La agricultura familiar es, a día de hoy, una práctica en peligro de extinción. En el Estado español, poco más de un 5% de la población activa trabaja en el campo y la media de edad del campesinado es cada día más alta. Ser campesino hoy no está de moda, pero ¿qué se esconde detrás de este abandono masivo del campo? ¿Hacia qué modelo de agricultura avanzamos?

El pasado 17 de abril, se celebró, como viene siendo habitual en los últimos años, la jornada global de lucha campesina impulsada por el movimiento internacional Vía Campesina que integra a millones de trabajadores y trabajadoras del campo en todo el mundo. Una jornada, que este año, ha tenido como objetivo denunciar el impacto de las corporaciones transnacionales agroindustriales en el modelo agrícola y alimentario y su papel en la generación de pobreza, hambre, intimidación y destrucción del medioambiente a escala global.

No en vano cada año desparecen en el territorio español una media de 37 mil explotaciones familiares y en la Unión Europea unas 200 mil. La renta agraria de las y los campesinos del Estado disminuye anualmente, situándose en tan solo un 58% de la renta general, lo que significa más pobreza y menos poder adquisitivo para aquellos que viven, producen y cuidan de nuestros campos. Por el contrario, son las grandes explotaciones las que reciben la mayor parte de las subvenciones. En el año 2005, por tan solo poner un ejemplo, seis grandes familias de la oligarquía andaluza fueron quienes más se beneficiaron de estas “ayudas” recibiendo un total de casi 12 millones de euros. Una dinámica que se repite año tras año.

Pero este retrato a escala estatal es tan solo un reflejo de lo que ocurre a nivel internacional. Las políticas de las instituciones financieras internacionales, de la Organización Mundial del Comercio, los Acuerdos de Asociación Económica (EPA), la Política Agraria Común… promueven un modelo de agricultura basado en el cultivo intensivo, la privatización de los recursos naturales, y el libre comercio. En definitiva, una producción al servicio de los intereses de las multinacionales del agribusiness.

Este sistema tiene graves consecuencias medioambientales y sociales. Se trata de un modelo que promueve el uso de químicos, pesticidas, Organismos Genéticamente Modificados… en aras de una mayor productividad y rentabilidad sin tener en cuenta las consecuencias de estas prácticas en el medio ambiente y en la salud de la mano de obra y de los y las consumidores. Un modelo productivo que prima determinadas variedades más resistentes y comerciales generando una pérdida en la biodiversidad y una homogeneización en nuestro consumo. En pocas palabras, una dinámica que antepone los intereses económicos de las grandes multinacionales por encima de las necesidades de las comunidades y los límites de los recursos naturales.

Este modelo de producción agroalimentaria también tiene una relación directa con el creciente calentamiento global. La agricultura y la ganadería industrializadas con la práctica del monocultivo, la destrucción de tierras, el transporte intercontinental de alimentos, entre otros, generan las mayores tasas de emisión de gases de efecto invernadero y, en consecuencia, son responsables del cambio climático, incluso por encima de sectores como el energético y el transporte.

Frente a esta situación, cada vez son más los actores sociales (campesinos, ecologistas, sindicalistas y consumidores) quienes se unen para afirmar que la agricultura no es una mercancía, que los recursos naturales (el agua, las semillas, las tierras, los bosques…) tienen que estar en manos de los pequeños productores y que no se puede privatizar ni especular con aquello que pertenece desde hace siglos a los pueblos.

Se trata de defender la soberanía alimentaria, el derecho de las comunidades a decidir sus propias políticas agrícolas y de alimentación, a proteger y a regular la producción y el comercio interior con el objetivo de conseguir un desarrollo sostenible y garantizar la seguridad alimentaria. Es necesario priorizar los mercados locales y nacionales, fortalecer la agricultura, la pesca y la ganadería familiar, organizando la producción de alimentos, la distribución y el consumo sobre la base de la sostenibilidad social, económica y medioambiental. Alcanzar estos objetivos requiere de una estrategia que rompa con las políticas agrícolas neoliberales impuestas por la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Este 17 de abril debemos de recordar que la denuncia de este modelo agroindustrial y la apuesta por una agricultura que sitúe en su centro al medio ambiente y a las personas es una cuestión que nos atañe a todas y a todos. No se trata de un combate fácil: es David contra Goliat, pero como cuenta la leyenda al final fue David quien acabó con el gigante.

– Esther Vivas es coordinadora, junto a X. Montagut, de los libros “Supermercados, no gracias. Grandes cadenas de distribución: impactos y alternativas” y “¿Adónde va el comercio justo?”.