El Alto Comisionado para la paz sostuvo que la Misión de Observación se había equivocado y que debe corregir sus análisis. Según informa la Revisa Semana[1], el funcionario dijo:

Creo que incluso la Misión de Observación Electoral debiera decirle al mundo que se equivocó. La Misión de Observación Electoral le dijo al mundo que las AUC eran el verdadero peligro de estas elecciones que se iban a producir ayer y creo que hasta el momento no ha hecho la corrección; eso que habían 500 municipios en altísimo peligro por parte de esa fuerza criminal anterior que está hoy desmovilizada y que prácticamente las elecciones no se iban a poder realizar, quedó totalmente negado y desvirtuado por los hechos”.

Es claro que esta afirmación busca, por un lado, dar un parte de victoria al Gobierno Nacional por las elecciones (aunque, técnicamente, debería ser para la Registraduría) y, por otro, mostrar los equívocos de la Misión de Observación Electoral (MOE).

Pues bien, una atenta lectura del documento Retos electorales, riesgos y recomendaciones[2], hubiese obligado al Comisionado a revisar sus opiniones, pues “Para el análisis de todos los factores y variables consideradas en este trabajo los miembros del grupo técnico de la MOE usaron solamente información oficial pública[3], lo que significa que la MOE hizo una valoración a partir de datos aportados por el Estado mismo. Además, una lectura más allá del mapa de riesgo que hubiese considerado todo el análisis, hubiese permitido al Comisionado comprender que el riesgo no era sólo por las AUC o sus versiones nuevas, sino por cualquier forma de violencia, manipulación y fraude electoral y limitaciones a la libertad de prensa.

Al tener presente una visión completa del informe, podríamos coincidir con el Comisionado en que la MOE debe rectificar sus análisis, pues nunca se consideró que el Gobierno Nacional fuese factor de riesgo. En efecto, el Gobierno, mediante decreto 3950 de 2007 estableció una forma de censura previa en materia de transmisión de hechos relativos al orden público, al establecer que “En materia de orden público, los medios de comunicación transmitirán el día de las elecciones, únicamente las informaciones confirmadas por fuentes oficiales”. Los medios de comunicación no hicieron público si tenían reservas o no frente a esta restricción. El punto es que dada la existencia de censura, no es posible asumir como cierto que no se presentaron hechos violentos, por lo que por este aspecto, el informe de riesgos de la MOE no puede ser desmentido o confirmado. Frente a la información oficial no es posible partir de la buena fe, en tanto que no existe libertad de información, lo que conlleva a la imposibilidad de la fiscalización de la acción estatal.

Esto, nuevamente nos obliga a considerar si la MOE fue un proyecto equívoco. Lo que ha ocurrido en los días siguientes al 28 de octubre, las permanentes denuncias de fraude electoral registradas en los medios, en lugar de obligarnos a cuestionar el informe de la MOE, lo refuerza.

Por primera vez la sociedad civil pudo advertir al Estado sobre los riesgos que acompañan el proceso electoral. Advertencia que, contrario a lo que muchos puedan opinar, no es una afrenta a la democracia, sino un intento por su fortalecimiento. Resulta sorprendente que funcionarios del gobierno enfilen sus ataques contra un aliado de la democracia, cuando debieron, como lo hizo la Registraduría, considerarlos sus aliados naturales. Esta actitud, nuevamente, nos obliga a la sospecha. ¿Qué interés tiene el Gobierno Nacional en ocultar información, en negar las advertencias, en negar los análisis sobre riesgo, en apoyar los esfuerzos por lograr elecciones transparentes y de calidad? No es posible aventurar nada de manera absoluta, salvo que la neutralidad estatal quedó en entredicho y que se requería el control sobre las elecciones para luego, de manera mesiánica, advertir sobre el riesgo de una “hecatombe”. Pero dejemos de lado este punto, que más adelante nos obligará a reflexionar sobre nuestra democracia.

La MOE es un proyecto que va mas allá de alertar (o alarmar, según entendería el Gobierno) sobre los riesgos electorales. Uno de los aspectos más importantes de su labor tiene que ver con la recolección sistemática y ordenada de información sobre el proceso electoral y la jornada de votaciones. Labor que implicó la formación de “observadores”, quienes tenían conocimientos básicos sobre la normatividad electoral y, a partir de ello, podían identificar situaciones y circunstancias que debían ser objeto de monitoreo y una posterior evaluación. Labor que fue apoyada por un equipo de profesionales y estudiantes de derecho, quienes, además, se encargaron de la recepción de quejas ciudadanas y su conducción a los órganos estatales encargados de tramitarlos.

Así, la MOE ha logrado recopilar información que le permitirá hacer un diagnóstico más completo sobre las elecciones en Colombia y fortaleció la fiscalización electoral. Ello implica que la ciudadanía se ha apoderado de las elecciones. Estas no serán más un simple acto de apoyo a candidatos de las más diversas procedencias, sino una acción ciudadana. Esto, sin lugar a dudas, destruye cualquier posibilidad de calificar de errado o de equívoco este proyecto. Para algunos será un proyecto quijotesco, un esfuerzo vano por enfrentarse a los monstruos políticos. Pero, la democracia, en su fragilidad, demanda tales esfuerzos.

La MOE no ha analizado todavía la información recopilada. Las organizaciones que la apoyaron en su observación tendrán mucho trabajo por delante. Pero, de las quejas recibidas, algunas obligan a hacerles una referencia.

