Los últimos episodios sucedidos en la zona traen severos roces diplomáticos entre ambos países. La mano de Washington juega un papel importante como factor desestabilizador en el proceso de integración latinoamericana.

El pasado 14 de mayo el presidente venezolano Hugo Chávez expresó palabras de gran importancia: “Lo que voy a decir es algo delicado, pero lo voy a decir. Yo, hace pocos años hablaba de que teníamos que quemar los planes de guerra contra Colombia. Hoy no. Claro, una posición ingenua la mía. Hoy una de las más grandes amenazas que tiene Venezuela está en el Gobierno de Colombia, en la oligarquía paramilitar o más bien, narcomilitar del Gobierno colombiano”.

La opción bélica fue planteada por el mandatario durante una conferencia realizada en el Teatro de la Academia Militar de Venezuela. Esto, a partir de una polémica declaración del embajador estadounidense en Colombia, William Brownfield, realizada tres días antes. El embajador, durante una entrevista cedida al diario digital colombiano El Espectador planteó la posibilidad de que la Casa Blanca traslade la base militar de Manta, Ecuador, a la Guajira colombiana, península fronteriza con Venezuela.

Los términos del presidente venezolano dirigidos a su par de Colombia, Álvaro Uribe, señalan el alcance de la crisis bilateral y un distanciamiento que parece profundizarse más. Chávez y Uribe, antagonistas no sólo respecto de concepciones ideológicas, sino también en cuanto a las relaciones y alianzas estratégicas con los países de la región y con el vecino del norte.

En los días siguientes al citado episodio, se produjeron una serie de hechos que agravaron la tensión y que evidencian los lazos que unen a Bogotá con los objetivos militares de Washington en la región.

Como ya adelantara APM, la creciente presencia político militar de Estados Unidos en Latinoamérica, justificada con el pretexto de la “lucha global contra el terrorismo y el narcotráfico”, sólo provoca aislamientos y desencuentros en los proyectos políticos de esta parte del continente. Las disputas entre Colombia y Venezuela no quedan al margen de ese influjo: lejos de solucionarse, todas parecen conducir escenario donde los sonidos bélicos son más retumbantes.

Fue a partir de la decisión del Presidente colombiano -a fines del año pasado- de tratar de desvincular a Chávez del canje humanitario que llevaba a cabo con las Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia (FARC), lo que hizo que las posturas de los mandatarios se polarizaran cada vez más.

Por otro lado, las especulaciones sobre la relocalización de la base de Manta surgieron luego de que el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, decidiera no renovar el convenio que permite a Estados Unidos acceder y usar la Base Militar Eloy Alfaro, vigente hasta 2009, y que fue firmado en octubre de 1978 por el presidente Jamil Mahuad. Dicha base militar funciona, según la Casa Blanca, como un centro “antidrogas y antiterrorismo”.

Caracas advirtió que un posible traslado de la base de Manta a Colombia se consideraría como una “agresión”. Además, se reavivó una vieja disputa sobre la soberanía de la península de la Guajira, la que perdió el Venezuela en el siglo XIX por medio de arbitrajes internacionales.

"Nos robaron la Guajira sin que aquí nadie disparara un tiro, pero esa Guajira era venezolana y están los títulos históricos de nuestra Guajira integra" dijo Chávez, y agregó: “No permitiremos que el gobierno de Colombia le entregue la Guajira al imperio norteamericano; no lo permitiremos cueste lo que cueste. Píenselo presidente Uribe, píenselo bien”.

La respuesta del Gobierno colombiano fue inmediata. El ministro de Defensa Juan Manuel Santos afirmó: "Yo diría a quienes están criticando esa información que se informen mejor, porque base no va a haber. Repito, bases en Colombia no va haber".

Más tarde, Chávez calificó esta declaración como señales del “buen sentido” del Gobierno colombiano. Sin embargo, con respecto al manejo de la información, replicó: “Bueno, pues dígaselo al embajador que lo dijo”.

Durante su conferencia en la Academia Militar, Chávez instó a la Fuerzas Armadas a estar alerta, ante lo que consideró una amenaza del Gobierno colombiano y sostuvo que el presidente Uribe está "aislado en América Latina. No le cree nadie, en Europa tampoco. Solo está aferrado al imperio".

Una semana después del intercambio entre Chávez y Santos, y habiendo éste negado la información manejada por el Presidente venezolano hasta ese momento, el propio Uribe se encargó de renovar la polémica.

