Cuando Vicente Fox puso fin a los 71 años de reinado del mexicano Partido Revolucionario Institucional en las elecciones presidenciales de 2000, muchos observadores anunciaron que era el principio de una transición retardada por mucho tiempo. Ahora, el presidente Fox, en un esfuerzo concertado con miembros del partido que salió del poder, ha cerrado la puerta a esa transición.

Al orquestar una ofensiva pseudolegal contra el popular alcalde la Ciudad de México Andrés Manuel López Obrador, Fox no sólo ha roto las esperanzas de los mexicanos de llegar a una democracia real, sino que también ha destruido el capital político que obtuvo en 2000.

Cientos de miles de personas se reunieron en la plaza central de la Ciudad de México para protestar contra la decisión del Congreso de privar a López Obrador del fuero contra la acción legal de que gozan los funcionarios electos. Para la “marcha del silencio” del 24 de abril, la cifra habìa aumentado a casi un millón. El alcalde ahora irá a juicio por un supuesto desacato a una orden judicial de detener la construcción de un camino que daría acceso a un hospital local. De acuerdo con la Procuraduría General de la República (fiscalía federal), el gobierno podría poner a López Obrador tras las rejas inclusive antes de que comience el juicio.

De acuerdo con la gran mayoría de los mexicanos, lo que el gobierno pretende en realidad es evitar que López Obrador sea candidato en las elecciones presidenciales de 2006. En la actualidad, lleva una ventaja del 15% en las encuestas electorales.

Aunque Fox sostiene que la decisión del gobierno de encausar a López Obrador está basada en la legalidad y que “nadie debe estar por encima de la ley,” los específicos del caso han dejado pocas dudas de que esta persecución tiene motivos políticos. Hay evidencias que indican que el gobierno de la Ciudad de México no incurrió en desacato. Inclusive si lo hubiera hecho, es muy inusual acusar a un alcalde por las infracciones de otros funcionarios del gobierno–mucho menos destituirlo por una acusación menor.
En sus palabras a sus seguidores antes de defenderse en el Congreso, López Obrador declaró formalmente que buscará la candidatura de su partido, el Partido de la Revolución Democrática, “desde donde esté.” Con este anuncio se hizo oficial que la persecución legal del alcalde no sólo remueve del cargo a un funcionario electo por el voto popular, sino que también sirve para, usando un tecnicismo, sacar de la carrera a quien lleva la delantera.

El alcalde anunció la formación de un “amplio movimiento por de transformación” para promover no sólo su defensa sino su plataforma alternativa. Esta plataforma critica directamente las políticas económicas del gobierno y pide más gasto social y reformas políticas. La plataforma de López Obrador de reducir las desigualdades económicas–con el slogan “Primero los pobres”–resuena ampliamente en una nación de millonarios y mendigos.

También anunció sus planes de llamar a grupos internacionales de derechos humanos a luchar contra lo que llamo “un gran paso hacia atrás para la democracia mexicana.” Entre la multitud que protestaba en la plaza central de la Ciudad de México, el sentimiento de que el gobierno electo para impulsar la transición a la democracia los había traicionado era palpable. Efigies del Presidente fueron recibidas con gritos y chiflidos. Los comentarios y carteles pintados a mano apoyando a López Obrador reflejaban una mezcla inusual de indignación e idolatría, con las emociones muy crispadas.

Podría ser fácilmente una mezcla volátil. Pero el mensaje del alcalde a sus seguidores pidió mantener la calma y evitar caer en provocaciones que lleven a la violencia. “Somos la mayoría,” dijo a la multitud. “Sólo los que no tienen la razón recurren a la fuerza.”

Nadie sabe lo que pueda pasar ahora. Inclusive las implicaciones legales del voto son poco claras.

Lo que está claro es que el presidente Fox y los partidos gobernantes en el país–el PAN y el PRI–han sumido al país en una crisis política. Las elecciones de 2000 ofrecieron la promesa de consolidar las instituciones democráticas después del régimen de partido único. Se han hecho algunos avances. Pero si el proceso democrático es manipulado con fines políticos por los que están en el poder, entonces la promesa de la transición es traicionada.

Firmas de Wall Street y expertos financieros advirtieron a los políticos mexicanos que no debían actuar legalmente contra el alcalde. Poco amigos de un político al que ven como populista, su mayor miedo es que la maniobra resulte contraproducente.

Famoso por su austeridad e integridad personal, el saco de mártir político le queda bien a López Obrador. Desde prisión, su caso podría convertirse en el símbolo de todo lo que hoy está mal en México, disparando su popularidad y sus posibilidades de cara a la presidencia.

En el mejor de los escenarios, un movimiento de base real para defender la democracia y la voluntad popular podría desencadenar las reformas políticas que México necesita desde hace mucho. Esto dependerá de la capacidad del movimiento opositor de mantenerse en el marco de los medios pacíficos y democráticos–y de la respuesta de un gobierno cuyas acciones más recientes muestran irresponsabilidad y una profunda carencia de cualidades de estadista.

* Laura Carlsen dirige el Programa de las Américas del Centro de Relaciones Internacionales (IRC, en línea en www.irc-online.org).