El nuevo presidente garantizó el mantenimiento de la base de Manta y la permanencia de Ecuador en la búsqueda de un acuerdo de libre comercio con Washington.

E l presidente de Ecuador, Alfredo Palacio, anunció que respetarán todos los acuerdos internacionales, incluso aseguró que su país no desmantelará la base militar estadounidense de Manta.

Ecuador posee una importancia estratégica para EE. UU. en Latinoamérica debido a la extensa frontera norte que comparte con Colombia.

La posesión de la mencionada base militar proviene de un acuerdo firmado por ambos países, por el cual la nación andina cedió a los norteamericanos el uso de la Base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta por el término de 10 años, con el objeto de monitorear desde allí el “Plan Colombia”, el proyecto lanzado por el ex presidente Bill Clinton con el pretexto de luchar contra el “narcoterrorismo”. En el mismo contrato se especifica que a las naves militares norteamericanas se les brindará “el mismo trato que a las naves de la Armada Nacional de Ecuador”.

El convenio se extiende hasta fines de 2009 y para rescindirlo debe ser denunciado dos años antes, caso contrario se renueva automáticamente. La ciudad de Manta está ubicada a unos 400 kilómetros al Sur de la frontera de Colombia con Ecuador, lindera al océano Pacífico.

Palacio también señaló que continuará las conversaciones por el Tratado de Libre Comercio (TLC) que negocian Ecuador, Colombia y Perú con EE. UU.

El 26 de abril llegó a Quito una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) para supuestamente “evaluar la legalidad del traspaso de poder, analizar la legitimidad del nuevo gobierno, dialogar con sectores de la sociedad civil, representantes del Congreso y miembros del Ejecutivo, a fin de consolidar la frágil democracia ecuatoriana”. La próxima semana se conocerían las conclusiones del informe de la delegación ante el Consejo Permanente de la OEA, en Washington. Llegado el caso, el organismo, históricamente controlado por Estados Unidos, posee facultades para aplicar sanciones diplomáticas al país andino. Hasta el cierre de esta edición ningún Estado miembro de la OEA –todos los países de América a excepción de Cuba– había reconocido al nuevo gobierno de Palacio.

En cambio, la Unión Europea (UE), a través de Javier Solana, alto representante para la Política Exterior y Seguridad Común del bloque, reconoció el 25 de abril al nuevo gobierno de Ecuador.

En las últimas dos décadas Latinoamérica ha asistido a la caída de al menos 14 presidentes democráticamente elegidos, que fueron forzados a renunciar anticipadamente a su cargo. En la mayoría de los casos, abandonaron el poder debido a las protestas populares acaecidas como consecuencias directas de los programas económicos neoliberales.

Tan sólo en Ecuador, tres de los últimos siete presidentes fueron forzados a dejar sus cargos en los últimos diez años. Ellos son: Abdalá Bucaram (1997), Jamil Mahuad (2000) y Lucio Gutiérrez (2005).

Entre los presidentes de América Latina y el Caribe que renunciaron bajo presión están el boliviano Hernán Siles Suazo (1985), el argentino Raúl Alfonsín (1989), el brasileño Fernando Collor de Melo (1992), el guatemalteco Jorge Serrano Elías (1993), el venezolano Carlos Andrés Pérez (1993), el dominicano Joaquín Balaguer (1994), el paraguayo Raúl Cubas (1999), el peruano Alberto Fujimori (2000), el boliviano Hugo Banzer (2001), el argentino Fernando de la Rúa (2001), el boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada (2003) y el haitiano Jean-Bertrand Aristide (1991 y 2004), además de los tres presidentes ecuatorianos mencionados en el párrafo precedente.

En tanto, el Congreso unicameral de Ecuador aprobó el 27 de abril un nuevo mecanismo para elegir a los jueces de la Corte Suprema, cuya destitución en masa en diciembre pasado desató una ola de protestas que terminó el 20 de abril con la destitución del ex presidente Lucio Gutiérrez.

La reforma de la Ley de la Función Judicial aprobada por los legisladores establece que un comité de miembros de la sociedad civil elegirá a los 31 ministros de la máxima instancia judicial del país, para evitar la injerencia política en las designaciones.

Tras la primera sesión del Congreso desde la destitución de Gutiérrez, se aprobó una reforma que deberá ser analizada y ratificada o rechazada por el nuevo presidente Alfredo Palacio. El comité debería integrarse en los próximos 20 días y el proceso deberá ser observado por representantes de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea y la Comunidad Andina.

Antes de esa votación, el Congreso cesó a los tribunales Constitucional (TC) y Supremo Electoral (TSE) para reestructurarlos, y dejó sin efecto la resolución de noviembre de 2004, con la cual una mayoría afín al ex presidente Gutiérrez rediseñó esos tribunales, en una actuación calificada por la oposición como inconstitucional.

Los legisladores también procedieron a iniciar la “depuración” y echaron de sus bancas a once diputados por haber violado códigos de ética, al obtener de forma ilegítima beneficios políticos en su provecho y porque, siendo opositores, se habían pasado a las filas del oficialismo (aliados del depuesto ex presidente Gutiérrez). Todos ellos apoyaron la reorganización de la Corte en diciembre pasado. Además los miembros del Parlamento eligieron nuevo presidente de la cámara a Wilfrido Lucero, diputado del partido Izquierda Democrática (ID, socialdemócrata).

El otro gran desafío que enfrenta ahora el Congreso es delinear un mecanismo para la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema, que impida la injerencia política. Después tendrán que reorganizar los tribunales constitucional y electoral, en este momento acéfalos.

* Ariel Kriwicky, desde La Plata, Argentina.