Como si se tratara de ratas que huyen cuando se hunde un barco, los prefectos y dirigentes cívicos que alientan la división y la violencia en Bolivia, rechazaron someterse a la decisión del soberano en el referéndum revocatorio previsto para el próximo 10 de agosto.

“Es un acto de cobardía y un intento de golpe de Estado”, dijo el principal dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Isaac Ávalos.

El denominado Consejo Nacional Democrático (CONALDE) conformado por los prefectos y dirigentes cívicos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Cochabamba al rechazar su negativa a participar del referéndum revocatorio de mandato, demandó la convocatoria a una elección general adelantada aduciendo que es la única salida a la crisis política que atraviesa el país.

Los comicios propuestos por el CONALDE no deben contemplar la posibilidad de reelección de ninguna de las actuales autoridades.

La oposición de los prefectos al referéndum revocatorio se convierte en un desacato a una Ley de la República y, por lo tanto, es una violación flagrante a la Constitución Política del Estado.

La ley del referéndum revocatorio de mandato incluye a los nueve prefectos del país pero también al Presidente y Vicepresidente de la República y fue aprobada, el 8 de mayo, por el Congreso Nacional con la participación de representantes del oficialismo y de la oposición.

Miedo al pueblo

El 12 de mayo pasado, a tiempo de promulgar la ley del revocatorio, el Presidente Evo Morales Ayma, afirmó: “Por primera vez en toda la historia boliviana que el pueblo boliviano no sólo tendrá derecho a elegir, sino también a revocar si las autoridades no sirven o no prestan servicio al pueblo”.

Desde esa fecha, la Corte Nacional Electoral (CNE) conduce el proceso democrático.

¿Usted está de acuerdo con la continuidad del proceso de cambio liderizado por el Presidente Evo Morales Ayma y el Vicepresidente Álvaro García Linera?, es la pregunta planteada para revocar o ratificar a las primeras autoridades de gobierno.

¿Usted está de acuerdo con la continuidad de las políticas, las acciones y la gestión del Prefecto del Departamento?, es la segunda pregunta referida a la aprobación o no de la gestión prefectural.

Legalmente, la única instancia que podría determinar la suspensión definitiva del referéndum revocatorio es el Tribunal Constitucional, al pronunciarse a una demanda de inconstitucionalidad sobre el tema.

El Jefe de Estado que ayer participó de un acto masivo en la población de Padilla (Chuquisaca), desafió a los prefectos a que “no se corran del pueblo”. “¿Qué miedo hay al pueblo?”, interrogó.

El concejal de la ciudad de El Alto, Roberto de la Cruz, señaló que los prefectos demuestran cobardía porque le tienen miedo al pueblo boliviano, le tienen temor al soberano y con su accionar dan a entender que las autonomías, en las que se escudan, fueron un acto fraudulento.

Juicio de responsabilidades

Diversas organizaciones sociales del territorio nacional expresaron su crítica y condena a la determinación del CONALDE.

El dirigente agrario Isaac Ávalos, afirmó que “los prefectos golpistas deben ser sometidos a un juicio de responsabilidades”.

Según el dirigente, con el atentado a la democracia, los prefectos demuestran que lo único que les interesa es continuar buscando la división, el enfrentamiento y la violencia entre bolivianos.

Los sectores sociales que ya iniciaron la campaña de cara al revocatorio, manifestaron que continuarán con sus actividades hasta obligar a los prefectos que se sometan ante el soberano.

Los prefectos Rubén Costas de Santa Cruz,

Ernesto Suárez del Beni, Leopoldo Fernández de Pando, Mario Cossío de Tarija y Manfred Reyes Villa de Cochabamba al rehuir al referéndum revocatorio están desacatando la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes.

La totalidad de estos prefectos fueron parte de los anteriores gobiernos neoliberales de Jorge Quiroga o Gonzalo Sánchez de Lozada.

A tiempo de rechazar el referéndum revocatorio, las autoridades de la denominada “media luna” enviaron una carta al Presidente de la República en la que reclaman una reunión el próximo primero de julio “para lograr una concertación que dé certidumbre al país”; la posición oficial es rechazar los condicionamientos.

Resoluciones del CONALDE

Las resoluciones del CONALDE están sustentadas en los siguientes puntos:

1.- Con la puesta en vigencia de los estatutos de los departamentos autónomos de Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija, se inicia un nuevo ciclo de coordinación solidaria entre nuestros gobiernos departamentales autónomos para promover políticas públicas a ser aplicadas en sus territorios. En ese sentido, se constituye una secretaría pro témpore y cuatro comisiones técnicas permanentes que a partir de la fecha empiezan a trabajar en la aplicación de los estatutos especialmente en educación, salud, infraestructura vial y energía. Bajo este marco, constituimos el fondo solidario autonómico departamental para promover el financiamiento de proyectos y programas de inversión y administración de los servicios de educación y salud y la ejecución de obras de infraestructura física y desarrollo productivo en los departamentos autónomos.

2.- Instruir el inicio de todas las acciones que sean necesarias a partir de la fecha con el fin de recuperar definitivamente los ingresos provenientes de IDH y regalías por hidrocarburos confiscados por el gobierno central a prefecturas y gobiernos departamentales, así como a municipios y universidades, de ser necesario apelar a nuestros estatutos para encontrar la solución a la necesidades que afectan a las provincias, gobiernos municipales y universidades de los departamentos autónomos.

3.- Respaldar la decisión de los prefectos y gobernadores de los departamentos de Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija, de no someterse al referéndum revocatorio convocado por el gobierno central, salvo que su convocatoria se ajuste en el marco establecido en los estatutos autonómicos aprobados con el voto del soberano, remarcando que el proceso electoral debe estar en el orden constitucional vigente que debe regir cualquier consulta democrática en el país y administrarse con un órgano electoral imparcial y transparente.

El trasfondo del problema

En reiteradas oportunidades, el Presidente de la República, denunció que los intentos de los sectores fascistas y oligarcas en Bolivia no sólo están destinados a dividir a los bolivianos “sino en cómo derrocar al indio”.

Las denuncias están centradas en la estrategia de imponer un golpe de Estado.

Ya son varios los indicios de estos atentados, incluso se habló de intentos de asesinato. A la actitud separatista de algunos sectores a nombre de las autonomías se sumaron con medidas de presión los terratenientes y latifundistas que se oponen al saneamiento de tierras; los transportistas y empresarios mineros que quieren evitar los impuestos; algunos empresarios privados que amenazan con un paro de la producción nacional; los grupos juveniles financiados que atentan contra los derechos humanos y también el papel oscuro de la embajada norteamericana.

Desde la antigüedad se sitiaba por hambre a los pueblos. Se imponía el terror y la división. Hoy, algunos sectores contrarios al gobierno especulan con los precios de la canasta familiar pretendiendo que el pueblo se levante, se violente, contra el gobierno.

Si el trasfondo del problema “es cómo derrocar al indio”, el gobierno nacional tiene hoy la oportunidad histórica de imponer la ley para derrotar definitivamente a los enemigos internos y externos del proceso de la revolución democrática y cultural…

– Alex Contreras Baspineiro es periodista y escritor boliviano.

alexadcb@hotmail.com