El 30 aniversario del golpe de estado del 24 de marzo de 1976 ha dado ocasión a variados ejercicios de memoria, la mayoría de ellos centrados exclusivamente en la dictadura 76-83. Algunos con el evidente propósito de recuperación por parte del Gobierno y otros para fines sectoriales.

Pero si bien es cierto que durante la dictadura 76-83 la represión adquirió una ferocidad excepcional y sin precedentes, Argentina, para salir adelante, necesita realizar ejercicios de memoria larga, que abarque por lo menos los seis últimos decenios. Sin tabúes ni memoria selectiva.

Para referirnos solamente – y sucintamente – a los últimos cuarenta años, en Argentina hubo períodos de represión muy fuerte y generalizada antes del golpe de Estado de marzo de 1976 y cabe afirmar que existe una continuidad o hilo conductor en el sistema represivo desde el golpe de Estado de 1966 hasta la dictadura militar del 76-83.

Durante la dictadura militar 66-73, el Comando en Jefe del Ejército emitió un documento en el que se indican los métodos represivos a utilizar : “Compulsión física y torturas de tercer grado”… “amenazas, chantajes, seguimiento físico, secuestros, raptos, terrorismo, desmanes, sabotaje”. Página 165 del Anexo 2 del Reglamento RC – 5 – 1- del Comandante en Jefe del

Ejército – 8 de noviembre de l968- Alejandro A. Lanusse. (Documento citado por el abogado defensor de varios generales en la causa « Videla, Jorge R. y otros s/privación ilegal de libertad » y puesto de manifiesto en una reciente querella criminal contra los autores de la masacre de Trelew del 22 de agosto de 1972).

Después de la dictadura militar 66-73, el 25 de mayo de 1973 quedó restablecido el orden constitucional. Pero finalizados los 49 días de la presidencia de Cámpora (25 de mayo- 13 de julio de 1973) , durante las presidencias de Lastiri (13/7/73- 12/10/73), Perón (12/10/73-1/7/74) y sobre todo durante la presidencia de Isabel Perón (1/7/74-24/3/76) la represión siguió un ritmo creciente contra peronistas de izquierda, líderes sindicales antiburocráticos, activistas gremiales de las grandes empresas, abogados, periodistas, etc.

La CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) en su informe “Nunca Más” contabilizó 458 asesinatos durante ese período (19 en 1973, 50 en 1974 y 359 en 1975), obra de grupos parapoliciales, que actuaron principalmente con el nombre de “Triple A” dirigida por José López Rega, ministro, sucesivamente, de Cámpora, Lastiri, Perón e Isabel Perón y secretario privado de los dos últimos.

Entre los primeros atentados atribuidos a la “Triple A”, se cuentan la bomba que explotó en el automóvil del senador radical Hipólito Solari Yrigoyen el 21 de noviembre de 1973, que le ocasionó graves heridas, y el asesinato del abogado del peronismo de base Antonio Deleroni y de su esposa, el 27 de noviembre del mismo año. Solari Yrigoyen había hecho pocos días antes una larga exposición en el Senado criticando las reformas a la ley de asociaciones profesionales de trabajadores, destinadas a consolidar el control de la burocracia sindical sobre el movimiento obrero. Pocos días antes del atentado, un notorio representante de esa burocracia, Lorenzo Miguel, había calificado a Solari Yrigoyen como “enemigo público número uno”. Pero ya antes había comenzado la represión contra el movimiento obrero: el 17 de julio de 1973 fue intervenida la CGT de Salta y en esos días se produjeron ataques armados contra la CGT, SMATA y Luz y Fuerza de Córdoba.

Dicha represión incluyó también en 1973 el asesinato de militantes sindicales: Carlos Bache, del Sindicato de Ceramistas de Villa Adelina, el 21 de agosto, Enrique Damiano, del Sindicato de Taxistas de Córdoba, el 3 de octubre, Juan Ávila, de la Construcción de Córdoba, el 4 del mismo mes, Pablo Fredes, de Transportes de Buenos Aires, el 30 de octubre, Adrián Sánchez, de Mina Aguilar, Jujuy, el 8 de noviembre de 1973.

