ECONOMÍA

Alvaro y El País de las Maravillas

Los grandes medios de comunicación del país, aliados con las asociaciones de industriales y de banqueros, no se cansan de alabar los avances y progresos económicos logrados durante el gobierno del presidente Uribe. Según ellos, Colombia está ahora enrutada, orientada a alcanzar un verdadero desarrollo económico. Sin embargo, un reciente estudio de las Naciones Unidas revela exactamente cual es nuestra situación en estas materias. Colombia, se encuentra entre las once naciones del mundo donde se presentan más desigualdades entre el dinero que ganan los más ricos y lo que ganan los más pobres. Mientras un rico gana 58 pesos, un pobre debe conformarse con un solo peso. Esto también explica, de acuerdo al informe, que el 64% de nuestra población se encuentre en la pobreza Cerca de tres millones y medio de personas deben sobrevivir con menos de un dólar por día ( aprox. 2300 pesos).

Colombia en esta clasificación de los países más desiguales se encuentra en compañía de naciones como Lesotho, Bostwana y Sudáfrica en África y Paraguay, Guatemala y Brasil en América Latina.

Por regiones en nuestro país hay también grandes desigualdades . Mientras el índice de desarrollo humano de Bogotá es similar al de una nación como Costa Rica que ocupa el puesto 47 en el mundo, departamentos como Chocó tienen un índice de desarrollo humano parecido al de Bolivia que está en el puesto 113. El índice de desarrollo humano mide entre otros factores la cobertura en salud, educación, la mortalidad infantil y los ingresos económicos por habitante de cada nación.

La gran desigualdad que hay en Colombia es sin duda alguna una de las causas que han dado origen al conflicto político militar que actualmente sufrimos. Esta desigualdad se intensifica gracias a la concentración de la propiedad de la tierra, la banca, la industria.

En el sector rural, las estadísticas son muy dicientes: 2388 grandes propietarios de fincas o haciendas de más de 2 mil hectáreas tienen el 53% de la tierra de nuestro país. Entre tanto, 3.223.778 pequeños propietarios de fincas de menos de 20 hectáreas apenas poseen el 8,8% de la tierra de Colombia. Esta concentración de la propiedad agrícola es un fenómeno que en los últimos años ha ido de la mano con la expansión o crecimiento del narcotráfico y el paramilitarismo. Por eso la pobreza en los campos ha crecido enormemente. En 1991, el 35% de la población campesina se encontraba en la miseria, ahora ese porcentaje ha subido al 53%. La desnutrición infantil golpea al 17% de los niñ@s de las áreas rurales y al 9,4% de los niñ@s de las zonas urbanas.
Un 38% de la población total del país no tiene , no recibe ningún servicio de salud en la actualidad y solo el 25% de la población trabajadora cotiza, está afiliada al sistema de seguridad social

El desempleo entre los jóvenes de los 18 a los 24 años de edad se ubica en un 33% y entre los profesionales universitarios la situación no es mucho mejor: El 44% de los mismos se encuentran en el rebusque desempeñando trabajos mal pagados y que no se corresponden con la capacitación adquirida, mientras el 11,7% se situan en el desempleo absoluto.

Unas 400 personas de carne y hueso controlan el 85% del capital financiero e industrial de Colombia. Un modelo social que promueve este tipo de desigualdades y concentraciones de recursos no puede ser un modelo eficaz para lograr un auténtico desarrollo en la nación, máxime si estas desigualdades en lugar de reducirse, van aumentando con el paso de los años.

En efecto, en 1990 cuando se iniciaba el gobierno de César Gaviria y la puesta en práctica del modelo neoliberal en la economía, el 45% de la población se encontraba en la pobreza. Ahora ese porcentaje es del 64%, lo que quiere decir que más de 9 millones de personas se empobrecieron en estos 15 años gracias a las políticas económicas puestas en práctica por los últimos cuatro gobiernos. Uribe asumió la presidencia con el 59% de la población en la pobreza, lo que significa que su administración le ha aportado 2 millones y medio más de pobres a nuestro país.

No hay cama pa”tanta gente

El presupuesto del Estado para el año 2006 refleja todas estas desigualdades. El total de gastos suma la cifra de 105 billones de pesos= aprox. 45.600 millones de dólares, lo que representa un aumento de más del 13% con relación al presupuesto de este año 2005.

Para el pago de la deuda externa e interna se destinarán 37 billones de pesos , o sea el 35% del presupuesto= aprox. 16 mil millones de dólares. Para pagar las pensiones de jubilación de los empleados públicos se gastarán 15 billones de pesos= aprox. 6500 millones de dólares y en las transferencias a los municipios y departamentos para subsidiar los servicios de salud y de educación se destinarán unos 16 billones de pesos= aprox. 6900 millones de dólares.