"Todo lo que podamos hacer para fortalecer la ayuda de Estados Unidos a fin de que podamos derrotar el narcotráfico, lo seguiremos haciendo", manifestó el pasado miércoles el presidente colombiano a la radio privada RCN, que le preguntó si el gobierno estadounidense construirá una base militar en su país y si ya recibió su solicitud al respecto.

Otro foco de distanciamiento entre ambos gobiernos se reavivó el pasado jueves, cuando el secretario general de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), Ronald Kenneth Noble, presentó el informe de la revisión que dicha entidad realizó sobre las presuntas evidencias encontradas en el campamento de Raúl Reyes (bombardeado por tropas colombianas en territorio ecuatoriano el pasado mes de marzo).

La polémica sobre un conjunto de elementos informáticos que vincularían a las FARC con el Gobierno de Chávez, lleva varias semanas de acusaciones cruzadas.

En efecto, días después del ataque en Ecuador, voceros del Gobierno de Colombia anunciaron que su ejército habría hallado tres computadoras portátiles, dos discos duros y tres "USB pen drives" con información y documentos que –según dicen- “revelarían” los vínculos de las FARC con los gobiernos de Venezuela y Ecuador.

Un aspecto clave de las presuntas evidencias, es la falta de seriedad en la preservación y la irregularidad permanente con la que el Gobierno de Colombia manejó los elementos informáticos. Las “pruebas” desde un principio fueron conservadas por organismos colombianos, y que por estas horas hace sospechar la posibilidad de una adecuada custodia de la evidencia.

De hecho, supuestos documentos de las computadoras se filtraron en los medios latinoamericanos. El diario argentino La Nación publicó en un recuadro: “Dinero y petróleo: siete documentos de enero de 2007” (de los archivos de Raúl Reyes), que se refieren a un presunto préstamo de 300 millones de dólares de Venezuela a los guerrilleros.

También el diario digital El Espectador de Colombia tituló una nota del 20 de abril de la siguiente manera: “Según un computador de Raúl Reyes, las FARC atentaron dos veces contra Uribe”, y el subtítulo transcribía un supuesto mensaje del vocero de la guerrilla, con fecha de 2002: "Fallamos en un nuevo intento en Barranquilla. Lo único que logramos fue asustarlo (al presidente Uribe) y asustar también a las campañas".

Con la divulgación de los archivos acusatorios manejados por Bogotá, es difícil asegurar que no hayan sido manipulados, más aun teniendo en cuenta que Ronald Kenneth Noble aseguró que tales elementos fueron "revisados" 48.055 veces por los investigadores colombianos antes de ser ofrecidos a la policía internacional.

Fueron las sospechas y denuncias surgidas en torno a la validez de los documentos informáticos, y las concretas posibilidades de ser manipulados, lo que llevó al Gobierno colombiano a solicitar a Interpol una revisión de la autenticidad de las presuntas pruebas.

El informe de la entidad señala que "la investigación informática forense no descubrió evidencias de modificación, alteración, añadidos o supresión" en los archivos. Sin embargo, las explicaciones ofrecidas por Noble no ofrecieron sino más dudas.

Es que, si bien el secretario general de Interpol aclaró que no se analizó el contenido de los documentos, paradójicamente también aseguró que las computadoras pertenecen a la guerrilla.

“Estamos completamente seguros de que las evidencias vinieron de un campamento terrorista de las FARC: así que les pertenecen a las FARC, a un miembro de esa organización”, fue la explicación tautológica de Noble.

Para esto, es muy importante observar el análisis que realizó el periodista español Pascual Serrano, quien sostiene que aparecen “2110 archivos cuyas fechas de creación oscilan entre el 20 de abril de 2009 y el 27 de agosto de 2009; 1.434 archivos cuyas fechas de última modificación varían entre el 5 de abril de 2009 y el 16 de octubre de 2010”. El periodista agregó: “esto significa que cualquier usuario cambiando la hora del sistema operativo puede crear un documento en la fecha que le plazca, sea anterior o incluso futura”.

Chávez calificó la presentación del informe de Interpol como un “show” y sostuvo: “estamos obligados a colocar de nuevo las relaciones con Colombia en una profunda revisión, en lo político, en lo diplomático, en lo económico, en todo”.

También denunció que la intervención de Interpol forma parte de los objetivos y actividades de Estados Unidos a través de Colombia. El Presidente venezolano expresó que “con el informe buscan aislar a Venezuela para incluirla en la lista de países que apoyan al terrorismo y lograr la imposición de sanciones en su contra en las Naciones Unidas”.

