A primera vista, el micro-crédito no constituye otra cosa que un instrumento para orientar el crédito hacia uno de los sectores que más lo requiere, pero que es discriminado, tanto por lo reducido del volumen que se le destina como por lo elevado de su costo, lo que determina que, en los actuales momentos en el Ecuador, el costo del micro-crédito sea el más elevado en relación a los que se ofertan a los restantes sectores[1].  La restricción del crédito, por otra parte, determina que gran parte de los pequeños empresarios se vean compelidos a acudir al crédito usurero informal, por la leve diferencia que guarda respecto a los niveles de la Banca Privada , los que también han alcanzado niveles usurarios, encubiertos a través del cobro de comisiones. 

Ante la situación antes descrita, el gobierno del Presidente Rafael Correa, se ha planteado como una de las tareas prioritarias destinar volúmenes importantes al micro-crédito, a través de las entidades financieras públicas: el Banco de Fomento y la Corporación Financiera Nacional.  Micro-créditos que, por la forma que han adoptado hasta la fecha, mantienen la misma lógica que programas similares que se desarrollan en otros países y continentes, lo que, si bien permite cumplir del objetivo económico de cubrir las carencias de este tipo de crédito, no se compadece de los requerimientos del desarrollo transformador -la ruta escogida mayoritariamente por el pueblo ecuatoriano-[2], toda vez que su incidencia debe medirse a través del el tipo de garantía o el grado de sostenibilidad de las unidades productivas que se exige o apoya a través de este instrumento. 

Efectivamente, la concesión de micro-créditos contra garantías patrimoniales, la palabra (firma en el argot bancario), capacidad de repago (flujos de caja), personales o corporativas, genera diferentes efectos sobre el desarrollo apetecido para la transformación nacional.  Así, la concesión de micro-créditos contra garantías patrimoniales, se constituye en una forma excluyente no beneficiosa para un modelo de desarrollo incluyente como el planteado por las fuerzas progresistas del país.  Los concedidos sobre la base de la capacidad de repago genera efectos excluyentes similares a los antes mencionados, pero tiene como virtud el posibilitar el desarrollo de los sujetos de crédito, toda vez que la elaboración de flujos de caja exige el desarrollo de conocimientos de gestión y administración mucho mayores.  En este tipo de crédito, la exclusión discriminatoria afecta más acentuadamente a los sujetos personales, en tanto privilegia a los corporativos. 

A diferencia de los dos tipos de garantían antes mencionadas, el préstamo contra la palabra, adquiere condiciones incluyentes y revaloriza la palabra, elementos que son muy positivos para un modelo transformador, puesto que, por una parte, elimina las garantías patrimoniales, y, por otra, fortalece elementos positivos tradicionales de la cultura nacional.  Situación que explica la alta recuperación que demuestran este tipo de micro-créditos, en países en los que la palabra está ligada a la dignidad, como es el caso del Ecuador, en los que el respeto a la palabra es mucho más importante que cualquier otro tipo de garantía[3].  El éxito del micro crédito en países como Bangladesh o Pakistán, son claros ejemplos de la importancia de ese nexo cultural[4]. 

El modelo sustentado en la palabra, desde la perspectiva de la sostenibilidad del proyecto a financiarse presenta debilidades mucho más frecuentes que lo imaginable, puesto que se excluye el grado de sostenibilidad del proyecto para el cual se demanda el micro crédito, lo que termina por afectar al desarrollo de las fuerzas productivas, en el área de gestión y administración. 

Los modelos antes brevemente descritos, desde la perspectiva del agente de crédito, han sido implementados tanto desde la esfera de lo privado o del Estado.  En el caso de las primeras la participación de las denominadas Organizaciones no Gubernamentales (ONG) han sido determinantes.  En el caso de la participación del Estado, debe mencionarse que éste ha sido implementado tanto por gobiernos de la ultraderecha[5] como por gobiernos progresistas[6].  La razón es evidente, el micro-crédito en esas modalidades fue impuesto por el Banco Mundial, cuando ésta entidad todavía creía que la desigualdad y la pobreza eran posibles de reducirse e incluso eliminarse mediante la redistribución del ingreso[7]. 

Ante la constatación de las limitaciones y débiles aportaciones que esas modalidades de micro-crédito tienen para el desarrollo transformador, actualmente se desarrolla una nueva forma de micro-crédito, que conjuga las bondades de la revalorización de la palabra, el desarrollo de las fuerzas productivas y la sostenibilidad de los proyectos, sobre la base de impulsar nuevas formas asociativas de producción cuyos miembros han sido capacitados previamente.  Esta modalidad exige el simultáneo desarrollo de formas participativas cada vez más intensas, del cultivo de una democracia participativa cada vez mayor. 

Los convenios suscritos el 15 de enero por el Gobierno ecuatoriano con el de la República Bolivariana de Venezuela, tienen por objetivo impulsar esta nueva modalidad de micro-crédito.  Sin embargo, la práctica con la que se desarrollan hasta la fecha no se atiene a ese espíritu, por lo que su acción se limita al esquema obsoleto del Banco Mundial.  Siendo ello así, es imprescindible que el Gobierno del Presidente Rafael Correa revise las modalidades adoptadas para que el micro-crédito se convierta en instrumento de cambio y no en elemento de consolidación del modelo de desarrollo que se trata de transformar.  Los instrumentos y la decisión política para ello existen, sólo resta implementarlos agresivamente. 






[1] “En el mes de diciembre, las tasas de interés para los diferentes tipos de crédito (comercial, vivienda y consumo), se mantuvieron estables con relación al mes de noviembre; en tanto que las tasas del micro crédito se ajustaron a la Tasa Máxima Convencional (TMC) que pasó de 12.90% en noviembre a 13.83% para diciembre 2006

[2] Al momento en que se escribía este artículo, las encuestas a boca de urna señalaban que en las votaciones para decidir si se realiza o no la Asamblea Constituyente , el 78 por ciento de los votantes se habían manifestado por el SI

[3] La importancia de este tipo de vínculo es tal, que fue utilizado, con gran éxito, por el patriarca de la Familia Eljuri , durante su gestión comercial inicial.

[4] Teóricos de estos países sostienen que la mayor agresión cultural del imperialismo inglés fue el sustituir la palabra por la letra de cambio.

[5] El de Fox en México, por ejemplo.

[6] La experiencia del gobierno Sandinista es buen ejemplo.

[7] Hoy, el Banco Mundial acepta que la redistribución del ingreso termina por profundizar la desigualdad, como lo demuestra la realidad chilena, por ejemplo, por lo que inicia un tímido reconocimiento, pero reconocimiento al fin, de que sólo la redistribución de la riqueza reduce efectivamente la desigualdad y la pobreza.

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