Durante dos semanas, más de mil indígenas Nasa ocuparon la finca “La
Emperatriz” en el municipio de Caloto, Cauca. ¿Qué buscaban? ¿Qué
obtuvieron?

Antecedentes

La historia de la toma de “La Emperatriz” empezó hace 14 años. El 16
de diciembre de 1991, 20 indígenas (entre ellos mujeres y niños)
fueron asesinados en una operación conjunta entre paramilitares y
fuerza pública. La masacre ocurrió en una finca llamada “El Nilo”,
ubicada en el Resguardo de Huellas, al norte del Cauca. El caso se
llevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el
gobierno colombiano se comprometió en ese momento a entregar, como
parte de la reparación integral por la masacre y para solucionar los
problemas de tierra de las comunidades afectadas, 15.663 hectáreas de
tierras cultivables, que serían adquiridas entre 1992 y 1994.

Los tiempos estipulados pasaron sin que las tierras fuesen entregadas
y a partir de 1995 se firmaron sucesivos acuerdos que ratificaban los
compromisos. En 1997 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
produjo resoluciones confirmando la responsabilidad del estado en la
masacre y conminándolo a entregar las tierras pactadas. Y el 28 de
julio de 1998, en un acto público, el entonces presidente Ernesto
Samper reconoció la responsabilidad del Estado en la masacre y se
comprometió a garantizar el cumplimiento de los acuerdos.

En los 14 años transcurridos desde 1991, se compraron 9.047,6
hectáreas de tierra para los Nasa, y 6.615,4 hectáreas siguen
pendientes [1]. El problema, sin embargo, no es solo de cantidad.
Según las comunidades indígenas, las tierras que se les han asignado
no les permiten asegurar su soberanía alimentaria, pues “Tan solo un
12% del total de los territorios de los resguardos es apto para la
producción pecuaria y de alimentos, sin tener a dónde ampliar la
frontera agrícola debido a que [las circundantes] son zonas de
conservación para la producción de agua”[2].

Hay sin embargo, otro argumento que ha estado en el centro de las
demandas indígenas. Se trata de la convicción de que la tierra, como
ente vivo, debe ser colectiva. Según expresan las comunidades,
“Nuestra madre, la de todos los seres vivos, está sometida, según la
ley que se impone, tiene dueños, es propiedad privada. Al someterla
como propiedad para explotarla, le quitaron la libertad de engendrar
vida y de proteger y enseñar el lugar, las relaciones y el tiempo de
todo lo que vive”[3]. En ese sentido, la toma se enmarcó en la
voluntad de “liberar a la madre tierra”, al recuperar el carácter
colectivo del territorio. Según señaló Manuel Rozenthal, de la ACIN,
“La razón de fondo de la recuperación es que para las comunidades
indígenas la tierra es la madre. Mientras la tierra sea privada, como
lo es la finca ‘La Emperatriz’, la tierra será improductiva, la tierra
será explotada de manera tal que será destruida, y la gente sufrirá
hambre y exclusión. Las comunidades indígenas realizan esta
recuperación no solo por sus derechos, sino como un llamado a que la
tierra debe ser puesta en libertad para que sea colectiva, para que
pueda vivir la misma tierra y en consecuencia alimentar a sus
hijos”[4].

La toma

En la madrugada del 2 de septiembre, con el apoyo de la Guardia
Indígena, los Nasa entraron a la finca. Esa misma noche comenzaron los
intentos de desalojo por parte de la fuerza pública. Las autoridades
indígenas habían presentado ya una propuesta de diálogo, que el
gobierno departamental se negó a considerar mientras se mantuviera la
ocupación.

Los días siguientes transcurrieron con constantes roces entre los
indígenas asentados en el predio y representantes de la fuerza pública,
en especial del ESMAD (Escuadrón Móvil Anti Disturbios), quienes los
atacaron con gases lacrimógenos, golpes, disparos de fusil y granadas.
Entre 35 y 50 indígenas resultaron heridos en el transcurso de la
semana, incluyendo al gobernador del resguardo, Maximiliano Conda, y a
un niño de 13 años que perdió un ojo por las esquirlas de una
granada[5].

El 9 de septiembre, un capitán del ESMAD fue retenido en medio de los
enfrentamientos. De acuerdo con las autoridades indígenas, el capitán
Garzón “fue rescatado y protegido por la guardia indígena cuando fue
herido durante las confrontaciones en medio de la noche”[6]. Al día
siguiente se organizó un acto para entregarlo al Defensor del Pueblo,
en lo que Giovanni Yule, consejero del CRIC, explicó como “un acto
humanitario contra la guerra y la violencia y a favor del diálogo”[7].
En la misma ceremonia, las autoridades indígenas leyeron un acta en la
que decretaban la incineración de los escudos y materiales de guerra
“decomisados” a otros oficiales antimotines. De acuerdo con el
comunicado emitido posteriormente por las comunidades, “El
Representante a la Cámara Alexander López fue testigo presencial de
todo este proceso y escuchó de boca de varios comuneros como los
policías y militares amenazaron a los comuneros y comuneras con que
les mandarían a los paramilitares para que los mataran. El Defensor
del Pueblo se comprometió a investigar estas aseveraciones”[8].

