Ante el fortalecimiento político y militar del gobierno, el debilitamiento de las FARC en ambos sentidos y al perder importancia el apoyo internacional ante la posibilidad de conseguir una solución interna sin su concurso, se debilita la posibilidad del acuerdo humanitario propuesto, a pesar ser la opción más expedita y de menores riesgos para los afectados. A la vez, existe una nueva situación de alta exigencia social de liberar a los rehenes que permanecen en poder de las FARC, lo cual demanda revisar las alternativas para conseguirlo.

Ahora es necesario reconocer que bajo ciertas condiciones puede darse el rescate militar aunque sea necesario advertir que implica altos riesgos para los rehenes y que ya no obrará el factor sorpresa, por lo cual es improbable que en lo inmediato se presente otra operación exitosa. Pero a la vez, dado el alto costo político pagado por las FARC al persistir en esta grave infracción y ante las exigencias crecientes de la sociedad y ahora del conjunto de la comunidad internacional -tras recientes declaraciones de Chávez, Correa y Castro- para que se produzca la liberación inmediata y sin condiciones de los rehenes, las FARC deberían en un acto de realismo político proceder a liberarlos unilateralmente con apoyo en los dispositivos humanitarios y de la comunidad internacional ya probados.

Hay que reiterar que el derecho humanitario obliga siempre a plantear la exigencia perentoria de liberar de forma inmediata e incondicional a los rehenes. Pero que ante la dinámica del conflicto armado, la negativa de la guerrilla a responder ante tal obligación y dada la incapacidad gubernamental para liberarlos que se había expresado, fue necesario recurrir en los últimos años a la exigencia de un acuerdo humanitario entre las partes. Sin embargo, al no lograrlo, no obstante la aproximación conseguida especialmente al intermediar el presidente Chávez, y ante el creciente repudio de la sociedad y de la comunidad internacional a la toma de rehenes y el secuestro, se impuso la exigencia de la liberación inmediata e incondicional, hecho que explica las dos liberaciones unilaterales realizadas por las FARC.

Pero además, ante la realización del rescate militar exitoso de parte importante de los rehenes se puso de presente que es factible esta posibilidad, por supuesto bajo el presupuesto de una actuación respetuosa de los derechos humanos y el derecho humanitario, sobre lo cual los informes oficiales así lo reportan, a pesar de las dudas existentes sobre la posible utilización de emblemas o signos humanitarios en el operativo, lo cual configuraría un acto de perfidia que constituye también una grave violación de las normas humanitarias. Pero esta situación de fondo responde al nuevo contexto de fortalecimiento operativo y avance militar de la fuerza pública y de debilitamiento de la guerrilla producto de los sucesivos golpes propiciados por parte de las tropas oficiales y los organismos de seguridad.

Las Naciones Unidas han señalado desde hace varios años en sus recomendaciones que el Estado tiene la obligación de tomar todas las medidas necesarias para impedir que sean afectados los derechos fundamentales de la población, obrando de forma legítima y coherente con los instrumentos legales de protección. Sin embargo, las posibilidades y la eficacia de la actuación militar había sido cuestionada por el fracaso de anteriores experiencias de rescate y ante la pervivencia de políticas y prácticas violatorias que la afectan. Ello explica la justa presión ejercida por los familiares de los cautivos y por distintos sectores opuestos tradicionalmente al rescate militar, que subrayan la necesidad de conseguir un tipo de solución humanitaria concertada.

Discusión aparte que vale referir también es la pretensión equivocada del gobierno de denominar como “humanitarios” a los cercos y los operativos militares, puesto que la acción bélica en sus distintas expresiones tácticas y operativas revisten un eminente carácter militar que no puede ser confundido con el propio carácter de la acción humanitaria y de los organismos humanitarios, que se rige por los principios de independencia, imparcialidad, neutralidad y humanismo. En consecuencia, resulta negativo confundir y desnaturalizar en su concepto y en sus implicaciones el elemento humanitario, con el riesgo de militarizarlas, instrumentalizarlas o de pretender hacer pasar la acción bélica por acción humanitaria. Es claro, que una acción militar puede beneficiar una solución humanitaria; en este caso, se puso acertadamente fin a la ocurrencia de un grave crimen proscrito por las normas humanitarias y sancionado por el derecho penal interno.

En la actual situación es difícil y muy improbable que se produzcan nuevas liberaciones unilaterales por parte de las FARC, puesto que su reacción se podría quedar en los presupuestos militares y desestimar el positivo efecto político que conllevarían, máxime en las difíciles condiciones en que se encuentran. Pero, de otra parte, si bien se habían producido algunos hechos favorables al acuerdo humanitario de intercambio, como la habilitación por el presidente de misiones de personajes colombianos y de los países facilitadores europeos para contactar nuevamente a las FARC y la normalización de las relaciones con Venezuela, con el rescate militar ocurrido y sus implicaciones -entre las cuales existen rumores de asesoría y participación de mercenarios extranjeros y de pago de altas recompensas-, se acrecientan las desconfianzas, de debilita el acercamiento y se tensionan los retos militares.

En consecuencia, es necesario que en el ámbito de las organizaciones de paz, de derechos humanos, sociales y en los círculos de opinión se abra una discusión con respecto a las alternativas a implementar. Puesto que las circunstancias han cambiado producto de los complejos e intensos procesos recientes y puede resultar coherente plantear que se requiere la liberación de los cautivos mediante la interrelación de los siguientes criterios: insistir en que la libertad de los rehenes como una obligación humanitaria imperiosa, inaplazable, incondicional e innegociable para las guerrillas. Exigir la libertad inmediata de los rehenes, ante todo de los civiles, pero también de los miembros de la fuerza pública que han derivado en rehenes, con lo cual la guerrilla, al propiciar nuevos hechos unilaterales, mostraría un sentido político y de entendimiento. Y mantener la opción del acuerdo humanitario de intercambio pues, a pesar de lo antes expuesto y aunque por supuesto pueden variar algunos de sus términos, mantiene vigencia y conlleva las mejores posibilidades de una solución colectiva e inmediata, con el concurso de una amplia facilitación interna e internacional. Su eficacia ha sido probada con éxito en varios acuerdos humanitarios conseguidos por anteriores mandatarios.

Bogotá, D.C., 4 de Julio de 2008.

Álvaro Villarraga Sarmiento
Presidente
Fundación Cultura Democrática
Miembro Secretaría Ejecutiva
Asamblea por la Paz y Consejo Nacional de Paz




Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas

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