A
qué nos referimos cuando hablamos deL TLC


Las
millonarias campañas oficiales en los medios de comunicación
y los discursos de las cúpulas empresariales, pretenden
justificar la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre
Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos
(TLC CA-RD-EU), al presentarlo como la panacea a los problemas
estructurales que históricamente han padecido las economías
periféricas centroamericanas. Sostienen que el TLC es la clave
para la generación de empleo y la vía para accesar a un
mercado de más de 270 millones de personas, algunos osan decir
que el TLC es un instrumento para el desarrollo. Según los
planteamientos oficiales bastaría con mover la "varita
mágica" de la ratificación del tratado para que
automáticamente se potencie el crecimiento de la economía
–a través de la exportación de productos "nostálgicos”
al gran mercado estadounidense–, se desarrollen las capacidades
competitivas del aparato productivo nacional, se expanda la inversión
extranjera y se derrame el bienestar entre la población
nacional.


Pese
a que el TLC CA-RD-EU es promocionado con la etiqueta de "libre
comercio", este tratado no conlleva a la eliminación de
los subsidios y apoyos del sector agropecuario estadounidense, ni
mucho menos a desmontar las barreras técnicas no arancelarias
–basadas en normas sanitarias y fitosanitarias—que
limitan la entrada de las importaciones de la región. El TLC
incorpora en sus contenidos aspectos que trascienden de lo que
estrictamente se refiere al comerico de bienes; pues incursionan en
áreas tan diversas como son las inversiones, los derechos de
propiedad intelectual, las compras gubernamentales, los servicios,
las políticas de competencia, las telecomunicaciones y el
sector financiero, entre otros.


La
estructura y contenidos capitulares de los TLC responden a una lógica
transversal que privilegia la ganancia por encima de los derechos
humanos y la sustentabilidad; resulta abrumador y desproporcionado
constatar cómo estos tratados contienen una extensa lista de
privilegios convertidos en derechos para las empresas extranjeras,
que contrasta con la omisión entre sus contenidos de
mecanismos que garanticen el cumplimiento de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (DESC). A través de estos contenidos
"extra-comerciales" los TLC invaden competencias soberanas
de los Estados, como la definición de las políticas
económicas nacionales y el control de servicios estratégicos,
promueven la mercantilización de servicios públicos
inalienables para la población, trasladándolos a la
esfera del mercado por la vía de las concesiones.


Estamos
frente a un instrumento con amplios alcances, que incorpora entre sus
contenidos una gama de mecanismos que conjugan prohibiciones a los
gobiernos con derechos para las empresas extranjeras en materia de
inversiones, tratos no discriminatorios, derechos de propiedad
intelectual, "liberalización" de servicios y acceso
a las licitaciones públicas. El TLC constituye la vía
más expedita para “legalizar” las reformas
neoliberales, su ratificación por parte del Órgano
Legislativo convierte su texto en Ley de la República, con
mayor jerarquía jurídica que toda la legislación
nacional.


El
estado actual del TLC CA-RD-EU


Los
gobiernos centroamericanos mantienen un importante esfuerzo para
lograr la ratificación del TLC CA-RD-EU en las Asambleas
Legislativas y Congresos de cada país, este afán les ha
llevado a promover entre los diputados y diputadas la aprobación
del Tratado con dispensa de trámite y dispensa de lectura, en
un flagrante irrespeto al debido proceso y a las mínimas
prácticas democráticas. Como parte de la táctica
de la ratificación se han establecido “bolsas
millonarias” para comprar el voto de los diputados de
oposición, el otorgamiento de “favores” e
“incentivos” a los partidos políticos con
representación parlamentaria, e incluso una campaña de
cabildeo en el Congreso de los Estados Unidos financiada con recursos
públicos centroamericanos y préstamos internacionales,
llevada a cabo por firmas estadounidenses.


El
Salvador es lamentablemente el primer país en ratificar el TLC
CA-RD-EU. Eran las 3:00 a.m. del 17 de diciembre de 2004 cuando los
partidos de derecha decidieron introducir en la maratónica
agenda de la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa el
punto de la aprobación del tratado, y reeditando sus viejas
prácticas retrógradas y antidemocráticas,
procedieron a ratificar el TLC CA-RD-EU en un “madrugón”.
La aprobación fue con dispensa de trámite por 49 votos
a favor –de ARENA, PCN y PDC– y 35 en votos en contra –del
FMLN y del CDU–, sin que el pleno haya siquiera leído una
sola línea de las 2,500 páginas plagadas de tecnicismos
que incluye su texto, mucho menos que se hayan detenido a analizar
las implicaciones y alcances de esta decisión.


Este
hecho representa un acto burdo y de magna irresponsabilidad: No cabe
duda que la inmensa mayoría de quienes ratificaron el TLC
CA-RD-EU no tienen la mínima idea de lo que esto implica, pero
que para estos “diputados y diputadas” fue suficiente
saber cuánto y qué recibirían por haber
“levantado la mano”. El mínimo análisis
científico y objetivo del texto del TLC CA-RD-EU identifica
claramente los efectos perversos a que conllevará este tratado
para la población salvadoreña, las empresas nacionales,
el Estado, los recursos naturales y el medio ambiente.


