Debido a la creciente presión ciudadana, los funcionarios ambientales estadounidenses le han demandado a su contraparte mexicana que garantice la seguridad pública o rechace la propuesta de instalar un depósito de desechos peligrosos en La Choya, cerca de la frontera entre Arizona y Sonora. El gobierno indígena, así como los activistas ambientales en la franja fronteriza quieren vetar dicho proyecto privado y comercial.

Inicialmente, el 13 de octubre del 2005, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de México autorizó el confinamiento de desechos tóxicos, sin haber realizado una audiencia pública. El depósito es un proyecto de la inexperta empresa Centro de Gestión Integral de Residuos (Cegire), con sede en Hermosillo, capital del estado de Sonora.

Según la manifestación de impacto ambiental que presentó Cegire para obtener la autorización, el proyecto implica la construcción y la operación de un área de confinamiento de ocho celdas, justo fuera de la carretera entre Hermosillo y la ciudad fronteriza de Sonoyta. La zona de 247.1 acres (un kilómetro cuadrado) se encuentra a 25 millas (41 kilómetros) al sur de la frontera de Estados Unidos con México, en el municipio de General Plutarco Elías Calles. El proyecto contempla el manejo anual de 45,000 toneladas métricas de desechos industriales tóxicos durante un período de 50 años.

El 26 de noviembre, durante la más reciente de las numerosas manifestaciones de protesta, el organismo no lucrativo Ciudadanos Comprometidos con Sonoyta (Committed Sonoyta Citizens ) protagonizó un cierre simbólico del estratégico paso fronterizo entre Sonoyta y Lukeville, Arizona. La acción tenía el propósito de llamar la atención internacional, bloqueando el regreso a Estados Unidos de quienes pasaron sus vacaciones por el día de Acción de Gracias en el destino de playa de Puerto Peñasco, Sonora.

Las autoridades ambientales estadounidenses han adoptado un enfoque más diplomático al cuestionar el vertedero propuesto. En una carta fechada el 7 de noviembre de 2006, David Jones, Socio Director de la División de Manejo de Desechos Sólidos de la Región nueve de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) le escribe a Alfonso Flores Ramírez, Director en funciones de la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de la Semarnat: “Es prudente modificar el diseño; los impactos en el aire plantean un riesgo potencial que debería ser mitigado preparando un plan de respuesta a la emergencia; la Semarnat debería realizar una más amplia evaluación y mitigar los impactos sobre los pájaros; y la Semarnat debería consultar directamente con la nación Tohono O’odham para determinar y mitigar las preocupaciones”.

El Acuerdo de La Paz de 1983, entre México y los Estados Unidos sobre Cooperación para la Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente en la Zona Fronteriza establece que Estados Unidos y México “cooperarán en la solución de problemas ambientales de interés común en la zona fronteriza” y llevarán al cabo “intercambios periódicos de información y datos sobre posibles fuentes de contaminación en su territorio respectivo que puedan producir incidentes contaminantes del medio ambiente”. Bajo las directrices de un “mecanismo consultivo” establecido en 1999, de conformidad con el Acuerdo, México debería haber estado informando a Estados Unidos sobre cada paso del proceso de La Choya, a partir de los 30 días posteriores a que las autoridades tuvieron conocimiento de la propuesta, ya que ésta es relativa a un proyecto de desechos peligrosos dentro de un área de 100 kilómetros (62.5 millas) de la frontera.

La primera solicitud de permiso fue presentada por Cegire el 28 de abril de 2005. Pero la Semarnat no cumplió con notificar a la EPA, según las reglas del convenio, sino hasta el 28 de septiembre de 2005, cuando ya estaba muy avanzado el proceso de otorgamiento del permiso por parte de la dependencia ambiental mexicana. La evaluación de Semarnat de la manifestación de impacto ambiental presentada por Cegire, así como las condiciones de la Secretaría para su aprobación, tienen fecha del 6 de septiembre de 2005. De la misma forma, la empresa informó a las autoridades municipales partidarias del proyecto el 11 de enero de 2006, cuando ésta solicitó un permiso para el cambio de uso de suelo. Sin embargo, por alguna extraña razón, los opositores al proyecto dentro del mismo municipio no se enteraron hasta un mes más tarde.

