En la noche del 15 de mayo, el Ministro de Energía y Minas, Iván Rodríguez, dio a conocer un falló largamente esperado: declaró la caducidad del contrato con la empresa estadounidense Occidental Petroleum Corporation (más conocido como Oxy) que opera en el bloque 15 del Oriente ecuatoriano, extrayendo más de 100.000 barriles de petróleo por día, una tercera parte de lo que explotan las empresas transnacionales.

La resolución ministerial se basó en el incumplimiento del contrato por parte de la Oxy al haber transferido el 1 de noviembre del año 2000, el 40% de los derechos y obligaciones del Contrato de participación del bloque 15 a favor de la compañía CITY Oriente, que a su vez la transfirió a la canadiense ENCANA sin autorización del Ministerio de Energía, conforme lo manda el artículo 79 de la Ley de Hidrocarburos.

La resolución del gobierno ecuatoriano implicó la inmediata devolución al Estado de las áreas contratadas, además de la entrega, sin costo y en buen estado, de equipos, maquinarias y otros elementos utilizados en la producción petrolera, instalaciones industriales o de transporte a la empresa estatal Petroecuador.

La decisión del ministro de Energía se sustenta en la petición presentada contra la Oxy por Petroecuador y por el Procurador del Estado en agosto de 2004 que acusó a la petrolera de haber cometido más de 30 ilegalidades.

EE.UU. quiere petróleo

En un momento en que el petróleo alcanza precios nunca antes registrados y se ha convertido en un recurso estratégico muy codiciado, la decisión ecuatoriana de declarar la caducidad del contrato con la Oxy constituye un golpe a los intereses de Estados Unidos. Como era de esperarse, el gobierno de George Bush salió en defensa de la petrolera, calificó como una confiscación o expropiación la medida adoptada por las autoridades ecuatorianas y anunció sanciones contra el país como sería la suspensión de los beneficios contenidos en la Ley de Preferencias Comerciales Andinas y Erradicación de la Droga APTDA que otorga EE.UU. a los países andinos por su lucha emprendida contra el narcotráfico. Por su lado, la Oxy puso una demanda contra el Ecuador en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, que tiene su sede en Washington y es dependiente del Banco Mundial, solicitando una indemnización de 1000 millones de dólares.

El analista petrolero Henry Llánez Suárez dijo que, en este caso, no procede las figuras de la expropiación o de la confiscación de bienes pues lo único que se ha hecho es aplicar la sanción denominada “caducidad del contrato” prevista en la Ley de Hidrocarburos y en los contratos que la propia empresa suscribió con el Estado. “Además de rescatar la dignidad y de que el Ecuador se va a beneficiar con más de 100.000 barriles por día, el mensaje que debemos enviar es que está vigente un marco legal que deber ser respetado por todos”, expresó a Llánez a ALAI.

Mientras el gobierno de Alfredo Palacios señala que este es un conflicto entre el Estado y una empresa privada (Oxy), la embajadora de Estados Unidos en Ecuador, Linda Jewel, sostiene que se trata de un conflicto entre Estados.

El caso Oxy afectó directamente a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio del Ecuador con Estados Unidos. Este último, al enterarse de la decisión de anular el contrato con la Oxy, ratificó que las conversaciones sobre el TLC se suspendían. Cabe recordar que los delegados comerciales de Estados Unidos anteriormente ya se levantaron de la mesa de negociaciones del TLC en Washington cuando se enteraron que el Congreso del Ecuador había aprobado una ley que obliga a las transnacionales a compartir con el Estado el 50% de las ganancias de la producción petrolera.

Aunque el gobierno ecuatoriano insiste en que el caso Oxy no debe afectar las negociaciones del TLC, lo cierto es que hay un impasse con Estados Unidos que se profundizará en el futuro con la posible firma de un acuerdo con el gobierno de Hugo Chávez para procesar 100.000 barriles de crudo ecuatoriano en las refinerías venezolanas, con lo que Ecuador se ahorrará entre 200 y 300 millones de dólares anuales.

El caso de la Oxy forma parte de la lucha por la defensa y el rescate de los recursos naturales, y en particular el petróleo, que se ha extendido en América Latina y que también toma fuerza en el Ecuador. El movimiento indígena encabezado por la CONAIE, así como los sindicatos, los pueblos amazónicos, organizaciones estudiantiles y ecologistas, artistas y ciudadanos se han movilizado en varias ocasiones para lograr que el dubitativo gobierno de Alfredo Palacio se decida por aplicar la ley a la transnacional.

Humberto Cholango, dirigente indígena de ECUARUNARI, la mayor organización filial de la CONAIE, dijo que esto es un triunfo del movimiento indígena y de los movimientos sociales para frenar a las empresas transnacionales que no cumplan la ley. El siguiente paso es luchar por la nacionalización total del petróleo en el Ecuador, agregó.

Un currículo oscuro

La historia de la Oxy en el Ecuador es una historia de inequidad. Durante el período 1999-2004 la transnacional se llevó el 85% de la producción petrolera mientras el Estado percibió un 15%, según sostiene Llánez en su libro “Oxy, contratos petroleros, Inequidad en la distribución de la producción”, recientemente publicado. Es más, Llánez afirma que en este mismo período, la compañía Oxy explotó 92 millones 824 mil 317 barriles, que han generado 2 .472 millones de dólares, cantidad que duplica la inversiones realizadas por la contratista, que según sus propios datos, fue de 1.100 millones de dólares.

La hoja de vida de esta poderosa transnacional, fundada en 1920 en California y con presencia directa en 9 países e indirecta en 18 más, nos remite a un historial de contaminación ambiental, extracción de petróleo en reservas biológicas, división y humillación de las comunidades indígenas, utilización de trabajo infantil, tratos dudosos con funcionarios locales.

Su presencia en el Ecuador se remonta a 1985, cuando era presidente el ultra-conservador León Febres Cordero, quien abrió de par en par las puertas a la inversión extranjera. En ese año, se firmó un contrato de prestación de servicios con la empresa estatal Petroecuador (en ese entonces llamada Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, CEPE). El petróleo que extraía del bloque 15 (en donde se encuentran los ricos pozos de Edén Yuturi y Limoncocha) era en un ciento por ciento del Estado, y éste último le pagaba por la prestación de servicios.

Sucesivamente se fueron modificando los contratos con esta empresa hasta que en 1999, durante el gobierno de Jamil Mahuad, se dio un golpe bajo a la soberanía nacional. Se cambió el contrato de prestación de servicios por el de participación, con lo cual, a la Compañía se le entregó el 80% de la producción y el 20% se quedó el Estado. El responsable de esta transacción perjudicial para el país fue el Dr. René Ortiz, quien fue ministro de Energía de Mahuad, y que ahora funge como representante de una asociación de empresas transnacionales.

Para los ecologistas, la Oxy debe ser investigada por los daños ambientales causados en las regiones donde actuó, especialmente en las áreas protegidas como la Reserva Biológica de Limoncocha, una parte del Parque Nacional Yasuní, la Reserva Faunística de Cuyabeno y el Bosque Protector Pañacocha, según expresó Esperanza Martínez de Acción Ecológica. Varios pueblos indígenas como los quichuas secoyas, shuar y achuar han sido impactados por las actividades de esta petrolera, pudiendo mencionarse la pérdida y tráfico de especies, venta ilegal de madera, abusos y divisiones, aculturación e introducción de enfermedades, según Acción Ecológica.

 

Publicado en América Latina en Movimiento # 408 (ALAI), p.5, 30-05-2006, Quito