Informa La Nación que, según datos de la más reciente Encuesta Nacional de Hogares, el porcentaje de familias pobres disminuyó en un punto porcentual entre julio de 2005 y julio de 2006: de 21,2 a 20,2%. La misma cantinela de los últimos 10 años.

Oficialmente, poco más o menos una quinta parte de las familias costarricenses es pobre. Y esa proporción se muestra reticente e imperturbable. Lo mismo le da que aumenten la exportaciones y la inversión extranjera –como usualmente lo hacen año con año– o que se reduzca o crezca el déficit fiscal. Es sintomático que la provincia de Guanacaste sea la más pobre y aquella en la que se registró un incremento más agudo de los índices de pobreza (del 29,3 al 34,4%). Justo cuando en esa región florece la inversión inmobiliaria, se construyen hoteles de cinco estrellas y condominios gigantescos… mientras se privatizan playas y se arrasa con la naturaleza. Material de sobra para redundar en lo que ya sabemos: la estrategia neoliberal está diseñada para concentrar riqueza, con lo que, en el mismo proceso, lanza hacia sus límites, y literalmente expulsa, amplios segmentos de la población.

Sí; ya lo sabíamos. En cambio, no es cosa de la que se enteren los poderosos altavoces mediáticos de la desinformación y toda esa fauna de “analistas” oficiales dedicados a vestir la mona de seda.

Pero hasta en el mejor de los casos, esos datos tan solo ofrecen una verdad a medias. Baste constatar que para que usted desaparezca de las estadísticas oficiales de pobreza, es suficiente con que el ingreso promedio de cada miembro de su familia, alcance 47.100 colones mensuales en la zona urbana o 38 mil en la rural (alrededor de US $92 y US $74 respectivamente). Este sistema –que el neoliberalismo idolatra– presiona al consumo en forma demencial. Y, paradójicamente, es el mismo sistema que considera que con medio alimentarse ya se dejó de ser pobre.

Y aparecen las medias mentiras. Así, nos hablan de porcentajes de familias pobres en vez de porcentaje de personas pobres. Tengan ustedes por seguro que si se hablara de esto segundo, los índices aumentarían en unos 3 o 4 puntos porcentuales, ya que no es inusual que las familias de bajos ingresos sean más numerosas que las de ingresos medios y altos. Así, los datos serán un tantito más crudos, pero también ligeramente más cercanos al drama humano implicado. Llover sobre mojado; esta es, tan solo, otra triquiñuela para disimular el desastre que vivimos. Similar con las formas como nos presentan la desigualdad: comparan el quintil superior de ingresos con el inferior, en vez de hacerlo –que sería ligeramente más exacto– con el decil más alto y el más bajo. Otra monita vestida de seda.

Más gorilas luciendo traje entero en páginas de La Nación. Por ejemplo, el que nos ofreció Amparo Pacheco, Viceministra de Comercio Exterior. Ya Francisco Escobar puso en su lugar, algunos asuntos álgidos que la Viceministra “olvidó”. Me referiré a otros detalles, con la aclaración de que ya aquí entramos en el terreno de las mentirotas de cuerpo entero. El argumento de Pacheco discurre más o menos así: las leyes en Costa Rica prohíben el comercio de armas; tal legislación no ha sido modificada por el TLC; además, el artículo 21.2 del Tratado posibilita tomar medidas restrictivas en esa materia por razones de “seguridad nacional”.

Es un planteamiento insostenible y falto de toda seriedad. Veamos: toda ley que restrinja el comercio con Estados Unidos es contradictoria con el Tratado; por lo tanto, y en vista del superior estatus jurídico que este posee, se mantendrá vigente solo si el propio Tratado lo indica. Así procedieron El Salvador, Guatemala y Honduras en relación con su normativa interna de control de armas; Costa Rica no lo hizo cuando, más bien, incluyó, explícitamente, rubros de productos militares abiertos al libre comercio. La conclusión es clara: cualquier ley que intente prohibir o limitar ese comercio, no se sostiene ante las obligaciones contenidas en el TLC.

La presunta “salvada” que aporta el artículo 21.2 descansa sobre bases extremadamente endebles. Invito al lector o lectora a que lo revise. Se utilizan términos imprecisos, abiertos a la interpretación. A fin de cuentas, como he indicado en un artículo previo, solo existe una instancia con capacidad para darle un significado inteligible a un artículo con tales características: la súper-Comisión de Libre Comercio creada en el capítulo 19. Ya sabemos quiénes conforman y cómo funciona tal Comisión.

Remitámonos entonces a otro orangután en traje de gala que La Nación y un asesor del COMEX nos ofrecieron el pasado 30 de octubre. Este referido a la susodicha supercomisión. Es risible… aunque trágico. Primero el tono, así, como pudoroso y angelical, del discursito del asesor. Se ve que están convencidos de que somos una manada de estúpidos. Luego la amnesia (síntoma característico de nuestras clases dirigentes, de Figueres Olsen para acá). Se le “olvidó” que la supercomisión tiene superpoderes: interpreta el Tratado y goza del privilegio de que tales interpretaciones sean pieza jurídica obligatoria para los tribunales internacionales de arbitraje.

Pero nada como el trabalenguas al que se recurre (es lo usual en un Tratado que juega a las escondidas en un laberinto de ambigüedades y acertijos). En concreto, el asesor se refiere al artículo 19.1.5, que, literalmente, dice: “La Comisión establecerá sus reglas y procedimientos. Todas sus decisiones se tomarán por consenso, a menos que la Comisión decida otra cosa”. En español de Purral esto se traduce más o menos así: “la Comisión funcionará como le da la gana; decidirá por consenso pero, si le da la gana, decidirá de otra forma”. Clarísimo, ¿No?

Y teniendo a Papi-Tío Sam en frente, ¿Se imaginan a doña Amparo (o a su jefe, don Marco Vinicio), plantándoles cara y golpeándoles la mesa a los gringos? ¿Puedo reírme?

Fuente: http://www.tribunademocratica.com/2006/11/verdades_a_medias_medias_mentiras.htm

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