Retomando
la “táctica salvadoreña” y de acuerdo a lo
establecido en la reunión de Presidentes del 1 de febrero de
2005 en Tegucigalpa, la estrategia para la rápida ratificación
del tratado comenzó a funcionar en la región: el 3 de
marzo el Congreso de Honduras ratificó el TLC CA-RD-EU, ocho
días más tarde –el 11 de marzo– en medio de una tensa
situación en las calles de la Ciudad de Guatemala, producto de
la represión desatada por el gobierno guatemalco ante la
masiva movilización ciudadana que expresaba su inconformidad
con el tratado –que inclusive se ha cobrado la vida de dos personas
y decenas de personas lesionadas–, el Congreso de Guatemala hizo la
segunda lectura de la ley con la que se aprobó el TLC CA-RD-EU
en ese país.


Pese
a que los gobiernos centroamericanos apresuran el paso de la
ratificación, en el Congreso estadounidense la situación
no es favorable en la actualidad para la aporbación del TLC
CA-RD-EU. Se estima que por lo menos faltarían 40 votos para
alcanzar los 218 votos que se requieren para aprobar el tratado y
existen muchos congresisitas demócratas y repúblicanos,
que desde perspectivas distintas adversan el TLC. Iniciativas como la
“Carta Demócrata” de los congresistas Solís
y Grijalva, dan cuenta de la seria amenaza que entraña el TLC
CA-RD-EU, y se suma a la oposición de otros sectores
estadounidenses que adversan el tratado por sus negativas
implicaciones en los ámbitos laborales, ambientales,
productivos, inversiones, comerciales, entre muchas. Es importante
que los y las congresistas estadounidenses discutan y analicen su
carácter inconstitucional y los perjuicios que entraña
este Tratado para los pueblos y empresas nacionales, y que NO
ratifiquen el TLC CA-RD-EU.


El
TLC CA-RD-EU: un instrumento de anexión


En
el actual orden económico multipolar, estructurado en bloques
económicos, el gobierno estadounidense identifica en los TLC
un instrumento clave para la ampliación de su área de
influencia, condición fundamental para disputar mercados e
inversiones a la Unión Europea y las economías del
Sudeste Asia. En este sentido, para los Estados Unidos resulta clave
la ampliación de su área de influencia más allá
de los tres países suscriptores del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN), razón por la cual el ex
presidente Bush lanza en diciembre de 1994 el proyecto del Área
de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que busca anexar las
34 economías del continente y el Caribe –exceptuando a
Cuba—con el propósito de “garantizar a las
empresas norteamericanas el control de un territorio que va del Polo
Ártico hasta la Antártica, con libre acceso, sin ningún
obstáculo o dificultad, para sus productos, servicios,
tecnología y capital en todo el hemisferio"
[1].


La
reciente invasión a Irak viene a reconfirmar el giro
experimentado en la globalización neoliberal-corporativa hacia
un neoliberalismo de guerra, así como la consolidación
de un “orden político unipolar”, controlado por
los Estados Unidos, que se expresan en su carácter militarista
y en el énfasis unilateralista en las relaciones
internacionales. En este plano no sólo se constata la
creciente importancia de la industria militar
[2]
y la fuerte dependencia que tiene la reactivación económica
mundial de la producción armamentista, sino la aplicación
de decisiones unilateralistas que vienen a romper acuerdos
multilaterales suscriptos por la comunidad de naciones y que
constituyen la base para el entendimiento y la convivencia pacífica
de los pueblos.


Los
vínculos entre el neoliberalismo de guerra y la temática
del comercio-inversión se hacen evidentes en el mismo
documento de seguridad nacional de los Estados Unidos, en el cual se
expresa que “mercados libres y libre comercio son las
prioridades claves de nuestra estrategia de seguridad nacional”
[3].
También, como parte de la estrategia de seguridad nacional
estadounidense se plantean las negociaciones de la Organización
Mundial de Comercio (OMC), la construcción de un Área
de Libre Comercio de las Américas, los Tratados de Libre
Comercio
[4]
y los Tratados de Inversión Bilateral.


Siendo
así, no es extraña la “alineación”
de los gobiernos del TLC CA-RD-EU a los proyectos estadounidenses, y
su obsecuencia y permesividad en acciones de “seguridad
nacional” como la instalación de bases militares en la
región, el apoyo en la “lucha contra el terrorismo”,
sino inclusive, el acompañamiento en la ocupación de
Irak con envío de tropas centroamericanas y dominicanas,
aunque en la actualidad, solo el gobierno salvadoreño mantiene
presencia militar en aquel país.


Aunque
el ALCA constituye, en materia de seguridad nacional, un objetivo
estratégico para la administración estadounidense, el
hecho de que no se haya concretado en la fecha prevista (2005)
tampoco limita la consecución de los intereses y privilegios
buscados para sus transnacionales, pues la vía adoptada para
ese propósito continúa a paso firme a través de
la firma de TLC. Los TLC representan la apuesta táctica del
gobierno estadounidense para la construcción del ALCA, pues
por la vía bilateral se va abriendo el camino a través
de transformaciones en los marcos jurídicos de los Estados, en
el sentido de desregular y liberalizar los espacios para la
intervención del capital extranjero.


