El nuevo presidente ecuatoriano, Alfredo Palacio, ha tomado las riendas de un país cuyas instituciones democráticas se encuentran fragilizadas y con la Corte Suprema de Justicia vacante. El nuevo gobierno carece de fuerza política, pero cuenta con un respaldo popular, crítico y vigilante que espera que tome medidas efectivas para frenar la corrupción y politiquería en estas instituciones. Y de hecho, antes siquiera de poner el pie en el Palacio Presidencial de Carondelet, el mandatario anunció que la primera prioridad de su gobierno será devolver a la legalidad a estas instituciones, para luego buscar reforzar su legitimidad. No ofrece adelantar las elecciones, pues la sucesión constitucional prevé que complete el mandato, que termina a inicios del 2007. Además, ha señalado que el país requiere de una reforma electoral, para no perpetuar el actual sistema político deslegitimado.

Palacio, médico guayaquileño sin afiliación partidaria, electo vice-presidente en binomio con Lucio Gutiérrez en 2002, fue nombrado presidente por el Congreso dentro de la sucesión constitucional, el 20 de abril, luego de que este organismo, por una mayoría simple, cesó al presidente por “abandono del cargo”. Si bien la legalidad de este gesto es cuestionado en algunos sectores, ha sido justificada por amplios sectores del país, -incluidos las fuerzas armadas y la conferencia episcopal- dada la situación de insurrección general que reinaba en la capital, y bajo el argumento de que en la práctica se vivía una dictadura. Pues, Gutiérrez violó la Constitución, en diciembre pasado, cuando llamó a un Congreso extraordinario para destituir a la Corte Suprema de Justicia, y luego cuando él mismo destituyó la nueva Corte por decreto, este 15 de abril.

Atentado a la institucionalidad

De hecho, tales violaciones no fueron sino nuevos pasos en un proceso de desinstitucionalización progresiva, iniciado desde mucho antes. No obstante lo previsto en la nueva Constitución, adoptada en 1998, que no permite al Congreso ninguna injerencia en la función judicial, las maniobras partidistas significaron que el Partido Social Cristiano (PSC) logre mantener el control de la Corte Suprema; lo mismo sucedió con el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo Electoral, y ello mucho más allá de los plazos previstos. Las respuestas desde el Congreso fueron percibidas por la población más como un intento de lograr un nuevo “reparto de la torta” entre fuerzas políticas, que una real intención de aplicar la Constitución; con lo cual los partidos políticos, y el propio poder legislativo, se hundieron en el desprestigio.

El gobierno, sin embargo, solo tomó cartas en el tema cuando se rompió su alianza tácita con el PSC, partido de León Febres Cordero, en noviembre pasado, logrando formar una nueva mayoría en el Congreso con los partidos populistas, el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) de Abdalá Bucaram, el Partido Renovador Institucional Acción Nacional -PRIAN-, del magnate Álvaro Noboa, y el Movimiento Popular Democrático (izquierda populista). Con esta alianza, derrotó la intención del PSC, aliado con la Izquierda Democrática y el Movimiento Pachakutik, de instituir un juicio político contra el presidente.

El paso siguiente era quitarle al PSC su control de las instituciones del Estado, que conllevó a la votación inconstitucional en el Congreso del 8 y 9 de diciembre pasado, que nombró una nueva Corte Suprema de Justicia, Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo Electoral, y de pasó permitió a Gutiérrez concentrar el control sobre estos tres poderes fundamentales. Pero siendo una mayoría parlamentaria que -según múltiples denuncias- habría sido basada más en la compra de conciencias (de los diputados independientes) y las prebendas (para los partidos), que en una coincidencia de programas, la cotización de los votos fue subiendo al punto que se volvía insostenible. Para el PRE, que copó la presidencia de la Corte Suprema, fue la oportunidad soñada para anular los juicios por corrupción contra Abdalá Bucaram y facilitar su regreso del exilio, error que le iba a costar muy caro a Gutiérrez. En efecto, la llegada triunfante del ex presidente al país, el 2 de abril, fue la gota que derramó el vaso de la indignación de la población quiteña, que aún recuerda como Bucaram y sus allegados huyeron del Palacio llevándose sacos de dinero del Estado. Con ello, el rechazo a la Corte de facto se generalizó.

El hecho que los últimos tres presidentes electos en las urnas no hayan podido completar su mandato -Bucaram, Jamil Mahuad y ahora Gutiérrez-, no es sino un síntoma de la frágil institucionalidad política, en la cual un factor determinante ha sido la imposición de políticas económicas, en beneficio de intereses particulares y de los acreedores internacionales. El propio Palacio, en conversación con la prensa extranjera, horas antes de la caída de Gutiérrez, se refirió en términos muy duros a lo que calificó de “plan diabólico destinado a producir la demolición de la mayor parte de las instituciones fundamentales de la democracia ecuatoriana”. Dijo no poder determinar con exactitud a los autores de este plan, por la mezcla de intereses visibles e invisibles involucrados, pero que se impone analizar quienes se benefician. Criticó a “todo aquel que trata de salvar a grupos, en lugar de salvar a la nación”. En particular, fustigó al sistema financiero internacional especulativo, que “nos ha hecho muchísimo daño”, y que “se infiltra en la mayor parte de países”, logrando acumular poder.