Los gastos de defensa seguirán creciendo. Para el 2006 totalizarán 9,5 billones de pesos= aprox. 4100 millones de dólares, lo que equivale al 8,9% de todo el presupuesto. Con esa plata se pagarán los 418 mil soldados y policías y demás personal de las fuerzas armadas, que para el 2006 aumentarán a 444 mil, de acuerdo a las políticas de seguridad democrática del presidente.

En este momento el Estado colombiano tiene más soldados y policías a su servicio, que maestros. Estos llegan a 332 mil, lo que demuestra a las claras las verdaderas prioridades o intereses políticos de la actual administración.
Para la llamada inversión social solo quedan unos 13 billones de pesos= aprox. 5.600 millones de dólares, o lo que es lo mismo un 12,5% del gran total, cifra con la cual es imposible creer que el Estado pueda atender las necesidades del 64% de la población que se encuentra en la pobreza.

El gran problema de este manejo de dineros y de cifras del presupuesto es saber como se va a conseguir toda esa plata que necesita el Estado. El ministro de hacienda, Alberto Carrasquilla, explicó que 55 billones de pesos= aprox. 24 mil millones de dólares, provendrán de los impuestos y rentas propias del gobierno. El resto, o sea 50 billones de pesos= aprox. 21.600 millones de dólares, se conseguirán con nuevos préstamos de la banca colombiana e internacional.

Todo esto significa que el Estado está en la física bancarrota, porque tiene que prestar año tras año grandes cantidades de dinero, que en su mayoría se van a pagar deudas anteriores en un círculo vicioso de permanente endeudamiento, que no tiene, que no ofrece ninguna solución ni a corto, ni a mediano plazo.

Y esto explica también, porque el Estado es el principal cliente de los bancos colombianos y el que estos obtengan anualmente grandísimas utilidades sin preocuparse por financiar y apoyar con créditos a bajas tasas de interés a los medianos y pequeños empresarios del país. En el primer semestre de este año, la banca reportó ganancias por más de 1,8 billones de pesos= aprox. 780 millones de dólares, buena parte de las cuales fueron logradas con los préstamos al propio gobierno colombiano.

Deme la plata, preste el marrano

La administración Uribe, cumpliendo las orientaciones del Fondo Monetario Internacional, se ha comprometido en una alocada carrera para feriar, para realizar a precio de quema las empresas y propiedades que todavía conserva el Estado colombiano. La muestra más reciente de esa carrera fue el ofrecimiento que se le hizo al millonario mexicano, Carlos Slim, monopolista de las telecomunicaciones en México, de quedarse con la empresa oficial “Telecom”, que controla la mayor parte de los servicios de telefonía de larga distancia en el país, por un precio irrisorio, mínimo de 260 millones de dólares, cuando en la realidad “Telecom” vale más de 3 mil millones de dólares. No satisfechos con entregarle a ese precio la empresa, Uribe y sus asesores aceptaron que Slim se embolsillara el 3% de los ingresos de la misma como honorarios por administrarla y que él determinara los sistemas de contabilidad y de organización internas, además de quedarse con unos subsidios en dinero por la prestación de los servicios telefónicos en municipios y regiones que no son rentables económicamente para los empresarios privados.

El presidente, violando todos los códigos legales, pretendía hacer el negocio con Slim, sin que se realizara el debido proceso de estudio de otras ofertas, animado, según él, por “el deseo de salvar la empresa para los colombianos”. Solo la oportuna intervención del contralor Hernández Gamarra, que denunció las irregularidades del acuerdo y amenazó con hacerle juicio fiscal a los posibles causantes de esta pérdida económica para la nación, frustró por ahora la entrega de la empresa a Slim, el cuarto hombre más rico del mundo, según la revista Forbes.

Sin embargo, las presiones del presidente continuarán y más temprano que tarde lograrán no solo entregar “ Telecom” a los capitalistas extranjeros, sino obtener que empresas rentables y sólidas como la EPM de Medellín y la ETB de Bogotá se comprometan en negocios parecidos, bajo el pretexto bastante discutible por lo demás según el cual estas entidades no pueden sobrevivir en el negocio de las telecomunicaciones , sin la “ayuda” de un socio extranjero que esté metido en el área de la telefonía celular.

La lista de empresas colombianas que han pasado a manos extranjeras en el transcurso del gobierno de Uribe es bastante larga. “Avianca” , la principal compañía de transporte aéreo, fue adquirida por el brasileño Germán Efromovich por 64 millones de dólares; la Philip Morris de Estados Unidos se quedó con la tabacalera “Coltabaco” por 300 millones de dólares; Las acerías de Medellín, Cali y Barranquilla fueron adquiridas por un consorcio brasileño, mientras la cervecera anglo-sudafricana “Saab Miller” se hizo a la propiedad de la principal empresa privada del país, la cervecería “Bavaria” por la suma de 7800 millones de dólares.

