La caída del ex presidente ecuatoriano Lucio Gutiérrez, nuevamente abre el debate sobre la democracia en Ecuador y, por extensión, en la denominada “región andina”. Las reflexiones en su mayoría giran en torno a la “inestabilidad” del régimen democrático, la falta de legitimidad de la “clase política” y, por consiguiente, suelen concluir en la existencia de una recurrente crisis de “gobernabilidad”.

Tanto es así, que a propósito del derrocamiento de Abdalá Bucaram y Jamil Mahuad en Ecuador, Alberto Fujimori en Perú y la radicalidad social en Bolivia, el diario chileno El Mercurio hace tres años edita un reportaje titulado “El cáncer andino”, cuyas metástasis amenazarían expandirse en Chile y el “cono sur”, y, hoy, otros argumentan en la misma dirección a propósito de toda la región.

Esa misma mayoría, sin embargo, no toma en cuenta que el Estado-nación y la República que surgen en las dos primeras décadas del siglo XIX, y hasta hoy, se yerguen excluyentes y en contra de los pueblos originarios (“indígenas”), afro-americanos, asalariados ocupados o desocupados, en buena cuenta en contra de los “humillados y ofendidos” de siempre.

Por lo mismo, también, aluden y defienden la democracia como si ésta no tuviera nada que ver con ese mismo Estado-nación y República, en cuyo contexto, precisamente, esa misma democracia sólo se realiza como la igualación ante el Estado y la Ley, de quienes hoy como ayer son desiguales en el mercado, la sociedad civil y la representación estatal.; dicho de otro modo, como la igualación formal entre ricos y pobres.

Es decir, el grueso de las reflexiones no toma en cuenta que el Estado-nación y la democracia y sus respectivas instituciones, inclusive la subjetividad y el sentido común, en cada caso asociados con aquellos, hoy están en crisis de modo semejante a otros momentos del pasado republicano de América Latina. Crisis que, por cierto, actualmente compromete por igual a derechas e izquierdas en la región, sus ideas y estrategias de poder, en el contexto global de un capitalismo voraz e imperialista como nunca antes visto.

Esa misma crisis, pasada y presente, es la que explica en el caso chileno, hoy ejemplo de “estabilidad” y “gobernabilidad” en la región, la “guerra civil” y derrota de los liberales y suicidio del Presidente José M. Balmaceda (1891); el “ruido de sables” y la renuncia del Presidente Arturo Alessandri (1924); la efímera “Republica Socialista” de Marmaduque Grove (1932); la “Ley de defensa de la democracia” del Presidente Gabriel González y la ilegalización del Partido Comunista (1948); el derrocamiento del gobierno de la UP y, como digno acto de resistencia y rechazo, el suicidio del Presidente Salvador Allende (1973).

Pero la crisis del Estado-nación y la democracia en América Latina revela que, en ambos casos, en lo esencial son escenarios de conflictos y disputas por la hegemonía en y de las distintas correlaciones de poder que operan en el mercado, la sociedad civil y el Estado. Y, en ese sentido, los estados y las democracias latinoamericanos, sus crisis en toda la región, es decir no sólo “andina”, hoy son los escenarios donde el regreso del actor destaca con más nitidez, vale decir los movimientos sociales.

Solo que esta vez los movimientos sociales eligen gobiernos, los sostienen y hacen caer cuando no cumplen sus promesas electorales. Esto mismo explica, en gran medida, la permanencia del gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, la caída de Lucio Gutiérrez y Fernando de la Rúa en Ecuador y Argentina, respectivamente, y el triunfo electoral de Ignacio Lula en Brasil y Tabaré Vásquez en Uruguay.

Inclusive surgen nuevos actores como el zapatismo en México, que a diferencia del movimiento “indígena” ecuatoriano, no confunden su propio poder con el poder del Estado y, menos aún, con el estado del poder en América Latina. Y es tal vez por eso mismo, a diferencia de lo que acontece con los actores que suelen reaparecer cada cierto tiempo en la escena política peruana, los zapatistas no se desesperan por “tomar el cielo por asalto”, ni por transitar senderos electorales. Los zapatistas sólo hacen camino al andar y, a la vez, aprenden a mandar obedeciendo.

Sin embargo, no hay que perder de vista la ingerencia del Departamento de Estado de los EE.UU. y la OEA en la región, sobre todo cómo la OEA está negociando el reconocimiento del actual Presidente ecuatoriano Alfredo Palacio, porque todo indica que será en los mismos términos que negoció en Perú la continuidad de la dictadura cívico-militar fujimorista (1992) y su posterior salida (2000); es decir, en correspondencia con la geopolítica norteamericana y los intereses del capital transnacional en la región.

Santiago,27 de abril del 2005