El ocultamiento por parte de la empresa, así como el de las autoridades federales mexicanas genera indignación

Hasta el momento, nadie sabe cuál será el procedimiento de Semarnat para responder a la demanda de la EPA de medidas de protección ambiental más severas . Por el momento, la Semarnat no ha hecho nada oficialmente, porque el asunto recayó en el gobierno municipal de Sonoyta cuando, el 30 de mayo de 2006, los funcionarios locales rechazaron la solicitud de permiso para el cambio de uso de suelo presentada por Cegire. Sólo si los recién electos presidente municipal y cabildo—que tomaron posesión del cargo en septiembre de 2006—deciden revisar la decisión sobre el permiso, la Semarnat se verá obligada a responder a las recomendaciones de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.

Pero una cosa es cierta: El ocultamiento en el que, tanto el gobierno mexicano como la empresa, han mantenido todo el proceso ha generado una gran indignación que crece en círculos concéntricos cada vez más amplios. El 22 de noviembre, la Asociación de Organizaciones no Gubernamentales No-Alineadas del Estado de Sonora (Sonora State Non-Aligned Non-Governmental Organizations Association) con sede en Hermosillo, organizó para los medios de comunicación un recorrido por el área del ilegal depósito de confinamiento de desechos tóxicos de Cytrar, en las orillas de la ciudad. Este depósito ha sido la causa de años de protestas, así como de diversas demandas administrativas y legales a nivel internacional.

Los miembros de la Asociación le han puesto a La Choya el apodo de “Cytrar II”, advirtiendo que los vacíos en la ley abren la posibilidad para que cualquier residuo peligroso importado legalmente por México de los Estados Unidos, con el propósito explícito de “ser reciclado”, tarde o temprano podría ser vertido en el nuevo depósito propuesto, violando el espíritu del Convenio de las Naciones Unidas sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación (Convenio de Basilea, 1989). Dicha convención protege a México de las importaciones de desechos peligrosos extranjeros, destinadas a su eliminación final.

La Asociación es uno de tantos grupos solidarios con la oposición rotunda que mantiene el gobierno Tohono O’odham (Pápago) frente a dicho proyecto. El 12 de octubre, una fecha reconocida por numerosos gobiernos como el Día de los Pueblos Indígenas, los activistas Tohono O’odham—cuya nación se extiende sobre el sur de Arizona y el norte de Sonora—organizaron protestas contra La Choya en los consulados mexicanos de todo el suroeste de Estados Unidos.

Los Tohono O’odham ya están siendo acosados por la propuesta de construir un muro en la frontera de Estados Unidos y México aprobado en la Ley de Cerco Seguro del 2006, el cual dividirá su territorio ancestral. Están siendo invadidos por la patrulla fronteriza estadounidense y por la actividad militar. Y su más sagrado sitio, en el pueblo tradicional de Quitovac, sería profanado por La Choya, situada aproximadamente a 12 millas (20.9 kilómetros) al sureste de éste.

Organizaciones con gran autoridad, incluyendo al Consejo Internacional de Tratados Indios, la Red Ambiental Indígena y el Greenaction (Acción Verde) para la Salud y la Justicia Ambiental se han unido a la no lucrativa Coalición por la Justicia Ambiental y los Derechos Culturales de los O’odham, para participar en las manifestaciones en contra del depósito de desechos tóxicos frente a los consulados.

Los grupos enviaron una carta conjunta dirigida a Flores Ramírez, de Semarnat, para protestar por el proyecto. Aproximadamente 20 individuos de otras organizaciones de Estados Unidos, también firmaron la carta del 21 de junio, incluyendo los representantes O’odham de Voice Against the Wall (Voz contra el Muro) de Sells, Arizona; del Mohave Cultural Preservation Program (Programa de Preservación Cultural Mohave) de Parker, Arizona; de la Just Transition Alliance (Alianza Transición Justa) de National City, California; del Grayson Neighborhood Council (Consejo Vecinal de Grayson) de Grayson, California; de la Escuela de la Raza Unida de Blythe, California; de Children for a Safe Environment (Niños por un Medio Ambiente Seguro) de Phoenix, Arizona; del Cuna de Aztlan Sacred Sites Protection Circle (Círculo Aztlan para la Protección de Sitios Sagrados), de Blythe; del Tri-Valley Citizens Against Ruining Our Environment (Ciudadanos de Tri-Valley en Contra de Arruinar Nuestro Ambiente) de Livermore, California; de Dine, Citizens Against Ruining Our Environment de Dilkon, Arizona; de Healthy San Leandro (San Leandro Saludable) de San Leandro, California; de la Western County Toxics Coalition de Richmond, California; de La Raza Centro Legal y San Francisco Day Labor Program; de Global Community Monitor de San Francisco, California; del San Francisco Bay Newspaper (Periódico de la Bahía de San Francisco); de la Alianza Indígena Sin Fronteras de Tucson, Arizona; del Center on Race, Poverty and the Environment (Centro sobre Raza, Pobreza y Medio Ambiente) de San Francisco; de California Communities Against Toxics (Comunidades de California Contra los Tóxicos); y de People Organized to Demand Environmental and Economic Rights (Gente Organizada para Exigir los Derechos Ambientales y Económicos) de San Francisco.

