El día 5 de marzo de 2007 el diario El Tiempo publicó una noticia titulada: “Estado acepta responsabilidad en crimen de Manuel Cepeda”. Según el diario, “el Gobierno quiere evitar que el caso llegue a la Corte Interamericana”. Por su parte, Iván Cepeda ha indicado que espera que el caso llegue ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según El Tiempo, Iván Cepeda habría señalado que “La fase para una solución amistosa ya expiró. Lo que queremos es que haya justicia y se condene a los responsables”. Otros medios registraron la noticia, e inclusive señalaron que se trataba de un caso sin precedentes.

 

¿Realmente el Estado colombiano aceptó la plena responsabilidad en el caso de Manuel Cepeda? ¿La aceptación de responsabilidad que hizo el Estado colombiano asegura que el caso no llegará, como lo espera la familia de Manuel Cepeda, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Debería la Corte Interamericana juzgar este caso?

 

El sistema interamericano de derechos humanos es supremamente complejo en su funcionamiento. Está organizado bajo un sistema en el cual la Comisión Interamericana es el vehículo para llegar ante la Corte. Así, según el Pacto de San José (Convención Americana sobre Derechos Humanos), sólo la Comisión Interamericana y los Estados pueden acudir ante la Corte, nunca los particulares de manera directa. Lo anterior explica la importancia del reconocimiento -– parcial o pleno— de responsabilidad estatal ante la Comisión. La lógica con que actúa el Estado colombiano, al parecer, es que al reconocer la responsabilidad ante la Comisión, no habría razones de ella para llevar el caso ante la Corte Interamericana. ¿Pero es así?

 

El homicidio de Manuel Cepeda, como lo expuso Iván Cepeda en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el día 6 de marzo, no es un fenómeno aislado, sino que se enmarca dentro de una política de exterminio en contra de los miembros de la Unión Patriótica (caso que se adelanta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos). El mismo Iván Cepeda aceptó y reconoció que el Estado colombiano había investigado y castigado a los autores materiales del crimen, pero subrayó la circunstancia de que no se ha realizado una investigación exhaustiva para establecer quienes fueron los autores intelectuales del homicidio y la participación de grupos paramilitares (Iván Cepeda señala a Vicente Castaño y las AUC) en el hecho.

 

El Estado colombiano, por su parte, NO RECONOCIÓ la plena responsabilidad estatal en este caso. Expresamente aceptó una responsabilidad parcial, a partir de una serie de distinciones. En primer lugar, no aceptó nada relativo a la política de exterminio de la Unión Patriótica, partido del cual era miembro Manuel Cepeda, en razón a que el proceso por su exterminio sigue su curso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que podría dar lugar a situaciones de prejuzgamiento y, por otro, que ha cumplido parcialmente sus obligaciones internacionales, puesto que ha castigado penalmente a los autores materiales, se realizaron investigaciones disciplinarias y se condenó, contenciosamente, al Estado colombiano. Manifiesta su compromiso de investigar los otros elementos (autores intelectuales, participación de paramilitares, etc.).

 

Para muchos, estos aspectos pueden aparecer como elementos técnicos que dificultan la comprensión del caso o que simplemente muestran maniobras legales de defensa del Estado colombiano. No me quiero detener en estos elementos técnicos. Me interesa mirar detrás de ello y hacia delante. Manuel Cepeda Vargas fue asesinado el 9 de agosto de 1994 y el Estado colombiano se comprometió en la audiencia pública del 6 de marzo de 2007 a culminar las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación para establecer los autores intelectuales del hecho y los vínculos de los paramilitares.

 

Pues bien, esta es una confesión de la violación de las garantías judiciales y del principio de plazo razonable. Pero no debemos entender esta violación simplemente como el resultado de no haber identificado a los reales responsables del hecho, sino de algo más grave. La incapacidad (o absoluto desinterés) del Estado colombiano por enfrentar las graves violaciones de derechos humanos; la indolencia con que se adelantan los procesos penales en el país. En palabras sencillas, la ausencia de investigación.

