Nuevas recomendaciones de la ONU a Colombia y una audiencia de juristas de prestigio internacional refrescaron la memoria acerca de los crímenes contra civiles que continúan cometiéndose en el conflicto armado.

El informe anual sobre Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (http://www.hchr.org.co ), Louise Arbour, presentado el lunes 13 de febrero, señala que las violaciones de derechos humanos no hacen parte de una política deliberada del Estado. Se evidencia también que con “acuerdos clandestinos” los paramilitares controlan aspectos políticos. Lo novedoso del 2005 es la preocupación por la expansión ‘para’ y su eventual interferencia en la política. También pide modificar la Ley de Justicia y Paz a fin de que haya verdad, justicia y reparación para las víctimas, como han solicitado 158 organizaciones sociales y ONG de Europa y Colombia (http://www.voltairenet.org/article129755.html ).

El lunes 13 de febrero del 2006 terminó la visita a Colombia de los Sres. E. Raúl Zaffaroni de Argentina (ministro de la Corte Suprema de Argentina y antiguo Director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito, ILANUD), Robert K. Goldman de Estados Unidos (antiguo Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y antiguo experto de las Naciones Unidas sobre lucha antiterrorista y derechos humanos) y de Stefan Trechsel de Suiza (antiguo Presidente de la Comisión Europea de Derechos Humanos y recientemente nombrado juez ad litem del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia.), tres miembros del “Panel de Juristas Eminentes sobre Terrorismo, Lucha Antiterrorista y Derechos Humanos”, un grupo de ocho juristas convocado por la Comisión Internacional de Juristas (www.cij.org ) en octubre de 2005 para examinar a lo largo de 18 meses el impacto de la lucha antiterrorista sobre los derechos humanos y el estado de derecho en todas las regiones del mundo.

Durante una audiencia de dos días, celebrada en la Universidad Santo Tomás en Bogotá, el Panel ha recibido informaciones acerca del impacto de actos terroristas y de medidas antiterroristas adoptadas o promovidas a lo largo de los últimos cincuenta años en Colombia, e incluso las medidas adoptadas en el marco de la política de seguridad democrática en los últimos tres años. Abogados, fiscales, defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, sindicalistas, personas desplazadas y representantes de comunidades afrodescendientes y de pueblos indígenas intervinieron en esta audiencia. El Panel escuchó, por parte del Gobierno, la explicación acerca de las medidas adoptadas.

Una de las premisas de la política de seguridad democrática es que no existe un conflicto armado interno en Colombia sino una guerra contra el terrorismo. Sin embargo, el Panel quiere destacar que, si bien el derecho internacional humanitario prohíbe la comisión de actos terroristas, el hecho de que tales actos sean cometidos durante un conflicto armado no altera, ni el estatuto jurídico de las hostilidades, ni el de las partes en conflicto, ni el deber de las partes de observar el derecho internacional humanitario. Durante esta audiencia, el Panel recibió denuncias de que ciertas medidas antiterroristas que han sido declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional, en particular las facultades de policía judicial conferidas a las fuerzas militares, siguen siendo utilizadas en la práctica produciendo un número altísimo de detenciones arbitrarias y allanamientos sin orden judicial. El Panel expresa preocupación por la información recibida acerca de intromisiones del poder ejecutivo en decisiones judiciales como también por las tentativas de limitar la competencia de la Corte Constitucional, garante del estado de derecho y de la protección de los derechos fundamentales.

El Panel manifiesta su preocupación por algunas expresiones de altas autoridades que estigmatizan a defensores de derechos humanos, no sólo porque conllevan una crítica injusta a una tarea tan legítima como necesaria en cualquier país del mundo y en toda circunstancia, sino muy especialmente porque en un contexto de violencia, semejantes estigmatizaciones se traducen mecánicamente en graves riesgos para la vida.

Los miembros del Panel agradecen a todas las personas que les han proporcionado informaciones, opiniones y explicaciones durante su visita. Este material será recogido en el informe que los ocho juristas del Panel producirán sobre la situación en el mundo. No se emitirá un informe particular sobre Colombia ni sobre ninguno de los países visitados, toda vez que el objetivo del proyecto es la evaluación de la situación mundial.