Pocas empresas nacionales continuan ofreciendo sus acciones en la Bolsa de valores de Bogotá y esto ha llevado a que inversionistas institucionales como los fondos privados de pensiones y de cesantías se vean obligados a comprar bonos de deuda pública del gobierno o aventurarse en las bolsas de valores de otros países para encontrarle rentabilidad a los depósitos que por más de 25 billones de pesos= aprox. 10800 millones de dólares manejan en la actualidad.

En realidad el modelo económico construido en estos años se basa en la prosperidad del capital financiero, de los bancos, que saca sus utilidades de actividades especulativas, que no crean empleo, ni fomentan empresas productivas;
en el sostenimiento de un sector industrial que hace sus ganancias con el mercado de consumo constituído por un 35% a 40% de la población que tiene ingresos económicos para comprar esos artículos que ofrece la industria
y en la exportación de materias primas como el petróleo, el carbón, el banano, el café, el níquel y algunos productos industriales que no necesitan de alta tecnología y que se fabrican a bajo costo gracias a la mano de obra barata y abundante que hay en nuestro país.

La seguridad democrática, fundamento de las políticas del presidente, ha fortalecido este modelo, debilitando las protestas populares , facilitando la puesta en práctica de reformas laborales y de exenciones de impuestos que favorecen los intereses de los grandes empresarios y negándose a considerar siquiera cualquier concesión social o económica a los sectores empobrecidos, excusándose en que la prosperidad de esos empresarios y la seguridad que se le brinda a sus inversiones y capitales es a la larga el mejor camino para sacar de la pobreza a la mayoría de la población.

Son las mismas propuestas que sostenían en los años 40 y 50 jefes del partido Conservador como Laureano Gómez y Mariano Ospina y las que luego presentó bajo el novedoso título de “desarrollismo” el candidato Alvaro Gómez en la campaña presidencial de 1974. El “desarrollismo “ de esa época se inspiró en el aparente triunfo económico de la dictadura militar brasileña, que terminó como todos sabemos con el inmenso fracaso social y político de ese proyecto en 1984, fracaso del que no logra recuperarse todavía ese país, cuyos niveles de desigualdad entre los muy ricos y los muy pobres son muy similares a los de Colombia en la actualidad.

Sin la intervención del Estado, los empresarios dejados a su libre criterio, a las fuerzas del libre mercado, solo se preocupan por aumentar sus ganancias, sin que les importe la situación social real de la mayoría de la población, perpetuando, así, las desigualdades e inequidades en la sociedad. Esto lleva a un terrible círculo vicioso, porque la pobreza y el desempleo se traducen en el aumento de la criminalidad y la delincuencia, fenómenos que el Estado combate con grandes gastos en el área de la seguridad, gastos que tienden a crecer, porque el problema de fondo que es la pobreza continua agravándose con el modelo que favorece la libertad absoluta de los grandes empresarios para hacer sus negocios. A la larga, para los propios banqueros e industriales resultaría más barato y más seguro invertir en reformas sociales que disminuyeran la pobreza y la criminalidad y que le ofrecieran verdadera seguridad a toda la sociedad. Estas verdades tan elementales le hubieran evitado a un país como Colombia la carga de muertes y de violencias que arrastramos desde hace muchos años.

Entrega segura

El Tratado de libre comercio con los Estados Unidos es un hecho , ante la actitud del gobierno Uribe de dejar librados a su suerte a una serie de sectores agrícolas e industriales que van a resultar seriamente perjudicados con la firma de este acuerdo. El gobierno colombiano ha aceptado las condiciones de los negociadores norteamericanos en productos como el trigo, la cebada, la soya, el maíz amarillo, el algodón, la carne de pollo, la leche en polvo, condenando a los cultivadores y empresarios colombianos de esas áreas a una quiebra anunciada.

Así mismo , se ha apresurado a aceptar las exigencias de los laboratorios farmacéuticos de Estados Unidos que plantean la ampliación a más de diez años de los derechos de propiedad y fabricación exclusiva de gran cantidad de medicinas, eliminando de paso las llamadas drogas “genéricas” producidas por empresas colombianas a un costo económico muy bajo para el consumidor. El monopolio de las medicinas de Estados Unidos se traducirá en un aumento en el costo de vida de la población, en los planes de salud de la seguridad social y en unas ganancias extras para las empresas norteamericanas por más de 800 millones de dólares. El pecio de las medicinas para el público podrá subir hasta en un 400%.

Similares concesiones se han hecho en otros sectores como la fabricación de químicos, la producción de abonos y medicinas veterinarias, el acceso gratuito de las compañías estadounidenses a las redes de telecomunicación colombianas, la presencia de la banca norteamericana compitiendo en posición ventajosa con la banca colombiana.
A cambio de todos estos privilegios, el presidente consiguió que productos como los textiles y la ropa manufacturada, las flores, los cueros, fueran exentas de impuestos para su venta en el mercado de los Estados Unidos. Recordemos que buena parte de la industria textil se ubica en Medellín, en Antioquia, región de la que procede el presidente y donde tiene su mayor capital político.