Una de las quejas más graves tiene que ver con el hecho de que muchos tarjetones electorales llegaron marcados a los puestos de votación. El que esta situación se haya presentado, pone en evidencia la fragilidad del modelo electoral colombiano y los profundos riesgos a los cuales está enfrentada la democracia. No se trata de decir “descubrieron que el agua moja”, sino de constatar (i) que efectivamente ocurrieron y (ii) los lugares en que se presentaron los hechos. Dado que la MOE advirtió sobre el riesgo de fraude electoral, el Estado tenía la obligación de afinar los controles sobre toda clase de riesgo de esta naturaleza. Tenía el deber, en tanto que garante del derecho a elegir de manera libre, de adoptar las medidas necesarias para impedir que esto se presentara. El equívoco estatal consistió en asumir que la MOE era una organización alarmista.

Otra queja, muy graciosa, pero terrible, es que varias urnas fueron dañadas por la caída de café o tinta dentro de ellas o por acción de la lluvia. Cientos o miles de votos se habrán perdido por estas circunstancias. Fueron accidentes, podrá ser el primer argumento. Pero en realidad, es evidencia de la fragilidad de la infraestructura electoral colombiana. El Estado colombiano es custodio de la voluntad popular y, por ello, tiene la obligación de proteger estos documentos, lo que implica el deber de asegurar que no serán destruidos o afectados en su integridad. Tomarse en serio a la democracia es respetar plenamente la voluntad popular y desplegar todos los esfuerzos necesarios para evitar que tal voluntad se vea tergiversada. Omitir, como ocurre con estas quejas, tal acción, es más grave aún que el fraude, pues se traiciona la confianza inherente al acto del voto. Todavía más, es evidencia de un desprecio frente a dichas decisiones.

La última queja que quisiera reseñar, tiene que ver con la labor de los jurados de votación. En varios lugares se informó que ellos no firmaban los tarjetones electorales, lo que implica la nulidad de esos votos. Al margen de la posibilidad de que tales jurados hubiesen actuado de mala fe, está el que muy probablemente la omisión se deba a falta de capacitación. Falla que no sólo afecta a estos funcionarios, sino, en general, a todos quienes participan de manera directa o indirecta en las elecciones. Así, se ha informado que funcionarios de los organismos de control no tenían claridad sobre el trámite de quejas o sobre sus funciones durante la jornada; sobre miembros de la fuerza pública indicando cómo votar, pero también por quién votar, etc. Por su parte, los ciudadanos no comprenden plenamente el proceso electoral y el papel y funciones de órganos como las JAL. En suma, el proceso electoral colombiano pareciera estar diseñado para operar con personas que desconocen sus funciones y que deben atender a otras que no comprenden o saben, a plenitud, el objetivo de las elecciones. Claro está, esta circunstancia favorece a algunos que tienen bien claro qué está en juego, de manera que “entre los ciegos, el tuerto es rey”. Pues bien, el ejercicio del derecho a votar no se limita a la posibilidad de depositar un documento electoral en una urna. Supone que la persona comprende plenamente el sentido del voto, que ha recibido instrucción cívica. Además, demanda que el Estado seleccione y forme personal idóneo que tenga claridad sobre sus funciones y que estén en capacidad real –no una hipotética- de cumplir a cabalidad con las tareas encomendadas. Estas necesidades, pareciera, han sido abandonadas por el Estado, aunque, no cabe negar, se han desarrollado actividades, todavía insuficientes.

Pues bien, estas quejas y las consideraciones que las acompañan, no podrían haberse recopilado y sistematizado, sin la presencia de la MOE. Otras quejas, claramente constitutivas de delitos, se presentaron y fueron transmitidas a los órganos de control y de investigación. Tales quejas nunca se habrían recibido si el trabajo de la MOE no fuese percibido por la comunidad como un hecho significativo dentro de la vida democrática colombiana.

Todas estas circunstancias nos obligan a valorar positivamente el proyecto de la MOE. Generar espacios para debatir sobre las condiciones en que se realizarán las elecciones; recopilar información sobre el proceso y la jornada electoral; convertirse en un canal de comunicación para la población; en suma, ser una fuente de información sobre el tema electoral, no puede considerarse como un proyecto equivocado. Más aún, cuando el Estado censura, cuando es cooptado por grupos ilegales o por poderes locales, regionales o nacionales, cuando es sometido e intimidado por los violentos, es decir, cuando es incapaz (por no decir, que no tiene interés) de fungir como garante de los derechos de los ciudadanos, éstos tienen el derecho a mantener abiertos los canales de comunicación, a crear mecanismos de generación de información y, a controlar la actividad estatal.

La MOE, en este escenario, no es un proyecto que busque suplir o suplantar al Estado, tampoco busca oponerse a él. Por el contrario, es un proyecto ciudadano dirigido a proteger y fortalecer a la propia ciudadanía; es un esfuerzo por generar confianza en la democracia misma. Cosa distinta es que algunos crean que la confianza se logra con sumisión y acatamiento. El equívoco no está en fortalecer al ciudadano, sino en menospreciarlo.

– Henrik López S. es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes.

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas
Corporación Viva la Ciudadanía.
semanariovirtual@viva.org.co 
www.vivalaciudadania.org





[2] El documento se puede consultar en línea en:

http://www.moe.org.co/home/doc/moemapas/RiesgoElectoralViolencia.pdf

[3] Página 5 del documento.