Si titular una ‘información’ con un escandaloso ‘Correa asaltó la junta bancaria’ no es un agravio -un grave agravio contra el Jefe de Estado (según el Código Penal el asalto está tipificado como delito grave)- entonces, decirle el popular ‘hijueputa’ a cualquier cristiano resulta casi un halago. Si sindicarle al jefe de Estado que auspicia y respalda el ‘vandalismo oficial’ (vandalismo, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, es ‘espíritu de destrucción que no respeta cosa alguna, sagrada ni profana’) no es una acusación gravísima, pues entonces, adjetivarle a un joven marginal de pandillero casi es darle un título de rey de la selva.

Felizmente, para profesionales del Derecho, para periodistas y columnistas, para personas comunes y corrientes, la decisión del Presidente Rafael Correa de enjuiciarle al autor del editorial en el que se le sindicó de vándalo es correcta y está en su pleno derecho. La injuria, el insulto, la acusación infundada, el agravio, son delitos penados por la ley; y si el insultador ha utilizado un espacio en un medio impreso de la comunicación social, debe responder por sus dichos. Y si este no es identificado por el medio y el agravio se ha dado mediante un editorial (que es la opinión oficial del diario) pues asume su responsabilidad el Director. Siempre ha sido así y hay numerosos casos de articulistas o periodistas que han sido sancionados por la justicia penal.

No hay, ni en nuestra legislación ni en la de muchos países del mundo, una disposición que exonere de culpa a quien, a través espacios de opinión o de información, insulta, agravia, miente deliberadamente, acusa sin fundamentación. Aquello sería reconocer a unos ciudadanos o ciudadanas especiales, o de primera clase, inmunes ante la ley, solo porque escriben en un medio de comunicación social. Peor que haya una especie de impunidad para aquellos que utilizan el ‘periodismo de opinión’ para agraviar a sus semejantes. Yo puedo pensar que fulano de tal es un sinvergüenza, un corrupto, un filibustero (es mi derecho) pero no puedo expresar ese pensamiento, ni de palabra peor a través de un texto impreso, si no tengo las pruebas suficientes como para demostrarlo. Y si solo tengo sospechas, pues debo consignar mi presunción como tal, con las reservas del caso.

No creo que el Director del diario La Hora, que es un abogado de la república, ignore estas disposiciones legales cuando utiliza (o permite que utilicen) términos agraviantes como los de vandalismo oficial o asaltante. Y si se niega a disculparse ante el agraviado (que en este caso es el Presidente de la República) y públicamente se ratifica en sus términos y alega que ese es su derecho a la libertad de expresión; y que lo que se intenta, desde la Presidencia de la República, es atemorizar a los medios de comunicación y a los periodistas para que ‘se autocensuren’ y eliminen sus denuncias y sus críticas por temor a ser enjuiciados, esa es su decisión. Pero la decisión presidencial, en este caso, no puede tomarse como una agresión o amenaza contra la libertad de prensa; peor, contra la libertad de expresión. Serán los jueces quienes deberán dictaminar si el Director de La Hora (quien ha asumido la autoría de los textos en cuestión) ha cometido el delito de injuria (en cuyo caso deberá ir a la cárcel y pagar una indemnización) o si el autor de los términos denunciados estaba en su derecho a acusarle al Presidente de la República de asaltante y vándalo.

En cualquier caso, la actitud del Director de La Hora no puede ser interpretada solamente como un acto ‘de dignidad, de hombría de bien’, como se ha dicho y se ha repetido en distintos medios de comunicación, que desde luego se han solidarizado con el editorialista del medio de comunicación sindicado ante la fiscalía, del delito de injuria. Pensándolo bien, quizá, en este episodio, encontremos el pretexto y el inicio de una campaña mediática contra el Presidente y su Gobierno, ‘por haberse atrevido’ a cuestionar el ‘establecimiento’, el sistema ‘democrático’ imperante; a poner en su sitio a todo ese tinglado de poder que nos viene desde dentro y de afuera.

