En la medida de lo posible inauguró una época en la historia de Chile: la transición. La transición se entendió como un tiempo de restricciones y un camino dosificado hacia un tiempo futuro de democracia más plena. Una época que determina la posición subjetiva, anímica y cultural de nuestra sociedad. Los chilenos nos acostumbramos a asumir que habían ciertas cosas que eran parte de la naturaleza y el paisaje, como la Cordillera de Los Andes o las costas. Están ahí casi desde siempre, son inamovibles. El racionalismo político les llamó las leyes de amarre; algo dejado por la dictadura para garantizar la continuidad.

Esta disposición política marcó todos los escenarios y la educación fue uno de ellos. Los cambios educacionales, haciéndose cargo del pasado, del presente y de cara al futuro, se hizo asumiendo esta condición. Un rayado de cancha aún con la tiza fresca, como lo fue la propia LOCE , sancionada horas antes del fin de la dictadura.

En la década de los noventa es cuando se empiezan a asumir los temas más relevantes en educación. Se abre un período intenso de reflexión educativa desde la «Comisión Brunner» hasta la reforma curricular; se movilizan transformaciones profundas y estratégicas en la educación chilena y en particular en la enseñanza media. Se construye un diagnóstico de la educación, se cambia y actualiza el enfoque del currículum y se estructura un nuevo tiempo para la escolarización con la Jornada Escolar Completa Diurna ( JECD ). En ese período el gobierno asume la iniciativa y se transforma en el actor protagónico, y los sectores de la sociedad civil son espectadores del proceso, incluidos los profesores y los estudiantes.

Instaladas las vigas más gruesas, quedan —para los años posteriores— acciones programáticas específicas que permitan la materialización de la reforma, abordar situaciones críticas y generar procesos que dinamicen la acción de los establecimientos educacionales y sus profesionales. Es así que se inicia una cualificación en dimensiones particulares, pero no menos trascendente: se amplían los procesos evaluativos del sistema, avanzando desde la evaluación de los aprendizajes, hacia la evaluación del desempeño docente y de los directores; se intentan mejorar las prácticas de gestión, extendiendo el Sistema de Aseguramiento de la Gestión de la Calidad de la Educación ( SAGCE ) a numerosos establecimientos educacionales; se impulsa una convocatoria a la participación y desarrollo de las comunidades educativas, con un inédito y singular espacio llamado consejos escolares .

A pesar de las numerosas e intensas intervenciones programáticas que ha desarrollado la política educacional de los gobiernos de la Concertación, se han generado dos procesos notablemente complejos y negativos en la conformación de nuestro sistema educacional: el estancamiento de los aprendizajes y la segregación de la población escolar. En los últimos diez años los resultados del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación ( SIMCE ) no bajan, pero tampoco suben, sólo se mantienen; anunciando que el tema de la calidad de la educación no se ha resuelto. El debate que nuestra educación es de mala calidad, seguramente se va a agudizar y ser una evidencia más notoria en los momentos en que la prueba SIMCE entregue los resultados de acuerdo a estándares. De ese modo, el país, los estudiantes y sus familias, los profesores, sabrán qué significan los 250 puntos —el promedio nacional de la SIMCE —, si ello implica haber logrado aprendizajes satisfactorios o insatisfactorios. Hasta ahora las escuelas respiran aliviadas cuando se alejan, hacia arriba, de los 250 puntos. Mañana sabremos si hay motivos para sentirse aliviados.

Junto al fenómeno de los bajos puntajes, se sumó un problema más difícil de abordar como es la segregación social de la población escolar. Efectivamente el aumento casi universal de la cobertura educativa, junto a las distorsiones de nuestro modelo educativo, produjo un «encajonamiento» de la población escolar, ubicándose los más pobres en los establecimientos municipalizados. Este es un fenómeno nuevo en la historia educacional chilena: han ingresado los más pobres a la educación, rompiendo el sentido elitista que ella tenía, pero generó otro tipo de elitismo: los pobres no pueden ingresar a cualquier sistema o escuela.

