La política apropiada para un gobierno que persigue la eficiencia económica consiste en estimular el éxodo de la agricultura y la consolidación de predios por todos los medios que no creen en una conmoción política intolerable.
Edith Whethem

La meta relativa a la agricultura debiera ser la conversión completa al tipo comercial, utilizando para este objeto todos los instrumentos estatales.
Lauchlin Currie

El intento del Ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, de entregar a empresas palmeras las 17 mil hectáreas de la hacienda Carimagua, que estaba destinadas a campesinos desplazados por la violencia, no sólo es una inmoralidad que causa escándalo, sino que representa la permanencia una ideología que se remonta al economista canadiense y asesor de varios gobiernos del siglo pasado, Lauchlin Currie y resume el resultado de las décadas de terror y consecuente desplazamiento forzado que forzaron a dos millones de campesinos a abandonar 350 mil parcelas entre 1946 y 1958 y a cuatro millones de personas más a dejar otros cientos de miles de fincas durante los últimos treinta años. 

Es una ideología que desde los días de Laureano Gómez unió los intereses del latifundismo, con los del capital transnacional y sus instituciones como el Banco Mundial. Lauchlin Currie expresaba en Colombia esa visión ideológica y la supo expresar con toda claridad en su libro Desarrollo Económico Acelerado, publicado primero en inglés en 1966 y traducido al castellano en 1968.

Currie presentaba como un obstáculo para el desarrollo agrícola “la competencia insalvable que presenta a las máquinas el hombre con una azada”, “la competencia de agricultura de tipo primitivo” (léase el campesinado, los indígenas, los afrocolombianos). Consideraba que había demasiada gente tratando de vivir de la tierra y hasta se atrevió a construir una tabla por cultivo, para calcular tanto la población rural necesaria, como la “desplazable”. Sí, Currie estimó que en 1960 había un millón ochocientos noventa mil campesinos “desplazables”, así los llamaba textualmente y desde luego lo que proponía desplazarlos, atrayéndolos (por las buenas) o expulsándolos (por las malas).

Currie quería un “rompimiento“ y tranquilamente mostraba con ejemplos históricos que la guerra puede tomar el lugar de “un programa deliberado de movilidad acelerada, no por las fuerzas económicas, sino por un programa radical”. Esto los consideraba “un verdadero rompimiento” que permitía “hablar con confianza de un despegue garantizado”. Después de fallecer Currie, su fracasó su plan para atraer a la ciudad a la población rural mediante programas de construcción de vivienda financiados con los UPAC y en cambio se desplegó nuevamente por los campos de Colombia la violencia que impuso cifras de desplazados al gusto de las tablas de Currie.

La guerra colombiana no la ha ganado el estado ni la guerrilla, pero sí la están ganando todos los días los desplazadores, quienes no paran en su tarea de acumular tierras, como si siguieran el libreto de Edith Whethem. Mientras las masacres, asesinatos, desapariciones y amenazas despejan el terreno, la ideología económica proclama la improductividad del campesino, justifica la expansión de la gran propiedad y anuncia instauración de las grandes empresas en el campo, a la vez que los parapolíticos aprueban las leyes que legalizan tanto el despojo de los pequeños productores como la dedicación de los recursos del estado a ayudar a los grandes propietarios.

Por ninguna parte se ha visto sin embrago el promisorio desarrollo agropecuario anunciado en las grandes propiedades; los campesinos y otros pequeños productores siguen alimentando al país y su economía y su cultura resiste de mil formas y se demuestra creativa y exportadora, a pesar de la pobreza y la escasez de recursos. Solamente mediante el terror, han podido expulsar a campesinos y afros y ahora lo intentan crecientemente con los indígenas.

La ideología dominante se actualiza entonces: Colombia no debe producir alimentos, no es rentable; debe importar alimentos. Colombia debe producir caña de azúcar y la palma aceitera, para agrocombustibles. ¡Qué casualidad! Los dos cultivos que maneja la gran propiedad se convierten en “estratégicos”, dignos de leyes que los eximen de impuestos, les otorgan subsidios y obligan a comprar los agrocombustibles a pesar de que su costo de producción no es competitivo internacional ni tampoco nacionalmente. ¿Cuál rentabilidad? La que las leyes del estado ordenan, porque para que los ricos ganen dinero si vale el intervensionismo económico del estado, pero no para los campesinos. ¡vaya criterios técnicos y económicos de rentabilidad! Las leyes, el capitalismo burocrático. 