 

El caso de Manuel Cepeda, al igual que el de muchos otros, ha llegado a instancia internacionales -–que siempre deben estudiar la admisibilidad del caso, es decir, si hay una base razonable para el proceso— por el hecho de que las investigaciones penales que se adelantan en Colombia son, cuando existen, insuficientes o inexistentes. Así, el Estado colombiano ha desarrollado una habilísima capacidad para juzgar a quienes aprietan los gatillos, pero nunca a quienes dirigen sus dedos. El Estado, bajo un esquema eficientista, nos asegura el derecho a una verdad a medias. El argumento de defensa que se ha extendido es: ¿Será el pueblo colombiano capaz de aceptar la verdad plena? El Estado o los “poderes reales” al parecer asumen que este pueblo es incapaz. Realmente debemos dudar de esta opción, pues no hay razón o base empírica alguna que permita justificarla, salvo el hecho de que probablemente quienes no sean capaces de aceptar que se conozca la realidad son los mismos “poderes reales”.

 

Iván Cepeda, en su argumento ante la Comisión, sostuvo que el asesinato de su padre hizo parte de un plan denominado “Golpe de Gracia”. Alega que no se han adelantado investigaciones suficientes para demostrar plenamente su existencia o inexistencia. El Estado colombiano, y disculpen la expresión, olímpicamente pretende que tal tema quede al margen del caso de Manuel Cepeda, so pretexto de que es un asunto que se analiza bajo el caso de la Unión Patriótica. Pero, ¿No resulta esto abiertamente, –nuevamente, disculpas por la expresión— ridículo? Los derechos humanos se predican de la persona humana. Se extienden a grupos colectivos, como se desprende del delito internacional de genocidio. Pero, el punto central es el deber del Estado de PROTEGER A CADA PERSONA. Si Manuel Cepeda fue asesinado en ejecución de este plan, es deber del Estado investigarlo. No importa, desde la perspectiva de los derechos humanos y los deberes estatales, que otras personas sean asesinadas por el mismo hecho. También deberá investigar tales asesinatos. Si al final se descubre que se trató de un caso de genocidio, muy probablemente la responsabilidad del Estado sea considerado de una manera más compleja, pero no por ello puede no considerarse el asesinato individual. Otra cosa es que penalmente algunos consideren que el genocidio sea un delito de mayor entidad que el homicidio y que, por razones técnico-penales, no exista un concurso entre homicidio y genocidio (es decir, no se juzgue por ambos delitos). La lógica de la responsabilidad penal no se aplica a la responsabilidad Estatal.

 

Pero, ¿Es esta la verdadera razón para desligar el exterminio de la Unión Patriótica del caso de Manuel Cepeda? ¿Realmente el Estado colombiano pretende trasladar a las instancias internacionales de derechos humanos la dogmática penal? Esperamos que no sea así. Aquí se oculta un temor mayor. El que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos asuma el caso de Manuel Cepeda y la posibilidad de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos conozca del mismo, deben generar un inmenso temor para el Estado colombiano. No es un temor por demostrar la negligencia del Estado para adelantar procesos judiciales serios, ni mucho menos. Esto ha sido demostrado en las diversas sentencias de la Corte Interamericana. Se teme a la verdad, se tema a que se expongan los nexos entre el Estado y los paramilitares (más allá de las referencias normativas indicadas en las sentencias, como en la de las masacres de Ituango), se teme a que el Estado aparezca como un genocida y, por encima de todo, se aplique al juzgamiento de los paramilitares “sometidos” (o favorecidos, me queda la duda) a la ley de Justicia y Paz los preceptos del derecho de los derechos humanos (valga decir, que se logre verdad, justicia y reparación integral).

