Funcionarios orientales confirmaron el despliegue preventivo de militares en Fray Bentos. A su vez, se presentó una demanda en la Corte La Haya para que Argentina cumpla con el Tratado de Asunción del Mercosur.

El vicepresidente uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, confirmó este miércoles la primicia de un diario local acerca de que Tabaré Vázquez había ordenado el despliegue de efectivos de la guardia de infantería en Fray Bentos para resguardar las inversiones de la transnacional finlandesa Botnia en esa localidad. Según el funcionario, la medida no debe interpretarse como una “ostentación de fuerza” frente al país vecino, sino como una actitud “defensiva y preventiva” por las amenazas de “algunos ciudadanos de Argentina”.

Nin Novoa se refería, concretamente, a declaraciones aisladas de los ambientalistas que bloquean el puente internacional General San Martín: "Del otro lado algunos representantes de la asamblea de Gualeguaychú han dicho que puede aparecer un Bin Laden”, subrayó el vicepresidente.

La prensa uruguaya, agregando un argumento extra al asunto, recordó que el fin de semana pasado uno de los dirigentes asambleístas, Miguel Campostrino, aseguró al diario El País de Montevideo que "sin exagerar, ahora mismo, hay más de mil personas dispuestas a cruzar y hacer lo que sea" para boicotear la instalación de la pastera.

Por su parte, el prosecretario de la Presidencia y hermano de Tabaré, Jorge Vázquez, ratificó las aclaraciones de Nin Novoa al sostener que la movilización del Ejército no implica, en ningún sentido, que exista un temor de ataque militar desde Argentina. "Nosotros no estamos custodiando la construcción, estamos custodiando un predio y se quiere evitar cualquier incidente", y agregó, además, que “cuando alguno supone que algo puede pasar hay que tomar medidas precautorias".

Mientras los funcionarios cercanos al presidente uruguayo daban explicaciones sobre el despliegue militar en Fray Bentos, delegados del mismo gobierno avanzaban por canales jurídico-internacionales. El embajador en los Países Bajos, Carlos Mora, efectivizó una demanda contra la Argentina en la Corte Internacional de La Haya a raíz de los cortes de ruta en los pasos fronterizos, optando así por la misma estrategia que utilizó el gobierno de Néstor Kirchner hace unos meses atrás.

En un extenso escrito, Uruguay relata con lujo de detalles cada uno de los bloqueos realizados hasta el momento y pide medidas cautelares para que Argentina cumpla con las obligaciones suscriptas en el Tratado de Asunción del Mercado Común del Sur (Mercosur), cuyo texto establece "la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países".

La Corte, por su parte, dio curso al expediente y convocó a ambas partes para que el 18 y 19 de diciembre próximos se presenten en Gran Salón de Justicia del Palacio de la Paz en La Haya para exponer sus posiciones. Según los propios cálculos de las autoridades orientales, antes del 15 de enero de 2007, el tribunal internacional debería dictar un fallo sobre el tema.

De obtener un dictamen favorable en esta instancia, Uruguay tendría en sus manos un nuevo fundamento para la presentación de sus alegatos en la causa que inició Kirchner en la misma Corte por posible contaminación y violaciones al Estatuto del Río Uruguay, firmado entre ambos países en 1975. Y, de esta forma, también avanzaría en una demanda para reclamar indemnización por los daños que producen los bloqueos a la economía uruguaya.

Recordemos que en el mes de julio pasado, el tribunal de La Haya desestimó por 14 votos contra 1 el pedido argentino de frenar la construcción de las plantas de Botnia y Ence hasta que el organismo expidiera un fallo sobre la causa. Sin embargo, la demanda argentina siguió su curso con un plazo de seis meses para que el gobierno de Kirchner presentara los argumentos de sus acusaciones contra el país de la otra orilla. Ese plazo vence el 15 de enero de 2007.

Justamente, este miércoles, la agencia argentina TELAM informó que el canciller Jorge Taiana se reunió en París con el equipo de trabajo encargado de la elaboración del “Plan de la Memoria”, el documento que se presentará en La Haya con la postura jurídica y técnica del gobierno nacional frente al conflicto de la celulosa. El ministro argentino se encargó de analizar los últimos acontecimientos con el grupo de trabajo, integrado por funcionarios de la cancillería y abogados especialistas en derecho internacional: Alain Pellet (Francia), Philippe Sands (Inglaterra), Marcelo Kohen (Argentina) y Laurence Boisson (Suiza).

No obstante, desde la cancillería aseguraron que el grupo de asesores se mantiene “absolutamente al margen” de los cruces mediáticos que rodean el conflicto y que el trabajo se concentra en la pastera que construye Botnia, ya que Ence decidió meses atrás mudar su planta de Fray Bentos.

De hecho, las autoridades argentinas ya tienen en su poder un nuevo estudio de impacto ambiental sobre la pastera de Botnia, cuyo informe será presentado como prueba ante La Haya. Según trascendió, el estudio fue realizado por técnicos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) bajo la dirección del ingenio químico Jorge Rabinovich, docente de esa misma casa de estudios.

Seis meses después de la presentación de pruebas argentinas, es decir en julio del año que viene, será el turno de Uruguay de pronunciar sus alegatos (o “contramemoria”). El gobierno de Tabaré Vázquez llegaría a esa instancia con un fallo previo de la Corte en relación a los cortes fronterizos que, según creen los especialistas orientales, podría favorecer su postura en un dictamen final del tribunal internacional.

Fuente: Agencia Periodística del MERCOSUR (APM), Mar del Plata / Argentina
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