En estos días que tanto se habla sobre la defensa de la institucionalidad, cabe recordar que los partidos políticos ecuatorianos que han captado el gobierno en las últimas décadas, han institucionalizado la pobreza y la corrupción. Convirtieron los procesos electorales en una forma de conseguir poder y dinero. Institucionalizaron la compra de votos con regalos a los más pobres, y han convertido el derecho al voto en una obligación.

Institucionalizaron una democracia electoralista, no participativa. ¿Dónde se esconden los defensores de la institucionalidad, cuando los partidos políticos entregan bolsas de arroz, azúcar, fideos, a cambio de votos? ¿Y qué dijeron en el último proceso cuando el candidato populista, Álvaro Noboa, entregaba sillas de ruedas y hasta dinero en efectivo?

Quienes se oponen a los cambios, guardaron silencio en el último proceso electoral y llamaban al populista comprador de votos, el candidato de la derecha. Lo inaudito es que nadie lo denunció como un trasgresor de la institucionalidad y la democracia al también mayor evasor de impuestos del país, Álvaro Noboa: una de sus empresas, la Exportadora Noboa, con ingresos de 553,1 millones de dólares declaró utilidades de tan solo $3,9 millones y pagó $979 372 de impuestos en el último año. Así y todo, se le permite hacer política desde Miami.

La consulta popular para llevar a cabo una Asamblea Constituyente no es iniciativa del presidente Rafael Correa. Esta exigencia surgió del pueblo ecuatoriano y sus organizaciones sociales legítimas. Ya en abril de 2005, cuando fue destituido el coronel Lucio Gutiérrez, el país clamaba por la “refundación del país”. Han transcurrido cerca de dos años desde que empezó la presión ciudadana para que se lleve adelante la consulta y la Asamblea.

Precisamente, una de las razones por las que Rafael Correa triunfó en las elecciones de noviembre pasado fue que recogió esta aspiración ciudadana. Tanto es así, que luego de su posesión, en enero de 2007, anuncia los primeros pasos hacia la consulta y la Asamblea, el grado de aceptación pasa del 56,8 % al 77%.

Nadie puede deslegitimar la exigencia de la ciudadanía para que una Asamblea Constituyente enrumbe el país hacia una serie de cambios indispensables. Y cómo no presionar por cambios si en los últimos años las clases políticas ecuatorianas aparecieron entre las más corruptas del mundo, según informes de Transparencia Internacional.

Diversas investigaciones aseguran que el Ecuador pierde anualmente entre 2.000 a 3.000 millones de dólares por corrupción: en burocracia, en aduanas, en robo de combustible, en robo de energía, etc, etc.

Tres millones de compatriotas fueron expulsados del país por la pobreza. Contraponiendo a toda lógica, los gobernantes han destinado la mitad del presupuesto general del Estado al pago de la deuda externa, lo que impide el desarrollo de cualquier política social. La evasión anual de impuestos supera los $2 400 millones, el equivalente al 5% del Producto Interno Bruto.

¿Quien puede decir que es antidemocrático e ilegítimo que el pueblo reclame reformas profundas? La Asamblea no hará magia. Si abrirá un camino para cambiar el país, para fortalecer las instituciones, y dar paso hacia una democracia participativa.

La constitución es perfectible, como lo son los gobiernos. Las reformas que promueven los ciudadanos son de enriquecimiento de la democracia y sus instituciones. En cambio, quienes arrasan con la frágil institucionalidad, son precisamente los dinosaurios que han manoseado las leyes, la constitución y las instituciones a su antojo, protegiendo la corrupción y exclusivamente sus intereses.

Sociedad Patriótica, Partido Social Cristiano y Prian (de Álvaro Noboa) se “apoderaron” del Congreso en enero de este año. No más instalarse, sin ningún pudor se subieron los sueldos. Hicieron todo lo posible e imposible para impedir que se realice una consulta popular, pese a que el artículo 104, num. 2, de la Constitución autoriza al Presidente \”convocar a consulta popular\” cuando \”a su juicio, se trate de cuestiones de trascendental importancia para el país\”.

A pesar de la Constitución y de la presión ciudadana, los señores congresistas destituyeron a dos diputadas, que se atrevieron a pronunciarse a favor de la Constituyente. Designaron fiscal general de la Nación a un personaje cuestionado, que provocó el rechazo general, al punto de que ellos mismos se vieron obligados a echar marcha atrás. Nombraron un contralor general a su antojo. Siguiendo con su forma de actuar, lejos de la ley e institucionalidad, nombraron a los vocales del TSE. La destitución y posible restitución de 57 diputados son muestras de cómo ha venido funcionando el país. Pero en el fondo son un obstáculo más a vencer antes de que se lleve a cabo la consulta popular.

Amanda Pinto
Periodista

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