 

 El sistema interamericano de derechos humanos está juzgando la disposición del Estado colombiano hacer efectivo el bloque de constitucionalidad, que incorpora los tratados de derechos humanos. Definitivamente, para el sistema, no basta con que la Constitución de 1991 haga la incorporación, que la Corte Constitucional (al igual que muchos jueces, tribunales, e inclusive las otras altas corporaciones) apliquen y respeten el bloque. Es necesario que TODO EL ESTADO asuma el bloque de constitucionalidad. Los derechos humanos son obligatorios para TODOS LOS FUNCIONARIOS (incluyendo al Presidente, que, por si se le olvida, es funcionario).

 

Mientras ello sucede allá en Washington, internamente seguimos por la senda del incumplimiento, por el camino del eficientismo penal, buscan simplemente llenar las cárceles con supuestos delincuentes (la presunción de inocencia es un derecho, no un privilegio de unos cuantos), para (i) mostrar resultados e (ii) iniciar, ahí si, las investigaciones. Esto nos lleva más allá.

 

¿Qué puede pasar ante la Corte Interamericana? En la sentencia de las masacres de Ituango, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló lo siguiente:

 

“79. La Corte considera que el allanamiento del Estado constituye una contribución positiva al desarrollo de este proceso y a la vigencia de los principios que inspiran la Convención Americana (1). En el caso sub judice, el Tribunal aprecia, particularmente, la manera como el Estado realizó también dicho reconocimiento en la audiencia pública del presente caso, es decir, a través de un acto de solicitud de perdón dirigido a las presuntas víctimas y a sus familiares (supra Párr. 64).

 

80. Sin embargo, teniendo en cuenta las responsabilidades que le incumben de proteger los derechos humanos y dada la naturaleza del presente caso, el Tribunal estima que dictar una sentencia en la cual se determine la verdad de los hechos y todos los elementos del fondo del asunto, así como las correspondientes consecuencias, constituye una forma de reparación para las presuntas víctimas y sus familiares y, a la vez, una manera de contribuir a evitar que se repitan hechos similares (2) .” Antes de seguir, por favor lean de nuevo este extracto…

 

La Corte sostiene que dictar una sentencia en que se establezca la verdad es una forma de reparación y un medio para contribuir para evitar que ocurra de nuevo. La gravedad del asesinato de Manuel Cepeda (sin que cualquier asesinato no sea en sí mismo un hecho grave), radica en que ocurrió dentro de una política -–sea estatal o no, pero el Estado es responsable por acción (deber de respeto) u omisión (deber de protección)— de exterminio en contra de un grupo político. Es decir, se trató de una política no sólo represiva en contra de la izquierda colombiana, sino, principalmente, de una política de negación del derecho a la autodeterminación. Demostrar que el Estado buscó, apoyó o permitió el aniquilamiento de un grupo político, es lo mismo que demostrar que el Estado colombiano no buscó, apoyó o permitió (o no busca, apoya o permite) la democracia. Sin libre expresión de las ideas -–aún las más radicales— no existe democracia, habrá, a lo sumo, procedimientos electorales.

 

Este hecho es grave. Lo suficiente como para que la OEA hubiese adoptado una carta democrática y establecido la posibilidad de intervención internacional cuando la democracia está en peligro. Así, ¿No es claro que existen razones para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie sobre este caso? Con todo, dado que el Estado colombiano no aceptó la responsabilidad plena, por esta vía el mismo ha dado pie para que este caso sea juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 

Una última duda me asalta en relación con estos sucesos. ¿Será que el Estado colombiano está interesado en la verdad y reparación integral de la familia de Manuel Cepeda, como lo anunció en la audiencia, o será que teme que el senador Petro haya tenido razón en sus peticiones ante la OEA?

 
Notas
 

1 Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 5, Párr. 55; Caso Blanco Romero y otros, supra nota 5, párr.

 

 2 64; y Caso García Asto y Ramírez Rojas, supra nota 5, párr. 60. 2Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 5, párr. 56; y Caso de la “Masacre de Mapiripán”. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 69.

 

 – Henrik López S. Profesor de la Universidad de los Andes

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas  Corporación Viva la Ciudadanía.  www.vivalaciudadania.org

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