Hasta ahora y a pesar de las demoras en su implementación a cabalidad Transantiago ha sido un buen negocio para algunos. BancoEstado, Banco Santander, Banco de Crédito e Inversiones, Banco de Chile, Sonda y CMR Falabella, operarán como Administradores Financieros del Transantiago (AFT), gracias al sistema de tarjetas Multivía. Ganarán millones de dólares en la implementación y operación del sistema. Pero hay dudas sobre la legalidad de la licitación que ganaron estas entidades financieras.

Según los gremios del transporte, el pasaje aumentará. La tarifa saldrá del valor de los servicios prestados por las empresas de buses, el costo operacional que cobrará el AFT por gestionar los recursos y su remuneración fija asociada a la red de carga, más el valor por el sistema de gestión que incluye la atención de millones de pasajeros al día. AFT administrará, recaudará y distribuirá los ingresos entre los operadores. Además comercializará la tarjeta Multivía, proveyendo, manteniendo y operando todo el equipamiento necesario para el funcionamiento de la tarifa integrada, custodiando la Reserva Técnica Operativa que -se dice- asegurará la estabilidad del sistema. AFT también deberá “proveer de la tecnológica asociada al apoyo a la gestión operativa de los futuros concesionarios”. Este último punto se ha convertido en el entuerto. AFT tendrá a su cargo la gestión de por lo menos 5 millones de tarjetas Multivía, equivalentes a los viajes diarios que realizan los pasajeros del transporte público de Santiago.

Son más de 700 millones de dólares al año, según las propias palabras del ex subsecretario de Transportes, Guillermo Díaz. Y esas cifras podrían aumentar. Pero el negocio redondo del consorcio podría venirse abajo. El año pasado y ante los primeros problemas de recorridos y demoras en el Transantiago, el diputado Pedro Sainz (PPD), atribuyó los inconvenientes a una mala evaluación técnica y a la manera cómo se licitó: “No se consideró la experiencia de las empresas ligadas al transporte y, por lo tanto, no hay una medición efectiva del tipo de empresa que se necesita para un transporte de calidad. Queda demostrado que aquí lo único que se consideró fue el factor económico”.

Siguen las postergaciones Las autoridades anunciaron que el 10 de febrero de 2007 se iniciará la fase final de Transantiago. Según el ministro de Transportes, Sergio Espejo, pronto -en octubre- se implementará el Sistema de Información y Atención al Usuario (Siaut). Todas las obras de infraestructura vial pendientes deberán concluir antes de febrero. No parece posible conociendo las negligencias del MOP, el Serviu y los municipios. Según las autoridades se pondrá en marcha el pago de pasajes con “tarjetas magnéticas” y en diciembre todos los buses “contarán con la tecnología necesaria”. Tampoco parece muy real el anuncio. “Transantiago parte en febrero sí o sí”, ha dicho el ministro Espejo. Pero las empresas SuBus y Red Bus aún no llegan a un acuerdo con las autoridades tras alegar que la última “postergación” del plan -que debería haber estado en marcha en octubre de 2006- se les generó problemas financieros. Quieren ser “indemnizados”. El dueño de SuBus, el empresario y ex dirigente camionero Héctor Moya, militante de RN y ex MAPU durante el gobierno de la Unidad Popular; y Red Bus, encabezada por el cuestionado empresario UDI José Yuraszeck están presionando a las autoridades para ser compensados económicamente.

En mayo pasado, tras la sesión de la Comisión de Obras Públicas y Transportes de la Cámara de Diputados, ocho de las diez firmas llegaron a un acuerdo con las autoridades. SuBus y Red Bus anunciaron que iniciarían acciones legales.

A mediados de mayo también se dijo que TransValparaíso estará operativo desde el segundo semestre. La Secretaría Regional Ministerial de Transportes recién seleccionó a las empresas y declaró tres recorridos “desiertos”. Es muy posible que los plazos estipulados también sean modificados a última hora. Las empresas seleccionadas fueron Trolebuses de Chile S.A., Transportes Fenur S.A., Viña Bus S.A., Sociedad de Transportes Sol y Mar S.A., Viña Bus S.A., Buses del Gran Valparaíso S.A. y Transportes de Pasajeros Top Tur S.A. “No corresponde indemnizar a nadie porque el sistema permite cambios en su partida.

El fisco no tiene responsabilidades en esta materia. Si alguien pretendiera hacerlas exigibles, pues tendrán que resolverlo los tribunales”, dijo el ministro Ricardo Lagos Weber en clara alusión a Héctor Moya y José Yuraszeck. De paso, exigió explicaciones a los empresarios: “Hay cuestiones que aún no están al día”.

La Presidenta Bachelet no se quedó atrás y dijo: “Asumiremos la responsabilidad de tomar esta decisión, pero también los usuarios y los empresarios. Transantiago es un paquete de iniciativas, obras públicas, información a los usuarios, tarjetas de pago, en fin, todo un sistema. No es posible que una parte se inicie mientras la otra no funciona. Hay dos licitaciones que se han atrasado porque hubo que declarar desierta una de ellas”. Y qué dirá el gobierno de esto. El Administrador Financiero del Transantiago (AFT) fue adjudicado por el Ministerio de Transportes al BancoEstado y un grupo de entidades bancarias, entre estas la empresa Sonda.

El empresario Andrés Navarro -quien apoyó a Sebastián Piñera en la última elección presidencial- es dueño de Sonda y posee importantes contratos con el Registro Civil y otras ramas del Estado. Sonda, NEC Chile y BancoEstado han sido acusados por la empresa Transporte Inteligente Intermodal (TIMM) -propiedad del empresario mexicano Carlos Slim y del ingeniero chileno Roberto Sone-, de “apropiación indebida de información y tecnología” obtenida para ganar la licitación pública del sistema AFT.