En mayo, los activistas Tohono O’odham encabezaron una caravana de protesta de 120 vehículos hacia la presidencia municipal de Sonoyta, que al parecer influyó en el voto de su consejo municipal en contra del proyecto y provocó una más amplia resistencia. La Choya sería localizada a 92.3 millas (149.5 kilómetros) hacia el suroeste de Tucson, Arizona, y aproximadamente a 53 millas (88 kilómetros) al este de Puerto Peñasco.

El 17 de noviembre, justo después de las protestas en los consulados, Stephen Owens, Director del Departamento de Calidad Ambiental del estado de Arizona (ADEQ), envió a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) una carta en la que afirma que una evaluación preliminar del impacto potencial del proyecto de Cegire sobre Estados Unidos no logra responder a las preguntas específicas de la nación Tohono O’odham. Owens sostiene que la evaluación, encargada por la EPA a los consultores estadounidenses Booz Allen Hamilton Inc., no tomó en cuenta los temas planteados por los O’odham en un documento emitido el 6 de junio, titulado “Preocupaciones en torno al propuesto Depósito para el Confinamiento de Desechos Peligrosos cerca de Quitovac, Sonora”.

La persistencia “de brechas de información de importancia” sobre “importantes cuestiones técnicas después de varios meses de discusiones con SEMARNAT y con otros proponentes del proyecto”, como ha sido identificado por los consultores “ha generado preocupación en los principales implicados (key stakeholders), como son la gente Tohono O’odham y los representantes de la comunidad del municipio mexicano de General Plutarco Elías Calles”, escribió Owens.

Él tuvo razón al clasificar a la Semarnat como uno de los proponentes del proyecto, aunque oficialmente esté encargada de ser una instancia reguladora y ejecutiva. A diferencia de las autoridades federales y estatales al norte de la frontera, sus contrapartes al sur de la frontera no sólo han actuado con sigilo, sino que han salido con ímpetu a defender el proyecto y a encubrir sus deficiencias.

El 7 de febrero en Monterrey, México, Flores Ramírez de Semarnat promovió a La Choya como “una solución a las necesidades” de los generadores y transportadores de desechos, durante una reunión de “Frontera 2012”, el programa ambiental para la región fronteriza de Estados Unidos y México financiado por la EPA. El delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Sonora, Ernesto Munro Palacio, fue citado por el diario nacional mexicano La Jornada comunicando que el municipio no tiene ningún plan de desarrollo de uso del suelo, por lo que los funcionarios estatales ya han aprobado todos los permisos necesarios para el confinamiento, y el municipio no tiene ya ningún derecho a decidir. Sin embargo, el municipio de hecho sí tiene un plan de desarrollo de uso del suelo y, por ley, debería tener voz en la toma de decisiones dentro de su jurisdicción.
La Agencia de Protección Ambiental estadounidense señala las deficiencias técnicas de la propuesta

Las dudas sobre los aspectos técnicos del proyecto adquirieron total relevancia cuando, el 9 de noviembre, la EPA dio a conocer públicamente la evaluación final de los consultores Booz Allen Hamilton. La evaluación ofrece suficientes argumentos para detener la resolución. Ésta plantea cuestionamientos sobre si la manifestación de impacto ambiental de Cegire siquiera cumple con los criterios oficiales, especialmente con respecto a los efectos sobre el agua en el desierto.

En la evaluación se afirma que, debido a las características hidrogeológicas de la zona, cualquier contaminación del agua superficial o subterránea causada por el depósito de confinamiento fluiría al suroeste de la ubicación escogida . Es decir, en la dirección del destino turístico de pesca de Puerto Peñasco—conocido como Rocky Point por los turistas estadounidenses—y hacia el Golfo de California o Mar de Cortés. El golfo es reconocido internacionalmente como el Acuario del Mundo, desde que el fallecido oceanógrafo Jacques Cousteau contribuyó a promover a tal grado sus características que, en 2005, sus islas y litorales fueron designados por la Unesco como sitios Patrimonio Natural de la Humanidad.