Pues de semejante productividad y rentabilidad es que nos ha hablado el doctor Arias para justificar su asalto a la finca de los desplazados: “en manos de los privados, Carimagua generará jugosos dividendos… es un buen negocio agroindustrial para los inversionistas privados, mientras que para los desplazados es un mal negocio… en manos privadas genera más rentabilidad que entregarlos a los desplazados". ¿Dónde quedan los derechos de los desplazados claramente definidos por la Corte Constitucional? ¿Acaso fueron desplazados por el volcán Galeras o por el terremoto de Armenia? ¿Qué pasa con los que se quedaron con sus tierras? 

La historia de Carimagua no empezó este año. Carimagua está en la mira de los desplazadores hace rato. A lo largo del río Meta reinaron hace años los paramilitares, que la gente conocía como carranceros o masetos y luego simplemente como paracos, autodenominados Autodefensas, que terminaron guerreando entre sí por el control del río.

Carimagua está en medio del megaproyecto de privatización del río Meta, que puede consultarse en INVIAS y que ahora hace parte de la “Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica” IIRSA y se articula con el proyecto Gaviotas 2. En las presentaciones internacionales de éste, en 2004 el anterior Ministro de Agricultura doctor Cano dijo que allí se establecería 500 familias campesinas, aunque ya desde entonces muchos sospecharon que esa cifra no era sino demagogia para conseguir recursos de cooperación, ya que desde entonces se decía también que en la región se establecerían grandes plantaciones de palma aceitera y pino caribe.

Fuera o no cierto que el gobierno pensaba establecer en Carimagua a 500 familias, el actual Ministro Arias dice ahora que eran solamente 80 familias y que con 11 hectáreas cada una “no van a poder hacer nada” ahí. Uribito tiene que aprender aritmética pues eso da 880 hectáreas y ¿las otras 10.120 que completarían las 11 mil que según el Ministro quedan después de descontar 6 mil de reserva natural? Si eran 80 familias y la calculadora no está dañada, le tocarían 137,5 hectáreas a cada una. Y si eran las 500 familias del Dr. Cano, pues serían 22 hectáreas para cada una. Total, lo que el doctor Arias no quiere reconocer, no es la utilidad de una calculadora, sino el papel del campesinado en Colombia, quiere borrarlo y no es solamente él, sino este gobierno, que es el resultado de años de desplazamientos forzados y de asesinatos de los dirigentes campesinos, sindicalistas, indígenas y negros. 

Cada vez que aparecía un escándalo ligado a la entrega de tierras se hacía creer que era un caso de corrupción aislado o un debate técnico: 

– Las fincas Las Leonas, El Rodeo y Las Delicias de Puerto López (Meta) en las cuales se había extinguido el dominio por enriquecimiento ilícito y fueron supuestamente entregadas a desplazados por el Incoder en acto al que asistió el presidente de la República, el 10 de noviembre de 2005 y resultaron en manos de jefes paramilitares.

– El 25 de febrero de 2006 se anunció con bombos y platillos la entrega a campesinos de las fincas Sandrana y samaria en Buga y San Pedro (Valle), en las cuales también se había extinguido el dominio por enriquecimiento ilícito. Hasta fotos salieron en el periódico en que los campesinos reciben un papel. Pero todo era teatro. Las tierras realmente se entregaron en “contrato de operación” a empresarios. Según uno de los dirigentes de los desplazados que aspiraban a tierra, los “operadores” son los mayordomos de los antiguos propietarios. Hecha la denuncia, se dijo como ahora en Carimagua, que los campesinos iban a recibir dinero mensual de los “operadores” pero hasta ahora nada reciben

– Aun mayor perversidad revela el caso más reciente, en el cual, el Incoder, con el aval del Ministro Arias, le asignó a familias desplazadas tierras en territorio indígena (comunidad de Poblazón), pretendiendo usar a los desplazados para enfrentarlos contra los indígenas.