Un caso de “espionaje industrial”

Un grupo de abogados del estudio Chadwick & Aldunate presentó ante el 23º Juzgado Civil de Santiago pruebas y documentos intercambiados entre estas empresas antes y durante el proceso de licitación. La apropiación de información y tecnología fue clave para que Sonda, NEC Chile y BancoEstado se adjudicaran la licitación del AFT, sistema de control de pagos en el que los usuarios utilizarán tarjetas Multivías.

Según La Tercera, Sone -MSc. en ingeniería de producción especializado en robótica-, a mediados de 2002 viajó a La Habana invitado por el Ministerio de Industria y Tecnología de Cuba. Allí sostuvo una serie de encuentros con expertos en informática y la creación de equipos electrónicos. La idea de Sone era reemplazar el dinero por una tarjeta magnética. “Un alto dignatario” del Palacio de la Revolución se habría contactado con el millonario Carlos Slim, quien finalmente lo contrató para implementar el sistema junto al departamento de Tarjetas Inteligentes de Inbursa, banco de su propiedad. Slim es dueño de Telmex, Telcel y Smartcom y de una fortuna que se calculaba hace algunos años en 7.400 millones de dólares, la tercera más grande del mundo según la revista Forbes. TIMM desarrolló “soluciones tecnológicas” y posee “patentes de invención” desarrolladas para funcionar como una solución técnica para el AFT. Un 55 por ciento de TIMM es propiedad del grupo Inbursa -cuyo dueño es Slim-, y el 45 por ciento restante está en manos del chileno Roberto Sone. Se sabe que TIMM dio a conocer sus “soluciones tecnológicas” a Sonda y BancoEstado bajo contratos de confidencialidad.

Posteriormente, BancoEstado ganó la licitación para operar el AFT, lo que significaba -según el MOP-, administrar 700 millones de dólares anuales durante 12 años. Pero el MOP informó que todo esto se haría con “la solución técnica de Sonda S.A.”. Por intermedio del entonces jefe técnico del plan Transantiago, Andrés Silva, la empresa TIMM se enteró que su tecnología y experiencia en “monederos electrónicos” en México había sido presentada en Chile a la licitación al AFT por Sonda y BancoEstado, luego de sus conversaciones. La “solución técnica” resultó “adjudicada” en la propuesta pública, pero “sin el consentimiento” de TIMM. Hasta ahora el gobierno ha guardado silencio sobre el caso. TIMM intentó obtener copia de la “propuesta” presentada por BancoEstado ante la licitación del AFT sin resultados. Ni BancoEstado, ni el MOP o Sonda respondieron sus demandas. Sólo después de una resolución en tribunales, luego que TIMM presentara una demanda prejudicial probatoria para exigir le fueran entregados esos documentos, accedieron. La causa se tramitó en el 23º Juzgado de Civil de Santiago. El juez Rubén Mejía ordenó a BancoEstado, a Sonda y NEC Chile la entrega de la documentación. La resolución demuestra que fue la “solución técnica” de TIMM y su experiencia en “monederos electrónicos” en el grupo financiero Inbursa de México lo que presentó Sonda como propios, tanto en la documentación que BancoEstado adjuntó a la licitación como en lo que Sonda entregó a BancoEstado.

En los próximos días se presentarán querellas criminales en contra de Sonda y su presidente Andrés Navarro- y contra BancoEstado y su ex presidente Javier Etcheberry, y demandas civiles por daños, generando un serio cuestionamiento a la adjudicación de la licitación del AFT y el propio Transantiago. TIMM reclama una indemnización superior a los 300 millones de dólares. La demanda pone en tela de juicio todo el proceso de licitación de Transantiago. Señalada como una de las grandes realizaciones del gobierno de Ricardo Lagos. Según Roberto Sone la licitación pública ganada por Sonda y BancoEstado esta “viciada” por cuanto estas empresas presentaron como propias soluciones tecnológicas aportadas por TIMM. Se trataría de una “apropiación indebida de patentes e invenciones”.

Cuando TIMM dio a conocer su “solución técnica” a Sonda y BancoEstado era para ser analizada sujeta a contratos de confidencialidad que se limitaron a un mero estudio preliminar anterior a cualquier propuesta. BancoEstado ganó la licitación para operar el AFT con la solución técnica de Sonda S.A., sin el consentimiento de TIMM: “Pese a la negativa inicial de los involucrados de mostrar a TIMM la propuesta hecha ante el Ministerio de Transportes, el estudio de abogados Chadwick y Aldunate logró que el Juez del 23º Juzgado Civil de Santiago ordenara a BancoEstado, Sonda y NEC Chile exhibir los documentos de la propuesta pública que antes sistemáticamente se habían negado a mostrar, quedando a la vista que fue la solución técnica de TIMM lo que presentó Sonda y BancoEstado como propias.

Hasta ahora hemos esperado una negociación y solución a esto de parte del AFT y las autoridades que están enteradas de lo que sucede, pese a que hoy BancoEstado asegura que ‘nunca supo’ que habíamos quedado fuera de la licitación. Sólo hemos recibido una posibilidad de ‘arreglo’ por parte de NEC Chile, que es absolutamente irrisoria. BancoEstado y Sonda no han ofrecido nada. Buscamos una compensación económica que esté acorde con los montos que están en juego en este negocio -alrededor de 300 millones de dólares-, o bien, que se nos deje instalar la solución que verdaderamente ganó el Transantiago, la nuestra. De otra forma estas empresas y Transantiago estarán operando en la ilegalidad”, señala desde México el ingeniero Roberto Sone.