Según la mencionada evaluación, sin información hidrogeológica adicional o la instalación de pozos de monitoreo, el agua podría ser afectada en Quitovac. “La comunidad de Quitovac usa las aguas subterráneas de la zona como agua para beber. Una laguna de dos acres, descrita como ‘un complejo de manantial’ por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos, se encuentra en Quitovac. Además de ser culturalmente significativa, la laguna es también el hábitat para la Tortuga de Fango de Sonoyta, una especie en peligro. No hay información suficiente para determinar con seguridad si las aguas subterráneas que alimentan el manantial de Quitovac tienen alguna relación con el sitio propuesto para el confinamiento”.

Independientemente de la escasa documentación que el proyecto ofrece sobre los recursos de agua, su diseño debería ser replanteado para evitar la lixiviación. Además, “la ausencia de una detallada reglamentación sobre los procedimientos de operación para la recepción de desechos y el manejo de derrames de desechos líquidos peligrosos, limita la capacidad para evaluar la eficacia de los controles y prácticas de tratamiento propuestos para reducir las emisiones [de aire] en las instalaciones. El proyecto también genera preocupación en cuanto al impacto sobre la calidad del aire que podrían causar los accidentes como explosiones, incendios en gran escala, y las actividades de operación”. Se ha proporcionado información insuficiente para poder determinar la capacidad de las instalaciones “para prevenir, controlar, y responder a los incidentes que podrían causar emisiones de aire y el potencial transporte atmosférico”.

La mencionada evaluación continúa: “El manual de operaciones carece de la especificidad normalmente requerida bajo las normas estadounidenses para nuevas instalaciones”.

“El proyecto genera una preocupación en el sentido de que las aves migratorias transfronterizas serán afectadas debido al contacto con sustancias químicas tóxicas que resultará en su daño o mortandad”. Los Tohono O’odham han reportado la presencia de cigüeñas en la laguna de Quitovac, por ejemplo. “Sería necesaria información adicional para determinar si hay cualquier especie migratoria transfronteriza que sea potencialmente afectada”.

“La EPA tiene entendido que en los alrededores de Quitovac, Sonora, tienen lugar significativos medios y costumbres culturales, y recomienda que Semarnat discuta este tema directamente con el Consejo Legislativo de la Nación Tohono O’odham y con la Presidenta Vivian Juan-Saunders para determinar el impacto potencial y su posible mitigación”.

“Poca o ninguna información fue encontrada sobre varios aspectos del proyecto. Incluyendo, por ejemplo, procedimientos detallados relacionados con el tratamiento de desechos líquidos y sedimentos, y su colocación subsecuente en celdas de confinamiento”.

A pesar de las muchas críticas, la evaluación y las cartas de la Agencia de Protección Ambiental estadounidense fueron redactadas en una forma suave, en comparación con los comentarios indígenas. De una forma que no sorprende, dada su implicación en el proyecto, la condena por parte de la nación Tohono O’odham está entre las más estridentes y elocuentes. “Nos oponemos rotundamente a esta amenaza a nuestra forma de vida O’odham, debido al almacenamiento de químicos peligrosos en nuestros territorios sagrados y cercanos a nuestras tierras ceremoniales”, dijeron los líderes tradicionales O’odham de Sonora en un pronunciamiento escrito.

El hecho de que la nación O’odham esté constituida como un territorio de soberanía limitada bajo la jurisdicción estadounidense requiere que su gobierno “aliente (…) la armonía entre los miembros de la nación y el medio ambiente [y] promueva los esfuerzos que conservarán y protegerán el ambiente natural y cultural” del padrón tribal, independientemente de la ubicación de su residencia. Con un claro mandato por parte de los miembros tribales, el Consejo Legislativo Tohono O’odham unánimemente adoptó una resolución oponiéndose al proyecto, el 7 de junio de 2006. La presidenta Juan-Saunders lo firmó y lo envió a la Agencia de Protección Ambiental en una carta fechada el 26 de septiembre de 2006, con comentarios reiterando la posición de los O’odham.
México no está preparado para manejar desechos peligrosos