El rol dirimente que cumplen las Fuerzas Armadas en el desenlace de cada crisis es otra muestra de la fragilidad institucional: poder que les es atribuido, entre otros, por los propios actores sociales y políticos, que las llaman a intervenir e incluso las fustigan cuando se quedan con los brazos cruzados. Este reconocimiento -nada típico en la región- tiene que ver con el alto grado de credibilidad que los militares han logrado mantener. Luego de la dictadura (relativamente blanda) de los años 70, se replegaron ordenadamente, sin mayor desgaste, entregando el poder a un gobierno constitucional. Durante más de dos décadas, han desplegado un cuidadoso trabajo de imagen, colmado por el prestigio que les significó ser héroes de la guerra del CENEPA (con Perú, en 1995). Como resultado, disputan con la iglesia el primer puesto en las encuestas sobre la credibilidad de las instituciones del país, generalmente con un porcentaje muy por encima de las instituciones políticas.

¿Cambio de rumbo?

Alfredo Palacio, quien desde el inicio del gobierno de Gutiérrez se distanció de su co-mandatario, criticándolo por el abandono de su programa electoral de desarrollo social y combate a la corrupción, ha anunciado un cambio en el rumbo de las políticas de gobierno, que podría significar un cierto alejamiento del modelo neoliberal y una mayor autonomía frente a EE.UU. No obstante, su margen de maniobra es estrecho, y cualquier política de cambio tendría que contar principalmente con el respaldo de los sectores que se movilizaron contra Gutiérrez. Reconocer que la ciudadanía es una fuerza importante, que debe tener participación en los planes que elaboren los partidos políticos y en el gobierno. Así, para lograr cambios, propone organizar mesas de diálogo en todo el país sobre las reformas necesarias, para desde allí formular las preguntas para una consulta popular. Ha anunciado, además, que no tratará de pactar con los partidos políticos, sino que dará a conocer públicamente los proyectos que presente al parlamento, e invitará a la población a hacer presión sobre sus diputados.

Mientras tanto, Palacio aún no ha superado el riesgo de aislamiento internacional. Los gobiernos de América Latina se muestran reticentes a reconocer explícitamente a un gobierno surgido de una revuelta popular (temor al contagio mediante). EE.UU., a través de su Secretaria de Estado, Condoleezza Rice, a la vez que llamó a “apoyar un proceso democrático, constitucional”, insistió en la necesidad de adelantar las elecciones. Es evidente que EE.UU. no ve con buenos ojos la pérdida de uno de sus aliados más incondicionales en el continente, sobre todo si se confirma una postura más independiente del nuevo gobierno.

Entre las políticas que anuncia Palacio, se contempla una reforma del presupuesto del Estado y de la política económica, para priorizar las metas sociales. El presidente opina que el país debe invertir en salud, educación, ciencia y tecnología, protección social y en la reactivación productiva con miras a disminuir la dependencia de la exportación petrolera. Y de hecho los primeros nombramientos a su gabinete parecen ratificar este giro. El flamante Ministro de Economía, Rafael Correa, intelectual conocido por sus críticas frente a la dolarización y al Tratado de Libre Comercio -TLC- que se negocia con EE.UU., se comprometió en sus primeras declaraciones a no privatizar el petróleo y a fortalecer a la empresa estatal Petroecuador. Si bien reconoció que no existen las condiciones para abandonar la dolarización, se opuso a la recompra de los bonos de la deuda externa, y consideró que el excedente del ingreso por las exportaciones petroleras, que percibe el país por el alto precio en el mercado internacional, debe destinarse en su mayor parte a la inversión social. Toda vez, ello requeriría de un cambio en la Ley de Responsabilidad Fiscal, la cual obliga a limitar el incremento del gasto público al 3,5% anual.

Con respecto al Tratado de Libre Comercio con EE.UU., Correa propone volver a revisar toda la negociación. Por su parte, Palacio ha reconocido que los acuerdos comerciales son ineludibles, pero que los países no deben negociar en condiciones de esclavitud. Considera que el equipo negociador debe ser fortalecido para negociar en temas de aranceles y subsidios, además de temas como la deuda, la transferencia tecnológica y la propiedad intelectual. Respecto a esta última, como médico, enfatiza especialmente en la necesidad de establecer salvedades para la salud pública y de restringir las patentes en materia de ingeniería genética, que implican patentar la vida. Mencionó, además, que el TLC podría ser tema de una consulta popular.

Varios de los cambios urgentes y fundamentales dependen del Congreso. Este es ahora uno de los principales blancos de las presiones populares, cuyo grito en las calles comenzó con “Lucio fuera”, y terminó exigiendo “que se vayan todos”. El nuevo Presidente ha dicho tajantemente que no disolverá ningún otro poder del Estado. Pero las bancadas parlamentarias de algunas de las fuerzas políticas que derrocaron a Gutiérrez han indicado que estarían dispuestas a renunciar, aunque no sin antes dejar establecidas las condiciones básicas para el funcionamiento democrático. Ello incluye, como medidas urgentes, establecer un mecanismo para nombrar a la Corte Suprema de Justicia, que quedó vacante desde que, el día 18, el Congreso reconoció como inconstitucional lo actuado por él mismo en diciembre. La población movilizada está vigilando que no se caiga en un nuevo reparto de puestos entre partidos. También se impone la revisión del nombramiento irregular del Tribunal Constitucional (algunos de cuyos miembros ya ofrecieron su renuncia) y del Tribunal Supremo Electoral. Además, el Presidente debe enviar una terna para nombrar el nuevo Fiscal de la Nación, y está pendiente además el nombramiento del Contralor. Si el Congreso espera recobrar su capacidad de actuar, y algún grado de credibilidad, como primer paso, se impone con urgencia una depuración interna, lo que estos mismos partidos han anunciado su intención de efectuar.