En el curso de la semana pasada se produjeron algunos hechos de significación. Entre muchos, dos son especialmente importantes. Por un lado, la renuncia de Chifflet a la Cámara de Diputados y por otro los avances en la búsqueda de la verdad a partir de las excavaciones en cuarteles y otros predios.

* Con el proyecto de ley autorizando el envío de un nuevo contingente de tropas uruguayas a Haití, surgió un debate de fondo en el Parlamento.

Los alcances de la presencia militar uruguaya en esta ‘misión’ ya habían sido estudiados en su momento por la Comisión de Defensa del FA presidida por el General Víctor Licandro, que concluyó con un dictamen contrario a la participación de Uruguay.

Con esta posición, el FA se mantenía dentro de lo que históricamente había sido la posición de la izquierda respeto a las acciones militares, políticas y diplomáticas de los Estados Unidos hacia América Latina.

Tal como había ocurrido cuando se trató en el Parlamento la participación de la Armada en la Operación Unitas, dentro del FA surgieron dos posiciones. Aquella situación llevó a que algunos legisladores se retiraran de Sala para no votar. El diputado socialista Guillermo Chifflet, en cambio, participó en el debate y en la votación. Expuso con claridad sus argumentos y votó en contra.

Ahora, ante el anuncio del mantenimiento de su posición contraria al envío de tropas a Haití, se realizaron una serie de gestiones políticas destinadas a disuadir a Chifflet pero no se logró modificar la decisión por él asumida.

Como resultado de las discrepancias y dada la naturaleza del tema en debate, afloró la coherencia entre el pensamiento y la acción que ha caracterizado al veterano luchador a lo largo de su vida y optó por renunciar a su banca

Su decisión ha causado impacto. Por eso en esto habría que hacer lo que recomendaba Horacio Quiroga para lograr la escritura: ‘dejar morir la emoción’.

Por su trayectoria, su estilo y su pensamiento, Chifflet es una figura de gran significación ética para la izquierda uruguaya. Desde antes de las grandes luchas de los 60, desde las páginas de “El Sol”, G.Ch. luchaba por su ideario socialista, libertario, democrático y solidario.

Se podrían enumerar las causas, aunque son casi infinitas, por las que se batió G.Ch. y que hicieron de él un punto de referencia para la militancia de izquierda.

Con la salida de G.Ch. del Parlamento, el gobierno y la bancada del FA pierden un legislador de peso, un trabajador incansable y prestigioso. Un hombre ampliamente representativo de la izquierda, más allá incluso de las fronteras de su propio partido.

La renuncia de G.Ch. no debería eclipsar el fondo de los debates que lo condujeron a esa decisión. Será ilustrativo examinar los argumentos, o la falta de ellos, de una y otra posición. Sobre el centro del debate, que no es sino cómo actuar ante el imperialismo norteamericano, comparto totalmente la posición de Chifflet.

Decíamos que G.Ch es representativo. Lo es no solo porque una gran masa de frenteamplistas ha querido verlo en el Parlamento sino también desde el punto de vista de la evolución, las síntesis y los equilibrios internos del pensamiento de izquierda.

No ha sido un militante que se lo pueda embretar con el sambenito de radical o de intransigente. Como todo dirigente fogueado, sabe que, en la larga marcha, se procura influir e interactuar y a menudo hay que hacer compromisos, acuerdos, transacciones.

El significado político que reviste la renuncia de G.Ch. es que siendo un militante orgánico y responsable, llegó a la conclusión que, sobre algunos puntos, no se podía tranzar. Y, actuando con honestidad y despojamiento, dejó su banca.

Es una actitud que llama a reflexionar sobre una cuestión de valores. La transacción ¿es o no es una actitud permanente o una seña de identidad?

No creo que a ninguna fuerza política le haga bien declararse interna o externamente en ‘estado de contemporización permanente’.

** La aparición de restos humanos en una chacra próxima a Pando y en los terrenos del Batallón 13 es un avance notable sobre las tinieblas que rodean al destino de los uruguayos detenidos-desaparecidos durante la dictadura.

La energía demostrada por el gobierno ordenando la investigación logró agrietar el muro de silencio impuesto por los militares durante más de 30 años, con la complicidad de los gobiernos de Sanguinetti, Lacalle y Batlle.

La recuperación de los cuerpos de los compañeros ha vuelto realidad actual todo un tramo de la vida del país oscurecido por un conjunto de mentiras e impunidades. La aparición de restos ha transformado en presente los crímenes y hace perentoria la lucha por la verdad y la justicia. Las evidencias de los asesinatos están ahí, son puro presente y todo el mentidero se derrumba.

La forma cómo la mayoría de la población se sensibilizó ante los hallazgos indica hasta qué punto eran falsas e inconsistentes las afirmaciones que sostenían que la desaparición forzada de personas era “una cuestión del pasado”.

En forma paralela a estos avances en la investigación, la bancada de senadores del FA estudia un articulado interpretativo de la Ley de Caducidad que, al explicitar de manera rotunda quienes no están amparados en la ley, habilitará su pasaje a la justicia.

En ese sentido pero desde un ángulo más radical y a través de otro mecanismo legal el senador Rafael Michelini declara la necesidad de “arrancar de cuajo” la Ley de Impunidad.

También se ha pronunciado el colectivo de periodistas del Semanario ‘Brecha’ que hace un llamamiento contra la ley:

“No es sólo la parte más reaccionaria de la sociedad la que considera que la ley de impunidad es intocable. También lo hacen aquellos que ignoran que el derecho internacional cuestiona radicalmente la facultad legislativa de amnistiar delitos de lesa humanidad, como la tortura y la desaparición forzada. O quienes consideran que una ley es independiente de las condiciones históricas en que fue creada. Hoy, el resultado del plebiscito de 1989 sería seguramente muy distinto, a la triste pero potente luz de lo que se sabe, se reconoce y se encuentra. En 1989 no se reconocía siquiera la existencia de desaparecidos, no se pronunciaba la palabra dictadura en los medios de comunicación, un spot en el que Sara Méndez informaba sobre el secuestro de su hijo fue censurado… Hoy no sólo se habla abiertamente de desaparecidos, torturas y huesos de prisioneros enterrados en cuarteles, sino que hay reconocimiento oficial al respecto, (…) No es descabellado pensar, con todo respeto por la Constitución, que estamos ante un momento constitucional distinto”.

Los vientos de verdad que desatan las investigaciones, al tiempo que disipan los engaños, permiten ver y oír la persistencia de una determinada mentalidad militar, que se niega a reconocer la realidad. Jerarcas que sostienen por ejemplo, que en la Fuerza Aérea no hubo torturas. Apenas ‘malos tratos’ para obtener información (…)

Esa mentalidad militar, que no es otra que la Doctrina de la Seguridad Nacional, también tiene “tarjeta amarilla”. La nueva legislación, que habilita una disponibilidad de opciones más amplia para el Poder Ejecutivo en el ascenso al generalato, permitirá avanzar tanto en la depuración de las FFAA como en la elaboración de una doctrina compatible con las instituciones democráticas y con el espíritu republicano que predomina en nuestro pueblo.

– Hugo Cores – PVP-567-Frente Amplio. La República, lunes 5 de diciembre del 2005