México tiene sólo un sitio comercial de confinamiento de residuos peligrosos, localizado cerca de la norteña e industrial ciudad de Monterrey: en Mina, Nuevo León. El país no está en condiciones de abrir otros. No cuenta con normas nacionales obligatorias para reportar escapes y transferencias industriales de sustancias tóxicas. México ha hecho compromisos internacionales de establecer un inventario de sustancias tóxicas como aquéllos con los que cuentan los otros países que pertenecen a la Organización de Cooperación Económica y Desarrollo (OCDE) y al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Pero los funcionarios y representantes de las cámaras empresariales se oponen a las normas propuestas por los grupos de interés público, con el fin de hacer del registro público un instrumento eficaz para decidir dónde ubicar sitios de confinamiento. Por consiguiente, cualquier estadística que las autoridades publiquen sobre la generación de desechos tóxicos industriales no tiene ninguna base en los hechos y es estrictamente especulativa.

Es más, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de 2003, es considerada por los ambientalistas como débil, y aún falta que sea completamente instituida a nivel de los estados. La ley no incorpora ningún reglamento escrito que, en una legislación comparable de Estados Unidos, implicaría garantías de seguridad u otras actividades mandatadas. Y aún cuando éste existiera, los funcionarios son los primeros en admitir que el gobierno no tiene suficientes recursos para encargarse de su adecuada ejecución, a fin de alcanzar la responsabilidad.

La ley federal sobre residuos, así como La Ley general del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de México ordenan a las autoridades priorizar la disminución de los insumos tóxicos de las fábricas y los talleres. De acuerdo con las mejores esperanzas de los ambientalistas, la legislación demanda la reducción, la reutilización y el reciclaje, dejando el confinamiento de materiales peligrosos como algo a ser realizado como último recurso.

Sin embargo, en realidad, los funcionarios ambientales han hecho justo lo contrario. Desde la administración del presidente Ernesto Zedillo y hasta ahora, ellos han impulsado activamente una política que favorece, de buen o mal grado, las propuestas del sector privado para sitios de confinamiento de desechos industriales, al tiempo que han hecho muy poco para fomentar las medidas o instalaciones para la reducción, la reutilización y el reciclado. Esto ha tenido implicaciones desastrosas para los inversionistas, la vida de las comunidades, y la salud pública.
Contraproducente la promoción de las autoridades mexicanas de los confinamientos de sustancias tóxicas

A finales de los años 90, el gobierno federal promovió la construcción de un confinamiento de residuos industriales tóxicos, privado, en La Pedrera, en el municipio rural de Guadalcázar, en el estado de San Luis Potosí, en el centro del país. Los habitantes locales se manifestaron repetidamente contra éste cuando descubrieron que habían sido engañados sobre su verdadero objetivo. El gobierno municipal detuvo el proyecto, negándose a otorgar el permiso para construir. Y la empresa Metalclad de California demandó a México conforme a la ley del tratado internacional para inversión perdida. Los contribuyentes están sufragando la factura por la demanda legal y los desechos tóxicos permanecen en las instalaciones (que nunca entraron en funcionamiento), para contaminar a la comunidad.

Después, Metalclad trató de abrir un confinamiento de desechos industriales tóxicos en el municipio rural de El Llano, en el vecino estado de Aguascalientes. Los representantes de la empresa engañaron a la población haciéndoles creer que el desarrollo sería un confinamiento municipal para los desechos domésticos. Una vez que se supo la verdad, los habitantes participaron en un plantón de toda una semana en las puertas del sitio propuesto. Los funcionarios del municipio enviaron una carta al gobernador del estado, manifestando su oposición a las instalaciones. El conflicto creció al grado de que incluyó un suicido, del que se culpó a la división creada en la comunidad por la propuesta. La empresa abandonó el riesgoso negocio. Los inversionistas, que perdieron dinero, estaban furiosos por ambos negocios fracasados.

En ambos casos, los habitantes locales de estas comunidades agrarias se enojaron ante la idea de aceptar los peligros de desechos generados por un distante desarrollo que no los benefició. Ellos identificaron amenazas ambientales y sociales que no se mencionaron en las manifestaciones de impacto ambiental, y además se sintieron agraviados por las tácticas utilizadas para lograr la aprobación de los proyectos sin su participación en la toma de decisiones. Las organizaciones no gubernamentales se convirtieron en interlocutores importantes, ya que las comunidades estaban enfrentando desafíos imprevistos. Este mismo patrón se está repitiendo en La Choya.

