“Estamos por una revolución ciudadana, de cambio radical, profundo y rápido de las estructuras políticas, sociales y económicas”

 
Rafael Correa
 
Política económica y modelo lógico
 

Antes de iniciar el análisis hemos de insistir en un presupuesto teórico que nos parece de importancia para mejor entender nuestro ensayo. En la praxis económica, es posible encontrar casos en que se adoptan medidas de política económica que no son parte del modelo lógico, u otras que incluso le contrarían. Esta forma de proceder generalmente responde a decisiones que se adoptan para favorecer a determinados grupos e incluso individuos en particular. La adopción de políticas contrapuestas, refleja la contradicción de intereses de los distintos estratos de las clases dominantes, puesto que el poder, si bien actúa como un todo monolítico cuando se trata de defender el statu quo, no es un todo homogéneo en el ejercicio cotidiano, por la disparidad de funciones que cumplen los distintos estratos e individuos en las relaciones de producción. Bajo esa óptica de comportamiento, las críticas puntuales a una medida son procedentes, lícitas, rigurosas, éticas.

 A diferencia de la práctica anterior, es posible encontrar sistemas de medidas que responden a un esquema lógico, que en conjunto conforman un modelo de desarrollo, como es el caso del modelo neoliberal, del modelo socialdemócrata o tercera vía, el socialismo del siglo XXI con sus innumerables variantes, etc. Lo antes afirmado, por cierto, no excluye la posibilidad de que se adopten medidas que rebasen el marco del modelo e incluso lo contraríen. Situación que responde a situaciones coyunturales, a ejercicios de fuerza, etc. Medidas que no terminan por invalidar el modelo, dado que la mayor cantidad de medidas que se adoptan son concurrentes. En estos casos no es procedente, lícito, riguroso, ni ético criticar las medidas fuera del contexto del modelo.
 
Nuestra tesis, a la luz de lo antes expuesto, es que la política del gobierno del Presidente Rafael Correa tiene un hilo conductor, que las medidas son parte de un modelo lógico, por lo que y en consecuencia, las críticas que provienen desde la derecha, parcelan la realidad, no juzgan a las distintas medidas en el contexto del modelo, por lo que son interesadas, poco éticas, no se diga faltas de rigurosidad científica Tesis que trataremos de demostrar en el presente trabajo.
 
La derecha parcela la realidad
 
A propósito de la elevación de aranceles para 567 subpartidas[1] aprobada por el Consejo de Comercio Exterior (COMEXI) en sesión del 24 de octubre del 2007, la derecha contraataca abstrayendo esta medida, en práctica que es ya habitual, del conjunto de interrelaciones que son propias del proceso económico. Pero no sólo parcela la realidad según sus intereses económicos y políticos. Oculta además las razones que subyacen en la mencionada elevación de aranceles, así como los multi objetivos y efectos que caracterizan y genera toda medida de política económica. Ante ello, es menester descubrir el modelo lógico que configura el conjunto interrelacionado de las políticas económicas adoptadas por el gobierno del Presidente Rafael Correa, para, sobre la base de este análisis holístico, global, permitir a los conciudadanos disponer de elementos de juicio que les permitan juzgar las diferentes medidas adoptadas, las razones que indujeron a su adopción, los problemas que enfrentan y tratan de resolver, los efectos esperados.
 
Fortalecimiento del aparato productivo nacional
 
El aperturismo a ultranza propuesto por el neoliberalismo, determinó que se desmantelen todas las medidas proteccionistas, consistentes, principalmente, en aranceles diferenciados a las importaciones. No olvidemos que la propuesta neoliberal exige la eliminación de todas las medidas arancelarias y para-arancelarias, a más de la eliminación de todo tipo de subsidios. No obstante que los Estados Unidos, por ejemplo, mantiene los subsidios a la agricultura y que todos los países capitalistas más desarrollados mantienen vigentes medidas proteccionistas.
 
En el Ecuador, cuando no se eliminaron las barreras arancelarias, se redujeron los niveles, lo que determinó, un concomitante mejoramiento de la capacidad competitiva de los productos importados, hasta niveles tales que produjeron el desmantelamiento de parte del aparato productivo nacional, principalmente en ramas industriales como la textil, la de confecciones de ropa, calzado, etc. A las que se sumaron los subsectores agrícolas productores de frutas, arroz, papa, cebolla, etc.[2]. por los menores precios de los productos importados de Chile, los Estados Unidos, Colombia, Perú, que acabaron con gran parte de los productores nacionales de esos productos. El caso más patético producto del aperturismo a ultranza se registra en la provincia de Tungurahua, provincia en la cual los otrora terrenos agrícolas productores de fruta -manzanas, peras, claudias, duraznos, etc.-, localizados en Huachi Chico y Huachi Grande, han empezado a ser parcelados, en tanto que la producción de calzado, su principal rubro artesanal e industrial, ha quedado totalmente desmantelado.
 Como consecuencia de la demolición de parte del aparato productivo nacional,  se elevó el desempleo abierto y el subempleo. Fenómeno que produjo la emigración masiva registrada en los últimos años, produciendo una severa pérdida de capital humano, puesto que la mayor parte de correspondía al estrato de edad comprendido entre los 29 y los 35 años.
 
La situación expuesta en forma breve y esquemática, puesto que omite referencias a los efectos del congelamiento de depósitos, de la quiebra bancaria, del asalto a los recursos del Estado, por citar los más relevantes, exige la adopción de medidas urgentes, cuanto más que los países imperialistas, no modifican el rumbo de su política dual: eliminación de todo tipo de restricciones y subsidios en los países objeto de su dominación, y, paralelamente, el gozar de todas las medidas cuya derogatoria se impone.
 
Es en este marco que el gobierno del Presidente Correa, recurre a la reducción de aranceles para materias primas, bienes intermedios y de capital, en el objetivo de fortalecer al aparato productivo que había sufrido los embates del aperturismo a ultranza. Pero ello no es suficiente para lograr el objetivo de fortalecer el aparato productivo nacional. Se vuelve imperativo adoptar una política proteccionista, la que se concreta con la elevación de los aranceles de las 567 subpartidas antes mencionadas, lo que se verá complementada en la semana próxima, cuando se aumenten los aranceles para 262 nuevas subpartidas.
 
A las medidas antes analizadas para el fortalecimiento del aparto productivo, se agrega la creación de micro empresas, en el marco del emprendimiento que el Presidente Correa denomina “democratización de los medios de producción”, propuesta que se concreta a través del programa de micro crédito 5-5-5 (5.000 dólares a una tasa del 5 por ciento y un plazo de 5 años), instrumentalizado a través del Banco Nacional de Fomento. Propuesta sobre la cual expresamos nuestras reservas a la luz de las experiencias poco fructíferas que se han registrado en   otros países, en los que se ha aplicado este planteamiento formulado por Hernando de Soto, hace ya varios años, bajo la denominación de “tercera vía”, en denominación igual a la utilizada por Giddens, con el cual, por cierto coincide, más allá del nombre, en los postulados socialdemócratas[3].
 