Los asesinatos políticos, de abogados y otros profesionales y de activistas sindicales siguieron en 1974 y 1975 a un ritmo creciente y los sindicatos más combativos fueron intervenidos y sus dirigentes encarcelados.

En agosto de 1974 el Gobierno le retiró la personería gremial a la Federación Gráfica Bonaerense y en octubre fue detenido su secretario general Raimundo Ongaro.

También en agosto de 1974 el sindicato SMATA Córdoba, en conflicto con la empresa Ika Renault, fue intervenido por la dirección nacional del gremio. La mayoría de sus dirigentes y activistas fueron encarcelados y muchos de ellos fueron asesinados durante la dictadura 76-83, entre ellos su secretario general, René Salamanca.

En octubre de 1974 la policía allanó el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba y detuvo a varios militantes sindicales. Su secretario general, Agustín Tosco, consiguió eludir la detención y pasó a la clandestinidad hasta su muerte, el 5 de noviembre de 1975. Ya instalada la Junta Militar , el Secretario general adjunto del mismo sindicato, Tomás Di Toffino, fue secuestrado el 28 de noviembre de 1976 y fusilado en un campo militar en Córdoba el 28 de febrero de 1977 en una “ceremonia militar” presidida por el general Luciano Benjamín Menéndez.

Atilio López , secretario general de la CGT de Córdoba y ex vicegobernador de la Provincia fue asesinado en Buenos Aires el 16 de setiembre de 1974. Seis meses antes, en marzo de 1974, había sido derrocado del Gobierno de Córdoba junto con el Gobernador Obregón Cano por el Jefe de Policía provincial, coronel Navarro. El Gobierno nacional, en lugar de reponerlos en sus cargos, intervino la Provincia.

El 20 de marzo de 1975 el Gobierno realizó un amplio operativo represivo con 4000 efectivos militares y policiales en Villa Constitución, Santa Fe, donde había varios conflictos gremiales, deteniendo a muchos ciudadanos y a 150 activistas y dirigentes sindicales. La filial de Villa Constitución de la Unión Obrera Metalúrgica fue intervenida por el Gobierno, con el aval de la dirección nacional del gremio, encabezada por Lorenzo Miguel .

La represión antisindical en grandes fábricas transnacionales como Ford, Fiat, Mercedes Benz, Peugeot, Renault, etc. antes de la dictadura y durante ella se llevó a cabo en varios casos con la colaboración de personal superior de las empresas y de algunos dirigentes de las centrales sindicales. Uno de ellos, José Rodríguez, ha sido señalado como cómplice en el juicio – que se halla en trámite – por la desaparición de trabajadores de Mercedes Benz durante la dictadura. El mismo José Rodríguez que en 1974 intervino la seccional Córdoba de SMATA y que aun hoy es Secretario General del sindicato.

La problemática sindical que planteó Solari Yrigoyen en el Senado en 1973 subsiste en 2006. Por eso entre las resoluciones adoptadas por la Central de Trabajadores Argentinos en su Congreso del 30 – 31 de marzo de 2006 figura la siguiente:

1.1.11- Continuar con la campaña por la Libertad y la Democracia Sindical. Gestionar el Garantismo Sindical y la personería de la CTA. Ratificamos la exigencia y la lucha por la Personería Gremial de la CTA, como modo de combatir el monopolio y el privilegio del unicato sindical, bregando por la libertad y la democracia sindical. Solicitar la eliminación de la resolución 36/98, como instrumento del Estado para coartar el derecho a organizarse de la clase trabajadora, en franca violación al convenio 87 de la OIT. Luchar por la ampliación de las garantías sindicales a las nuevas organizaciones que seconstituyan y a las que, hoy por hoy, están simplemente inscriptas.

