Tal parece que la dación del Decreto Legislativo Nº 1015 ha levantado más críticas y consensos que los esperados. A partir de este decreto, se está generando una serie de comunicados, artículos y debates que dan cuenta en su mayoría de las serias implicancias que tiene para los pueblos indígenas, para su supervivencia. Algunos versados en los asuntos legales han señalado la inconstitucionalidad de la norma, que ha llevado a la Defensoría del Pueblo a presentar una acción en este sentido. Por otro lado, para otros se trata de que se atenta contra el derecho de propiedad de la tierra colocando condiciones que ninguna empresa privada aceptaría, pues facilitaría la venta, de forma simple, en un abrir y cerrar de ojos, con la presencia de unos cuantos comuneros. Es decir, una minoría podría decidir el futuro de una mayoría, y será seguramente una minoría masculina, pues es conocido que las mujeres en las comunidades, salvo cuando son viudas, no tienen la potestad para decidir en las asambleas.

El sentido que tiene el decreto se puede ver en su título cuando hace alusión a que se da para que las comunidades campesinas y nativas de la sierra se equiparen a las de la costa para mejorar su producción y su competitividad agropecuaria. Ya por el título podemos darnos cuenta de la racionalidad que hay detrás de una acción de esta naturaleza, una racionalidad que entra en conflicto con la racionalidad de hombres y mujeres indígenas, para quienes la tierra no es un objeto de uso, sólo para cultivar y recibir los frutos, sino un ser vivo, la Pacha Mama, la madre nutriente, a quien hay que ofrendar para recibir sus frutos, para que nos siga dando la vida.

La tierra además no es sólo un lugar para producir, sino un espacio de vida, el lugar donde moran los vivos y los muertos, y aunque la comunidad tenga limites claramente establecidos, salvo en casos de conflicto, comuneros y comuneras pueden transitar con libertad por esos territorios, para compartir con sus vecinos y parientes, para celebrar fiestas y rituales, para recoger plantas medicinales, para tantas cosas que configuran la identidad cultural y que posibilitan también la pervivencia de los conocimientos, tecnologías, formas de entender y vivir en el mundo, de ese patrimonio cultural que constituye en buena medida el legado a las nuevas generaciones, y que ha posibilitado que actualmente el país cuente con una gran diversidad de productos, como las múltiples variedades de papa que tanto nos enorgullecen . Y eso es también lo que se pone en juego cuando una comunidad desaparece, y lo que tiene que ser también parte del debate, pues en un país que está reclamando la diversidad como valor, son algunas medidas como éstas las que la ponen en riesgo.

¿Qué pasaría con las familias asháninkas cuando quieran ir a recolectar los caracoles, actividad que las reúne aunque vivan en diferentes comunidades, caminando grandes distancias? ¿Qué pasará con el "pomporum" y el "Choroqui", o con el chuchuhuasi", el sanago o la jagua que se recolectan en el bosque, sino podrán transitar por esos territorios? Diversidad, conocimientos, lazos que se perderán para siempre.

Quedarán encarcelados los apus como los parques en Lima si quien compra las tierras de una comunidad se le ocurre ponerle rejas, puertas o cercos al sitio por donde debe pasarse para hacer un pagapu o enviar un despacho. Situaciones como éstas pueden parecer para algunos banalidades frente a la gran posibilidad de desarrollo que se supone entrañan los tratados y el aumento de la productividad. Sin embargo, estoy segura de que le quitarán a muchos comuneros y comuneras el sentido de la vida, y sin sentido no existe futuro para los pueblos.

Señala la Defensoría del Pueblo en su fundamentación de la acción de inconstitucionalidad “que los efectos de las normas impugnadas podrían poner en riesgo la existencia misma de comunidades concretas, efectos que también deben ser valorados por el supremo intérprete de la Constitución, en aplicación del principio de eficacia integradora, por el que han de preferirse las opciones que promuevan la integración social, lo cual no ocurre facilitando la desmembración de las tierras comunales sin mayores garantías.”

No podemos sino estar de acuerdo. Es urgente que se tomen medidas que realmente constituyan beneficios para toda la ciudadanía, incorporando la diversidad y lo que puede ofrecer, y sobre todo garantizando que cualquier medida que involucre a los pueblos sea consultada ampliamente, posibilitando la participación en la consulta y en la toma de decisiones tanto de mujeres como de hombres. Solo así se podrá construir un país en el que la justicia, la inclusión, la equidad y la diversidad, no sean sólo palabras levantadas en las conferencias o cumbres, sino hechos tangibles que se manifiestan en un verdadero desarrollo para el país entero.

Fuente: Asociación SER (Perú)
http://www.ser.org.pe/