La movilización de los estudiantes secundarios es un campanazo, ya no de alerta, sino de aviso que el chicle no se puede estirar más . La postura asumida por estudiantes ha politizado en un sentido profundo el debate educacional en nuestra sociedad. La opinión de estos jóvenes contiene una sabiduría que nos puede ayudar para analizar las causas de la mala calidad de nuestra educación y buscar un enfoque que nos permita explorar posibles salidas. Ellos han señalado dos cosas en las fases últimas de su movilización que son esenciales: que el tema de lo material y económico no es lo trascendente; y que el tema de fondo de la educación es estructural.

El mensaje de la Presidenta, afirma dos cosas. Una respuesta concreta para las demandas específicas de los estudiantes: pasaje escolar y Prueba de Selección Universitaria ( PSU ), y recursos para mejorar las condiciones de escolarización, como raciones alimenticias y reparación de edificios e infraestructura. En lo asociado a los temas de fondo, la llamada agenda larga, se anuncia una estrategia más institucional: una comisión asesora para la Presidenta, introducir modificaciones en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza ( LOCE ), la consagración del derecho constitucional de una educación de calidad para todos, y la creación de una Superintendencia de Educación que regule los temas de calidad. En un primer momento se esgrimió que ésta era una respuesta suficiente a la calidad de la educación; donde lo tangible son los recursos y lo demás una estrategia de proceso, de acuerdos y materia de ley.

Efectivamente el tema de los recursos no es un problema, siguiendo la lógica de los estudiantes; es un problema, pero no el fundamental, a lo menos lo que se refiere a calidad de la educación. Este es un problema que queda en evidencia cuando los estudiantes se movilizan y comienzan a desnudar las condiciones en que se desarrolla su escolarización; así despertamos bruscamente de la idea que este país, más moderno, había avanzado y superado los temas materiales y de infraestructura. El tema de los recursos no es problema; en primer lugar, así como lo expresa el discurso de Bachelet, los recursos existen y se pueden movilizar para solucionar aspectos importantes de la vida escolar. Es problema, a lo menos uno de ellos, es su distribución; a las municipalidades, por ejemplo, no les alcanza con la subvención que recibe para reparar y mejorar las condiciones de su infraestructura, sobre todo a los municipios más pobres. Otro problema es la fiscalización, la gestión y la administración, como lo demostró la imagen que antecedió a la movilización estudiantil, el de un liceo de la VIII Región, recién construido que se inundaba completamente.

Asumimos entonces que los estudiantes tienen razón, el tema no son los recursos, el tema es la estructura educacional. En este punto es necesario trazar una trayectoria para explicarse por qué estamos en este punto tan crítico. Hay que asumir entonces que la orientación política de la Concertación y sus decisiones en el ámbito educacional, el de profundizar el modelo educativo heredado, introduciendo modificaciones en calidad, en medidas dinamizadoras y programas compensatorios para su equidad, han tenido costos significativos. Se asumió siempre que los cambios debían hacerse en un contexto determinado, en otras palabras, se acepta el rayado de cancha y a partir de ahí se impulsan los cambios. Una de las medidas estructurales de mayor impacto fue impulsar el financiamiento compartido ( FICOM ), lo que ha permitido a los particulares hasta triplicar la subvención escolar por cada alumno. Esta medida es indicada por todos los analistas como uno de los pasos que potenció y profundizó con mayor fuerza los procesos de segmentación social en la educación de nuestro país. No tan sólo tendió a segregar a las poblaciones escolares por diferencia económicas y sociales, sino además debilitó enormemente el sistema municipalizado de educación. Los últimos antecedentes del Ministerio de Educación indican que la cobertura del sistema municipalizado de educación está por debajo del 50%; situación inédita en la historia de nuestra país. Los responsables de la política educacional en Chile, abrazaron entonces un nuevo concepto de educación pública, será aquella que recibe financiamiento del Estado, esté en manos privadas o públicas. No se advirtió los efectos que esto tendría en nuestra sociedad.