Pero las medidas para fortalecer al aparato productivo no se agotan con las mencionadas. A más de ellas se agrega las medidas que deben adoptarse para viabilizar la aplicación del concepto “función social” que consta en las Constituciones del Ecuador desde 1929. Aplicación que permitirá que las tierras incultas se reviertan y vuelvan a ser de propiedad de la sociedad en su conjunto. El fortalecimiento del aparato productivo, en este caso, se producirá por la ampliación de la frontera agrícola, por la incorporación a la producción de las tierras incultas. Desde la perspectiva social, la reversión de la propiedad permitirá la reducción del desempleo de las zonas rurales, por cuanto serán campesinos quienes recibirán las tierras que deban ser revertidas.
 
Finalmente el diseño de la política económica para fortalecer el aparato productivo pasa por el fortalecimiento de las actuales empresas estatales, las que se convertirán en empresas públicas, lo que les permitirá disponer de autonomía financiera y operativa. Condiciones de las que habían sido despojados por acción de la derecha ecuatoriana, en un intento por debilitarlas para crear condiciones para su privatización.
 
Así visto el problema, la derecha ecuatoriana debe respondernos a las siguientes interrogantes:
 
  1. ¿Esta de acuerdo en que continúe el desmantelamiento del aparato productivo?
  2. ¿No esta de acuerdo con robustecer el aparato   productivo nacional?
 Las respuestas, obviamente no pueden inscribirse en la línea trazada por la derecha ecuatoriana: su obcecada oposición a la elevación de aranceles desmembrándola del conjunto, bajo el manido argumento de la ira que supuestamente generará en el principal socio comercial.
 
Pero la debilidad del recurso de parcelar las medidas, no se restringe a lo antes analizado.
 
Elevación de la capacidad competitiva de la economía ecuatoriana
 
La capacidad competitiva de los productos ecuatorianos, fue afectada por las continuas y constantes devaluaciones de las monedas de los países vecinos, medida a la cual el Ecuador no puede acudir, por haber renunciado a la soberanía monetaria cuando se adoptó la dolarización, medida apadrinada, propiciada, aupada y aprobada por la derecha ecuatoriana en el año 2000, en el gobierno demócrata cristiano de Jamil Mahuad, quien luego fuera derrocado por la pérdida de legitimidad que produjeron las medidas de política adoptadas durante el corto período que ejerció la presidencia.
 
En consecuencia, a más de las medidas arancelarias, es indispensable adoptar otras que contribuyan a mejorar la alicaída competitividad de la economía ecuatoriana. Mas,  como la dolarización, al igual que muchas otras medidas de política económica, no es posible eliminarlas en el corto plazo, y, como la política proteccionista como la adoptada genera problemas en el mediano plazo, entre estos ineficiencias en el aparato productivo, el gobierno del Presidente Correa decidió adoptar una serie de medidas para reducir los costos de producción, que permitan mejorar la competitividad de la economía ecuatoriana en forma sostenida. Las medidas adoptadas son de dos tipos: coyunturales y estructurales, entendiendo las segundas como aquellas que permitirán  elevar la capacidad competitiva en forma sostenible. Entre las medidas coyunturales vale mencionar la importación por parte del gobierno de urea venezolana, la que fue vendida a los agricultores a un precio de US $ 10 dólares el saco de 50 kilogramos, cuando en el mercado se vendía a US $ 22 dólares. Medida que permitió reducir los costos de este insumo y, en consecuencia mejorar su competitividad frente al arroz peruano, principalmente.
 En el objetivo de mejorar la competitividad a largo plazo, la decisión adoptada fue la de impulsar la construcción de nuevos proyectos de generación hidroeléctrica: Coca Codo Sinclaire (1.500 MW), Toachi Pilatón (228 MW), Sopladora (312 MW), Minas-Jubones (337 MW), Mazar (190 MW), Chespi (167 MW), etc. Esta medida posibilitará que el costo del KW hora se reduzca ostensiblemente, puesto que los precios actuales se establecen sobre la base del precio del KW hora generado por las empresas térmicas, cuyos precios son muy superiores al del KW hora generado por las centrales hidroeléctricas. Esta rebaja del precio de la energía mejorará en forma muy importante la capacidad competitiva del Ecuador, una vez que entren en operación esos proyectos. Se estima que para el 2012 todos los proyectos estarán ya en operación.
 

Si la infraestructura energética es importante para elevar la capacidad competitiva, no lo es menos la dotación de infraestructura vial, la cual presenta en gran parte de las carreteras serios problemas. Problemas que deben ser urgentemente atendidos, no sólo en la perspectiva de incrementar las economías externas, sino también para posibilitar la movilización de la producción agropecuaria, la que enfrenta dificultades por las precarias condiciones de los caminos de segundo orden, e incluso se ve imposibilitada por la intransitabilidad de los caminos de tercer orden. Para enfrentar este problema el gobierno del Presidente Correa declaró en emergencia a la infraestructura vial e inicio de inmediato la contratación de las obras con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Esta medida ha sido objetada y combatida por la derecha, aduciendo que no es posible manejar todos los asuntos con declaratoria de emergencia, ocultando las razones verdaderas que les impulsa: el tratar de mantener el control que siempre han tenido las 7 u 8 más grandes empresas nacionales de construcción de caminos sobre todos los contratos públicos, y, con ello, seguir usufructuando de los habituales sobreprecios, eliminados en las obras contratadas mediante el sistema de adjudicación directa que permite al declaratoria de emergencia.

 Debe agregarse que la oposición de la derecha se produce a pesar de la plena conciencia que tienen sobre una realidad innegable: los contratos suscritos por el Estado con las compañías privadas que hoy protestan, fueron igualmente asignados en forma directa, si se consideran los consabidos arreglos bajo la mesa, por distintos canales y por diferentes razones. Ejemplificando, en el gobierno de Sixto Durán Ballén, la mayoría de contratos fueron adjudicados a la empresa Hidalgo-Hidalgo. La razón es evidente: en esta empresa labora Sixto Durán hijo. De realizarse auditorías de los contratos públicos suscritos por los gobiernos de la derecha, sin duda se demostrará, fehacientemente, lo antes afirmado.
 

