Con la virulencia de un nuevo terremoto, ingresó al país la noticia de que la Corte Suprema de Chile había votado a favor de la extradición de Alberto Fujimori, habiendo encontrado mérito para que sea juzgado por delitos contra los derechos humanos y corrupción agravada. Después de saberse el resultado empezó recién la discusión sobre lo que este hecho representa para el futuro del país. Y es verdad que los peruanos nos habíamos acostumbrado a mantener nuestras opiniones divididas sobre si estábamos ante un bandido de siete suelas o de un bienintencionado que no tuvo tiempo para darse cuenta de lo que hacía buena parte de su entorno. Estos sentimientos eran muy fuertes, por cierto, al comienzo de la década, pero empezaron a perder intensidad con el correr de los años, con los problemas de los gobiernos de turno y con la rearticulación del fujimorismo dentro del juego de partidos.

 

Pero todo esto se cae con el dictamen de la justicia chilena. Oficialmente nos están entregando al ex presidente porque se presume que ha estado involucrado en hechos que desbordan largamente los recaudos de los que gozan los que ejercen el primer cargo de una nación. Fujimori es en este momento un símbolo universal de que la justicia puede alcanzar a los más poderosos. A eso ha contribuido la Corte de Santiago, enmendando el fallo tramposo del juez de primera instancia. Pero el problema lo tenemos en casa. Mejor dicho, los problemas, porque son varios.

 

El primero de ellos, que en el Perú hay una ideología dominante que define como buena la economía fujimorista y su concepción del orden, lo que se expresa en las grandes líneas de los tres gobiernos posteriores, y de donde salen el constante autobombo al crecimiento, la estabilidad, el pago puntual de la deuda, las inversiones extranjeras, que son los dogmas económicos de los 90, detrás de los cuales está la pobreza, desigualdad, informalidad, desnacionalización, el abuso monopólico, el deterioro ambiental, la conculcación de derechos, etc.; y las tesis de la mano dura, las penas desproporcionadas, la criminalización de las protestas, etc.

 

¿Cómo nos hacemos con el dato que el hombre al que debemos juzgar por corrupto y por amparar crímenes, es también el padre del neoliberalismo, del que tenemos tantos predicadores y conversos, y el de las leyes represivas draconianas que todavía subsisten y hasta se amplían, como lo ha hecho García a fines de julio.

 

García y Fujimori

 

El segundo problema es que ya no estamos, ni de lejos, en la polaridad del año 2000. Toledo desgastó la lucha anticorrupción y su sucesor simplemente la está enterrando. En ese contexto preciso llega la decisión de Chile y todo parece regresar como en una máquina del tiempo. El escenario de contraposición pro-García y anti-García, que hemos vivido desde agosto del 2006, y donde el fujimorismo era parte militante del primer bloque, se trastoca casi de inmediato cuando una parte de los pro-García aplauden la extradición y otro la condena. Si la tendencia hacia una sanción severa al procesado avanza, será peor. Porque los fujimoristas exigirán definiciones del gobierno. O sea que lo que funcionaba hasta ahora en el Congreso y la sociedad como una alianza no declarada por García, se resentirá seriamente.

 

El tercer asunto es que tenemos como actual presidente un tipo en cuyo currículo hay causas muy parecidas a las del extraditado. Vamos a juzgar a un ex mandatario por delitos de lesa humanidad y contra la moral pública, en un país en que el presidente se protege con la inmunidad del cargo, los recursos del poder y las prescripciones de la ley, de su propia colección de acusaciones. Una contradicción que se va a revelar en sus verdaderos significados en los próximos meses.

 

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