Desde hace algunos meses, representantes de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) entregan a comunidades indígenas, en varias zonas de México, formatos de cartas en las que las comunidades solicitan al gobierno que declare sus territorios -o parte de ellos- “área prioritaria” para el Programa de Pagos por Servicios Ambientales. Según informa Ojarasca, estas misivas simulan venir de las propias comunidades, con los nombres impresos de las autoridades comunales o ejidales. (Ramón Vera Herrera, La jornada/Ojarasca número 97, mayo 2005).

La entrega de las cartas es precedida de una reunión “informativa”, a la que llegan representantes de la Conafor e instituciones como la Procuraduría Agraria, la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y autoridades estatales y municipales. Básicamente dicen a las autoridades comunales o ejidales que firmando estas cartas e integrándose al Programa de Pagos por Servicios Ambientales les pagarán de 300 a 400 pesos por hectárea de bosque, siempre que sigan un plan de manejo forestal autorizado por el gobierno, el cual será monitoreado vía satelite y mediante otras formas que la comunidad debe facilitar. En algunos casos, les explican también que los primeros años será el gobierno el que pagará y luego vendrán empresas que continuarán haciéndolo. Y así, dicen, ellos se convertirán en “empresarios” del agua y del bosque.

Estas cartas, en lugar del entusiasmo que esperaba la Conafor, provocan enojo y rechazo, por lo que consideran una nueva agresión del gobierno disfrazada de beneficio. Una de las razones principales de ello es que lo ven como otro intento de enajenar su territorio. No la tierra, el bosque o el agua por separado, sino el despojo del manejo colectivo y autogestivo que ejercen sobre su territorio, inseparable de la tierra, sus formas de vida, organización, decisión, cultura, es decir, lo que los hace ser pueblos indios.

Quizá esta sea la trampa principal que conllevan estos mecanismos. Se presenta como pago o reconocimiento por algo que las comunidades ya están haciendo: por el cuidado del ambiente, las cuencas, los bosques, la biodiversidad, etcétera. Les prometen recursos económicos que necesitan, por la situación de empobrecimiento en que los han colocado siglos de colonialismo y de políticas de los mismos gobiernos que ahora les ofrecen este “pago”. El requisito es que acepten que el manejo del territorio lo puedan decidir instituciones externas a los pueblos, ejidos y comunidades. En muchos casos este “plan de manejo”, mediado por despachos o profesionales que se quedan con buena porción de los fondos prometidos, aparentan “no hacer nada” (es decir, dejar intocados los bosques por unos años) o “nada nuevo”, porque coincide con el manejo que ya hacía la comunidad. La gran diferencia reside en que sea lo que fuere ya no será por definición de la comunidad o ejido, sino del gobierno, que establece las normas de las “áreas prioritarias” o de quien pague por el servicio ambiental que presta el territorio.

Los recursos de que dispone la Conafor son préstamos que entregan el Banco Mundial y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés), principales promotores de estas políticas. Su objetivo es consolidar “mercados” de servicios ambientales, es decir, no solamente pagos, sino también cobros por servicios ambientales. Disimulado bajo el aparente reconocimiento de los beneficios que aportan quienes cuidan desde hace siglos los bosques, ríos y biodiversidad, se introduce que bienes comunes, como agua y aire, tendrán que ser pagados por todos los pobladores (además de pagar primero los préstamos que toma el gobierno del Banco Mundial, que engrosan la deuda externa pública) Quien no pueda hacerlo, no tendrá derecho a ellos.

Los pagos de servicios ambientales convierten el manejo del territorio en mercancía, lo someten a las reglas del mercado. ¿Qué pasaría si una comunidad decide que ya no quiere participar en el programa y desea volver a decidir sobre el manejo de su bosque? Según los contratos, además de suspender los pagos programados, serán multados y podrían perder más de lo que recibieron. Pero al estar en “áreas prioritarias de servicios ambientales”, será el gobierno el que decidirá qué se puede hacer allí o no. Las comunidades no podrán alegar ni su derecho a consulta, porque ya firmaron al gobierno que “solicitaban” ese “reconocimiento”.

Si como aspira la Conafor, quien toma el contrato es una empresa -muy probablemente extranjera, porque quienes entran en esos negocios son las multinacionales más contaminantes, que así justifican la destrucción que hacen del ambiente-, ésta podría demandar indemnización al Estado por incumplimiento de contrato. Si son industrias como Mitsubishi y otras que se dedican al “mercado secundario” de esos servicios -compran contratos de “pagos de servicios ambientales” en países donde salen baratos y los venden a otras empresas en naciones donde se pagan más caros-, hasta pueden alegar “pérdida de ganancias” y aplicar reglas similares a las del capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Es necesario aceptar y apoyar el aporte que hacen a toda la sociedad quienes cuidan los recursos naturales en sus propios términos, por ejemplo reconociendo sus derechos integrales y colectivos. Estos mecanismos, por el contrario, son nuevas formas de negarlos.