En las intervenciones programáticas posteriores a la Reforma Educacional, aquellas asociadas a la definición de estándares de calidad, se tendió a reforzar la orientación política del modelo educativo. Intentando mejorar la calidad de la educación se introdujo el paradigma de la eficiencia o calidad total en las formas de funcionamiento de la educación. El enfoque supone que es necesario avanzar en los planos de la gestión y del desarrollo de las competencias para alcanzar resultados. Lo sensible de la situación es que detrás de ese proceso, cuyo objetivo es mejorar los rendimientos de las unidades educativas y de sus profesionales, se ubica el concepto de sistemas viables. Qué significa aquello, las unidades que alcanzan los estándares son viables, en la medida que alcanzan esos resultados, reciben incentivos; los que no alcanzan esos logros, serían no viables y no recibirían incentivos. Fundamenta esa política diversos programas como el SNED , el desempeño difícil y el marco de la buena enseñanza o la evaluación docente. Esta política ha profundizado la segregación social y por lógica las prácticas discriminatorias. La mayoría de las escuelas están a la busca de poblaciones escolares con mayores recursos educativos y capital cultural, para subir los rendimientos a sabiendas que ello influye en la calificación. Este tipo de opciones vuelve a adquirir relevancia en la nueva ley de subvención preferencial que se discute en el parlamento, en tanto se puede ubicar en la misma lógica: dotar de mayores recursos a los establecimientos que reciben y atienden a los más pobres, siempre y cuando muestre resultados y alcance los estándares universales que se indiquen.

Aquí se ha creado un círculo vicioso que se quiere mostrar como un círculo virtuoso ; a partir de los resultados de la SIMCE , que muestra distancias significativas de rendimiento entre el sistema subvencionado municipalizado y el subvencionado particular. Se ha querido afirmar que los particulares gestionan mejor los recursos y que esa mejor gestión se expresa en los resultados. Hasta el cansancio se ha aclarado que en la mayoría de los casos la diferencia de resultados se explica en gran medida por las competencias de la población escolar, más que por el valor que agrega la escuela y sus profesionales.

Efectivamente la calidad de la educación es un tema estructural. Ello implica que no se resuelve sólo con recursos, con correcciones a nivel de aula o a nivel de gestión de las escuelas y liceos. Tampoco implica que sólo son modificaciones macrosistémicas, sin abordar dimensiones de la calidad y cantidad de los recursos didácticos y de infraestructura a nivel de aula y liceo, de competencias y desempeño de los docentes y directores de escuela, de capacidad de gestión de los sostenedores municipales, entre otros aspectos específicos.

Debemos buscar un enfoque que haga coherente el conjunto de las decisiones y no nos sigamos hundiendo y mañana tener otro tipo de reventón social que nos deje sin explicación, sin respuesta. Acogemos las palabras de un vocero de los secundarios cuando dice que en esta movilización estudiantil estamos discutiendo el Chile que queremos.

La sociedad debe tomar una posición ante un tema que es crucial: qué tipo de educación pública queremos. El tipo de estructura y modelo educacional fue impuesto en tiempos de la dictadura y —se quiera o no— vivimos las consecuencias de esa imposición. Chile debe tener la oportunidad de reflexionar, ¿queremos educación pública?, ¿queremos vivir como una sociedad integrada o más bien apartados, segregados?, ¿consideramos que la educación obligatoria debe ser pagada o se debe garantizar gratuitamente desde el Estado?

Hacer este debate y fijar posiciones es responsabilidad de quienes asumen funciones políticas, pero lo es también de la sociedad civil. Y éste es un tema estructural. Invertir adecuadamente en la educación pública, es una decisión que impacta directamente en su calidad.

