Después de conocer en los últimos días el caudal de reacciones que han dado todos los sectores sociales y políticos tras la aprobación de la Directiva del Retorno por parte de la Eurocámara; no cabe duda que existan distintas maneras de entender la inmigración por una parte de los 27 países de la UE, o que defensores y detractores de la misma, vivan en mundos totalmente polarizados. Algunos, lejos de lo que piensa una inmensa mayoría, intentan explicar las bondades de esta armonización de políticas y despejarse de aquella sombra del conservadurismo rácano y chovinista que pesa sobre sus cabezas eurocentristas, tantas veces denunciada por países que se desangran día tras día por la globalización de capitales, de los mercados y, por las imparables diásporas.

Se habla, por una parte, que la directiva presenta un catálogo de buenas prácticas y concede derechos jamás otorgados a los indocumentados, gracias al espíritu ilustrado y liberal que ha pregonado por siglos, la Europa del bienestar. Muchos de los defensores de la directiva, como Ignasi Guardans y Carles Campuzano, eurodiputados del CIU (Convergència i Unió), avalan en su artículo "Algunos derechos para quienes no los tenían", publicado en el diario "El País" (25-06-2008), la aprobación del proyecto porque el mismo es producto del trabajo coordinado por más tres años entre los gobiernos demócratas que representan a 500 millones de ciudadanos y sus Parlamentos. Un lujo de consenso, si tomamos en cuenta las dificultades que atraviesa Europa para sacar adelante su marco constitucional, tan abruptamente torpedeado por el último varapalo dado por Irlanda al Tratado de Lisboa.

Además, al hilo de esta reflexión, vemos que no queda duda alguna del consenso dado a este proyecto, por más que otros "regímenes con democracias muy discutibles" intenten demonizarlo. Desconozco si los eurodiputados quisieron referirse al gobierno polaco o italiano. No lo sé. Aunque después de conocer las formas que tienen estos gobernantes para gestionar su poder, me invitan a pensar en ello. Ó, como tal parece, se refieren a las reacciones "totalmente desproporcionadas", como según señaló el Alto Representante en Política Exterior de la UE, Javier Solana, al calificar las manifestaciones que vienen de los presidentes Hugo Chávez de Venezuela, el ecuatoriano Rafael Correa, o aquella que vas más lejos y que sale de la Organización de Estados Americanos (OEA). Ahora nos desayunamos que el mismísimo Consejo Europeo ha entrado en esta crítica contra la directiva.

La forma cómo se aprobó la directiva es precisamente lo que sorprende. Después de conocer que la democrática e integradora Europa no ha logrado en años armonizar una política común en materia de inmigración -entiéndase acogida, integración, creación de sistemas de convivencia para millones de extranjeros que residen en este espacio, con plenos derechos y deberes y programas de codesarrollo en países de origen- aparece una normativa con claros síntomas coercitivos de control fronteras, detención de inmigrantes irregulares y su correspondiente expulsión, que prosperó ¡sin ningún tipo de enmiendas! Y, sin embargo, quienes votaron a favor miran con otra óptica este precepto: ¿Por qué no se dan cuenta que los inmigrantes irregulares ya van a tener asistencia jurídica gratuita? ¿Cómo son tan cortos de vista que no ven que los expulsados lo serían con plenas garantías? ¿Acaso no perciben que no habrá arbitrariedades en las detenciones? son algunas de las cuestiones que pretenden explicar, mientras connotados especialistas, organizaciones sociales y gobernantes que representan (también) a más de 400 millones de ciudadanos latinoamericanos que conforman la Comunidad Andina de Naciones (CAN) han pegado su grito al cielo frente a la "directiva de la vergüenza", como se ha bautizado a este despropósito jurídico.

Dar asistencia jurídica gratuita, para mi entender es otorgar un abogado de oficio a quien lo necesite, más aún si es extranjero y esto, creo entender, es un derecho que aplican los Estados de Derecho, valga la redundancia. La privación de la libertad, llámese retención o detención, no es una garantía para ninguna persona, sobre todo, si se aplica por carecer de documentación. Encima de ello, encerrarle hasta 18 meses es totalmente desproporcionado. Y, en cuanto a la supuesta inexistencia de arbitrariedades, quién nos puede confirmar o avalar tal situación, dadas las diferentes actuaciones de algunos funcionarios de la administración en simples trámites de renovación de permisos quienes se convierten en implacables jueces ante la falta de uno u otro requisito; con insultos y discriminaciones incluidos.