En
este contexto, se enmarca la vertiginosa carrera impulsada por los
gobiernos centroamericanos por la masiva ratificación de TLC,
cuya labor de promoción ha sido retomada muy diligentemente
por los gobiernos mexicanos
[5],
y que ahora asumen directamente los gobiernos de Estados Unidos y
Canadá. De manera complementaria a las negociaciones de los
TLC, también se abren en Centroamérica un conjunto de
megaproyectos de inversión, recogidos en el Plan Puebla Panamá
(PPP), y que a través de financiamiento público
–préstamos o presupuestos nacionales—buscan la
construcción de la infraestructura necesaria para el
funcionamiento del capital transnacional, mediante un complejo
trazado de obras de interconexión en electricidad,
telecomunicaciones, transporte, principalmente
[6];
amén del objetivo contrainsurgente en la región y con
especial interés en el sur-sureste mexicano.


EL
TLC CA-RD-EU: un instrumento que profundiza el subdesarrollo y
consolida el “ajuste”


Los
argumentos de quienes promueven el TLC CA-RD-EU como una oportunidad
y clave para el “desarrollo, progreso y bienestar” se
basan en planteamientos de apertura, liberalización económica
y privatización reconocidos como fracasados por las mismas
instituciones financieras internacionales que las promovieron –como
el Banco Mundial—, a juzgar por los catastróficos
resultados que han generado en muchos países en que se han
aplicado. El TLC CA-RD-EU no ha sido inspirado ni construido desde ni
para los intereses ciudadanos, o de las pequeñas y medianas
empresas nacionales, o del respeto al medio ambiente. Los contenidos
de estos tratados no solo carecen de una lógica de derechos
humanos -laborales, sociales, políticos, culturales,
migratorios y ambientales–, sino que resultan atentatorios y
promueven el incumplimiento de los mismo.


En
contraposición a la búsqueda de los valores centrales
indispensables para que una sociedad aspire a un estadio de
“desarrollo”, el TLC CA-RD-EU apunta hacia su negación
e inobservancia. En un proyecto nacional de desarrollo, antes que
todo debería garantizarse el sustento vital para satisfacer
las necesidades básicas de la población; pero también
es condición sustantiva, fomentar la autoestima de las
personas expresa en el sentimiento de valía y de respeto a uno
de mismo, de no ser utilizado e instrumentalizado; además, es
necesaria la activa participación democrática, que se
manifiesta en el poder de elegir unas condiciones que nos liberen de
unas condiciones de vida alienantes o de servidumbre social.


Nada
más alejado de la realidad salvadoreña y
centroamericana, nuestras sociedades son una muestra evidente de la
carencia de un “Estado de Derecho” y de “democracia
real”, la relativa –y cada vez más frágil–
vigencia de algunas libertades civiles y políticas contrasta
con la inobservancia de los DESC, la profundización de la
pobreza y de la desigualdad hasta niveles repugnantes, cuya situación
se ha venido larvando durante los quince años de reformas
económicas e institucionales promovidas desde las fracciones
de derecha en la Asamblea Legislativa, y a juzgar por los estudios de
impactos y las experiencias de otros países, el TLC CA-RD-EU
agravará aún más.


Para
las economías subdesarrolladas –principalmente los
países no exportadores de petróleo– la entrada neta de
recursos financieros podría ser un componente importante en la
definición de sus estrategias de desarrollo de largo plazo, en
la medida en que ésta pueda convertirse en una vía que
les permita a estas economías compensar el déficit
permanente en cuenta corriente y su bajo nivel de ahorro nacional.


La
inversión extranjera directa (IED) es todavía
reconocida por su potencial contribución al desarrollo, al
facilitar el acceso a capital, tecnologías y mercados; en
oposición a la inversión financiera, que dada su
naturaleza especulativa y errática está asociada a
procesos de desestabilización macro-financiera. También
existe alguna coincidencia en los potenciales aportes que la IED
tiene en los agregados macroeconómicos, pero se cuestiona
fuertemente el significado económico y social del desarrollo
en su relación con las actividades de las empresas
transnacionales. Los argumentos desarrollados por el enfoque
neoclásico, que identifican a la IED como motor del desarrollo
postulan que ésta constituye la vía para cerrar las
brechas comerciales; elevar los ingresos fiscales; facilitar la
transferencia de tecnologías, “know how” y
capacitación del recurso humano nacional.


No
obstante, en la práctica el funcionamiento de la IED contrasta
con estos planteamientos teóricos. Se hacen evidente la
obtención de concesiones por parte de empresas transnacionales
que se logran a través de acuerdos con los gobiernos, para
ejercer control y dominio de los mercados locales, lo cual viene a
limitar la expansión de las empresas nacionales al suprimir la
competencia. Además, la desregulación de la IED puede
originar serios problemas económicos y financieros como son:
la disminución en el largo plazo de ingresos en divisas, que
resultarían de la repatriación de los beneficios, o del
alto componente de importación en los flujos comerciales; y
los bajos niveles de recaudación tributaria, producto de las
exenciones fiscales desmedidas que se conceden a la inversión
extranjera.


