A pocos meses de las elecciones generales, los frentes, partidos y candidatos hablan de todo menos de lo principal, del programa de gobierno que necesita nuestro país. Las razones para esta desidia y traición a los intereses populares abundan, pero principalmente se debe a incapacidad de asumir retos para conducir a Bolivia hacia el desarrollo sostenido en términos de justicia y equidad social.

La situación de América Latina parece indicar que aun los mejores gobiernos actuales en función de desarrollo y justicia social, los de Lula y Hugo Chávez, siguen confrontando problemas de fondo debido a falta de profundización de medidas sociales, económicas y políticas. En Brasil falta una profunda reforma agraria que está retrasando la modernización del agro y producción de alimentos más allá del mero autoconsumo. El retraso de política de industrialización y valor agregado de materias primas priva al gobierno venezolano de mayores ingresos provenientes de ventajas competitivas y no solamente de comparativas, como constituye el hecho de poseer grandes reservas de hidrocarburos. Los planteamientos referidos a la conformación de PETROSUR y ALBA deben inducir al futuro gobierno de Bolivia a ser parte de esta estructura que puede abrir mercados alternativos en mejores condiciones que ALCA y dotar de recursos a YPFB para su modernización e industrialización.

Otros gobiernos de la región están más lejos aún de soluciones reales para sus poblaciones. En Perú se ha optado por vender gas a Norteamérica sin valor agregado y sin tener en cuenta que el mercado interno peruano es tremendamente grande, si se tiene en cuenta la industrialización creciente y el consumo de energía per cápita cada vez mayor del pueblo, tanto en domicilios como en transporte y agro-industrias. No hay relación entre las reservas escasas de Camisea y la mala utilización de una exportación sin valor agregado y con precios bajos. Se deja de lado expectativas mayores del pueblo peruano para industrializar sus materias primas, haciendo ingresar con ello diez veces más divisas con la misma cantidad de materia prima. Es evidente que no existe en este gobierno y en otros el concepto de industrialización planificada, valor agregado incorporado, productividad y uso del mercado interno.

En última instancia se deduce que gobiernos de América Latina son mediocres por falta de equipos especializados en planificar la economía, utilizar tecnopolíticas y hacer participar agentes sociales y económicos de base en los planes de gobierno. Por eso también caen presos en dictámenes de organismos internacionales como FMI, BM, ALCA y aún la CAF que presionan permanentemente para exportar materias primas sin valor agregado, pero en última instancia sólo para pagar la deuda externa, que como ya se sabe en América Latina es enteramente impagable e incobrable.

La deuda externa latinoamericana es cada vez mayor porque no hay ahorro interno, y no existe ahorro debido a que se exporta materias primas sin industrializarlas y sin adicionarles inteligencia y materia gris endógena. Es un círculo vicioso del cual se debe salir. Las transnacionales no son obligadas contractualmente a industrializar las materias primas. Un ejemplo concreto es Bolivia, donde a las petroleras internacionales por un lado y las mineras por otro no se les pasa por la mente producir diesel ecológico, metanol, DME, ureas, plásticos, olefinas, manufacturas de plásticos, metales de acero y de color, maquinarias y equipos. La culpa es de los gobiernos que no les ponen condiciones para este objetivo y dejan que ellas decidan por su cuenta la exportación de materias primas sin valor agregado. Los casos de Petrobras, Andina y Chaco son elocuentes por su afán de exportar gas natural sin antes invertir en plantas de separación, fraccionamiento y petroquímicas. En el caso de la minería en San Cristóbal e Inti Raymi se piensa sólo en exportar grandes cantidades de minerales o concentrados de oro, plomo, zinc y plata sin antes convertirlos al menos en metales y mucho menos en manufacturas metálicas y productos industriales.

Hay industrialización de materias primas bolivianas en todas partes, menos en Bolivia. Maderas se convierten en muebles en el exterior. La soya no se transforma en biodiesel. A maíz y caña de azúcar no se les extrae alcohol industrial para utilizarlo en mezcla con gasolina y obtener un transporte popular más ecológico, competitivo y sostenible. Quinua que no se industrializa ni se promueve su producción en grandes cantidades para su venta en Europa, Japón y China. La gran demanda europea por agricultura orgánica está en pañales y no cuenta con el apoyo del Estado, en los casos de cacao, café, té, castaña, palmito, cultivos andinos, estevia, habas, uvas, frutas, algodón, trigo, cebada, tarhui, amaranto y otros.

El programa de gobierno que necesita Bolivia debe partir por la planificación de la producción y el apoyo integral del Estado a miles de comunidades campesinas, cooperativas agropecuarias, agro-industriales y ganaderos. Los recursos de la asistencia técnica y económica deben provenir de la recuperación de los hidrocarburos para los bolivianos y de su industrialización vía YPFB con socios estratégicos como PDVSA, PETROSUR, PETROCARIBE, empresas chinas y japonesas, sin dejar de lado la participación de FECOIHBOL, es decir de las cooperativas industriales e hidrocarburíferas de Bolivia. También PETROBRAS, con otra filosofía de cooperación con Bolivia y reconvertida con una asociación de valor agregado y beneficio mutuo con YPFB, facilitaría la venta de grandes cantidades de termoelectricidad boliviana y diesel ecológico o DME a Brasil.

Bolivia necesita dotar de tierra a pequeños, medianos y grandes productores. La tierra debe ser de quienes quieren trabajarla y no especularla. Las tierras fiscales deben ser repartidas a cooperativas de mil familias con una buena dotación de semillas, tractores, riego, vaquillas y herramientas de trabajo. En manos de hacendados no deben estar más de 10 mil hectáreas y tiene que haber compromiso regulado entre grandes productores y Estado para contratar gente y aumentar la producción para la exportación. Hay que dar incentivos para aumentar la productividad.

Está comprobado que países pobres como Bolivia necesitan refundación sostenible de sus empresas públicas, como YPFB, ENDE, ENFE, SIDERSA, COMIBOL, ENTEL, CBF, Bancos estatales de segundo piso, CORACA, con alta productividad, sostenibilidad y control social. Establecer una economía mixta y de ella pública y social, es un reto frente al neoliberalismo y no debe enfrentar a la empresa privada productiva, sino más bien fomentar producción integral, incubar nuevas empresas tanto en el agro como en las ciudades y unir a la nación. El rol de ciencia y tecnología, investigación y desarrollo de productos y procesos es esencial. El Gobierno que surja con apoyo popular no debe ser indiferente a la creación de parques industriales y tecnológicos, polos y centros científicos a cargo de científicos y profesionales jóvenes. La nueva generación Siglo XXI debe conducir Bolivia a la vanguardia.

Por su parte la amazonia, chiquitanía, Ixiamas, parques naturales, altiplano y chaco tienen futuro enorme en reforestación y captura de carbono del aire, dióxido de carbono gaseoso que es emitido por países industriales contaminadores, los cuales según Protocolo de Kyoto deben pagar a Bolivia por descontaminación y liberación de oxígeno adicional. El país puede obtener millones de dólares por servicios ambientales, eco-turismo, biocomercio regulado y patentes en biogenética y biodiversidad.

Finalmente el cambio obligatorio de matriz energética en transporte, industria y generación de energía eléctrica colocaría a Bolivia en plano competitivo para todas sus exportaciones. Ingresos por venta de energía eléctrica a países vecinos podrían llegar a corto plazo a 10 mil millones de dólares.

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