Cabe destacar que el día 27 de septiembre de 2005 la Comisión Internacional de Juristas CIJ presentó en el Parlamento Europeo (gracias al apoyo de Alain Lipietz – diputado de los Verdes/ALE y Presidente de la Comision UE en relación con la comunidad andina www.lipietz.net y Hélène Flautre, diputada de los Verdes/ALE y presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos del PE – www.flautre.net )un informe de 78 páginas en el que evalúa las políticas del Gobierno Uribe llamadas de “Seguridad Democrática” http://www.piedadcordoba.net/ipw-web/portal/cms/modules.php?name=News&file=article&sid=1008

Un ejemplo de terrorismo de Estado

El 21 de febrero de 2005, en Mulatos, tropas del ejército asesinan a las 8 a.m. a Luis Eduardo Guerra Guerra líder de la comunidad, su compañera Bellanira Areiza Guzmán y al hijo de Luis Eduardo, Deiner Andrés Guerra de 11 años. La caravana de la muerte continuó y el mismo día, a las 12:30 del día, en la Resbalosa, el ejército asesina a Alfonso Bolívar líder de la comunidad, su compañera Sandra Milena Muñoz sus hijos Natalia Andrea de 5 años de edad, su hijo SANTIAGO de 18 meses y Alejandro Pérez. El jesuita Javier Giraldo (www.javiergiraldo.org ) y la ex alcaldesa Gloria Cuartas (www.gloriacuartas.com ) fueron amenazados tras señalar a militares de la fuerza regular de la Brigada XVII como presuntos responsables de la matanza de la comunidad pacifista en resistencia civil de San José de Apartadó.

Esta masacre despertó la movilización de la comunidad internacional; el Parlamento Europeo y la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento italiano reaccionaron expresando su profunda preocupación por la salvaguardia de los Derechos Humanos en Colombia. ( http://www.rebelion.org/noticia.php?id=13200 ).

El 2 de diciembre del 2005, el Departamento de Estado de Estados Unidos decidió que no entregará asistencia económica a la Brigada XVII del ejército colombiano. El senador Patrick Leía, en una intervención en la plenaria de la Cámara Alta, ha declarado que “hay quienes sospechan que fue el Ejército el que perpetró la masacre”. Para el Senador lo mas preocupante es la manera cómo el gobierno maneja la investigación. Según este, la reacción inicial fue la de negar cualquier responsabilidad, pese a denuncias de los pobladores contra los militares y testimonios de observadores internacionales que dijeron haber visto “a soldados riéndose mientras se exhumaban los cuerpos, tomándose fotos, haciendo señales de victoria y alterando evidencia” (El Tiempo, 2.12.2005).

La declaración de la comunidad de paz de San José de Apartadó, en el triste aniversario de la masacre, subraya que “el gobierno niega inmediatamente cualquier responsabilidad y con mentiras evade lo que ha hecho el ejército, colocando por el contrario a las víctimas como victimarios. Argumentando falsedades militariza San José, la policía y el ejército entran a San José el 1 de abril de 2005 teniendo que desplazarnos y construir donde no había nada un nuevo caserío llamado San Josesito.

“Después de más de dos años de concertación de las medidas provisionales el Estado rompía dicha concertación con el puesto de policía dentro de San José mintiendo a compromisos ya hechos con la comunidad. Pero allí no quedó la mentira y la desfachatez ya que cualquier confrontación armada culpa a la comunidad.

“La fiscalía solo planteó su ineficiencia, su complicidad ante la impunidad culpando a la comunidad, ante esto, ante la mentira ante la muerte, asumimos una posición de silencio con ellos, los asesinos, los victimarios, ante la ausencia de justicia merecen, por lo menos, la indignación de las víctimas y así se lo hemos mostrado.

“Pero después de un año, el Estado ha engañado sobre la famosa presencia del estado y que siempre ha estado desde nueve años de existencia de la comunidad, que ha sido la misma: exterminio y muerte.
Al año de la masacre sólo encontramos desolación, silencio y desplazamiento en las veredas Mulatos, las Nieves, Resbalosa, la Esperanza, el Porvenir, desplazamiento actual en la vereda Caraballo, ataques indiscriminados contra las zonas humanitarias de Cristalina y Arenas, el asesinato de dos líderes más de la comunidad Arlen Salas y Edilberto Vásquez.