La
evidencia empírica demuestra que los beneficios de la IED
“dependen del uso de diversas estrategias políticas”
[7],
“no existe una relación mecánica entre la
presencia de IED y la transferencia de tecnología”
[8];
de allí que la inversión constituya un instrumento y no
un fin en sí mismo, el planteamiento de la IED sólo
cobra sentido en la medida en que ésta se articula con los
proyectos nacionales de desarrollo. La experiencia histórica
de las economías desarrolladas en el tratamiento de la
inversión demuestra la importancia de mantener los controles y
regulaciones sobre la IED, de manera que estos sean compatibles con
los objetivos del desarrollo
[9]
.


El
capítulo de inversiones del TLC CA-RD-EU opera en el sentido
de desregular el funcionamiento de la IED, concediendo
amplios
privilegios al capital frente a nulas obligaciones. Establece un
marco de prohibiciones a los gobiernos que evita regular el desempeño
y funcionamiento de las empresas extranjeras, en aspectos básicos
como transferencia de tecnología, contratación de
fuerza de trabajo local, contenido nacional, regulación de
monopolios, entre otros. Esto desde luego, vulnera el derecho soberno
de los Estados a definir sus propias políticas públicas
y aleja cualquier posiblidad de que las economías receptoras
de la IED puedan obtener algunas de las ventajas teóricas
planteadas.


Con
el marco que el TLC CA-RD-EU otorga a las corporaciones
transnacionales, recogido en un concepto amplísimo de
inversión, la figura de expropiación “indirecta”
y la cláusula de inversionista Estado, se definen las
condiciones para la desregulación de la IED. Este marco se
aplica a prácticamente todas las actividades o giros de
cualquier empresa; la figura de “expropiación indirecta”
permite a las inversiones foráneas plantear afectación
de sus intereses o de sus potenciales ganancias, por la puesta en
práctica de una política pública o decisión
del Estado; y además se provee a las empresas extranjeras de
un mecanismo efectivo para la resolución de controversias:
tribunales supranacionales constituidos por árbitros privados,
como son el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias
relativas a Inversiones (CIADI), adscrita al Banco Mundial; y la
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional (CNUDMI), instancia de la UNCTAD
[10].



Existen
por lo menos 28 casos de demandas presentadas por empresas
transnacionales presentadas en el CIADI y CNUDMI contra los Estados
Unidos, Canadá y México, amparadas en el Capítulo
de Inversiones del TLCAN, de los cuales en la mayoría de casos
estos tribunales han fallado a favor de las corporaciones; aunque
vale destacar que de todos los casos conocidos ninguno de ellos ha
sido resuelto en contra de los Estados Unidos
[11].


La
carrera de los gobiernos de Centroamérica por la suscripción
de Tratados de “Libre Comercio” arranca en plena década
de los noventa con la firma del primer TLC entre México y
Costa Rica (1996), hecho que coincide con la fase de apogeo en la
implementación de las reformas económicas e
institucionales empujadas por el BM y el FMI a través de los
Programas de Ajuste Estructural (PAE) y Programas de Estabilización
Económica (PEE).


Esta
“curiosa” coincidencia temporal entre TLC y PAE-PEE
refuerza y consolida el proceso de ajuste iniciado desde finales de
los ochenta, pues permite simultanear en dos carriles distintos
medidas de políticas con propósitos convergentes. Ambos
se enfilan hacia el objetivo compartido de garantizar la
desregulación de la economía y el aseguramiento de una
base de
acumulación de las empresas
transnacionales, y para ello traslapan sus acciones, operando como en
una carrera de relevos, dando continuidad desde el TLC a lo ya
iniciado por los PAE-PEE.


En
el proceso de reformas económicas e institucionales recogidas
en los PAE-PEE mucho se avanzó en materia de desregulación
y apertura, los procesos de privatización trasladaron a manos
privadas buena parte de las empresas y activos públicos; sin
embargo, todavía faltan por privatizar importantes servicios
públicos, los cuales están en la mira de las
corporaciones transnacionales que orientan la agenda de los TLC hacia
la privatización de servicios como la salud, seguridad social,
educación, la generación hidroeléctrica y
geotérmica, la transmisión de la electricidad, el agua
y sus servicios relacionados, entre otras.


TLC
CA-RD-EU: un instrumento de subordinación del marco
jurídico-nacional


El
TLC CA-RD-EU, al igual que los acuerdos y convenciones
internacionales suscritos por los gobiernos y ratificados por los
órganos Legislativos centroamericanos constituyen leyes de la
República
[12],
jurídicamente se ubican por debajo de la Constitución
aunque tienen preeminencia sobre toda la legislación
secundaria. Los tratados internacionales son celebrados por los
órganos Ejecutivo y Legislativo de acuerdo a las atribuciones
concedidas por la Constitución; sin embargo, dichas
atribuciones no son absolutas ni ilimitadas, pues la misma
Constitución establece que los tratados están
supeditados al marco constitucional, en especial a lo relativo a las
lesiones o menoscabos a los derechos y garantías fundamentales
de las personas
[13].