El municipio de General Plutarco Elías Calles es una pieza central del sensible desierto sonorense , un ecosistema apreciado por ambientalistas de todo el mundo y un foco de actividades transfronterizas de protección del medio ambiente. Forma parte de un propuesto parque nacional. Como patria de los Tohono O’odham y otras tribus durante siglos, cuenta entre su flora con el saguaro, el ocotillo y el cactus cholla, así como con una rica diversidad de animales salvajes.

La Reserva de la Biosfera El Pinacate, a aproximadamente 46 millas (77 kilómetros) al noroeste de la Choya, es una prominente atracción en el área, que se distingue por sus conos volcánicos de ceniza, cráteres y campos de lava. La ciudad fronteriza de Sonoyta (con 12,000 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática-INEGI) es la sede del gobierno y el principal paso de frontera para los turistas estadounidenses hacia y desde Puerto Peñasco.

“Sonoyta es un municipio limpio hablando ecológicamente, donde la actividad industrial es nula, y el paso del turismo de Estados Unidos hacia Puerto Peñasco es considerable, con la posibilidad de desarrollar proyectos turísticos futuros”, dice el ex funcionario municipal Ernesto Castro Hernández. “No podemos permitir que primero nos contaminen, y después nos prometan desarrollo, esto es ir en contra de una verdadera planeación del desarrollo municipal”.

Después de numerosas protestas en contra de la propuesta del depósito de confinamiento, los residentes de la zona solicitaron, con éxito, que cuando se fuera a votar el permiso de uso de suelo, la reunión de cabildo fuera pública y abierta. Aproximadamente 600 ciudadanos se presentaron. El voto en contra del permiso fue unánime.

En la última década, los habitantes de ambos lados de la frontera internacional han apelado al Acuerdo de La Paz para ganar batallas en contra de las defectuosas propuestas de los desarrolladores para establecer sitios de confinamiento de desechos tóxicos en Spofford y en Dryden, en Texas, así como para un vertedero radiactivo en Sierra Blanca, también en Texas. Este acuerdo fronterizo puede ser crucial en el caso de La Choya. Además, la Semarnat sigilosamente ha aprobado otras seis propuestas de sitios de confinamiento de desechos peligrosos. Aquellos cuya ubicación sería en los estados de Baja California y Coahuila estarían sujetos a los términos y condiciones del acuerdo, mientras que el que se planea para el estado de Hidalgo estaría exento, debido a su distancia de la frontera.

La Asociación de Organizaciones no Gubernamentales No-Alineadas del Estado de Sonora sostiene que una alternativa viable sería la regulación, garantizando la vigilancia pública y el control estricto de las importaciones industriales, así como de los insumos para la producción. También el regreso de las sustancias tóxicas al lugar en que fueron originadas, y el confinamiento, con la mejor tecnología disponible, de los desechos restantes en instalaciones controladas, no subterráneas, que son más fáciles de ser monitoreadas. Los inversionistas han argumentado que tales procesos son demasiado caros. Pero, una declaración de la asociación concluye: “Nada puede ser más costoso que la pérdida de nuestros seres queridos y el deterioro del entorno, especialmente cuando anteponemos los intereses económicos a la vida”.

– Talli Nauman es una analista ambiental del Programa para las Américas (es fundadora y co-directora del proyecto internacional de medios de comunicación independientes Periodismo para Elevar la Conciencia Ambiental, iniciado en 1994 con el apoyo de la Fundación John D. and Catherine T. MacArthur). Traducción por: Priscila Pacheco

Recursos

Semarnat
www.semarnat.gob.mx

Frontera 2012
www.epa.gov/usmexicoborder

Red Ambiental Indígena (Indigenous Environmental Network)
www.ienearth.org

Consejo Internacional de Tratados Indios (International Indian Treaty Council)
www.treatycouncil.org

GreenAction
www.greenaction.org
(415) 248-5010

O’odham Rights Cultural and Environmental Justice Coalition
uyarivas@hotmail.com
(520) 471-3398

Historia de los conflictos por el confinamiento de sustancias tóxicas y radiactivas en la región de la frontera Estados Unidos-México
www.laneta.apc.org/emis/sustanci/confinam

– Talli Nauman, “Public Due Consideration on New U.S.-Mexico Border Toxic Waste Site Proposal,” (Silver City, NM: International Relations Center, February 27, 2006).
www.americas.irc-online.org/am/3127

Fuente: Programa de las Américas del International Relations Center (IRC)
www.ircamericas.org