Ante las elevadas tasas activas de interés que cobra el sistema financiero ecuatoriano, que afectan a la competitividad del aparato productivo, el gobierno del Presidente Correa, propuso la Ley de Transparencia Financiera, cuyo contenido fue desvirtuado por el Congreso nacional durante el trámite de aprobación, hasta el grado que termino favoreciendo a la banca. Posición del Congreso Nacional inexplicable si se considera que, según el Banco Central del Ecuador (BCE): “En el mes de diciembre, las tasas de interés para los diferentes tipos de crédito (comercial, vivienda y consumo), se mantuvieron estables con relación al mes de noviembre; en tanto que las tasas del micro crédito se ajustaron a la Tasa Máxima Convencional (TMC) que pasó de 12.90% en noviembre a 13.83% para diciembre 2006”. Cita que ponía en evidencia que, en el caso de los micro créditos, por ejemplo, el diferencial entre las tasas activas y pasivas se elevaba al 8.93 por ciento, si se considera una tasa pasiva promedia para el mes de diciembre del 4.9 por ciento. Diferencial muy superior a la tasa activa promedia cobrada por la Banca Londinense, la cual alcanzaba al 4.84 por ciento.

Si a lo antes expuesto se agrega que las tasas mencionadas no incluían las comisiones que cobraban las entidades financieras, como lo sostenía el Banco Central del Ecuador (BCE) cuando afirmaba: “Cabe destacar que las tasas de interés no reflejan el costo financiero global del crédito debido a que no incluyen el cobro de comisiones, las mismas que han ganado importancia en el costo tota”)”. Comisiones que tenían una importancia creciente, como lo sostiene el propio BCE,  cuando informó que mientras en el total de los ingresos (intereses, utilidades, comisiones en cartera y asesoramiento financiero) aquellas representaban el 19.5% en el 2004, a diciembre del 2006 habían ascendido al 25.5 por ciento. Situación que determinaba que si se sumaban las comisiones a las tasas de interés como corresponde, las tasas totales llegaban a superar el 50 por ciento, como era el caso de los microcréditos concedidos por varios bancos.
 
Ante la irresponsabilidad del Congreso Nacional y la sugerida corrupción que habrían demostrado quienes aprobaron ese desaguisado, es de esperar que la Asamblea Constituyente modifique la Ley de Transparencia Financiera y la encuadre en el objetivo de reducir los costos financieros, con lo que se lograría el propósito planteado inicialmente por el gobierno del Presidente Correa, el contribuir al mejoramiento de la competitividad del aparato productivo ecuatoriano.
 
Si el microcrédito era el sector castigado con las mayores tasas y comisiones como quedó expresado, era evidente que no podía esperarse que la reducción de los costos financieros provenga del sistema financiero tradicional. En consecuencia era indispensable establecer mecanismos que posibiliten reducirlos drásticamente. La medida aprobada por el gobierno del presidente Correa, fue la concesión de los créditos denominados 5-5-5 (US 5.000 dólares, a una tasa del 5 por ciento y a 5 años plazo), entregados a través del Banco Nacional de Fomento.
 
A las medidas adoptadas en relación a los costos de materia prima, medios intermedios y capital, y las tendientes a elevar las economías externas, ineludiblemente deben agregarse las medidas adoptadas para mejorar la cualificación y las condiciones de salud de la fuerza de trabajo. Para el efecto se declaró en emergencia tanto al sector educativo como al sector salud. En el caso de la educación, la declaratoria no sólo permite mejorar la deteriorada infraestructura educativa, sino también dotar de libros y continuar ampliando el programa del desayuno escolar, en el nivel básico. En el nivel medio y superior, los objetivos planteados son los de elevar la calidad de la enseñanza.
 
En conclusión, el mejoramiento de la competitividad del aparato productivo, pasa por la reducción de costos por disminuciones en los niveles arancelarios, la venta de materia prima a precios subsidiados, la reducción de costos financieros, la cualificación de la fuerza de trabajo y el mejoramiento de las condiciones de salud.
 
La derecha, ante el conjunto coherente de medidas adoptadas, debe contestarnos ahora:
 
¿Esta en desacuerdo con que se mejore la capacidad competitiva del aparato productivo ecuatoriano?

¿No esta de acuerdo con que se reduzcan los costos de producción?

¿Esta de acuerdo con que se mantengan altos costos financieros?

¿Se oponen al mejoramiento de las condiciones del sector educativo?

 Es este marco global, sus respuestas no pueden menos que confirmar la pertinencia de las medidas adoptadas. Sólo la defensa de intereses mezquinos, de grupo pueden inducirla a posicionarse en contra de las medidas, por cierto, compartimentándolas, separándolas del todo.
 
Reactivación económica
 
El fortalecimiento del aparato productivo, la reducción de costos, la ejecución de proyectos de infraestructura económica, no tienen razón de ser si, concomitantemente, no se adoptan medidas de política que apoyen a la reactivación económica. En este objetivo el gobierno del Presidente Correa, adoptó medidas que inciden positivamente en los dos componentes de la demanda global: la inversión y el consumo[4].
 
El “bono de pobreza”[5], renombrado en anterior gobierno como “bono de desarrollo humano”, en ofensivo y absurdo eufemismo propio de las brutales ironías a los que corrientemente acude la derecha ecuatoriana[6], alcanzaba a US 15 dólares, es decir 0.50 centavos de dólar diarios, equivalentes al 50 por ciento del límite bajo el cual, de acuerdo a los parámetros internacionalmente aceptados, se califican como pobres. No obstante lo dicho, la derecha se ufanaba de que con este “bono de desarrollo humano”, se lograrían objetivos tales como la: “disminución del número de pobres”, la “disminución de la fracción de niños que sufran enfermedades virales y desnutrición”[7]. Pretensiones que no se sabe si debe adjudicarse a una brutal desvergüenza, al cinismo propio de las clases dominantes o a la estupidez de la burocracia que “técnicamente” sustentaban esos despropósitos. Cuanto más que el bono se concedía “únicamente para la población más pobre del país, ubicadas en los quintiles uno y dos de pobreza; esto incluye a las personas con discapacidad y tercera edad”.[8]

 Ante esa realidad, el Presidente Rafael Correa, duplicó el monto del “bono de pobreza”, al elevarlo de US 15 a US $ 30 dólares[9]. Medida ante la cual, en desmedido descaro, la derecha ecuatoriana anunció apocalípticos problemas, en demostración de una falta de sensibilidad social, no se diga de elemental solidaridad. Brutal ejemplo de la posición de la derecha ante la medida adoptada la expresó “Ecuador elige”[10], cuando sostuvo: “Se incrementó el bono de la pobreza a $30, por lo tanto, nuestro querido presidente sigue enseñando a los pobres a ser más pobres. Pan para hoy, hambre para mañana”[11]. Posición común a la derecha ecuatoriana. Pablo Lucio Paredes, uno de sus conspicuos representantes se expresaba en el mismo sentido cuando afirmaba: “¿Cómo se puede salir de la pobreza regalándole a la gente cosas? (se lo criticó a Álvaro Noboa por eso) que ni siquiera son suyas, ya que el gobierno lo que hace es darle a unos quitándandole a otros, mantiene al pobre en la indigencia ya que lo vuelve dependiente de las dádivas y de quién se las dá (sic). De la pobreza se sale trabajando, y una de las formas es haciendo negocios (además de crear el ambiente para ello)”[12].
 
