En Colombia, presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante los últimos 18 meses han cobrado la vida de por lo menos ocho menores de edad en hechos ocurridos en los departamentos de Antioquia, Chocó y Cesar, según consignan diversos organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales. En todos los casos, las víctimas fueron presentados ante la opinión pública como “guerrilleros muertos en combate” por parte del Ejército Nacional y se suman a una serie de supuestas ejecuciones ocurridas entre los años 2005 y lo que va corrido del 2006. El tema ha sido advertido por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Amnistía Internacional, así como por el Comité Institucional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Antioquia y la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos y el Desarrollo del Oriente Antioqueño. Si bien no hay un estimado global de víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, Amnistía Internacional, en un informe divulgado a comienzos de junio de este año, advirtió que “continuaron (en Colombia) los informes sobre ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas de seguridad y cálculos indicaban que la cifra ascendía a por lo menos 100 personas”. Regionalmente, el Comité Institucional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Antioquia registra 54 víctimas entre el 2005 y el 2006, de las cuales seis son menores de edad. “En todos los casos, la responsabilidad es atribuida a efectivos del Ejército”, señala un informe de este Comité. Sobre estos hechos, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su informe de Colombia para el 2005 observó un incremento en las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales, y reporta por lo menos un caso de una menor indígena ejecutada extrajudicialmente. “La Alta Comisionada expresa su preocupación porque se ha observado un mayor incremento de denuncias sobre acciones atribuidas a miembros de la fuerza pública, y esta información se registra en todo el país. Preocupan las ejecuciones presentadas por las autoridades como muertes de guerrilleros en combate y las alteraciones de la escena del crimen, en donde visten a las víctimas en algunos casos con atuendos de guerrilleros para ocultar los hechos o simular combates”, manifiesta la representante de la Alta Comisionada en Colombia, Carmen Rosa Villa. La funcionaria evidencia, además, su preocupación porque esta acción violatoria de los derechos humanos se viene convirtiendo en un patrón de conducta. Asimismo, por la negación del tema que hacen algunas autoridades, y por la ausencia de sanciones a los autores, máxime cuando la Fiscalía General de la Nación han confirmado la existencia de estas ejecuciones. La mira, contra los menores En Quibdó, capital del departamento del Chocó, el 2 de febrero de 2005, perdió la vida Octavio Espinosa Machado, de 17 años de edad. “Ese día el Ejército se había llevado a dos jóvenes capturados, cuando estaban trabajando en el muelle de la plaza de mercado. Al día siguiente, el Ejército avisó a la Fiscalía para presentar los cadáveres de dos presuntos guerrilleros dados de baja en un enfrentamiento en el basurero municipal. Las investigaciones adelantadas establecieron que las víctimas no tenían nada que ver con ningún grupo al margen de la ley. Se trataría de un caso de “limpieza social”, dice un informe del Comité Institucional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Antioquia Una segunda víctima fue Robinson Ferney Herrera, de 15 años de edad. “El 3 de marzo de 2005, la víctima, habitante de la vereda Los Quemados del municipio de Urrao, se desplazó a la vereda lindera La Ninquí para comprar panela. Una hora y media más tarde escuchó una balacera. A las 5 de la tarde, el Ejército pasó por la vereda Los Quemados con 4 cuerpos, sobre bestias, de supuestos guerrilleros que habían muerto en combate. Un vecino reconoció a Robinson como uno de los muertos. Un habitante de la vereda La Ninquí informó que el Ejército llegó al lugar y empezó a disparar (no está claro si era un enfrentamiento entre el Ejército y la guerrilla o si el Ejército simplemente abrió fuego). Cuando empezó la balacera, la víctima empezó a correr de miedo y fue disparada y matada por el Ejército”, relata el Comité. El tercer caso ocurrió el 21 de marzo de 2005 también en el municipio de