Sin embargo, estos logros del gobierno son en verdad un verdadero “regalo envenenado”, porque los negociadores norteamericanos para aceptar la entrada de ropa colombiana a su país impusieron como condición que esta tuviera como materia prima, por ejemplo, el algodón que se produce en abundancia y con grandes subsidios estatales en el sur de los Estados Unidos. Además, la feroz competencia con la ropa hecha en Centroamérica bajo el sistema de maquila y con los textiles chinos en el mercado norteamericano, no pronostica buenos tiempos para los empresarios colombianos del sector.

México es un ejemplo muy diciente de los malos resultados de estos acuerdos de libre comercio. Hace diez años firmó el tratado del NAFTA con Estados Unidos y Canadá y el gobierno mexicano de la época, de Carlos Salinas, presentó esa firma como la entrada definitiva de su país al mundo desarrollado. Desgraciadamente nada de esto fue verdad. Hoy por hoy, la agricultura mexicana está semiquebrada, la creación real de empleo ha sido escasa por no decir nula, más de siete millones de trabajadores mexicanos viven como ilegales en los Estados Unidos ante la escasez de empleos en su país; en los departamentos o estados fronterizos de México con los Estados Unidos abundan las fábricas que laboran bajo el sistema de maquila, que obliga a los obreros mexicanos a trabajar en jornadas larguísimas por salarios de miseria para unos patronos a quienes los empresarios norteamericanos les han encargado convertir las materias primas, los materiales que ellos les entregan en los artículos y productos que se venden a altos precios al consumidor de los Estados Unidos.

El tratado de libre comercio nos condena como ha condenado a México a ser una economía dependiente, cuya ventaja comparativa es la abundante y barata mano de obra local, de la cual pueden sacar provecho los empresarios norteamericanos en primer término y en segundo lugar los “maquiladores” colombianos.

Entre tanto, los comentaristas y los funcionarios del gobierno disfrazan estas realidades presentando como un éxito indiscutible del gobierno la reactivación económica que se vive. Pero como lo han dicho algunos estudiosos del tema, la tasa de crecimiento del país, inferior al 4% , está muy por debajo de la obtenida por las naciones vecinas.
Además, la bonanza actual solo beneficia a un sector muy pequeño de la población vinculado a la construcción de vivienda de lujo, la compra venta de propiedad raíz, las importaciones de artículos de gran costo, la banca y el narcotráfico.

Los altos precios del petróleo en el mercado mundial le han permitido al gobierno obtener unos dineros extras y disimular el agotamiento progresivo de los actuales yacimientos. Para el 2011 nos convertiremos en importadores del combustible, si no se encuentran para esa época nuevos pozos que compensen la producción de los que tenemos. Esta situación se complementa con la posible ampliación y entrega de la refinería de Cartagena a empresarios privados en otra muestra más de las políticas favorables a los grandes capitales nacionales e internacionales que ha puesto en práctica la administración Uribe.

Los altos precios del petróleo, han coincidido con una bonanza en las exportaciones de carbón y de otras materias primas lo que permite calcular el total de nuestras exportaciones para este año 2005 en cerca de 20 mil millones de dólares.
Desgraciadamente estos dólares no se están usando para crear empleo, para diversificar la estructura productiva del país. Más bien se agregan a la economía de especulación y de consumo de lujo que domina la realidad nacional, que está además animada por el gigantesco lavado de dólares que efectúan los carteles del narcotráfico y los jefes paramilitares que desean legitimar sus fortunas para hacer su entrada como nuevos integrantes de la burguesía tradicional, de la clase que por años y años ha dominado la vida política y económica colombiana, gracias a las ventajas y perdones jurídicos que les ha otorgado la ley de “Justicia y Paz” expedida por el presidente Uribe.

POLÍTICA

Clientelismo con mano firme

El gobierno y sus aliados han intensificado las presiones sobre la Corte Constitucional para que de su visto bueno a la ley de reelección aprobada por el Congreso. Desde cargos en la diplomacia para parientes y allegados, hasta amenazas de escándalos y denuncias por corrupción se han utilizado en esta ofensiva donde los medios de comunicación cumplen un papel clave, haciéndole creer a la ciudadanía que si el presidente Uribe no es reelegido vendrá la catástrofe para el país.
Los directores del principal periódico del país, “El Tiempo” , sumándose a las presiones se declararon amigos de la reelección , argumentando que no veían ningún candidato que pudiera igualarse en méritos y capacidades a la figura de Uribe. Las encuestas se muestran como el veredicto definitivo de la opinión pública a favor de un gobierno que según sus defensores salvó al país de una crisis total.