La derecha, con tales declaraciones, no sólo demostró una total carencia de elemental humanismo. También demostró ignorancia y mala fe, puesto que ocultó que la duplicación del monto del bono,  a más de elevar el ingreso de los beneficiarios a los niveles mínimos de pobreza, tuvo por objetivo contribuir al fortalecimiento de la demanda global, al crear condiciones para mejorar los niveles de consumo de los más pobres de los pobres de nuestro país. En otros términos, incrementó la demanda para la producción generada por el quejumbroso e insensible sector privado.
 
En el mismo objetivo de reactivar la economía, en la Seguridad Social, se aprobaron dos medidas que contribuyen al fortalecimiento de la demanda global: la devolución de los fondos de reserva y la concesión de préstamos quirografarios. Es previsible que, dados los montos a devolverse o aprobados, estos recursos se destinarán fundamentalmente al consumo, y, en menor medida a la inversión. Sea cual sea el destino que se asigne a los recursos a percibirse, es innegable que estas medidas atienden al objetivo de crear mejores condiciones para la reactivación de la economía.
 
La declaratoria de emergencia en los sectores de educación y salud, por su parte, también permite fortalecer la demanda global, tanto en su componente de consumo como en el de inversión, si se considera el incremento de personal docente y médico (consumo privado), la demanda de bienes y servicios generados por el sector privado (consumo público)  y la ejecución de obras de infraestructura social (inversión pública). En este caso no debemos olvidar la gran incidencia que tiene el consumo y la inversión pública sobre el aparato productivo privado, del cual demanda la provisión de todos los bienes y servicios requeridos para cumplir con  los objetivos, programas y proyectos establecidos en los distintos sectores declarados en emergencia.
 
El fortalecimiento y futura ampliación de las operaciones de las hasta la fecha empresas estatales, propiciada por su conversión en empresas públicas, seguramente contribuirá al fortalecimiento de la demanda global, tanto de su componente de inversión como de consumo. 
 
Los ya citados créditos 5-5-5 tienen como objetivo adicional a los antes comentados, fortalecer la demanda global. En este caso, al igual que en el del Seguro Social, el destino de los créditos recibidos se orientará al consumo y a la inversión privada, con lo que contribuirán a la reactivación de la economía ecuatoriana.
 
Al fortalecimiento de la demanda global que sustentará la reactivación económica, igualmente contribuirá la integración a los procesos productivos agropecuarios de las tierras incultas, como producto de la aplicación de las normas a aprobarse para aplicar el concepto “función social”. Por estas acciones, la demanda global se incrementará tanto en su componente consumo como del de inversión, máxime que se prevé adoptar medidas para capacitar, y, proporcionar insumos, maquinaria y equipos a los campesinos que se integren al proceso productivo, una vez que se reviertan las tierras y les sean entregadas en usufructo[13].
 
En este punto valga advertir la relación que subyace entre la elevación de aranceles y el fortalecimiento de la demanda pública y privada. La oferta global de bienes y servicios, como es conocido proviene de dos fuentes, el aparato productivo nacional y las importaciones. La elevación de aranceles como quedó mencionado, restringe las importaciones en mayor o menor medida, y, en consecuencia, trata de reorientar la demanda pública y privada hacia la producción nacional, con lo que la elevación de aranceles tiene también como objetivo contribuir a la reactivación del aparato productivo nacional.
 Si se consideran las medidas como un todo, y en toda la significación de su influencia, vale interrogar a la derecha ecuatoriana, si la elevación de aranceles o la aplicación del principio “función social” tiene o no significado. Si cabe el oponerse a esas medidas, sacrificando la reactivación económica. Es evidente que si tienen un poco de sensatez, la respuesta obvia es un no rotundo.
 
Sostenibilidad financiera de los programas emergentes
 
El financiamiento de los proyectos comprometidos por las distintas medidas de política económica y social antes mencionadas, proviene de dos fuentes complementarias entre sí: internas y externas. Dado que el crédito externo es una variante, puesto que depende de la voluntad de terceros, nuestro análisis se restringe a las variables, esto es las medidas adoptadas por decisión del gobierno del Presidente Correa.
 
Los recursos internos, en el marco del esquema lógico adoptado por el Presidente Correa y su equipo económico, provienen de las siguientes fuentes: la aprobada modificación en el porcentaje de participación en los ingresos petroleros extraordinarios, las previstas modificaciones en las leyes tributarias, a más de los generados por la reducción del nivel de corrupción en las aduanas y la evasión tributaria, y, la eliminación de las “donaciones” del 25 por ciento del impuesto a la renta.
 
Participación en los ingresos petroleros extraordinarios
 
El jueves 4 de octubre, el Presidente Rafael Correa expidió el decreto mediante el cual se elevó la participación del Estado ecuatoriano del 50 por ciento al 99 por ciento en los ingresos petroleros extraordinarios, resultantes de la diferencia entre los US 25 dólares, aproximadamente y en promedio, que constan en los contratos de participación suscritos por el Ecuador con las empresas petroleras, y el precio real de mercado, el cual, en los actuales momentos supera ampliamente ese valor.
 
La derecha, a través de ¿ecuatorianos? al servicio de los intereses de las transnacionales, inmediatamente criticó la medida.
 
Los abogados Fernando Santos Alvite, ex Ministro de Energía en el gobierno de Febres Cordero y René Ortiz, ex Ministro de Energía en el gobierno de Jamil Mahuad, hoy al servicio de las empresas petroleras transnacionales, frustrados por la reducción de ingresos extraordinarios para sus patrones y seguramente de sus fastuosas comisiones e ingresos, argumentan que el Estado ecuatoriano, a través de esa medida, ha confiscado recursos a las empresas transnacionales. René Ortíz fue mucho más allá, afirmó sin empacho alguno a Dow Jones que con la nueva repartición, las petroleras privadas "están al borde de la navaja, con perdidas en sus operaciones". Infundios, triquiñuelas que se descubren cuando se reconocen las siguientes circunstancias:   
 