Urrao. Según el relato, “la señora Fany de Jesús Ramírez fue detenida por los soldados, en la vereda San Luis, y llevada con rumbo desconocido. Horas más tarde fue encontrada muerta en otra vereda, junto a su hijo menor Víctor Raúl Flores Ramírez, de 14 años de edad, quien quiso acompañarla. Ambos fueron presentados por el Ejército como guerrilleros muertos en combate, “porque estaban poniendo minas”. El cuarto caso sucedió el 29 de marzo del año pasado en el municipio de Bello, departamento de Antioquia. Según la información recibida, Samir Enrique Díaz Galet, estudiante de 17 años de edad, “se dirigía a su casa después de realizar sus deberes escolares. Efectivos del Batallón Pedro Nel Ospina, que supuestamente estaban realizando un operativo contra la banda delincuencial de “Los Triana”, lo detuvieron, lo requisaron y lo ejecutaron a quemarropa con varios tiros. Luego le colocaron un arma en la mano y lo presentaron como sujeto que se enfrentó con la tropa”. El quinto suceso acaecido el 14 de abril de 2005 tuvo como víctima a Luis Alfonso Flores Toro, de 16 años de edad. Según lo ocurrido, “dos campesinos, uno mayor de edad y otro menor de edad, fueron interceptados por el Ejército mientras caminaban a casa después de haber terminado su jornada de trabajo. Fueron ejecutados extrajudicialmente en el sitio La Partida de la Florida y sus cuerpos llevados por el Ejército hasta la cabecera del municipio de San Luis, en el Oriente de Antioquia, donde fueron presentados como “guerrilleros muertos en combate”. Además de impactos de bala, el cuerpo del menor tenía lesiones por arma blanca”. El sexto caso reportado por el Comité involucra a Susana Patricia Galeano Galeano, de 17 años de edad. Según la información, “en la mañana del 15 de febrero de 2006 soldados del Batallón Juan del Corral llegaron a la vereda El Plan e iniciaron la persecución de un presunto subversivo al cual dieron muerte. Posteriormente, los soldados entraron en la vivienda de la familia Galeano Galeano, donde se encontraban dos jóvenes solas: una de 14 años de edad y Susana Patricia, de 17, y dispararon contra ésta última, causándole la muerte. Los soldados quisieron convencer a los familiares que el disparo que acabó con la vida de Susana lo había hecho el subversivo, pero como no aceptaron esa versión han presionado para evitar que denuncien la forma en que sucedieron los hechos”. En el informe sobre la situación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario sobre el año 2005, producido por la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos y el Desarrollo del Oriente Antioqueño, que reporta por lo menos 18 casos, destaca el de Javier Augusto García Idárraga, de 15 años de edad, habitante de la vereda La Mesa del municipio de Granada. Según el informe “este joven fue asesinado el 6 de mayo de 2005 por uniformados pertenecientes al Batallón Bajes de la Cuarta Brigada. La señora María Pureza Idárraga, madre del menor, reclamó por el crimen al oficial que se encontraba en el lugar al mando de la tropa quien reconoció que lo habían ultimado al confundirlo con un guerrillero”. Y por último, el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Colombia para el año 2005, da cuenta de la muerte de una menor indígena embarazada de la comunidad Wiwa, ocurrida en la localidad de Atanquez, departamento de Cesar el 9 de febrero del año pasado, a manos al parecer de tropas de la X Brigada del Ejército. El pueblo Wiwa cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esperan prontitud Los hechos están siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación y las propias fuerzas militares, sin que hasta el momento se conozcan resultados concretos que aclaren los casos y se castigue a los culpables. En diversas declaraciones a la prensa nacional y regional, las autoridades militares colombianas han confirmado la apertura de 29 investigaciones que involucran a miembros de la institución, pero han descartado que esa situación fuera generalizada y producto de exigirle resultados operativos a las tropas. Tanto los propios mandos militares, como los familiares de las víctimas, esperan que la justicia investigue con prontitud, aclare los hechos y confirmen si en lo ocurrido participaron miembros del Ejército y definan si fue un acto del servicio. Fuente: Agencia de Noticias IPC, Medellín, Colombia www.ipc.org.co