En nuestro país antes que la democracia se fortaleciera, más bien entró en crisis al punto de considerarse que hoy se vive una institucionalidad en deterioro. Contradictorio al reconocerse, en algún momento, de parte de los distintos actores políticos, sociales y económicos que el país en la última década vivía un proceso de transición democrática y por lo tanto una democracia joven. Por un lado ha contribuido a ese deterioro la acción de grupos de poder y personajes aferrados al pasado que pretendieron imponer formas intolerables de gobernar. Terminaron, con sus acciones, de socavar una institucionalidad democrática que no alcanzó a desarrollarse y bloquearon con ello la posibilidad de transitar hacia un Estado de Derecho.

Ese deterioro, lamentable, se ha visto reforzado por la actuación indecorosa de muchos funcionarios públicos y de algunos partidos políticos que han puesto sus intereses por encima del pueblo y por encima de la voluntad de los electores. Han sometido a las instituciones a su voluntad y han creado mecanismos que les permiten tenerlas atadas a sus intereses espurios, aparte de no respetar la legalidad y corromper al sistema en general.

Los hechos son elocuentes y quizás la última institución y que ahora se pone en la fila de las que se desconfían, que gozó de gran credibilidad y respeto fue el Tribunal Supremo electoral. Esa credibilidad y respeto desafortunadamente se perdió delante de las vicisitudes del reciente proceso eleccionario. Complacencia, inacción y sujeción ante los designios de los grupos partidarios más fuertes, al punto que hoy los magistrados son sindicados de haber cometido 9 delitos y cuya causa está abierta.

Es aterrador observar a dónde llevó Ríos Mont a la Corte de Constitucionalidad, es lamentable ver hacia donde la debilidad de los funcionarios y la actuación de algunos partidos políticos está llevando al Tribunal Supremo Electoral y es vergonzoso como el Congreso de la República continúa en franca picada. Los últimos acontecimientos dan cuenta de lo que hoy representa el Congreso. Es un reducto para muchos individuos que tienen cuentas pendientes con la Justicia, ligados algunos al crimen organizado, corruptos otros y avorazados una buena parte de ellos, por lo menos aquellos que aprobaron cambios a ley orgánica del Congreso y hacerse con ello de un aguinaldo que nos les corresponde y establecer un aumento de salario del 10 por ciento anual. Una ironía total en un país en donde la pobreza extrema es de más del 50% y la extrema pobreza de casi un 30%.

No cabe ninguna duda que quien tiene la última palabra en el país en temas fundamentales es el congreso. Entre estos está la facultad de elegir a funcionarios claves de otros órganos del Estado: magistrados de la Corte de Constitucionalidad, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados del Tribunal Supremo Electoral, entre otros. Y esa es nuestra máxima desgracia, por cuanto se termina eligiendo no a los más probos sino a quienes mejor se ajustan a la conveniencia de los partidos políticos y sus dueños. De esa suerte el antejuicio promovido contra los magistrados del TSE por los delitos que se les imputa podría tener una muerte anunciada, al quedar otra vez en manos de los partidos políticos que propiciaron los delitos que hoy se les imputa, tal como podría tenerla cualquiera otra acción que se emprenda por revertir los cambios a la ley orgánica del Congreso, sabiendo de los tentáculos y de la desconfianza que algunos partidos políticos han extendido hacia la corte de Constitucionalidad.

En este momento no debemos permitir que a las desgracias nacionales se le saque provecho electoral por lo que debemos demandar coherencia a la actuación de los partidos políticos. De nada sirve expulsar de las bancadas a los diputados que ya se van porque no fueron reelectos, como de nada sirve que se anuncie, si por lo que se observa no se tiene la autoridad, meter en cintura a quienes supuestamente no se ajustan a los lineamientos del partido. Si de coherencia se trata, los partidos políticos en aras de reivindicarse y reivindicar al Congreso, para el caso concreto de reforma a la Ley Orgánica, muy bien pueden promover una Sesión Extraordinaria con el fin de dar marcha atrás a tan alevosa medida.

A Guatemala le urge recobrar su institucionalidad deteriorada y a punto de perderse si se continúa de esta manera. Con profunda preocupación recordamos al Estado y sus Instituciones que el origen de muchos de nuestros males se encuentran en la ausencia de la democracia y en el abuso de poder. Es hora que el Congreso se depure y en esto la responsabilidad, otra vez, es de los partidos políticos, que están obligados darle oportunidad a la democracia, a la gobernabilidad y a la paz que el país necesita.

– Fundación Rigoberto Menchú Tum, FRMT