  1. Los programas de los contratos de asociación, se calculan con un precio de 25 dólares, en el presupuesto de que ese precio les permitirá amortizar sus inversiones, realizar las inversiones a las que se comprometen para el desarrollo de su actividad y, como no puede ser de otra manera todos los costos y las utilidades que prevén obtendrán. Todo ello por un lapso de 25 años. En consecuencia, la decisión del Presidente Correa no puede generar pérdidas como lo afirma Ortíz
  2. Todo programa de inversiones, contrariamente a lo que afirman los testaferros que elevan hoy sus voces, incluye en los cálculos financieros los efectos de la inflación futura, por lo que las elevaciones de precios como elementos no considerados en los contratos, es igualmente falso.
  3. En los contratos de asociación no consta disposición alguna respecto al diferencial y, consecuentemente, a su destino, cuando éste se produce entre los 25 dólares establecidos en el contrato de prestación de servicios y el precio real del petróleo, que en los actuales momentos y en el caso del crudo ecuatoriano supera los 60 dólares. Generándose un diferencial de más de 35 dólares. En consecuencia, las empresas no tienen derecho alguno sobre el diferencial, por lo que las supuestas confiscaciones que, según los siervos del imperio transnacional, se habría producido con la medida adoptada por el Presidente Correa, simplemente no es más que un argumento fallido.
  4. Cuando en el gobierno de Alfredo Palacio, se expidió el Decreto Ejecutivo mediante el cual se estableció que la participación del Estado ecuatoriano sería del 50 por ciento como base, no se generó pronunciamiento alguno por parte de las empresas transnacionales, por los jugosos ingresos que retenían por el diferencial, adicionales a los enormes beneficios que habían ya recibido las empresas petroleras transnacionales por este concepto (sobre los 2.500 millones de dólares), hasta antes del decreto de Palacio.
 Si las razones antes expuestas desvirtúan las interesadas aseveraciones de los Santos, Ortíz y Teranes, a objeto de nuestro análisis, importa más un hecho evidente: la oposición no luchaba solamente por mantener los privilegios arrebatados. Lo hacía para impedir que el gobierno pueda disponer de recursos que le permitan sostener el desarrollo impreso a los sectores sociales, así como la ejecución de los proyectos de infraestructura económica. Su objetivo era, entonces, afectar a la sostenibilidad de la política social y del desarrollo económico. Acción y posición que habla de la pobre condición humana de la derecha ecuatoriana.
 
Reforma tributaria
 
Si bien la medida analizada en el punto anterior proporcionará entre 600 y 800 millones de dólares, es evidente que la sostenibilidad de los programas sociales y de los proyectos para mejorar la competitividad requiere de recursos superiores a los antes establecidos. Por esa razón el gobierno de Rafael Correa tiene previsto reformar el marco legal en varios sentidos. En primer lugar reducir la imposición indirecta, principalmente, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y, privilegiar la imposición directa, mediante el incremento, tanto de la base impositiva como de la progresividad del impuesto a la renta. En segundo lugar elevar los impuestos sobre los consumos especiales (ICE), lo que, adicionalmente, posibilitará restringir las importaciones y el consumo de bienes suntuarios. Se estima que la elevación del ICE deberá compensar los 400 millones de dólares que dejarán de percibirse por la reducción del IVA del 12 al 10 por ciento. En tercer lugar, combatir la evasión tributaria, para lo cual se han profundizado los estudios en la unidad de grandes contribuyentes, lo que ha permitido elevar el número de grupos de los 17 que tradicionalmente se habían registrado a más de 40, lo que, por cierto, es aún un número inferior al obtenido por nuestras investigaciones[14]. En cuarto lugar elevar la progresividad del impuesto a la renta, en aplicación al mecanismo más eficaz para redistribuir el ingreso. En quinto lugar se plantea la ampliación del universo de contribuyentes, para lo cual, entre otras medidas, se considera la inclusión de los centros de educación privada, medida que inmediatamente ha sido criticada bajo el argumento de que el objetivo oculto de esta medida es terminar con ese tipo de educación. Posición ante la cual el Director del Servicio de Rentas ha morigerado su decisión inicial de exigir el pago de impuestos al universo de instituciones educativas privadas, restringiéndolas a las más caras. Recule sustantivo e innecesario, ya que el hecho impositivo se deriva de la condición de ser instituciones de lucro o no, y, por cuanto es la base imponible la que exonera o no del pago de impuestos. El futuro cercano nos dirá cual es la decisión final que se adopte. Sólo cabe esperar que se imponga la solidaridad que está implícita en esta medida, en tanto y en cuanto los centros educativos privados, con su pago de impuestos, contribuyan al sostenimiento de la educación pública.
 
A más de esas medidas, Carlos Marx Carrasco, principal del Servicio de Rentas Internas, ha señalado la decisión de eliminar las “donaciones”, que particulares hacen con cargo a los impuestos que deben pagar al Estado, y que deberían ingresar al Presupuesto General del Estado. Esta medida tiene, entonces, por objetivo no permitir que, a través de este medio, se reduzcan los recursos públicos, dados que estos son distraídos y orientados, en gran parte, hacia el sector privado.
 
Ante este anuncio inmediatamente se hizo presente la protesta de diputados del Congreso Nacional y otras autoridades, principalmente de gobiernos locales beneficiarios de este abuso, y, por supuesto, por parte de quienes manejan estos recursos. 
 
Que los segundos hayan elevado su protesta ante una medida que da fin a una cómoda forma de vida e inclusive de acumulación, era comprensible, más no en los diputados y autoridades, puesto que éstos reclaman en forma permanente, e inclusive airada, la vigencia del Estado de Derecho, esto es la preeminencia de la Constitución sobre cualquier otra norma, la subordinación de las leyes a la norma constitucional, el control del respeto a la constitución y las leyes, y, la responsabilidad para quien las infrinja. Y no se explica, por cuanto la Constitución no contempla la forma de expropiación que se cuestiona, y, en consecuencia, la prohíbe, por lo que cualquier ley que contenga esas estipulaciones es inconstitucional, cuanto más que esta forma de expropiación no contempla indemnización alguna, como corresponde a toda expropiación según la Constitución ecuatoriana.
 
Y es que la donación de impuestos a pagar, esto es de acreencias que los ciudadanos deben abonar al Estado, en esencia es una expropiación de fondos del Estado por decisión de particulares. Efectivamente, los ciudadanos que resuelven donar los impuestos que deben pagar al Estado, toman decisiones sobre valores que no son más de su propiedad –puesto que son valores que deben por ley transferir al Estado-, y, además, deciden su preasignación, con lo que igualmente se viola la constitución y las leyes, que establecen como facultad privativa del Ejecutivo el asignar los recursos públicos cuando se elabora el Presupuesto General del Estado.
 
Pero el planteamiento de Carrasco va mucho más allá del rompimiento de la Constitución, si el análisis reconoce cuales son las medidas que se adoptaron en la perspectiva de consolidar el modelo neoliberal. Las donaciones, como todas las medidas de similar catadura, tenían y tienen como objetivo debilitar la capacidad financiera y de decisión del Estado, y, con ello posibilitar la adopción de otras medidas que son parte del recetario neoliberal.
 