Como
lo establece la Constitución salvadoreña, “ninguno
de los órganos puede celebrar o ratificar tratados en que se
restrinjan o afecten de alguna manera la forma de gobierno o se
lesionen o menoscaben la integridad del territorio, la soberanía
e independencia de la República o los derechos y garantías
fundamentales de la persona humana
[14].
Siendo así, resulta contradictoria la aprobación y
ratificación del TLC CA-RD-EU pues vulnera los derechos
fundamentales de las personas.


Los
principios y contenidos de los TLC CA-RD-EU resultan contradictorios
con el espíritu y la letra de la Constitución de la
República de El Salvador, no sólo porque se vulnera el
principio de igualdad por la imposición de un Trato Nacional y
Trato de Nación más Favorecida, que en la práctica
se torna discriminatorio para las personas naturales y jurídicas
nanacionales; sino porque el TLC CA-RD-EU transgrede la soberanía
al prohibir explícitamente a los gobiernos la definición
de sus propias políticas públicas y definir tribunales
supranacionales corporativos para dirimir controversias.


Las
violaciones constitucionales del TLC CA-RD-EU también afectan
los derechos laborales, al generar una regresión y
desprotección en materia laboral; de igual forma este tratado
rompe con el marco jurídico de la Integración
Centroamericana, vulnera el régimen de contrataciones públicas
e inversión y el principio de Soberanía Popular, así
como la pérdida de las obligaciones estatales de carácter
internacional
[15].
              


Previa
a las negociaciones de los TLC CA-RD-EU, el Estado salvadoreño
había ratificado varios tratados en derechos humanos: el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;
la Convención Americana de Derechos Humanos; el Protocolo
Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos, entre
otros.
[16]
Estos tratados obligan al Estado a dictar las disposiciones que
fueran necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en
los diferentes tratados, así como el deber de respeto y
garantías de los derechos y libertadas reconocidos en los
mismos.


Por
otra parte, dado que los TLC CA-RD-EU y los Convenios de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), o la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, comparten la misma jerarquía
jurídica, sería de esperar que no hubieren
contradicciones entre ellos y menos preeminencia del TLC sobre los
otros. Sin embargo, se puede constatar que en la práctica los
TLC, desde su lógica mercantil, subordinan de facto al resto
de acuerdos y convenciones internacionales.


Considerando
la enorme trascendencia que tiene la ratificación deL TLC
CA-RD-EU en los marcos jurídicos nacionales, y las
implicaciones que suponen para los países centroamericanos en
cuanto a la afección y/o modificación de su orden legal
y normativo, dada la subsunción real de esos marcos a la
lógica y principios del TLC; es indispensable que el Órgano
Legislativo se abstenga de ratificar el TLC CA-RD-EU y en caso de
haberlo hecho, que la Corte Suprema de Justicia falle la
inconstitucionalidad del Tratado.


Tomando
en cuenta el “sesgo” en pro de inversión
extranjera del TLC CA-RD-EU, su ratificación opera como el
mecanismo a través del cual se “sellan jurídicamente”
un conjunto de reformas iniciadas con los procesos de ajuste
estructural que vulneran el interés nacional y favorecen con
exclusividad a las empresas transnacionales. La subsunción de
derechos laborales a los contenidos del tratado o la mercantilización
de servicios públicos –como la educación, salud o el
agua–, cuyo acceso constituyen derechos sociales según la
Constitución y los convenios internacionales ratificados;
representan dos ejes de reformas privatizadoras que sigilosamente se
van consolidando con la suscripción de los TLC.


En
este sentido, los TLC no solo llevan hacia la mercantilización
de los servicios públicos, sino que también erosionan
la autoridad pública, al limitarles su actuación en el
desempeño de las empresas extranjeras, sin que éstas
tengan contrapesos para garantizar obligaciones con trabajadores.
Esto con el agravante que se legitima jurídicamente.


El
tratamiento asimetrías en el TLC CA-RD-EU


Los
presuntos beneficios derivados de la apertura externa y la
liberalización de la inversión no son automáticos
y menos se distribuyen de manera equitativa entre países y al
interior de los mismos. El desigual reparto del crecimiento está
determinado por las estructuras de propiedad de los medios de
producción, por las imperfecciones en mercados internos
concentrados y con información asimétrica, por las
prácticas proteccionistas -arancelarias y no arancelarias–;
sino principalmente por las enormes asimetrías existentes
entre países, las cuales se hacen tangibles en los disímiles
niveles de desarrollo que presentan.


Tomando
en cuenta que el TLC CA-RD-EU no se aplica entre economías
homogéneas, sino más bien entre economías
desiguales, con importantes desproporciones y diferencias en cuanto a
desarrollo, producción, territorio, pobreza, competitividad,
población, recursos, poder, marcos jurídicos e
institucionales y cultura; no se pueden obviar las asimetrías
al momento de evaluar los impactos que resultan de la implementación
de estos tratados.


