El hundimiento de la reforma política en la Comisión Primera del Senado, que reclama con orgullo haber comandado el propio presidente Álvaro Uribe Vélez, es otra prueba más de carácter político sobre su peculiar simbiosis con el crimen, quintaesencia de la denominada “seguridad democrática”. Una simbiosis de naturaleza parasitaria, en virtud de la cual ha coronado su fulgurante carrera política, deshaciéndose en forma oportuna y rápida de sus antiguos aliados, ahora convertidos en temibles criminales. Ayer fueron los paramilitares, hoy es la pérfida Yidis, quizá mañana sea el leal Sabas Pretelt.

Una simbiosis que tiene una larga historia, pues data desde su eficiente administración como Director Nacional de Aerocivil, justamente en la época de mayor prosperidad de Pablo Escobar, y luego continúa como Gobernador de Antioquia, curiosamente cuando se consolida el proyecto de las Autodefensas en Urabá. Se confirma así el implacable aserto de Sartre: “nada hay más respetable que una impunidad largamente tolerada”. Especialmente cuando se trata de la impunidad política, que por comprometer la suerte de las instituciones y de la misma sociedad es de mayor gravedad que la impunidad penal, al fin de cuentas de índole personal y sin el alcance de la responsabilidad pública que asume todo líder político frente al presente y futuro de una comunidad. En efecto, al oponerse el Presidente a la sanción de la “silla vacía”, permite que las mayorías que lo respaldan sigan teniendo un origen espurio, pues aquellos que ocupen la curul de quienes hoy están encarcelados por sus vínculos criminales con los paramilitares, necesariamente deberán su presencia en el Congreso a la influencia ilegal de estos grupos sobre la voluntad de los electores. Bien lo expresó una de sus senadoras más queridas y cercanas, Gina Parody: “no podemos hablar de un Congreso representativo si los ciudadanos no votaron, si hubo fraude electoral o si hubo constreñimiento al elector (…) y así fue como se consiguieron esos votos.”

El principal argumento del Presidente para oponerse a la sanción de la “silla vacía”, fue la necesidad de conservar la mayoría en el Congreso para garantizar la gobernabilidad y “continuidad de la seguridad democrática, gracias a la cual se han conocido e investigado las relaciones de políticos con el paramilitarismo[1]”. Curiosamente lo mismo expresó José Vicente Castaño en una entrevista concedida a la revista Semana hace exactamente tres años: “La seguridad democrática funcionó y se nos ha terminado la razón de existir”[2]. De esta forma queda plenamente comprobada la alquimia de la violencia paramilitar, hoy convertida en política presidencial, pues gracias a la seguridad democrática no quedarán sillas vacías en el Congreso: ellas serán rápidamente ocupadas por los herederos y testaferros políticos del paramilitarismo. Así las cosas, no estaríamos frente a una gobernabilidad y seguridad democrática, sino más bien ante una gobernabilidad y seguridad cacocráticas, puestas al servicio de los más hábiles y diestros ladrones de la confianza y la voluntad ciudadana, que hoy presiden el Estado en defensa heroica de la más profunda y estable democracia de Sudamérica, según la predica oficial en todos los foros internacionales.

Un crimen bien representado y remunerado

Como bien se ha señalado, en la política de la seguridad democrática el crimen está muy bien remunerado y representado. No tanto porque paga jugosas recompensas a quienes asesinan y descuartizan, sino sobre todo porque promueve y estimula el ejercicio de la política como una celestina al servicio de los grandes inversionistas en el mercado y del mayor número de bajas en el campo de batalla, sin importar para nada los costos sociales que ello implique y las prácticas criminales que estimule. No parece, entonces, una mera coincidencia que la ley 975, eufemísticamente denominada de “Justicia y Paz”, haya sido antecedida por la ley 974, más conocida como de “bancadas”, pues ambas expresan muy bien la tramoya de la política palaciega que hoy discurre entre bandolas (en lugar de bancadas) y desbandadas, ordenadas por el propio Presidente Uribe para hundir la reforma política.

¿Académicos o Cosmetólogos?

Quizá para maquillar y disimular dicha concepción palaciega y mercenaria de la política, es que ahora el Presidente conforma una pomposa “Comisión de siete Académicos”, “alejada de la polarización y la confrontación política y entre los siete estudiarán los mecanismos más adecuados para profundizar en (sic) la reforma política y encontrar alternativas para hacer responsables a los partidos y blindarlos frente a los embates de organizaciones criminales que quieren apoderarse de ellos para influir en las decisiones del país”, según declaraciones del Ministro del Interior y Justicia, Carlos Holguín Sardi.

Declaraciones que contrastan con las recientes acciones y decisiones gubernamentales, pues para conservar la mayoría en el Congreso no permitió que ninguna silla quedará vacía, así como ayer ordenaba el Presidente a sus copartidarios: “voten los proyectos gubernamentales, mientras puedan hacerlo”, antes de que fueran confinados en la Picota por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Sin duda, son muestras elocuentes de la forma como el Presidente ha cumplido su denodada lucha contra la “politiquería y la corrupción”, depurando el Congreso de sus vínculos con la criminalidad. Ahora pretende que la Comisión de los siete sabios, supuestamente situada más allá de “mezquinos intereses políticos cortoplacistas”, “presente a consideración del Congreso y la opinión pública el próximo 20 de Julio una reforma política seria y articulada”, según lo expresado en  comunicado de la Presidencia el pasado 11 de Junio.

Lo curioso es que estas recomendaciones coincidan con otro comunicado de la Presidencia de la República, donde Uribe señala que “No es el Congreso quien garantiza la reelección sino el voto del pueblo” y agrega en forma reveladora: “La Constitución del 91 eliminó la reelección por componendas políticas. Le quitó ese derecho al pueblo simplemente por componendas políticas[3]”. Todo parece indicar que la Comisión Académica, como está más allá de la política, no se prestará para este tipo de componendas, aunque entre sus miembros figure Humberto de la Calle, quien tuvo bajo su dirección las relaciones del entonces Presidente Gaviria, ahora en tránsito de reelección, con la Asamblea Nacional Constituyente. Más sorpresas nos da la política que la propia vida. Sólo falta que la Comisión sugiera un cambio de régimen y para ahuyentar el fantasma de la segunda e inmediata reelección presidencial proponga el tránsito hacía un régimen parlamentario. Entonces, por arte de la alta cosmética política, tendremos a Uribe como Primer Ministro en lugar de su tercer período presidencial. Esa sería “una reforma política seria y articulada”, más allá “de mezquinos intereses políticos cortoplacistas”, en bien de la Patria y la “seguridad democrática”, justo a la medida de un novísimo “Primer Ministro” y no un maltrecho “Tercer Presidente”.

– Hernando Llano Ángel, Abogado y Politólogo, Socio de la Fundación Foro por Colombia

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas
Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org






[1] – Comunicado de Presidencia de la República, Junio 11 de 2008.

[2] – Semana, edición 1205, Junio de 2005.

[3] – Entrevista del Presidente Álvaro Uribe Vélez con Vicky Dávila, Noticias RCN, Junio 11 de 2008.

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