“Se ha dado judicializaciones de campesinos, líderes de la comunidad, la muerte, el silencio de las tumbas, la destrucción, el robo, la tortura es lo que hemos vivido en este año después de la masacre.
En este año, el gobierno nos culpaba de prohibir cosas ilegales como ha sido el licor. Lo que se ve hoy en San José son cantinas manejadas por paramilitares en convivencia con la policía y la toma de casas y tierras por parte de los llamados desmovilizados o mejor legalizados paramilitares. La policía ha hecho muy bien su labor de cuidar a los paramilitares en San José junto con ellos han llegado son prostíbulos.
La carretera en pésimas condiciones, los bloqueos se mantienen, el control de alimentación es total, la misma realidad muestra las mentiras del gobierno. Pero su cinismo no tiene límites pese a la realidad de muerte y exterminio que nos ha sentenciado, el gobierno nos culpa a nosotros de esto diciendo simplistamente que hacen todo lo posible pero la comunidad es cerrada. ¿Pero cerrada a qué? A la muerte y a la destrucción, a arrodillarnos al paramilitarismo, a entregar las tierras, a que nos sigan asesinado, tiene razón a eso, somos cerrados y no admitimos esa realidad.

“Sin embargo no dice por qué se ha negado el gobierno y la fiscalía a crear una comisión de evaluación nacional e internacional que diga porque no se ha hecho justicia en todos los casos de exterminio contra la comunidad, solo nos culpa es lo mas fácil. Para ellos solo existe colaboración si aceptamos sus derroteros de muerte, si los testigos dan testimonio para justificarse de que están haciendo algo, pero porque no le dicen al mundo que han hecho con mas de 40 testimonios que se dieron para la masacre de la Unión (asesinados seis líderes de la comunidad) donde dos testigos fueron asesinados por informaciones que dieron los organismos de control y asesinados por la fuerza pública. Por qué no dicen que ha pasado con los más de 120 testimonios que ha dado la comunidad en los diversos casos.

“Donde están las demás investigaciones solo colocan el testimonio como la única prueba pero cuando lo hemos dado este ya no sirve y todo en la impunidad, es la mejor forma de construir impunidad y ante esta forma tan sucia y corrupta de la justicia no se puede caer, es un deber moral e histórico develar la forma tan manipuladora que se utiliza el testimonio y con este solo justifican la impunidad y culpan a la comunidad, a las víctimas.

“No cuentan al mundo las veces que nos ha intimidado la fiscalía filmándonos, judicializándonos. Pero es natural en un estado que decidió exterminarnos, así lo tiene que decir para justificar su accionar de muerte.

“No ha contado al mundo el gobierno que, después de un año de la masacre, la comunidad exigió mínimos para poder tener credibilidad ante tanta mentira del gobierno y por ello exigió la comisión de evaluación de la justicia como una fórmula para intentar superar la impunidad, exigió el puesto de policía afuera donde estuviera la comunidad, exigió el respeto de las zonas humanitarias, pero el gobierno entendió todo al revés, ya que en vez de respeto a las zonas humanitarias sólo ha buscado exterminarlas con balas y muertes.

“Pero lo mas importante que no ha contado el gobierno al mundo en este año, que pese a su política de exterminio contra nosotros, de legalización del paramilitarismo, de querer sacarnos de las tierras, de la muerte que ha sembrado, la Fuerza Publica con cantidad de casos y que anexamos, la vida no ha sido derrotada, la dignidad de la comunidad no ha sido doblegada, y solo por que LUIS EDUARDO, BELLANIRA, DEINER, ALFONSO, SANDRA, SANTIAGO, NATALIA, ALEJANDRO están mas vivos que nunca y nos han mostrado el camino de la vida. Después de este año, el llanto, la tristeza y la desolación no han sido una forma de hacernos retroceder, por el contrario la memoria de nuestros amigos, sus enseñanzas, han estado más vivas que nunca, y por ello hoy, a un año de su muerte, estamos compartiendo al mundo esperanza de que es posible todavía, construir un mundo más humano donde vivamos en dignidad”.