Si todas estas irregularidades se cometen a la hora de entregar tierra a los desplazados, la mayor irregularidad radica en no garantizar su retorno a sus tierras. Si los paramilitares están desmovilizados, ¿por qué no recuperan sus tierras los desplazados por los paramilitares? ¿Porque las empresas de palma aceitera son más eficientes? ¿No hay derecho? 

No hay derecho pero hay nuevas leyes: la ley 1152 de 2007 o Estatuto Rural validó en su artículo 138 títulos no originarios del estado, prohibió sanear los Resguardos Indígenas de la Costa Pacífica y el Atrato, desconoció los derechos territoriales de los pueblos indígenas nómadas, seminómadas y horticultores itinerantes, impidió establecer reservas campesinas en la frontera agrícola y facilitó entregas de tierra a las empresas como la que se pretende hacer en Carimagua. Ley que seguramente correrá la suerte de la ley forestal, porque es inconstitucional, pero que por ahora rige y en conjunto con la ley 1182 de 2008 “por la cual se sanea la falsa tradición”, sirve para mostrar el carácter de la política de tierras del gobierno y de los parapolíticos que condujeron su aprobación. 

Política que en el norte del Cauca se expresó durante 2006 y 2007 mediante la no ejecución por el Ministerio del Interior de los 20 mil millones de pesos destinados por el Presupuesto nacional para la compra de predios destinados a la reparación integral al pueblo nasa por la masacre de Nilo, omisión que permitió al Ingenio Cauca arrendar las mejores fincas para sembrar caña de azúcar para producir etanol.

Política que el 8 de agosto de 2005 llevó al Incoder a expedir la Resolución 1516, mediante la cual se pretendió abrir un camino a la legalización de la presencia forzada mediante violencia de las empresas palmeras en territorios colectivos afrocolombianos, resolución que fue revocada debido a la ocupación que en protesta los afrocolombianos realizaron en la Iglesia San Francisco de Bogotá, pero cuyos criterios sigue defendiendo el gobierno y pretende imponer en la reglamentación de la Ley 70 de 1993. 

Lo que Carimagua pone en evidencia es esa política que determina burocráticamente la “rentabilidad” de empresarios afines al régimen e imponen la sustitución de propietarios y los intereses del capital transnacional que intenta sustituir la producción nacional de alimentos por la de agrocombustibles y establecer sus megaproyectos, a costa de los desplazados y de quien se les atraviese. La alternativa a la actual política la representa la vía campesina para reconquistar la soberanía alimentaría; la defensa de la producción nacional de alimentos; la lucha heroica de Cacarica, Jiguamiandó y tantas comunidades negras por defender su territorio colectivo; la oposición de los raizales de San Andrés al lesivo Plan de Ordenamiento Territorial de la isla; la resistencia indígena para liberar la Madre Tierra.

Al exigir que sean campesinos desplazados quienes reciban Carimagua enfrentamos la inmoralidad de un Ministro, pero también la inmoralidad de una política, en cuya capacidad y voluntad de reparar a los desplazados, no podemos tener ni la más mínima ilusión. Se trata de la lucha para que los desplazados retornen a las miles de Carimaguas de donde fueron desterrados.

El presidente Álvaro Uribe durante su primera campaña electoral emocionó al Congreso de la Sociedad de Agricultores de Colombia SAC cuando declaró su clara desconfianza en cualquier papel económico autónomo del campesinado y proclamó así la necesidad de subordinar a los campesinos a los grandes productores: “Si vamos a instalar en Barrancabermeja una empresa campesina asociativa, exijámosles a esos adjudicatarios que tengan que integrase con un empresario eficiente de San Alberto, para que así, campesinos asociados y empresarios con tradición de eficiencia, respondan por el buen suceso de esos proyectos”. Si esta visión es en general incapaz de conseguir desarrollo y equidad en el campo, aplicada a los desplazados por la violencia, significa el desconocimiento de sus derechos humanos fundamentales y el aprovechamiento de su condición para reducirlos a una nueva esclavitud.

Héctor Mondragón, Asesor de Convergencia Campesina, Negra e Indígena

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas

Corporación Viva la Ciudadanía.

www.vivalaciudadania.org

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