El presidente con gran habilidad se presenta ahora ante la nación como un hombre conciliador y generoso que desea hacer la paz con los grupos guerrilleros, para completar el proceso de desmovilización iniciado con los paramilitares.
Al segundo grupo guerrillero, el ELN, le ofreció empezar diálogos aceptando que existe un conflicto político militar en Colombia, contradiciéndose con las declaraciones que una y otra vez hiciera a lo largo de su gobierno afirmando que en el país no existía ningún conflicto político, sino simplemente un enfrentamiento entre un Estado democrático y unos grupos de bandidos terroristas que se estaban enriqueciendo con el negocio del narcotráfico.

Para completar el cambio de maquillaje, el presidente permitió la salida por tres meses de la cárcel de alta seguridad de Itaguí(Antioquia) donde estaba recluído, del líder del ELN , Francisco Galán , para que este pudiera cumplir con mayor facilidad su papel de intermediario de los posibles diálogos del gobierno con el comando central del grupo guerrillero.

La ofensiva se complementó con el ofrecimiento a la organización guerrillera más importante del país, FARC, de un sitio de encuentro en una aldea o caserío del municipio de Pradera en el departamento del Valle, donde en un plazo máximo de diez días delegados del gobierno y de las propias FARC pudieran concertar, acordar , los términos concretos de un acuerdo humanitario para el intercambio de los políticos y militares que esta guerrilla tiene secuestrados, por decenas de líderes subversivos presos en las cárceles del Estado. Sin embargo, el grupo subversivo rechazó la oferta por no ajustarse a las condiciones de seguridad previamente exigidas por ellos.
Además, la estrategia incluyó comenzar a aplicar la recién aprobada ley de “Justicia y Paz” , no con los jefes paramilitares que se suponía serían los beneficiarios exclusivos de la misma, sino con un grupo de guerrilleros condenados a largas condenas por diferentes delitos, en una jugada política sagaz dirigida sobre todo a los gobiernos Europeos y a las ONG”s internacionales que han criticado o dudado de los contenidos de esa ley y de sus reales intenciones de paz. Con esta maniobra Uribe trata de presentar la misma como un instrumento que es válido tanto para los guerrilleros de extrema izquierda, como para los paramilitares de extrema derecha.

Con todas estas acciones el presidente ha demostrado que es un político recursivo , inteligente , que sabe confundir y poner a la defensiva a los contradictores y enemigos políticos, aprovechando hasta el máximo posible el control que tiene de los medios de comunicación para proyectar, para transmitir a través de los mismos las imágenes que de él y de su gobierno más le convengan en cada coyuntura política.
La mayor parte de la población, y en esto no podemos engañarnos, está convencida de la buena voluntad y del espíritu de paz que animan al presidente. En ese sentido Uribe y sus asesores han acertado en la estrategia de mercadeo o publicidad política que están usando.

Sin embargo, las realidades son tozudas: El paramilitarismo no se está desmontando como pretenden hacerlo creer el presidente y sus consejeros. Se está transformando, se está adaptando a unas nuevas situaciones políticas que le permiten a sus jefes conseguir la legitimidad que tanto deseaban para actuar sin disfraces , ni intermediarios en la vida política y conservar las fortunas mal ganadas en la guerra que han hecho contra la población civil.

Por un lado “desmovilizan” a un buen número de sus tropas, pero por el otro conservan en la retaguardia otras en reserva, mientras mantienen el control de alcaldes y gobernadores en varios departamentos donde su palabra es la ley que rige, que gobierna la vida política local. Esto les permite lucrarse de los contratos del “chance” , una especie de lotería muy popular en el país, de los dineros de la salud, de los contratos de obras públicas y hacer alianzas clientelistas con los políticos tradicionales en departamentos como Bolívar, Sucre, Magdalena, Cesar, Norte de Santander, Casanare, etc.

La Ley de “Justicia y Paz” no los obliga ni a confesar todos sus crímenes, ni a reparar o a indemnizar a sus víctimas. Incluso para muchos de los jefes paramilitares elimina, acaba con cualquier sanción judicial que pudieran merecer por sus negocios con el narcotráfico.

El presidente tratando de disimular esta evidente impunidad ha creado una Comisión de Reparación encabezada por algunos intelectuales amigos suyos, y a la que se han vinculado en una dudosa decisión algunas delegadas de ONG”s.. El objetivo de la misma es el de disfrazar el silencio y la indefensión que la ley impone a las víctimas de los abusos y crímenes de los paramilitares ,con algunas iniciativas parciales de indemnización como la creación de un Fondo Económico de reparación , que se constituiría con dineros del Estado y de gobiernos amigos, pero no como debiera ser con las tierras y los dineros acumulados en la guerra por los verdaderos causantes de las masacres, los desplazamientos y las torturas a la población civil.
En estas circunstancias, el triunfo de la cultura mafiosa en el país es un hecho, a tal punto que algunos parlamentarios no han vacilado en afirmar que si en este congreso los paramilitares tenían un 35% de congresistas amigos, en el próximo ese porcentaje aumentará.