Muy
poco o nada aporta al desarrollo de las pequeñas economías
la aplicación de tratados como el TLC  CA-RD-EU si
consideramos que estos operan desde y para favorecer los procesos de
acumulación del capital transnacional, el cual no sólo
contribuye escasamente al fortalecimiento de las capacidades
nacionales, sino que más bien le resta a ese proceso. En este
sentido, los TLC hacen a estos países un flaco favor, al
exponerlos desde los ámbitos del comercio y la inversión
a relaciones injustas y desequilibradas que redundan en perjuicios
para la población de menores de ingresos.


El
tratamiento a las asimetrías se ha limitado en el TLC CA-RD-EU
al manejo de los tiempos en la aplicación del calendario de
desgravación arancelaria y al establecimiento de cuotas,
obviando las enormes brechas entre los países suscriptores. En
el TLC CA-RD-EU, Estados Unidos negó a los países de la
región el otorgamiento de un "trato especial", en
virtud del tamaño de sus economías y su grado de
desarrollo, lo cual supone desconocer las abismales asimetrías
y asumir la opción de profundizarlas con su implementación.


Por
otra parte, la solución estadounidense al problema de las
asimetrías es muy simple: impulsar programas de cooperación
y de capacitación que han sido aprobados para la región
por el Banco Mundial, el BID, la Agencia Internacional para el
Desarrollo (US-AID por sus siglas en inglés) y otros
organismos financieros, para preparar a la zona en la aplicación
de los derechos y obligaciones que les dará el acuerdo de
libre comercio. Estas soluciones obvian los determinantes
estructurales de las asimetrías, y focalizan en la
capacitación en materia de derechos y obligaciones del TLC
CA-RD-EU la respuesta a estas situaciones, con la consiguiente
presión fiscal por la vía del endeudamiento público.


Además,
esta situación desventajosa para Centroamérica se
complementa con la dificultad que entraña para los
exportadores de la región poder competir con los productos
agropecuarios estadounidenses y accesar a su mercado, considerando
las barreras sanitarias y aduaneras que limitan su entrada y las
políticas de subsidios que ese país mantiene en
beneficio de su sector.


Como
muestra de la falta de coherencia del TLC CA-RD-EU con el objetivo de
"eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación
de bienes", Estados Unidos decidió unilateralmente que
los subsidios internos no son sujetos de negociación: "no
hay manera de discutirlos en esta ni en ninguna otra negociación
comercial".


Por
otra parte, pese a que las normas sanitarias y fitosanitarias
constituyen un instrumento que puede contribuir a garantizar la
calidad e inocuidad de los alimentos, en beneficio de las personas
consumidoras; en la práctica éstas operan como
verdaderos mecanismos proteccionistas, como lo ilustra el caso del
sector avícola mexicano, que en el marco del TLCAN obtiene
acceso "aparente" a su mercado, sin vincularlo con la
aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias. Como
resultado, los exportadores avícolas mexicanos en diez años,
no han podido cumplir con los requisitos sanitarios para acceder al
mercado estadounidense, anulando así la concesión
otorgada por dicho país en el marco del tratado; y en
contrapunto, Estados Unidos ha tenido un acceso irrestricto al
mercado mexicano avícola .


Los
impactos del TLCAN en el campo mexicano han sido desvastadores, sólo
en la rama de maíz blanco han quebrado 2.5 millones de
productores mexicanos como resultado de la masiva importación
de maíz a precios subsidiados procedente de Estados Unidos,
mucho del cual es maíz transgénico
[17].
Después de diez años de TLCAN, México se ha
convertido en importador de granos básicos, elevando hasta un
43% el grado de dependencia alimentaria y oleaginosas. En la
actualidad se importa la ¼ parte del consumo de maíz,
la mitad del consumo de arroz, trigo y sorgo; y casi toda la demanda
de soya
[18].


Considerando
la experiencia mexicana, resultan evidentes los impactos del TLC
CA-RD-EU en la agricultura centroamericana. A juzgar por el estado de
postración del agro y su baja capacidad competitiva, aunada a
las prácticas de comercio desleal que mantendrán los
Estados Unidos, es de esperar que el tratado se convierta en el “tiro
de gracia” para la agricultura centroamericana, cerrando con
ello cualquier posibilidad de recuperar nuestra soberanía
alimentaria.


TLC
CA-RD-EU: mucho más que un tratado comercial


Más
del afán de que las economías centroamericanas puedan
exportar queso, ropa, café y fruta, la verdadera motivación
del TLC CA-RD-EU se encuentra en la concresión de los
intereses de las corporaciones transnacionales de los Estados Unidos
, los cuales se centran no sólo en acceso al mercado, sino en
los servicios y el comercio electrónico, el fortalecimiento de
la propiedad intelectual, las inversiones e incrementar la
transparencia en los procedimientos y regulaciones gubernamentales .


Se
trata de una apuesta desproporcionada entre las partes que suscriben
el TLC CA-RD-EU, lo cual obviamente responde a los límites que
imponen las enormes asimetrías entre las Partes, pero sobre
todo a la aplastante capacidad que tiene la economía del norte
de definir la agenda y determinar los resultados.