La eliminación de las “donaciones” del 25 por ciento del impuesto a la renta, entonces, no sólo que eliminará los propósitos neoliberales mencionados y las violaciones a la Constitución y las leyes. Proporcionará también recursos adicionales que contribuirán a la sostenibilidad de los programas sociales.
 
Así planteado el problema, es evidente que la cerrada oposición de la derecha a las medias antes citadas, tiene como objetivo defender su proceso de acumulación, sus utilidades, sus beneficios individuales o de grupo, e inclusive los intereses de empresas   transnacionales. Ante ello, vale preguntarles:
 
¿Es que los intereses particulares están sobre los de la nación en su conjunto?

¿Los intereses transnacionales están sobre los nacionales?

¿La violación de las normas constitucionales y legales debe institucionalizarse?

 Creo que ni el más cínico de los cínicos podría contestar afirmativamente. Salvo los empleados “ecuatorianos” de las empresas transnacionales como lo demostraron sin tapujo alguno.
 
Combate al consumismo
 
La elevación de aranceles incluye, entre una serie de productos, los teléfonos celulares, lo que ha dado pábulo a la derecha ecuatoriana para tratar de conformar un frente de oposición, bajo el argumento de que los teléfonos celulares no son bienes de lujo, sino instrumentos de trabajo. Tesis que aparentemente es procedente si no se profundiza en el análisis y no se considera que esta medida, también tiene como objetivo el combate al consumismo.
 
El Presidente Rafael Correa pone siempre acento en que la economía de mercado pone énfasis en el valor de cambio, en las mercancías antes que en el valor de uso. En referencia a la actitud que ha permitido la imposición del consumismo, entendido como la propensión a adquirir bienes en exceso e incluso de bienes que nunca serán utilizados. Lo cual, desde otra perspectiva analítica, señala una perdida de libertad, puesto que los consumidores pasan a ser dominados por el mercado, abjurando de su libre albedrío para tomar decisiones. El ejemplo de los celulares es buen indicador del consumismo, por lo que vale incluir un análisis más amplio al respecto.
 
Si bien hemos de reconocer la utilidad de los teléfonos celulares, simultáneamente, debemos igualmente aceptar que es ya normal en el seno de la sociedad ecuatoriana la compra sucesiva de teléfonos adicionales, por razones secundarias, que no por exigencias de uso. En términos cuantitativos lo antes expresado se manifiesta en la adquisición de más de un teléfono. Si bien no existen estadísticas oficiales al [15]respecto, sobre la base de la información proporcionada por la empresa Ipsa Group, es posible advertir que el 79 por ciento de los 9’376.312 de habitantes que hacen uso de este servicio han adquirido un mínimo de dos y hasta seis teléfonos. Efectivamente según esa fuente, el 25 por ciento había adquirido dos teléfonos, el 21 por ciento tres, el 10 por ciento cuatro, y, el 14 por ciento más de seis. Relaciones que permiten estimar que en el país se han adquirido hasta la fecha cerca de 25 millones de teléfonos, esto es casi dos veces la población total del Ecuador. En consecuencia, la medida de elevar los aranceles tiene también por objetivo limitar el consumismo, que conlleva el despilfarro de recursos que podrían destinarse a importaciones más importantes para el desarrollo nacional. Esto, por cierto no importa a la derecha ecuatoriana, la cual sigue importando teléfonos que no son indispensables, como lo demuestran las cifras antes mencionadas y las elevadas existencias de estos aparatos. Su crítica entonces, nace de su urgencia por incrementar sus utilidades, que no del interés nacional.
 La derecha en este campo habrá de respondernos algunas interrogantes:
 
¿Están a favor del consumismo como línea de conducta de los ecuatorianos?

¿Apoyan al despilfarro derivado del consumismo?

¿Son más importantes las utilidades que el ahorro social e inclusive individual?

 No nos cabe duda que, en este caso todas las respuestas serán afirmativas. Para el capital es el lucro su razón de ser. Para los capitalistas ecuatorianos, los intereses personales siempre están sobre los intereses nacionales. Cuan prudente sería que la derecha aprendiese de la importancia que a la acción colectiva adjudica el Presidente Correa, como lo revela su afirmación de que: “Debemos superar esa falacia del individualismo como motor de la sociedad, donde por arte de magia convirtieron al egoísmo en máxima de la virtud social, y a la competencia como modo de vida”[16].
 
Iniciar el desmantelamiento del modelo neoliberal
 
El parcelar la política económica, como si las medidas fueran compartimentos estancos, a más de las deficiencias en el análisis que ello conlleva, tiene un objetivo implícito que vale la pena revelar: la oposición al desmantelamiento del modelo neoliberal que algunas de las medidas analizadas y otras que agregaremos más adelante, han iniciado.
 
La elevación y la reducción de aranceles, afecta directamente a uno de los elementos básicos del modelo neoliberal: el aperturismo a ultranza, el “aperturismo bobo” como denomina el Presidente Correa en su oposición para que el Ecuador suscriba un Tratado de Libre Comercio TLC con los Estados Unidos, con los contenidos aceptados por los gobiernos de los empresarios.
 
El proyecto de Ley de Empresas Públicas, propone convertir a las empresas estatales en empresas de propiedad social, esto es propiedad de todos y cada uno de los ecuatorianos. Medida con la cual acaba la posibilidad de concretar una de las metas más caras al neoliberalismo: la privatización del patrimonio público. Esta Ley, de aprobarse,  fortalecerá a las empresas públicas puesto que propone la autonomía financiera y administrativa, lo que termina con el debilitamiento del cual son objeto actualmente las empresas estatales, mecanismo introducido como preámbulo a su privatización. Pero no sólo ello, acaba también con la concentración de la riqueza que propicia la privatización, que constituye el meollo del problema y la razón central por la cual la derecha se opone a esta medida.
 
En la línea de afectación del modelo neoliberal, el gobierno del Presidente Correa ha adoptado otras medidas de política social que igualmente contribuyen a desmontar otro elemento del modelo neoliberal: la auto sustentabilidad de los servicios de salud y educación, inicio de la privatización de estos servicios. En este objetivo se adoptaron dos medidas: la eliminación del pago de 25 dólares que se había ya institucionalizado como aporte de los padres de familia, y, el pago de 1 dólar en consulta externa de todos los centros de salud.
 
La eliminación de la inconstitucional e ilegal “donación” del 25 por ciento del impuesto a la renta, que propiciaba el debilitamiento financiero del gobierno central y de su condición de responsable de la asignación de recursos, a la vez que fortalecía a las fundaciones privadas encargadas del manejo de las mal llamadas donaciones, contribuye también al desmantelamiento del modelo neoliberal, en tanto y en cuanto termina con el fortalecimiento de instituciones privadas beneficiarias de esas “donaciones” a pesar de ser organizaciones con fines de lucro. No debe dejar de mencionarse que la protesta de la derecha, en este caso, pasa más por la defensa de los bolsillos de los beneficiarios de las donaciones que por el interés nacional como lo proclaman.
  