A partir del Golpe de Estado de marzo de 1976 la forma principal de represión pasó a ser la desaparición forzada , adoptada como política estatal, totalmente centralizada por las fuerzas armadas y dirigida desde el más alto nivel de decisión militar. Desarrolló un aparato que incluyó grupos operativos, locales de reclusión, vehículos, armamento, disfraces; médicos y psiquiatras que contribuyeron en la fase del interrogatorio, etc. Este cambio en el sistema represivo puede atribuirse en parte a que cuando los militares tomaron el poder en 1976 comenzaron a aplicar un método más sofisticado para el que muchos de ellos habían recibido formación en la Escuela de las Américas y también de militares franceses que les trasmitieron las experiencias de la guerra de Argelia.

Además de la desaparición forzada, durante la dictadura 76-83 la represión en todas sus formas adquirió niveles sin precedentes, comportando un verdadero salto cualitativo en materia de torturas, secuestros, asesinatos, represión sistemática contra el movimiento obrero, los movimientos políticos, los docentes y otros intelectuales, contra los refugiados de países vecinos , etc. A lo que hay que agregar las quemas sistemáticas de libros y la censura llevada a extremos dignos de la Inquisición.

El 30 de marzo de 1976, cuatro días después del golpe de Estado, en dependencias del Regimiento 14 de Infantería aerotransportada de Córdoba se realizó una quema de miles de libros y revistas y el Jefe de la Unidad explicó a los periodistas que se trataba de « una documentación perniciosa que afecta el intelecto y nuestra manera de ser cristiana ». La dictadura militar dejó cesantes a numerosos docentes primarios, secundarios y universitarios, investigadores, médicos y psiquiatras de los servicios hospitalarios, por « razones de servicio » o « razones de seguridad » y prohibió en el recinto de las universidades toda actividad política o gremial « o cualquier otra que se aparte de los objetivos de la Junta Militar » (ley 21276).

Entre los ejemplos más grotescos puede citarse la prohibición de enseñar el vector en las escuelas de la Provincia de Córdoba, la prohibición de « Cuentos para chicos traviesos » de Prévert (decreto 1831 del 24/6/77), de la Enciclopedia Salvat y de la Gran Enciclopedia del Saber ( decreto 2088 del 23/09/80, B.O. del 7/10/80), etc., las declaraciones de Massera sobre Marx « que cuestiona el carácter inviolable de la propiedad privada », Freud, «que agrede el espacio sagrado del fuero íntimo » y Einstein, que con su teoría de la relatividad pone « en crisis la condición estática de la materia » (La Opinión, 7/2/78) y el general Videla explicando a periodistas ingleses las razones del encarcelamiento por subversiva de una joven paralítica: « …el terrorista no sólo es considerado tal por matar con un arma o colocar una bomba, sino por activar a través de ideas contrarias a nuestra civilización occidental y cristiana a otras personas… ». Se trataba de Claudia Inés Grumberg, estudiante de sociología desaparecida definitivamente (cita tomada de « Nunca Más …D. La represión no respetó inválidos ni lisiados» ) .

Estas prácticas de « guerra ideológica » continuaban las iniciadas con el golpe de Estado de 1966 (intervención a las Universidades e emigración en masa de docentes, etc.) y proseguidas, después de los « 49 días de Cámpora », por los gobiernos peronistas del 73-76 : en octubre de 1973 se prohibió la entrada al país de « literatura subversiva » y en diciembre se publicó una primera lista de unos 500 libros cuya entrada al país estaba prohibida. También en diciembre de 1973 fueron quemados en presencia del Arzobispo de Buenos Aires, funcionarios e « invitados especiales » entre 200 y 300 mil libros y revistas considerados inmorales; en marzo de 1974 se sancionó una ley universitaria cuyo artículo 5º prohibía « el proselitismo de ideas contrarias al sistema democrático en el ámbito universitario ». En los últimos meses de 1974, con la designación de nuevos interventores universitarios y la expulsión en masa de docentes , terminó el ensayo de apertura de la Universidad a todas las ideologías y a la problemática social, iniciado a mediados de 1973.

Lyon, 9 de abril de 2006

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