Fundamento mi presunción, mi corazonada, en las siguientes consideraciones:

-Como los partidos y grupos políticos del ‘establecimiento’ han quedado desarticulados, especialmente después del contundente 8 a 1 de la consulta popular, pues los medios de comunicación, especialmente prensa escrita y televisada y no pocas radios, han asumido su representación y la defensa ‘sin cuartel’ del estatus político, social y sobre todo económico ‘en peligro’. Para ello, los banqueros, los empresarios, los financistas han adquirido la mayor parte de acciones de las empresas periodísticas o imponen sus políticas y condicionamientos, vía publicidad. Esta ‘estrategia’ (que tiene, desde luego, larga historia y sus matices) ya la vimos frente a Allende; hoy la aplican contra el insumiso Chávez; y ahora comienzan a aplicarle la receta a Correa.

-El hecho de que el Director del diario La Hora haya rechazado olímpicamente la insinuación del Jefe de Estado, de que para retirar la denuncia debía retractarse públicamente, en el mismo periódico, es muy significativo. Quiere decir que con toda intención, un medio de comunicación ha decidido asumir el papel de ‘víctima de una persecución política’ de un ataque a la ‘libertad de expresión’ Y, desde luego, reaparece el espíritu de cuerpo: a día seguido, 12 medios impresos (incluido el agraviado) suscribieron un comunicado conjunto denominado AL PAIS , dando su interpretación respecto de la decisión del Presidente Correa, solidarizándose con el demandado y anticipando que ‘defenderán la libertad de expresión’ supuestamente en peligro. Antes, con motivo de la destitución de los 57 diputados, publicaron un furibundo editorial titulado INTOLERABLE. Pero como no les hicieron caso …

-El argumento ‘sipiano’ (de la SIP, el caduco y retardatario sindicato de los más grandes medios impresos del continente) de que sus periodistas tienen un origen casi divino y son irresponsables ante la ley de cualquier país, es un insulto a la sana razón, al sentido común. El declararse como los dueños de la libertad de prensa, en capacidad de decirle zamba canuta a cualquier Presidente, no digamos a sus ministros, a sus simpatizantes, no es sino una pretensión casi racista; un arrogarse un ropaje que ni les corresponde ni lo ejercen. Basta con preguntarles si, desde hace décadas, no ejercen la autocensura contra todo aquel que no comulgue con ‘sus principios’ y políticas. Si no tienen –como antaño, la Iglesia- un ‘index’ de periodistas y articulistas a quienes se les niega, con el silencio y la exclusión, el más mínimo derecho a la libertad de expresión. Y todo esto a nombre de la libertad de prensa.

-La ‘coincidencia’ de que esta pose haya coincidido con la ‘incomprensible’ escasez de cilindros de gas de uso doméstico en los mercados de casi todo el país, no puede tomarse a la ligera. El poder económico –particularmente preocupado por las ‘conquistas’ que puede perder si una mayoría reformista triunfa en la convocada asamblea constituyente- empieza a demostrar otra de sus ‘fortalezas’: desatar carencias de mercado, lanzar rumores de ‘corridas bancarias’, especular con alimentos e insumos de primera necesidad, paros y huelgas de transportistas, etc. Ya le aplicaron la receta a Salvador Allende hasta el punto de precipitar su asesinato e introducir el genocidio en su pueblo. Algo de esto también han intentado contra Chávez, patrocinado por el Grupo Cisneros, que es un magnate de la televisión, la radio y la prensa escrita, que patrocinó el derrocamiento de su Presidente (abril del 2002) aunque el pueblo venezolano salió a las calles de Caracas y obligó al retorno de su líder a Miraflores.

Es decir, Rafael Correa debe estar atento a estas ‘estrategias’ que vienen del norte y del sur. Y son los grandes medios de comunicación quienes están al frente de tales objetivos ‘democráticos y representativos’ siempre y cuando el sistema imperante corra cualquier riesgo. Que para eso son sus perros guardianas.

P.S. Está demostrado que las acciones violentas de los ultristas de todos los tiempos, solo terminan sirviendo a quienes dicen combatir. El innecesario asalto al Tribunal Supremo Electoral; la estúpida agresión a un pobre diablo que había sido destituido como diputado de la república (asuntos estos que fueron condenados por el Presidente Correa, en su debido momento) sirven precisamente al Director acusado y a los medios impresos de la comunicación de ‘prueba’ de que sus injurias tienen asidero en sucesos que se dieron. No cabe duda que estos grupúsculos de supuestos revolucionarios cumplen un papel de provocadores al servicio de las peores causas.

Fuente: Argenpress

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