La participación de privados en la educación, es otro de los temas estructurales. No parece problemático que los privados participen de la educación. La situación se hace compleja cuando lo hace con recursos estatales. Es una necesidad que las cosas se coloquen en una perspectiva más coherente y justa. No pueden continuar impunemente las acciones discriminatorias y procesos de selección . Si el Estado va a financiar esa actividad, entonces se deben colocar resguardos que garanticen el cumplimiento de las normativas. Ello sin duda será posible, además si se hacen las correcciones pertinentes a nivel institucional y de las leyes; pero también si el Estado logra tener un sistema de supervisión fuerte y competente; no como en la actualidad en que cumple un rol puramente ritual.

El tema de la dependencia de los establecimientos educacionales de las estructuras municipales, la llamada municipalización es también gravitante. Aquí ha habido dos dinámicas que han deteriorado enormemente la gestión por parte de los municipios.

En primer lugar, la subvención que se otorga es insuficiente y los municipios deben poner parte de sus recursos para financiarla, el tema se complica con los municipios más pobres. Y uno segundo, es la falta de competencias en los equipos técnicos y políticas educacionales de los municipios. El que algunos municipios sigan a cargo de establecimientos educacionales, sin financiamiento suficiente y sin capacidades respecto de qué hacer en sus escuelas simplemente es una irresponsabilidad ética y política. Se hace necesario comprender el tema de la municipalización en una estrategia más global de fortalecimiento de la educación pública en manos del sector público. Ello pasa por una definición política institucional y social, que señale la voluntad que el país requiere una educación pública en manos de organismos públicos.

En general debe haber una corrección del camino seguido hasta ahora y hacer una fuerte inversión en desarrollo de gestión educativa en los equipos municipales —y en consecuencia— una subvención preferente para el sistema municipalizado de educación. Ya no tan sólo porque se hace cargo de la población escolar más pobre del país, sino porque el Estado debe privilegiar la inversión y desarrollo de la educación pública. No es serio seguir pensando que con estrategias de focalización en escuelas críticas o prioritarias, con apoyo directo del Ministerio de Educación se supera el déficit educacional de las escuelas municipales.

Las dos estrategias ministeriales de apoyo focalizado no han logrado superar el tema de calidad educacional; ya sea el Programa Liceo para Todos o Montegrande; por tanto hay una lección aprendida en la materia. La calidad educacional no se alcanzará modificando las prácticas educativas a partir de cada establecimiento educacional; más bien ello será fruto de acciones y estrategias más globales que afectarán el contexto de cada escuela.

El tema de la calidad de la educación hoy en día se transformó en un debate profundamente político. En él seguramente habrá una tensión de acuerdo a las diversas opciones políticas, éticas y técnicas para abordar los cambios que necesita la educación chilena. Un sector de la superestructura política se aferrará a la herencia de la dictadura, intentando correr más las líneas de la liberalización en la educación, proponiendo políticas más extremas que fortalezcan el mercado y las soluciones individuales, como transferir de manera directa el subsidio educacional a la familia para que ella elija entre las opciones del mercado educacional, intentando desterrar para siempre la educación pública.

Otros quedarán atrapados en el rayado de cancha , pensando que no es posible volver atrás o saltar hacia delante Así lo importante, para ellos, será dedicarse a analizar la LOCE , la municipalización y la JECD , en la lógica que a cada problema le corresponde una solución.

A 16 años, de la mano de los hijos de la transición, se produce una ruptura, se quiebra la burbuja en la que vivimos. Las nuevas generaciones cumplen la promesa de renovar, de remirar, desde otro lado, desde una lógica distinta la realidad. Llenos de expectativas y aspiraciones, sin restricciones ni culpas, piden más: que se cumpla la promesa de la movilidad social. Si algo hemos de agradecerle a estos jóvenes, es que nos han enseñado pensar en modificar lo inamovible y aspirar lo tenido por imposible.

Valparaíso (Chile), 8 de junio 2006

Fuente: Revista Electrónica Latinoamericana de Estudios sobre Juventud
año 2 nº 03

http://www.joveneslac.org/portal/000/publicaciones/revista/3/08%20gacetilla%20cidpa%207.htm