Este 16 marzo se reunieron en Santo Domingo, en el salón de actos de la Cancillería Dominicana, los presidentes Álvaro Uribe de Colombia, René Preval de Haití, Leonel Fernández de República Dominicana, y el secretario general de la OEA José Miguel Isulza, para supuestamente tratar lo relativo al narcotráfico en la región.

De ese cónclave fue excluido, por presiones de los halcones de Washington, el comandante Hugo Chávez, presidente de Venezuela, como clara expresión de su temor a la verdad y a la honradez

Contrastan con el supuesto propósito de esa “mini-cumbre”, tanto las características del gobierno de Álvaro Uribe Vélez como el reciente escándalo relacionado con las conexiones narco-paramilitares de su equipo de gobierno y de los dirigentes políticos que apoyaron su reelección. Y esto se suma a las complicidades de áreas sensibles del gobierno del PLD en el caso del cártel Quirino

Los resultados de la recién pasada elecciones generales en Colombia, a pesar del inocultable avance de las fuerzas de izquierda y centro- izquierda, fueron publicitado por los medios masivos de comunicación como la gran victoria reeleccionista de Álvaro Uribe Vélez. Y esto a su vez fue presentado como la legitimación aplastante de la política de “seguridad democrática”, de los programas neoliberales y de la guerra contra el “narco-terrorismo” implementada por Uribe en el cuatrienio anterior.

Se difundió hasta la saturación el supuesto 60% obtenido por Uribe.

Este personaje violento aparecía en los grandes medios como la máxima expresión del combate a la violencia, como el gran “pacificador” en progresivo avance y marcha arrolladora, solo que sus balas anti-FARC no eran de plomo sino de baba, pues las de todas maneras las FARC derrotaron el “Plan Patriota”, vertiente militar del Plan Colombia.

Entonces las entrañas gansterizadas del poder que encabeza, fueron cuidadosamente ocultadas. El porcentaje de abstención (superando el 60%) también. La verdadera votación de Uribe no sobrepasó el 27% de los electores inscritos. Y el gran fraude implementando a su favor por las bandas paramilitares ni siquiera se conocía.

Pero todo aquel falso ropaje no tardó en desgarrarse al compás del destape de crisis narco-para-política que va configurando una especie de crisis de gobernabilidad.

Las pruebas dando cuentas de los fraudes electorales, de los financiamientos sucios de la campaña de Uribe, de las cuotas de candidaturas auspiciadas por los paramilitares, de la penetración de éstos y la narco-política en el Congreso y en el gobierno central, tomaron vuelo en los meses posteriores a las elecciones.

Salvatore Macuso, conocido capo del para-militarismo, confesó que el 35% de los(as) integrantes del Congreso Nacional son personas que le responden a esas bandas.

Los congresistas Araujo, Pimiento, García Maloff, Vives y Caballero –todos altos dirigentes de los partidos que apoyaron al presidente Uribe- han tenido que ser procesados judicialmente. El legislador Araujo, como su hermana, la tristemente famosa cancillera Consuelo Araujo, fueron evidenciados por esas denuncias como productos de la cuota concedida por Uribe al conocido capo Jorge 40.

A su vez Jorge 40 y otros capos, estrechamente vinculado a Jorge Noguera, jefe de inteligencia del gobierno (Director del DAS) y enlace entre el propio Álvaro Uribe con las bandas narco-paramilitares, han sido acusado de montar los fraudes en favor de la reelección y de desplegar el terror paramilitar y militar para lograr votaciones forzadas.

Escenas como la del general Rito Alejo de Río, ejecutando junto a los paramilitares, ametralladora, a los campesinos de Salaquí Norte y el Chocó, han salido a la luz pública estremeciendo la sociedad colombiana.

Jorge Noguera y el DAS, además, fue acusado por Venezuela de organizar un atentado contra Chávez. Y cuando las denuncias de asesinatos y corrupción hicieron insostenible su presencia en tan delicadas funciones, Uribe intentó protegerlo enviándolo de Cónsul a Milán, Italia; pero recientemente ha sido sometido a los tribunales, acusado nada más y nada menos que de “concierto para delinquir” y “homicidio agravado”

Los gobernadores Hernando Molina del César y Trino Luna del Magdalena, ambos colaboradores de Uribe, han sido sindicados como personeros de las bandas.

El Palacio Nariño y el Congreso, según las confesiones del capo Macuso y de otros acusados, han sido prácticamente tomado por el narco; agregándose al descubrimiento de 4 mil fosas comunes llenas de víctimas del para-militarismo, a los ahogados en el rió Magdalena y a los 150 mil apresados durante su primera administración.

Y esto se ha producido en una sociedad cada vez más empobrecida y desprotegida, sometida a una ineficaz política de seguridad y de guerra que se traga gran parte del presupuesto nacional, sufriendo la consecuencia de la carestía y el desempleo en gran escala, y amenazada gran parte de su producción nacional por la imposición del TLC.

La percepción de Uribe como un presidente narco, paraco, ilegítimo, obstructor de la paz anhelada, reticente a los diálogos destinados a solucionar conflictos, resistente al intercambio humanitario de prisioneros, fantoche, fanfarrón, mentiroso…es cada vez mayor en la sociedad colombiana.

Los votos de su reelección han sido triturados por estos hechos demoledores y amplios sectores políticos y sociales están demandando su renuncia y la convocatoria de elecciones anticipadas.