Los
gobiernos centroamericanos se "conforman" con ratificar en
el TLC CA-RD-EU las ventajas ya otorgadas por el gobierno
estadounidense a través de la Iniciativa de la Cuenca del
Caribe (ICC) y el Sistema General de Preferencias (SGP); la llegada
de más empresas maquiladoras –que aporten algunos puestos de
trabajo, ante la incapacidad generadora de empleo de las economías
centroamericanas
[19]–;
y con la posibilidad de que el mercado estadounidense se abra a la
exportación de productos "nostálgicos" que
encontrarían un potencial mercado en la población
centroamericana radicada en aquél país.


Mientras
que el gobierno estadounidense impuso un tratado que, además
de permitirle libre acceso de sus bienes a los mercados
centroamericanos, le garantice óptimas condiciones para sus
inversiones en la región -sin regulaciones y con tratos "no
discriminatorios"–, que sus empresas puedan beneficiarse de la
liberalización de los servicios -para accesar al control de
servicios públicos como agua, educación y salud, y
consolidar su control en electricidad, telecomunicaciones, puertos y
aeropuertos–; que proteja las patentes de sus empresas y que éstas
tengan irrestricto acceso a los recursos naturales y la biodiversidad
de la región; así como el poder controlar las
licitaciones y compras gubernamentales abiertas por los gobiernos de
la región.


Estas
consideraciones justifican con creces un TLC CA-RD-EU para el
gobierno estadounidense, más que la "preocupación
por el desarrollo" de los países centroamericanos,
reiteradas veces expresada por funcionarios de la USTR. Para las
corporaciones transnacionales estadounidenses –como AES Co., Enron,
Coastal Power, Duke Energy, Constellation — ya radicadas en la
región y para otras interesadas por establecerse en las áreas
de tratamiento de basura, telecomunicaciones, recursos hídricos,
salud y seguridad social, educación e inversiones directas en
general, el TLC CA-EU representa una excelente oportunidad, dado que
por sus contenidos, lógica y principios representa un
instrumento probado en eficiencia para garantizar sus intereses.


El
TLC CA-RD-EU también representa una excelente oportunidad para
las corporaciones interesadas en incursionar en las licitaciones
públicas, y por esta vía posicionarse en el control de
servicios públicos y servicios de utilidad pública. Con
un trato no discriminatorio para las empresas extranjeras, éstas
podrían optar a concesiones en el suministro de bienes y
servicios para las empresas públicas, incluyendo gobiernos
municipales, desplazando fácilmente a sus competidoras
nacionales. 


El
interés corporativo por el TLC CA-RD-EU también se
ubica en los derechos de propiedad intelectual. La ratificación
de este tratado entraña la automática aprobación
de diez tratados internacionales en materia de propiedad intelectual,
que a la fecha ningún país de la región ha
aceptado en el marco de la OMC
[20].
Aprobar el TLC CA-RD-EU implica abrir la puerta a las corporaciones
para patentar las especies vegetales, los bancos de microorganismos
y, en general, nuestro recursos de biodiversidad, giros estratégicos
para las empresas dedicadas a la bioprospección e industria
químico-farmacéutica. Con este capítulo no solo
se legalizan los ejercicios de biopiratería, sino que también
se limita fuertemente la producción de medicamento genéricos,
favoreciendo la ampliación de los períodos de prueba y
comercialización de las patentes, y con ello vulnerando el
derecho inalienable de la población de tener acceso a sus
medicamentos.   


¿quiénes
ganan y quiénes perdemos con el TLC CA-RD-EU?


Los
TLC, al igual que cualquier política económica, no son
ni pueden ser instrumentos neutrales. Su implementación genera
efectos diferenciados entre los países signatarios y al
interior de estos: por un lado se configura un selecto grupo de
ganadores -generalmente un reducido número de empresas
monopólicas u oligopólicas nacionales y unas cuantas
corporaciones transnacionales que operan o buscan operar en la
región-quienes reciben los beneficios de las "negociaciones"
y del esquema impulsado por el tratado; y por el otro lado,
soportando las secuelas negativas del tratado, se ubican amplios
sectores económicos y sociales del país, los mismos que
históricamente han sido afectados por la aplicación de
las "reformas neoliberales".


Si
bien es cierto que en los contenidos del TLC CA-RD-EU no aparecen
dibujados los intereses de la mayor parte de empresas -micro,
pequeñas, medianas, e incluso grandes empresas nacionales–,
mucho menos los derechos de trabajadores, consumidores y población
en general; si asoman los intereses de los núcleos hegemónicos
empresariales, los cuales han tenido la posibilidad de participar, y
en alguna medida incidir, en las negociaciones a través de su
representación en el equipo negociador.


Resulta
muy difícil enunciar las ventajas derivadas del TLC CA-EU para
los sectores sociales, cuando los contenidos de estos tratados no
sólo carecen de una lógica de derechos humanos, sino
que los subsumen y contradicen. Estos tratados no han sido inspirados
ni construidos desde ni para los intereses ciudadanos, o de las
pequeñas empresas, o del respeto al medio ambiente; de allí
la fundamental omisión de una lógica transversal de
derechos laborales, sociales, migratorios y ambientales que atraviese
todo el contenido capitular, que es una clara evidencia de su
incompletitud y del sesgo de estos Tratados.