Víctimas colombianas piden a Europa dejar de “alimentar la guerra”

La colombiana Brígida Gonzáles, miembro de la comunidad de paz de San José de Apartadó, en el departamento de Antioquia, pidió el martes 21 de febrero al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que no siga “alimentado la guerra” que sufre desde hace décadas su país y que retire su apoyo a la Ley “Justicia y Paz” del presidente colombiano, Alvaro Uribe. Gonzáles, madre de dos niñas que fueron asesinadas en algunas de las matanzas perpetradas por el Ejército, los paramilitares y la guerrilla en su comunidad, comenzó en España una gira por varios países europeos con el objetivo de seguir denunciando las masacres cometidas contra la población civil en Colombia. El martes 21 de febrero ofreció una rueda de prensa en el Congreso junto a la diputada de Izquierda Unida (IU), Isaura Navarro, y Gonzalo Franco, miembro de la ONG Acompaz (www.acompaz.org ), en la que recordó que desde que se formó la comunidad de paz de San José de Apartadó hace nueve años han sido asesinados 175 de sus miembros.

El martes 21 de febrero se cumple el primer aniversario de la masacre de ocho personas –tres menores de edad–, cometida por el Ejército en esa comunidad, una experiencia de resistencia civil que cuenta con el apoyo de la Iglesia, agencias de la ONU y ONG colombianas e internacionales, que se declara neutral frente a todos los actores del conflicto armado. Para Gonzáles, es “deplorable y vergonzoso” que países como España hayan ofrecido su respaldo político y económico al Gobierno de Alvaro Uribe para la aplicación de la Ley de Justicia y Paz –el marco legal para desmovilizar a los grupos armados ilegales–. “Es deplorable que se apoyen gobiernos con actitudes dictatoriales”, denunció.

En este sentido, aseguró que el supuesto plan de desmovilización y reinserción de los grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) es una “farsa” en la que no creen ya que, a su juicio, la estructura paramilitar ” sigue intacta y se mueve a través de la fuerza pública”.

“Mientras el presidente Uribe quiere hablarnos de paz, Ejército y paramilitares siguen haciendo de las suyas”, insistió Gonzáles, que consideró que la paz “no se construye con las armas”. “La paz se construye con garantías, mejorando las condiciones de la población civil, y respetando la vida, que es lo esencial”, subrayó. Asimismo, lanzó duras críticas contra el Plan Patriota, del que dijo que no es más que un “plan de exterminio” creada por el Gobierno con el pretexto de acabar con el narcotráfico y la guerrilla. Sin embargo, denunció Gonzáles, “se trata de una gran mentira porque lo que están haciendo es acabar con los campesinos”. Brígida Gonzáles tiene claro que comunidades de paz como la de San José de Apartadó son una “piedra en el zapato” para el presidente Uribe porque siguen denunciando ante la comunidad internacional las violaciones sistemáticas de Derechos Humanos contra los civiles. “Y pese a los muertos que hemos puesto no nos vamos a callar”, advirtió. Por eso, pidió a la comunidad internacional que siga denunciando las atrocidades que están ocurriendo en Colombia. “Si no fuera por esa cooperación y solidaridad ya habrían acabado con nosotros, pero la voz internacional ha hecho que (el Gobierno) pare un poco la arremetida contra la población civil”, sentenció. Por su parte, la diputada Navarro aprovechó la ocasión para volver a denunciar la “connivencia” que existe entre el Ejército colombiano y los grupos paramilitares, y criticar tanto al anterior Gobierno del PP como al actual del PSOE, “que se dice progresista”, por apoyar a Uribe en una ley, Justicia y Paz, que se basa en la impunidad.

También en Roma, la red italiana de solidaridad con las comunidades colombianas de paz ha organizado una manifestación de protesta frente a la Embajada de Colombia en Italia.

El europarlamentario Vittorio Agnoletto (GUE) ha solicitado la Unión Europea “evaluar el destino final de los recursos financieros destinados a tutelar las zonas humanitarias, las comunidades indígenas, las comunidades de paz, garantizando el correcto desarrollo no solo de las operaciones de voto, sino de toda la campana electoral. En Colombia, las zonas humanitarias y las comunidades de paz que tratan de resistir para estar afuera del conflicto armado, son constantemente objeto de numerosos e indiscriminados ataques por parte del ejército, como sucedió con ocasión del asesinato de Arenas Altasa y Arlen Salas David, miembros de la comunidad de paz de San José de Apartadó, el 17 de noviembre. Estos graves hechos demuestran que las palabras del gobierno colombiano no son creíbles porque sigue vigente la impunidad para los responsables de los masacres”.

– Cristiano Morsolin, educador italiano y operador de redes internacionales. Co-fundador del Observatorio Independiente sobre la Región Andina SELVAS. Trabaja en Latinoamérica desde 2001.