Las encrucijadas del Presidente Correa
 
La adopción de las políticas antes mencionadas si bien cumplen con los propósitos del modelo en marcha, conducen inevitablemente al gobierno y, principalmente, al Presidente Rafael Correa, hacia una serie de disyuntivas que es ineludible advertir, en aras de que se tome conciencia de las mismas y se introduzcan los correctivos oportunamente. Que no de sembrar duda alguna sobre la unidad que demanda el proceso transformador en marcha, no sólo al interior de todos y cada uno de los movimientos y partidos de la tendencia, sino también entre todos ellos. 
 
La primera se conforma por la contradicción entre los limitados recursos de los que dispone el Estado y los ingentes y crecientes recursos que demanda el modelo de desarrollo con profundo contenido social antes descrito. La disyuntiva, en este caso, se deriva de las limitaciones que para captar el excedente socialmente creado, que permitiría superar las limitaciones de recursos, exhibe el pensamiento del Presidente Correa cuando sostiene: “Tenemos diferencias con el socialismo clásico. Por ejemplo, hoy es muy difícil hablar de la estatalización (sic) de todos los medios de producción. Pero sí tenemos que democratizarlos. Aunque es necesario estatalizar los medios de producción estratégicos para la economía de la nación, y que por tanto no pueden estar en manos privadas”.Efectivamente, en ese caso los recursos sólo podrán provenir de las empresas públicas que operen en los sectores estratégicos, los que serán insuficientes por más que se adopte una política redistributiva agresiva. La experiencia de los países nórdicos, señalan los límites del modelo planteado por el Presidente Correa, circunstancia que nos debe incitar a reflexionar con mayor detenimiento, so riesgo de cometer igual error.
 
La experiencia de la Venezuela actual igualmente confirma las limitaciones que se derivan de los modelos de transición al socialismo en los cuales no se acude a la socialización de todos los medios de producción. Efectivamente, en Venezuela, a pesar de los enormes ingresos petroleros que percibe el Estado venezolano, para mantener y ampliar las Misiones hubo necesidad de acudir a parte de la Reserva Monetaria Internacional (RMI), en un monto que se elevó a los 6.000 millones de dólares,  medida que por cierto,  no afectó a la relación técnica reservas/importaciones, por el elevado monto de RMI de las que dispone Venezuela, que no es el caso del Ecuador.
 
Esta encrucijada se conforma, entonces, cuando el modelo se limita a políticas redistributivas del ingreso y no acude a la redistribución de la riqueza. Cuando limita los ingresos a los que se obtienen de la aplicación  de medidas impositivas; cuando restringe  la socialización de la propiedad sobre los medios de producción a un parte de ellos, cuando se renuncia a captar el excedente social en su conjunto. Ante esta disyuntiva, estamos seguros que Rafael Correa sabrá escoger el camino más adecuado, sabrá resolver esta encrucijada con la decisión y entereza que ha demostrado en la confrontación que ha mantenido hasta el presente con el poder económico y mediático. Conflicto que seguramente le habrá ya enseñado que el capital no se doblega en tanto no deja de ser tal. Y que éste deja de ser tal, sólo cuando se socializa la propiedad.
 
La segunda encrucijada responde a la necesidad de optar, bien por la defensa del medio ambiente o dar paso a la explotación del petróleo en zonas de reservas ecológicas. La alternativa planteada en el campo Ishpingo, Tiputini, Tambococha (ITT) localizado en el Parque Nacional Yasuni, es un buen ejemplo. Caso en el cual también esta en juego la contradicción entre la imperiosa necesidad de disponer suficientes recursos para sostener el modelo escogido y los recursos limitados con que cuenta y contaría el Estado para satisfacer la demanda derivada del modelo adoptado.
 
La posición del gobierno, hasta la fecha ha sido no explotar el ITT a cambio de que la comunidad internacional entregue una ayuda equivalente a las reservas que se dejarían de explotar. A pesar de las bondades del nuevo modelo ambiental propuesto por el gobierno ecuatoriano, inclusive expuesto por el propio presidente Rafael Correa en el seno de las Naciones Unidas, no se obtienen aún los resultados que debería haber generado esta innovadora propuesta. Hasta la fecha el planteamiento del gobierno se ha mantenido incólume, mas la concesión de la licencia ambiental para operar en el bloque 31, por parte de la Ministra de Medio Ambiente, advierte sobre la presencia de vientos contrarios a la posición que en defensa del medio ambiente había proclamado el Presidente Correa.
 
La tercera encrucijada tiene tintes políticos derivados del multi-clasismo que caracteriza a Alianza País, que se refleja en la composición del gabinete y de las políticas que se proponen. Encrucijada que se configura entre la decisión de desmantelar el modelo neoliberal y la presencia, en sectores claves, de funcionarios que ideológica y políticamente adhirieron al neoliberalismo hasta fechas recientes[17]. El Ministro de la Producción, Mauricio Dávalos, por ejemplo, en su calidad de militante de la Democracia Cristiana, apoyó, junto con su co-militante Osvaldo Hurtado, la imposición del modelo de economía social de mercado, del modelo neoliberal en la Asamblea de 1998, época en la cual calificaba de anacrónicas a las medidas proteccionistas del tipo como las aprobadas[18] por el COMEXI. El Ministro de Agricultura, por su filiación demócrata cristiana, en su vida política anterior mantuvo un similar tránsito que Mauricio Dávalos, del cual hoy abjura. Francisco Pareja Yanuzelli, demostró ya su posición en el debate mantenido con Alberto Acosta a propósito de la explotación del ITT en el Parque Nacional Yasuni, como quedó reseñado. Posición que demuestra un claro alineamiento con entregar la explotación a empresas transnacionales, y, lo que es más importante, con la privatización de PETROECUADOR, como lo comprueba su propuesta de convertirla en compañía anónima, método aplicado para las privatizaciones de empresas petroleras estatales que se han producido en otros países, como lo ejemplifica PETROBRAS en el caso del Brasil y ECOPETROL, en Colombia.
 
La tercera encrucijada derivada del multiclasismo del Movimiento Alianza País, adquirirá seguramente rasgos más drásticos en la Asamblea Constituyente, como ya lo anuncian, por ejemplo, las controversias públicas respecto a la inclusión o no, en el nuevo texto constitucional, de la reelección presidencial sin periodo de por medio[19], relacionadas con el estado civil de las parejas que tienen preferencias sexuales distintas, el modelo económico, que mantienen desde ya los asambleistas de Alianza País.
 
