finalmente, hay que preguntarse qué pasó con las diferentes dependencias de la Alcaldía de Medellín que durante cuatro años contrataron todo tipo de acciones y obras con los grupos de desmovilizados, sin preguntarse a qué actividades ilegales se destinaron estos recursos y cuales de estos “líderes” se lucraron a costa del dinero público.

 

Hoy, es evidente que en la ciudad se siente el impacto del desmoronamiento del control hegemónico que durante años realizó la Oficina de Envigado sobre las dinámicas de criminalidad urbana, puesto que el endurecimiento de las condiciones de reclusión y posteriormente la extradición de alias “Berna”, han generado una dura disputa tanto al interior de su estructura criminal, como el enfrentamiento con otros grupos de narcotraficantes por el control del negocio ilícito. Esta reorganización del negocio criminal del narcotráfico ha generado un incremento de cerca del 14% en el número de homicidios de la ciudad sólo en el primer semestre, y ha visibilizado la existencia en las calles de Medellín de una lucha abierta y sangrienta por el control de las rutas y los mercados ilegales, así como sobre negocios lícitos, en la ciudad y el departamento.

 

Ante esta situación, lo que la ciudad necesita es una apuesta clara y decidida por la construcción de un orden realmente democrático que corte las relaciones que por décadas se han presentado entre el Estado, sectores sociales y los grupos armados ilegales. Debe ponerse fin a la coexistencia del orden institucional con otros órdenes ilegales, privilegiados en el pasado por haber sido útiles en la expulsión de la ciudad de las expresiones territoriales de organizaciones guerrilleras, pero que como en la historia del aprendiz de hechicero, desbordaron las pretensiones originales y se han vuelto un peligro para toda la sociedad. Es de esperarse que la sociedad, en Medellín y en Colombia, de una vez por todas entienda que las alianzas criminales con grupos delincuenciales nunca han terminado bien.

 

De lo contrario, los pobladores de la ciudad de Medellín verán una reedición del “orden” que en el pasado han generado Pablo Escobar y El Cartel de Medellín, La Oficina de Envigado y la Banda de la Terraza, luego su versión reciclada como paramilitares en los Bloques Metro, Cacique Nutibara y Héroes de Granada y ahora de nuevo, oficina de Envigado con fachada de desmovilizados, y mañana, lo hará quien salga ganador de la guerra por la ciudad. Este modelo ha demostrado hasta la saciedad que es inviable, inestable, sangriento, ilegal e ilegítimo y es de esperarse que algún día, los grupos de poder locales se atrevan a ensayar opciones genuinamente democráticas para que Medellín pueda transitar del miedo a la esperanza.

 

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas

Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org



[1] Organización con sede en Medellín donde dice agrupar a cerca de 4.200 desmovilizados de diferentes Bloques de paramilitares que viven en la ciudad.

[2] Sobre este particular se pueden consultar los informes trimestrales de la MAPP-OEA, informes especiales de entidades como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, International Crisis Group, y los informes anuales de derechos humanos de la Unidad Permanente de Derechos Humanos de la Personería de Medellín, así como los reportes constantes de organizaciones como Codehsel, IPC, Ruta Pacífica de las Mujeres, Red Juvenil, Corpades, entre otros.

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