Sobra , igualmente, decir que en caso de aprobarse la reelección por la Corte Constitucional todo el inmenso poder político detentado por los narcoparamilitares, se pondrá sin dudas al servicio de la candidatura de Uribe.

Mientras tanto, algunos de los paramilitares de base desmovilizados se incorporarán como “guardias cívicos” a las agencias de seguridad del Estado, otros trabajarán en los proyectos productivos agrícolas, madereros y ganaderos que sus antiguos patrones están montando en tierras arrebatadas a los campesinos, a las comunidades indígenas y afroamericanas con la complicidad del gobierno.

Quedará de todas maneras un grupo numeroso que no se adaptará a las nuevas condiciones y que persistirá, que continuará en el oficio de las armas bien como delincuentes comunes o como nuevos paramilitares ofreciendo “seguridad” a empresarios y propietarios de regiones donde las tropas del ejército oficial no alcanzan a llegar o no pueden cubrir debidamente de los ataques guerrilleros.
Este fenómeno empieza a darse en zonas como el Catatumbo y los Montes de María.

Los voticos, mijito

La oferta del presidente Uribe al movimiento guerrillero ELN, más que un paso efectivo hacia la paz del país, representa una nueva jugada táctica del gobernante en el camino a la reelección. En efecto, si el ELN aceptara iniciar el proceso de diálogo que se le propone, esa aceptación encubriría, disfrazaría las políticas de impunidad que el presidente ha aplicado en relación con los paramilitares. Podría entonces justificar ante los críticos esa política de impunidad diciendo que está obrando de manera imparcial con los grupos armados irregulares al haber abierto el proceso de negociación con los subversivos del ELN.
De paso, Uribe mataría dos pájaros con el mismo tiro, porque debilitaría políticamente la estrategia de guerra de las FARC y aceleraría la desmovilización del ELN, sin hacer a cambio de esa desmovilización mayores concesiones políticas y sociales. Sería un verdadero triunfo para la seguridad democrática, que ha sido la base de su gobierno.

Mientras tanto, las FARC han intensificado la ofensiva militar en departamentos del suroccidente del país como Nariño, Cauca, Putumayo con repetidas voladuras de torres de energía, paros armados, asaltos a pequeños destacamentos militares y una campaña de intimidación y amenazas contra los gobernantes locales, que han puesto en serias dudas el pregonado éxito de la seguridad Uribista en esas regiones.
Las Fuerzas Armadas del Estado, como lo afirman varios comentaristas, parecen haber llegado a su máximo límite de cobertura militar. Planes como el “Patriota”, que buscaban desalojar a las FARC de territorios que desde hace años controlaban en departamentos como Caquetá, Guaviare, Meta, Vaupés no han ofrecido los resultados victoriosos que esperaban sus promotores en el cuerpo de generales y en el equipo de asesores norteamericanos que los apoyan. Son muchas las bajas por enfermedades, por los ataques sorpresa de los guerrilleros que se han registrado en las filas oficiales, pero ante todo el plan no ha sido exitoso porque se hizo énfasis, se le dio importancia al aspecto militar y sus coordinadores se olvidaron de un factor muy importante: Ganarse la voluntad política de las poblaciones locales con programas sociales y de desarrollo económico, que efectivamente mostraran una cara benévola del Estado, una solidaridad con estas gentes que tradicionalmente han padecido el olvido y la exclusión de los diferentes gobiernos de Bogotá y no que todo se limitara a ejercer el poder represivo que el uso de las armas otorga.

A mediano plazo, es muy posible que la estrategia de seguridad democrática en el país enfrente parecidas dificultades: No basta con fortalecer el aparato militar del Estado para conseguir la paz en el país como lo creen Uribe y sus asesores. Hay necesidad de planes, de programas sociales que auxilien a la mayoría de la población y le den un respaldo político efectivo al gobierno. El costo económico de sostener un aparato militar como el que ha creado el presidente requerirá más y más recursos, en forma de impuestos y contribuciones de la ciudadanía, que terminarán reventando la paciencia y los bolsillos hasta de los más leales uribistas. La propia ayuda militar de los Estados Unidos a través del llamado “Plan Colombia” vence en el año 2006 y aunque el presidente colombiano le ha insistido a Bush para que se apruebe su renovación es poco probable en las circunstancias políticas y económicas que viven los Estados Unidos que continuen las ayudas en cantidades parecidas a los 600 millones de dólares anuales que se están entregando en la actualidad.

