El tema de los derechos humanos volvió a tomar vigencia e importancia en el Ecuador, a raíz de las últimas protestas sociales, la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la decisión de la Corte Suprema de Justicia de condenar a siete policías, acusados de la muerte y desaparición de dos jóvenes.

En las últimas semanas, se han reactivado las luchas sociales y regionales. Con paros y movilizaciones, los profesores piden la restitución de 48 de sus compañeros cancelados por el gobierno de Sixto Durán Ballén; los estudiantes se oponen a la aplicación de una Ley que impone la instrucción religiosa en los planteles laicos; los trabajadores petroleros impugnan la política energética privatizadora; los empleados de la salud solicitan mayores asignaciones para el sector; los transportistas protestan por la subida del precio del diesel y los ciudadanos de la provincia en El Oro, fronteriza con el Perú, reclaman mayor atención estatal.

Los estudiantes Edison Olmos, Carlos Granda, David Piedra y Gabriel Fiallos fueron heridos por la policía, con bala o bombas lacrimógenas, en el transcurso de las manifestaciones públicas.

En medio de la crisis económica y social, se observa un marcado deterioro de la situación de los derechos humanos. No sólo se viola el derecho a la vida, sino que se han incrementado los casos de tortura, agresión física y maltrato, violaciones a domicilio, arrestos arbitrarios e incomunicación.

Según la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, en 1992, se cometieron 641 casos de violación a los derechos de la persona, y en 1993 éstos aumentaron a 1.055, lo que representa un incremento del 65%.

Derecho a la vida: primer derecho negado

El régimen de Durán Ballén ha continuado con los programas de ajuste, iniciados en 1982, cuyos propósitos son: pagar la deuda externa que sobrepasa los 11.000 millones de dólares, reducir el gasto público, privatizar las empresas públicas y contener la inflación.

El Estado, en función de los objetivos macroeconómicos, presta poca o casi ninguna atención a los programas sociales y recorta los presupuestos para la salud, la educación y el bienestar social.

El resultado de las políticas de ajuste es el deterioro de la calidad de vida de los ecuatorianos: el 79% de los 11 millones de ecuatorianos están catalogados como pobres; hay 600.000 desempleados y más de dos millones de subempleados. Este fenómeno se agrava con el despido, en los últimos tres años, de más de 30.000 empleados públicos.

La aplicación de los programas de ajuste ha provocado fuertes reacciones sociales de los sectores afectados, que han sido duramente reprimidas por el régimen. Este, durante tres oportunidades, ha declarado el estado de emergencia y ha movilizado a las Fuerzas Armadas y a la policía, que a menudo han utilizado sus armas contra indígenas, pobladores y estudiantes.

La calentura no está en las sábanas

"La falta de empleos adecuados y el derrumbe de los ingresos reales de la mayoría de la población tiende a generar no sólo anomia, sino también la búsqueda de soluciones individuales desesperadas, ofreciéndose la delincuencia y el narcotráfico como la alternativas extremas para enfrentar los problemas de la supervivencia", sostiene un análisis del Equipo de Coyuntura del Centro Andino de Acción Popular, CAAP.

Según este mismo estudio, los índices de delincuencia, sobre todo los secuestros, asaltos, robos, homicidios, delitos sexuales y tráfico de drogas, han crecido vertiginosamente.

Para enfrentar esta situación el gobierno responde con operativos anti-delincuenciales en los que intervienen militares y policías, quienes tienen carta blanca para actuar con total impunidad. El 27 de septiembre de 1994, el gobierno emitió un decreto que dispone que los efectivos militares que participen en estos operativos "no podrán ser procesados ni juzgados penalmente, sino de acuerdo a lo previsto en el Art. 134 de la Constitución Política", que les concede fuero especial.

Varios legisladores del derechista Partido Social Cristiano y del populista Partido Roldosista Ecuatoriano, que actualmente dominan el Congreso, plantean el endurecimiento de las penas como la cadena perpetua, la acumulación de penas y la pena de muerte para combatir a la delincuencia.

Juristas, de tendencia progresista, sostienen, en cambio, que estas medidas represivas no contribuirán a frenar el fenómeno delincuencial, que tiene su origen en la injusta estructura socio-económica del país. Así mismo, señalan que la filosofía del sistema penal no puede ser satisfacer venganzas privadas o emociones violentas, sino reeducar, rehabilitar y reincorporar a la sociedad al infractor.

Avalancha de denuncias

En este contexto, se produjo la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos, entre el 7 y 11 de noviembre.

La Comisión, presidida por Michel Reisman, se entrevistó con autoridades gubernamentales, legisladores, magistrados, representantes de organismos defensores de los derechos humanos, grupos ecologistas y dirigentes indígenas.

Los delegados de la OEA receptaron más de 200 denuncias de violación de derechos humanos. Los casos se refieren a la lentitud y corrupción de los jueces, tortura durante las investigaciones policiales, despido arbitrario de empleados públicos, incursión de bandas paramilitares en el campo y atropellos contra homosexuales, encarcelados únicamente por su orientación sexual.

Familiares de personas desaparecidas, igualmente, se acercaron a los comisionados, para hacer les conocer pormenores de sus casos.

Unos delegados de la CIDH visitaron seis de las 33 cárceles del país que albergan a una población penitenciaria de 9.064 personas. En la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil, ciudad de un millón y medio de habitantes, la más poblada del Ecuador, constataron las infrahumanas condiciones en que se encuentran los presos. Esta prisión, -diseñada para 1000 internos, está ocupada por más de 2.600. Las celdas no tienen agua, ni servicios higiénicos. Varios presos se quejaron por la mala calidad de la alimentación.