La tercera encrucijada seguramente será mucho más difícil a resolver que las dos anteriores, no sólo por la intangibilidad y la subjetividad intrínseca, sino también por la evidente presencia, en las filas del gobierno y de su movimiento, de tres claras tendencias: una derechista que propugna al alianza con organizaciones cuyo origen se encuentra en las arcas de USAID, alineadas con posiciones funcionales al sistema de dominación nacional e internacional, como lo demuestran gran parte de los contenidos aprobados en el seno de la comisión estructurada por el Consejo de Educación Superior (CONESUP) con participación de miembros de esa organización[20]; una socialdemócrata reflejada en la reunión y el documento discutido en la reunión auspiciada por el ILDIS con la participación de los asambleistas de Alianza país; y, una tercera, la más avanzada, que propone el desarrollo de formas de propiedad social, la redistribución de la riqueza a través de la aplicación del concepto “función social”, contenido en las diferentes constituciones desde 1929, como quedó mencionado.
 
Sin embargo de las dificultades que presenta la solución de esta tercera encrucijada, lo más probable es que el Presidente Correa la resuelva a favor de la posición más progresista, como parecen anunciar los pronunciamientos que ha realizado en los últimos días respecto al socialismo y la pertinencia de su construcción, con las particularidades que considera pertinentes, parte de las cuales fueron especificadas en el presente análisis.
 
A modo de corolario
 
El presente análisis, no pretendía otra cosa que poner a disposición la mayor cantidad de elementos de juicio para mejor discernir y evaluar el desarrollo de la actual confrontación política entre las fuerzas del cambio, a las cuales adherimos sin reservas, con las de la derecha ecuatoriana. Seguros que la libertad de los hombres deviene del dominio que logremos sobre nosotros y sobre nuestro entorno. Por ello y para ello, nuestra propuesta se atuvo al pensamiento de Alfredo Maneo[21], arquitecto catalán que enseña que: “La mayor libertad nace del mayor rigor”. Sentencia ineludible con la cual aspiramos haber sido fieles.
 
Quito 31 de octubre del 2007


[1] Entre ellas vale citar, a propósito de nuestro análisis: teléfonos celulares, yates, billares, manufacturas de cuero y calzado, textiles, productos cerámicos, manufacturas de metal, licores, carnes, videojuegos, motocicletas…

[2] Patricio Donoso el representante de las Cámaras de producción ante el COMEXI, admite lo antes dicho, al reconocer la existencia de lo que él denomina “productos sensibles”, entre los cuales cita: leche, hortalizas y papas. Véase: “Voté por tres productos sensibles”, Diario El Comercio, Quito, Ecuador, edición del 28 de octubre del 2007.

[3] “Para los liberales sociales, hay que ayudar a los pobres a integrarse al mercado, ya haciéndolos capaces de vender su fuerza de trabajo, ya sea transformándolos en pequeños empresarios (capitalistas descalzos) lo que explica, entre otras cosas, la importancia que se le da al microcrédito integrado al sistema bancario”, afirma Francois Houtart. Véase: “El sentido de la ‘lucha contra la pobreza’ para el neoliberalismo”.  

[4] La demanda global resulta de sumar los recursos destinados a la inversión, pública y privada, más el consumo público y privado.

[5] El bono de solidaridad fue creado por el presidente demócrata cristiano Jamil Mahuad en el año 2001, luego del brutal empobrecimiento que generaron las medidas que adoptó en abierta defensa de los banqueros que asaltaron los depósitos de un gran número de ecuatorianos.

[6] El cambio de denominación se produjo en el gobierno de Gustavo Noboa, militante demócrata cristiano. Gobierno en el cual igualmente se redenominó a la canasta de pobreza como canasta vital, en el objetivo de ocultar los crecientes niveles de pobreza que se habían hecho presentes en el país.

[7] Lucio, Ruth: “Bono de desarrollo humano. Tercer encuentro de la Red de monitoreo de la política social”, Secretaría Técnica del Frente Social – SIISE (Unidad de Análisis e Información), 23 noviembre, 2004

[8] CONADIS: “Pobreza, condición básica para el Bono; Incluidas las personas con discapacidad”, 2007-02-01 

[9] Esta medida adoptó el Presidente Correa, el 17 de enero del 2007, esto es dos días luego de su posesión.

[10] Este portal fue construido por la derecha para manipular la opinión pública e incitarla a votar en la Consulta Popular en contra de la realización de la Asamblea Constituyente.

[11] Ecuador Elige: “camino al fracaso ….”, 28 de enero del 2007.

[12] Paredes, Lucio: “El don de la palabra”, portal Cambiemos Ecuador, 27 de septiembre del 2007.

[13] La legislación ecuatoriana contempla esta figura legal y se la aplica cuando, por ejemplo, el INDA entrega tierras a las comunidades.

[14] Los resultados se contienen en nuestro próximo libro que aparecerá bajo el título “Los ‘dueños’ del Ecuador”. Libro que forma parte de la trilogía “Poder económico, poder fáctico y poder político”.

[15] Véase: “Hasta seis veces se cambia el celular en Quito y Guayaquil”, Diario El Comercio, Suplemento Líderes, edición del 29 de Octubre del 2007, página 17.

[16] Véase: Calvo Ospina, Hernando: “Hacia una “Revolución ciudadana”. El Socialismo del Siglo XXI del Presidente Rafael Correa Delgado”, Agencia Bolivariana de Prensa, 26 de octubre del 2007

   [17] El autor considera que las transformaciones de las ideologías en los hombres exigen lapsos importantes. Cuando se producen en forma violenta, casi sin excepción dicen de posiciones oportunistas, antes que a convicciones ciertas.

[18] Véase: “El superministro que se jugó por el proteccionismo”, Diario El Comercio, Quito, Ecuador, 27 de octubre del 2007.

[19] Véase: Navarro, Guillermo: “Mutis por el foro”, 19 de octubre del 2007.

[20] El destacado conciudadano Kintto Lucas, afirma que: “El (proyecto N.A.) que elaboró la comisión del CONESUP (Consejo de Educación Superior) perdió ese sentido (de ruptura N.A.) cuando las propuestas de los comisionados más progresistas fueron modificadas por comisionados/as que defienden el statu quo en el área económica como pude observar a través de correos electrónicos que llegaron por casualidad a mi casilla. Alguno/a de esos comisionados, ahora será asambleísta por Alianza País”. Véase, Lucas, Kintto: “La necesidad de encontrarse en el camino”, 29 de octubre del 2007.

  [21] Alfredo Maneo, uno de los arquitectos de mayor renombre de España, es el encargado del diseño de la ampliación del Museo del Pardo que se inaugurará en los próximos días.