Los obispos católicos colombianos, a través de su vocero Monseñor Luis Augusto Castro, han relanzado el esfuerzo de mediación para acercar al gobierno y a los grupos guerrilleros a una mesa de diálogo. En principio, las FARC se han mostrado reacios a tales iniciativas, mientras el presidente se ha preocupado por ganar votos para la reelección con propuestas de paz, que en el fondo no alteran para nada su posición tradicional de aceptar las negociaciones siempre y cuando sean para tramitar la desmovilización incondicional de los grupos guerrilleros.
Pero como lo dice el mismo Monseñor Castro , es un verdadero desastre para la población civil que ambas partes insistan en sus posiciones guerreristas con el consiguiente desangre y muerte para las gentes del común, cuando las circunstancias del conflicto indican que este solo podrá resolverse por una negociación entre las partes, que obligará a concesiones de lado y lado para abrirle espacio a un verdadero proceso de paz en el país.

Alvaro, un candidato “para” mostrar

Si la Corte Constitucional decide validar la ley de reelección, el triunfo de Uribe será un hecho consumado para el nuevo período 2006-2010. El presidente, abusando del poder que tiene, ha manejado a su amaño los medios de comunicación que se han encargado de convertirlo ante los ojos del ciudadano común y corriente en una figura mesiánica, providencial, un hombre totalmente necesario para la prosperidad de la nación.

Uribe ha formado una coalición con el respaldo de casi todos los empresarios, industriales, banqueros, hacendados, más el apoyo del 75% de los actuales congresistas que representan la clase política tradicional y el no menos importante de los jefes paramilitares, que ahora van a estrenar su recién ganada legalidad. A esto se suma una buena parte de los estratos o clases medias “embrujados” por el aparente éxito de las políticas de seguridad y sectores populares que con ingenuidad consideran que este era el presidente que necesitaba Colombia.

No contento con todos estos respaldos, el presidente ha logrado debilitar más la oposición a base de ofrecimientos de cargos diplomáticos y otras gabelas a algunas figuras de la misma. El caso más sonado es el del ex presidente Andrés Pastrana , quien de crítico feroz de la reelección, pasó ahora a ser el nuevo embajador de Uribe en Washington. Estas movidas clientelistas le restan, sin lugar a dudas, credibilidad a los voceros de la oposición, que es en últimas el objetivo que se han fijado el presidente y sus asesores.

Los grupos de oposición están actualmente divididos en los siguientes bloques:
El Partido Liberal oficialista, liderado por el ex presidente César Gaviria, que adelanta un proceso de consulta popular para seleccionar su candidato que con toda seguridad será el ex ministro Horacio Serpa; El Polo Democrático, partido de izquierda, cuyo máximo líder es el alcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, a quien por razones legales bastante discutibles no le es permitido presentarse como candidato presidencial. En su lugar fue escogido como candidato del partido el senador y exguerrillero del M-19, Antonio Navarro

La Alternativa Democrática, es otra coalición de grupos de izquierda, quizás más radicales en su oposición a Uribe, que ha seleccionado como su candidato al senador y exmagistrado, Carlos Gaviria.

Entre los dos bloques de izquierda se adelantan conversaciones para llegar a un acuerdo sobre un candidato de unidad.

De otro lado se situan movimientos independientes como el del exalcalde de Bogotá , Antanas Mockus y el del también exalcalde, Enrique Peñalosa. Este último se retiró de la consulta liberal y ha seguido un rumbo errático, mostrándose muy amigo de ciertas políticas de Uribe, con el ánimo tal vez de ganar votos de seguidores del presidente en caso de que la ley de reelección no sea aceptada por la Corte Constitucional.
Esta oposición dividida, fragmentada, sin candidatos que realmente atraigan por su carisma e ideas a un electorado manejado por los medios de comunicación, no puede ofrecerle a Uribe mayor peligro.

La amenaza para los Uribistas nacería de una decisión de la Corte contraria a la reelección. Los partidarios del presidente están divididos en seis o siete movimientos políticos cada uno con sus propios jefes, a quienes solo une la figura del presidente. No existen dentro de esos jefes líderes que pudieran reemplazar con eficacia a Uribe como candidato y esta coyuntura facilitaría entonces el trabajo de los candidatos opositores, que podrían entrar a pescar en el río revuelto de las ambiciones de los diferentes sectores de la coalición de gobierno.

Para este trabajo de pescar en río revuelto sin duda los exalcaldes Mockus y Peñalosa serían los mejor situados para sacar provecho político de esas divisiones.

Movimiento popular

Resistencia y esperanza

Los sectores populares en general y el movimiento popular en particular se han visto debilitados y confundidos por la ofensiva política, ideológica y represiva del proyecto conservador y autoritario que lidera Uribe. Sin embargo, a pesar de todas estas dificultades sectores como el de los pueblos indígenas han logrado en regiones como Cauca, Tolima, mantener la unidad en defensa de los legítimos intereses de sus comunidades, amenazados por la acción de los grandes hacendados, los grupos armados irregulares y el propio Estado.