El tema de “las computadoras de Reyes” dejó en claro el discurso alienado de Bogotá y Washington. Aún más explícitas son las palabras utilizadas por el embajador William Brownfield en la entrevista mencionada anteriormente.

A la pregunta sobre si Estados Unidos entregó información de inteligencia a las tropas colombianas que atacaron el campamento de Reyes, el embajador respondió: “Soy demasiado diplomático para responder eso. Admito que tenemos una relación de mucho intercambio de información de inteligencia, entrenamiento y capacidades técnicas. Saquen la conclusión que quieran”.

Por otra parte, dos desplazamientos militares -uno colombiano y el otro estadounidense- producidos en territorio venezolano el 16 y 17 de mayo respectivamente, preocuparon al gobierno de Chávez.

En primer lugar, Caracas denunció la irrupción de 60 soldados colombianos en la zona de “Los Bancos” del municipio Páez, del Estado Apure. Ese mismo día la cancillería de Venezuela envió al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia una nota de protesta, acusando al Gobierno de Uribe de buscar “la desestabilización de la región”.

La nota exige a Bogotá que “vele por el cese inmediato de estas violaciones del Derecho Internacional, de la soberanía y de la integridad territorial de Venezuela, y aplique las sanciones correspondientes a los responsables de las mismas”.

Además de esta misiva, el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro Moros, denunció que la incursión de tropas colombianas en territorio venezolano es una provocación del país vecino sujeto “al plan imperialista que pretende desestabilizar y llenar de violencia nuestra región”.

La respuesta de Colombia llegó el domingo pasado por parte de su ministro de Defensa, quien negó la incursión militar. Por su parte, Uribe se limitó a decir que “si es cierto que nuestros soldados entraron allí, ofreceremos excusas. Si no es cierto daremos explicaciones”.

El otro episodio que repercutió en los funcionarios de Caracas fue la violación del espacio aéreo venezolano por parte de un avión militar de la Armada estadounidense (Viking S-3). El motorizado sobrevoló el espacio correspondiente a isla de La Orchila. Según funcionarios venezolanos, la identificación de la nave y su procedencia se produjo a través de una conversación entre el piloto y el control aéreo.

La denuncia pública la realizó el Ministro Maduro, para quien el hecho es “delicado”. Además el canciller venezolano insistió que “esa acción forma parte de una escalada de provocaciones contra Venezuela, tomando en consideración la existencia de planes de sectores del gobierno colombiano, coordinados desde la administración estadounidense”.

Horas más tarde el Pentágono admitió el incidente, y manifestó que el avión “que cumplía operaciones antidrogas” perdió sus referencias de navegación, lo cual lo llevó a volar dentro del espacio aéreo de Venezuela.

La presencia militar de Colombia y Estados Unidos en territorio venezolano ha acrecentado la tensión entre el gobierno de Chávez y el de Uribe. Las instancias de diálogo y de resolución de las disputas por medios legales parecen alejarse cada vez más.

En los últimos días sucedieron dos hechos que se agregan a este escenario. En la reciente firma del Acta Fundacional de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) donde –entre otras cosas- se planteó la creación de un Consejo Suramericano de Defensa, el presidente de Colombia fue el único que no quiso adherir a la propuesta hecha por Brasil.

Además, por estas horas los grandes medios masifican sobre la muerte del líder de las FARC Pedro Antonio Marín, alias "Manuel Marulanda Vélez", "Tirofijo. Lo que hasta el sábado era una simple versión, el domingo pasó a tener más relevancia cuando el grupo guerrillero emitió un comunicado confirmando la muerte de Marulanda.

Pese al despliegue mediático que se realizó en torno a la noticia, desde hace varios meses, los medios contrahegemónicos sostenían la versión de la muerte del líder de las FARC.

El futuro de las relaciones bilaterales entre Caracas y Bogotá dependerá en gran medida de la acción coordinada y comprometida de los gobiernos vecinos. Con la diplomacia latinoamericana es posible acercar las posturas que parecen irreconciliables y, además, mostrar al mal vecino del norte que el proceso de integración regional en el sur del continente no es meramente circunstancial.

– El autor de esta nota es alumno del Seminario “Periodismo en Escenarios Políticos Latinoamericanos”, que se dicta en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP.

Fuente: Agencia Periodística del MERCOSUR (APM), Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de la Plata, Argentina.
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