En la cárcel de mujeres de esta misma ciudad, 70 niños viven encerrados con sus madres ante la imposibilidad de que sean custodiados por otras personas. En el país, un total de 390 niños, de 0 a 14 años, viven con las internas en un ambiente de promiscuidad y hacinamiento.

Otros miembros de la CIDH se desplazaron a la región amazónica, en donde representantes de los pueblos indígenas e iglesias denunciaron la contaminación del medio ambiente, producto de la explotación petrolera.

La Comisión emitió un informe preliminar en el que cuestiona el sistema judicial, muestra preocupación por los problemas derivados de los ajustes estructurales, .la situación carcelaria y la contaminación del medio ambiente.

En este documento se observa que "debido a la excesiva demora que existe en el juzgamiento de las personas detenidas y a la ausencia de un adecuado sistema de libertad bajo fianza, más del 50% de la población carcelaria permanece detenida durante períodos excesivamente prolongados de tiempo sin que se determine su culpabilidad o inocencia mediante una sentencia judicial". La Comisión recomienda que el Estado debe propiciar cuanto antes una modificación de la Ley Orgánica de la Función Judicial.

La Comisión, así mismo, instó al gobierno de Sixto Durán Ballén a remediar con carácter urgente el problema de la contaminación de los ríos amazónicos.
Este informe de la CIDH fue rechazado por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Francisco Acosta Yépez, quien señaló que se han ignorado los esfuerzos de la Función Judicial para corregir una situación ancestral.

La Comisión, según se estila, concedió un plazo de 90 días al Estado para informar sobre los casos denunciados. Al término de este lapso, la Comisión dispondrá, en caso de comprobar la violación a los derechos humanos, la rectificación de procedimientos y el pago de indemnizaciones para los afectados.

El caso Restrepo

Cinco días después de que culminara su labor la CIDH, el presidente de la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia condenatoria en el caso de los hermanos Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arismendi, quienes, a la edad de 17 y 14 años respectivamente, fueron desaparecidos por la policía en enero de 1988, cuando gobernaba el conservador León Febres Cordero (1984-1988), acusado de cometer múltiples violaciones’ a los derechos humanos.

Los jóvenes Restrepo pertenecían a una familia acomodada que no tenían relación alguna con actividades subversivas. Los padres de los niños, los colombianos Pedro Restrepo y Luz Elena Arismendi, no se quedaron callados ni se convencieron de las coartadas de la policía, que para encubrir el caso, sostenía que los jóvenes, perecieron en un accidente de tránsito.

Todos los. miércoles, los Restrepo comenzaron a asistir a la Plaza Grande, en donde se ubica el Palacio de Gobierno, para conocer algún dato sobre sus hijos. Lo que al principio era una protesta aislada se convirtió en un movimiento contra la impunidad, pues se sumaron familiares de otros desaparecidos, como el caso del escritor Gustavo Garzón y de la profesora Consuelo Benavides, y otras víctimas de la represión estatal. A la lucha se sumaron artistas y activistas de derechos humanos, en tanto que la prensa comenzó a hacerse eco de las denuncias.

Por la presión de la opinión pública, el gobierno socialdemócrata de Rodrigo Borja, en 1991, conformó una comisión internacional que, en sus conclusiones, descartó la tesis del accidente de tránsito y responsabilizó a la policía por la desaparición de los menores.

Finalmente, la Corte Suprema de Justicia condenó a dos años de prisión al General Gilberto Molina, ex-comandante de la policía, por el delito de encubrimiento, y a penas que van de 2 a 16 años de reclusión, a otros 7 policías, acusados de cómplices o autores materiales del delito.

Los abogados de Pedro Restrepo, presentaron acusación particular contra 32 personas entre las que se incluía a Luis Robles Plaza y Heinz Moeller, ministros de Gobierno de Febres Cordero, pero en el transcurso del juicio fueron sobreseídos. Moeller pertenece al mismo partido político de Febres Cordero (Partido Social Cristiano) y actualmente es presidente del Congreso.

"La justicia ecuatoriana ha tenido la oportunidad de dictar, por primera vez, una sentencia condenatoria en un caso de desaparición forzada de personas", comentó Juan de Dios Parra, secretario ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos, ALDHU.

Pedro Restrepo opinó estar conforme con el fallo, porque es un hito en la justicia del país, pero señaló que apelará, hasta que se incluya a los autores intelectuales.

Restrepo no duda en calificar a la desaparición de sus hijos como un crimen de Estado. Durante su lucha se ha enfrentado a tres presidentes de la República, 6 ministros de Gobierno y varios presidentes del Congreso. Casi todos ellos buscaron encubrir o limitar los alcances y profundidad de las investigaciones. Un analista comentó que ha sido condenada la ejecución del crimen, pero no la responsabilidad del poder.

Sin la presencia de su esposa Luz Elena Arismendi, quien falleció en un accidente de tránsito, Pedro señala que continuará con las demostraciones de protesta en la Plaza Grande, hasta encontrar los cuerpos de sus hijos. En estos mismos días, promueve, con el apoyo ciudadano, una campaña que consiste en juntar llaves para hacer un monumento a los desaparecidos.

Publicado en el Servicio Informativo Nº 203, ALAI, 24-11-1994, Quito.

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