Muchos se cuestionarán también las prisas que tiene Europa por blindarse. En primer lugar, está el desbloqueo de los 676 millones de euros que entrega la Unión a sus países para las políticas de repatriación de inmigrantes congelados por la misma Eurocámara. Por otro lado, los vientos de mano dura contra la inmigración sobrevuelan Europa de la mano de Nicolás Sarkozy y Silvio Berlusconi, una estrategia de tinte electoral y con réditos políticos evidentes dado el método de persecución implantado por estos gobernantes. Frente a ello, es fácil confirmar el resurgimiento de la Liga Norte de Bossi y el Frente Nacional de Le Pen, nacidos del descontento de sectores de clase media, trabajadores autónomos y empresas medianas y pequeñas, muchas de las cuales viven de la economía sumergida (en muchos casos, gracias a trabajadores extranjeros indocumentados) y que sienten, cínicamente, que la inmigración amenaza sus derechos sociales, su identidad.

¿Y en España? La respuesta también sorprende. Antes del último proceso electoral vivido el pasado 9 de marzo y donde se criticó la estrategia electoral montada por la derecha del Partido Popular, que se afinó al postulado que promociona un "contrato de integración" para inmigrantes, tal como defiende Sarkozy; resulta bastante sospechoso el giro dado por el gobierno socialista en el tema de migración. Prueba de ello, están los votos socialistas de apoyo a la directiva europea; el Plan de retorno y, por último, los límites a la reagrupación familiar auspiciados por el ministerio de Trabajo e Inmigración. La conclusión a todo esto es clara: O participamos del sistema de endurecimiento de políticas migratorias a nivel europeo o veremos cómo crece el descontento de las clases obreras, que viven en barrios de mayor concentración de inmigrantes y que se pelean por un mendrugo de pan. Claro está, que la primera opción es la escogida porque ablanda a los descontentos y sus votos se pueden capitalizar de alguna forma.
A pesar de ello, las autoridades españolas hablan de que no habrá persecución de inmigrantes, pero las noticias del último fin de semana, sobre todo, las dadas por el diario "El País", informan que en la localidad murciana de Torre Pacheco, en el campo de Cartagena, se produjo el pasado viernes una redada de inmigrantes irregulares por parte de la Brigada de Seguridad Ciudadana y de Extranjería. Durante más de cuatro horas, unos 60 agentes se desplazaron al municipio para identificar a los inmigrantes y entregarles una orden de expulsión a los que se encontraran residiendo en España de forma irregular. Fueron identificados un total de 301 extranjeros y detenidos 58 de casi una veintena de nacionalidades diferentes.

Es así, cómo las visiones se diversifican y cómo los discursos cambian apostando por una Europa cada vez más dura. También cómo se edulcoran las instituciones. En España, la migración es mano de obra y como tal hay que tratarla junto a un ministerio como el de Trabajo; nada que ver con el desdeñado Asuntos Sociales o el recién parido Ministerio de Igualdad. En cambio en Francia, la migración se quiere convertir presuntamente en sinónimo de identidad, y no como amenaza. Por ello, su Ministerio de Identidad Nacional, se crea con la finalidad de adoctrinar a quienes lleguen al país galo, para que además de trabajar tengan que asimilar los valores, las costumbres y el espíritu nacionalista francés; para entendernos mejor: Trabajo, Familia y Patria al estilo del mariscal Pétain. En Italia, mejor ni hablar porque el Ministerio de Solidaridad Social, que contiene una Dirección que se ocupa de la inmigración, obedece a los mandamientos de Franco Frattini de Relaciones Exteriores (protección de fronteras) y Roberto Maroni de Interior (seguridad nacional), defensores de la persecución por aire, tierra y mar de inmigrantes irregulares, elevados a la categoría de delincuentes.

Ahora, cabe preguntarse hacia dónde va Europa con estas directivas porque cada día nos convencemos más que las superpotencias no entienden de Alianza de Civilizaciones como alguna veces se pretende demostrar y, que a su vez, Huntington y Fukuyama se estarán frotando las manos al ver que sus discursos han encontrado más adeptos, muchos de los cuales son una caja de sorpresas, que se despojan de sus supuestos ideológicos para "armonizar" posturas con un solo objetivo: concluir en una sociedad casta y pura, bajo el paraguas de la economía de mercado. Ésta, obviamente, se transpone a los sueños o utopías, reflejados en los rostros de miles de desesperados que buscan Eldorado europeo.

– Raúl Jiménez Zavala, portavoz de la Asociación Rumiñahui Hispano Ecuatoriana..
Madrid, www.ruminahui.org.es