En Cauca, por ejemplo, a pesar de las presiones del gobierno, los cabildos han ratificado la neutralidad activa y la estrategia de resistencia pacífica ante los diferentes aparatos armados, incluyendo en ellos las tropas del mismo ejército oficial. Esta actitud les ha valido a sus líderes amenazas, detenciones, acusaciones de complicidad con los subversivos de un lado, así como más amenazas e intimidaciones del bando opuesto.
Las comunidades locales han rechazado en consulta popular el tratado de libre comercio con los Estados Unidos, al juzgarlo lesivo para la soberanía nacional. En el mismo sentido se pronunciaron los cabildos del departamento del Tolima, quienes organizaron una marcha para exigir del gobierno la protección efectiva de sus derechos, de sus tierras, de su cultura.

En Caloto, municipio caucano, una recuperación de tierras hecha por los Cabildos fue respondida violentamente por la policía y el ejército con un saldo de decenas de heridos entre los indígenas, hecho que prueba de una parte la gran capacidad de lucha de estos pueblos en defensa de su patrimonio y del otro, la intolerancia de un gobierno que es incapaz de resolver pacíficamente los conflictos sociales que se presentan n la vida diaria del país . Finalmente se llegó a un acuerdo inicial gracias a la mediación del juez español, Baltasar Garzón.

Más de 20 mil indígenas han sido desplazados de sus tierras en los últimos cinco años y unos 200 líderes indígenas han sido asesinados. Las situaciones de violencia se han intensificado en regiones como la Sierra nevada de Santa Marta y el departamento de la Guajira ubicados en la Costa Atlántica donde comunidades Koguis, Arhuacas, Wayuus, Kankuamos, han sido víctimas de los crímenes de los grupos armados irregulares y de sectores del ejército oficial, ante el afán de terratenientes, narcotraficantes y políticos de despojarlos de sus tierras para usarlas en los cultivos de coca, en proyectos turísticos o como corredores estratégicos para el tráfico de armas y de drogas.

Entre tanto, en los sectores sindicales seriamente debilitados por el modelo neoliberal impuesto en el país que ha privilegiado los intereses de los empresarios y recortado los derechos de los trabajadores y por la acción criminal del sicariato al servicio de los llamados “señores de la guerra”, corren aires de renovación.

Se ha planteado una fusión entre la Central mayoritaria, la CUT y la más antigua, la CTC, que agruparía a más de 700 mil afiliados, con el ánimo de fortalecer el protagonismo social de la llamada clase obrera. Quedaría por fuera de la fusión la tercera Central, la CGT.
Como complemento de la fusión se plantea un interesante proceso de lo que hoy llaman los expertos “reingeniería”, para dinamizar el movimiento sindical en su conjunto. En vez de tener decenas de pequeños sindicatos, se propone crear 18 grandes sindicatos que agrupen por sectores industriales a los trabajadores y les den un mayor poder de negociación y convocatoria social.

Estas reformas urgen, si tomamos en cuenta que según los cálculos más optimistas los sindicatos solo reúnen al 5% de la población trabajadora de la nación.

De otro lado, una serie de paros cívicos en varios municipios de la Costa Pacífica, donde la población afroamericana es mayoritaria, rompieron el presunto unanimismo popular favorable a Uribe que los medios de comunicación han tratado de crear. Localidades como Guapi, López de Micay, Timbiquí, tradicionalmente olvidadas por los gobiernos departamentales y nacionales se cansaron de seguir esperando el cumplimiento de las promesas oficiales para la solución de necesidades como la energía eléctrica, el agua potable, los servicios de salud y de educación.

Un hecho positivo de este período fue la realización de la Semana de la Paz y del Congreso de iniciativas de Paz, organizados por el Episcopado colombiano y varias redes de organizaciones sociales, para reafirmar el compromiso de grandes sectores de la población en la búsqueda de una salida negociada al conflicto político militar que sufrimos. Un punto interesante de la semana fue la manifestación de los jóvenes de Ciudad Bolívar, zona popular al Suroriente de Bogotá, que con desfiles y comparsas callejeras ratificaron su rechazo a la presencia de grupos irregulares armados en sus barrios, a las tareas de reclutamiento que hacen y a los crímenes que cometen. En lo que va corrido del año han sido asesinados cerca de 150 jóvenes, asesinatos que han quedado en la más completa impunidad. Como complemento de estas acciones se realizó una consulta popular donde los habitantes de la zona votaron abrumadoramente a favor de establecer unas políticas de paz y de convivencia para esta área urbana de la capital, que para muchos habitantes de las zonas ricas de la ciudad es sinónimo de criminalidad y delincuencia.