Ese mismo día, el gobernador suplente del resguardo, Feliciano Coscué,
declaró a la prensa que no permitiría la infiltración de la guerrilla
en la recuperación[9]. No obstante, los señalamientos del gobernador y
del general Daniel Castro Castro acerca de que los indígenas le
estarían “haciendo el juego” a las FARC fueron recurrentes, mientras
los comunicados del resguardo insistían en reiterar su “rechazo a
cualquier tipo de acción político-militar de las FARC-EP que intente
involucrar al movimiento indígena en sus objetivos y propósitos”[10].

El acuerdo

Finalmente, en la tarde del 13 de septiembre representantes del
gobierno y autoridades indígenas firmaron el acuerdo que habría de
poner fin a la toma. La reunión, que se llevó a cabo en el Resguardo
de Huellas, contó con el acompañamiento del Procurador General de la
Nación Edgardo Maya, el Defensor del Pueblo Vólmar Pérez, Monseñor
Darío Echeverri y el juez español Baltasar Garzón, entre otros.

El acta de concertación que resultó del proceso compromete al
gobierno a cumplir los compromisos adquiridos por el estado colombiano
con el pueblo Nasa y establece tiempos y procedimientos para la
adquisición de los terrenos, con la especificación de que el Incoder
habrá de garantizar que los predios elegidos sean aptos para la
agricultura.

De acuerdo con el acta, para este año “se ha acordado comprar 777
hectáreas, de conformidad con los predios identificados y presentados
por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca”[11]. Por
otra parte, el compromiso firmado por Sabas Pretelt incluye “Que se
dispondrá de recursos por $24.000 millones en los presupuestos de las
vigencias de los años 2006 y 2007 para que se cumplan los acuerdos
sobre adquisición de tierras para las comunidades indígenas que
resultaron afectadas por la masacre del Nilo”[12].

Finalmente, vale la pena anotar las concesiones políticas de ambas
partes que hicieron presencia en el documento, según el cual

“El CRIC-ACIN reconoce la voluntad y disposición del gobierno del
presidente Álvaro Uribe Vélez por darle cumplimiento a los compromisos
adquiridos por el gobierno colombiano en 1991, así como su decisión de
apoyar la adquisición de tierras para los indígenas del Cauca.

El Gobierno Nacional reconoce la vocación y compromiso de los Pueblos
Indígenas del Cauca por no dejarse involucrar en los objetivos de los
actores armados ilegales y su decisión de ejercer sus derechos
democráticos y su autonomía en el marco de la Constitución de 1991 y
la ley 21 de 1991”[13].

Solo queda esperar que los acuerdos –ahora sí- se cumplan, y que
ninguna de las partes haya de retractarse de tan halagadores
reconocimientos.

Notas

[1] “Acta de concertación para ratificar el cumplimiento a los
Acuerdos del Nilo firmados en 1991”. Consejo Regional Indígena del
Cauca – CRIC – Gobierno Nacional. Septiembre 13 de 2005.

[2] “Pueblo Nasa y el derecho a la tierra”. Comunidades Indígenas del
Cauca, septiembre de 2003.

[3] Ibid.

[4] Manuel Rozenthal, vocero de la Asociación de Cabildos Indígenas
del Norte del Cauca, ACIN, en entrevista con Gregorio Dionis de Radio
Nizkor, el 10 de septiembre de 2005. Escuche la entrevista completa
haciendo clic aquí.

[5] “Libertad para la madre tierra 11” Comunicado del Consejo Regional
Indígena del Cauca, CRIC y la Asociación de Cabildos Indígenas del
Norte del Cauca, ACIN. Septiembre 10 de 2005.

[6] Ibid

[7] Ibid

[8] Ibid

[9] “Indígenas liberan a policía retenido”. Diario El País, septiembre
10 de 2005.

[10] “Comunicado a la opinión pública”. Consejo Regional Indígena del
Cauca, CRIC y Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca,
ACIN. Septiembre 6 de 2005.

[11] “Acta de concertación para ratificar el cumplimiento a los
Acuerdos del Nilo firmados en 1991”. Consejo Regional Indígena del
Cauca – CRIC – Gobierno Nacional. Septiembre 13 de 2005.

[12] “Acuerdo para desalojar hacienda”. Diario el país, septiembre 14
de 2005.

[13] “Acta de concertación para ratificar el cumplimiento a los
Acuerdos del Nilo firmados en 1991”. Consejo Regional Indígena del
Cauca – CRIC – Gobierno Nacional. Septiembre 13 de 2005.

– Tomado de Actualidad Colombiana, Boletín quincenal – Edición No.
415 septiembre 15 al 29 de 2005, http://www.actualidadcolombia