En
este sentido, el TLC CA-EU riñe con los derechos laborales de
trabajadoras y trabajadores, con los derechos de las personas
consumidoras, con los propósitos de desarrollo de las micro,
pequeña y medianas empresas, con la pretensión del
desarrollo rural y la sustentabilidad de la región, y en
general, choca con la légitima aspiración de los
pueblos de construir su proceso de desarrollo, renunciando a que sea
el mercado quien determine sus vidas.


No
cabe duda que las implicaciones del TLC CA-EU son de tan amplio
alcance que trascienden del plano estrictamente comercial, para
impactar en los ámbitos económico, laboral, social,
político, cultural y ambiental. Las repercusiones afectarían
directa e indirectamente a la población, transmitiéndose
por múltiples vías: el desempleo generado por la
quiebra de empresas nacionales, la mercantilización de los
servicios públicos, el encarecimiento de las tarifas y el alza
en el precio de los medicamentos, el deterioro del medio ambiente, la
ingesta de alimentos modificados genéticamente, la quiebra de
la producción agropecuaria con la consiguiente inseguridad
alimentaría, y con ello el incremento de las migraciones y el
desarraigo cultural de los pueblos.


Las
alternativas frente al TLC CA-RD-EU


Es
claro que el TLC CA-EU no constituye una alternativa para los pueblos
centroamericanos, y que los históricos y estructurales
problemas de la región no serán resueltos por esta vía,
por lo que una tarea impostergable es avanzar en el ordenamiento de
"nuestra casa". Esto supone la afirmación de un
proyecto nacional de desarrollo, el cual debe propender hacia la
integración de los pueblos centroamericanos como herramienta
que estimule el desarrollo sustentable y equitativo.


La
construcción de propuestas alternativas exige definir un
proyecto nacional basado en principios de participación
democrática, sustentabilidad y reducción de las brechas
de desigualdad -etarea, genérica, social, étnica y
geográfica–, que garanticen el cumplimiento y vigencia de los
derechos humanos.


Es
ineludible para El Salvador crear las condiciones que permitan
superar el estado de subdesarrollo en que se encuentra sumergido, y
que el TLC CA-EU profundizará. Mas que la ratificación
de este tratado, se requiriría de un acuerdo de cooperación,
construido desde una lógica que estimule el desarrollo
sustentable y equitativo de cada país de la región, lo
cual sólo se puede fundamentar a partir del fortalecimiento de
la integración de los pueblos, antes que los mercados.


*
Raúl Moreno
es economista, profesor de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador,
Presidente del Centro para la Defensa del Consumidor y miembro de la
Red de Acción Ciudadana frente a Libre Comercio, SINTI TECHAN
de El Slalvador.








[1]
Citado en: León, Osvaldo León (2002): Movilización
continental contra el ALCA, en ALAI, 24 de enero,
http://alainet.org/docs/1698.html.




[2]
En 2002 el gasto militar se incrementó por cuarto año
consecutivo a una tasa del 6%, equivalente a US $ 794.000 millones.
Estados Unidos continúa siendo el mayor productor de armas en
el mundo, su producción se estima en US $ 335.7 billones, que
corresponde al 43% de la oferta mundial. Ver: SIPRI, The 15 Major
Spender Countries in 2002.




[3]
Departamento de Estado de los Estados Unidos (2002): Estrategia de
Seguridad Nacional de los Estados Unidos, septiembre, p. 23.




[4]
Ibíd, p. 18-19.




[5]
El gobierno de México ha suscrito TLC con Costa Rica,
Nicaragua, los países del Triángulo Norte de
Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras), y están
en proceso TLC con Panamá y Belice.




[6]
Moreno, Raúl (2002): Desmitificando el Plan Puebla Panamá:
los impactos económicos y sociales, Oikos Solidaridad, San
Salvador.




[7]
Ver: UNCTAD (2002): Informe sobre Comercio y
Desarrollo.




[8]
Nota del Secretariado de la OMC, Informe de la Reunión del 7
al 8 de marzo del 2001, WGTI/M/14, p.6.




[9]
Pese a que en la actualidad muchos países desarrollados
argumentan que el “libre comercio” y la “libre
inversión” ha sido la principal vía a través
de la cual han alcanzado su estadio actual, y que los países
subdesarrollados deberían estimular estas políticas;
en un estudio histórico de las experiencias llevadas a cabo
por Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania,
Finlandia, Irlanda, Japón, Corea y Taiwan, se demuestra que
estos países han mantenido fuertes regulaciones a la
inversión extranjera, cuando ésta ha sido de interés
nacional. Ver: Chang, Ha-Joon (2002): Kicking
Away the Ladder, Anthem Press, Londres.




[10]
Sección B: Solución de Controversias
Inversionista-Estado, TLC CA-EU.




[11]
Public Citizen (2002): El Ataque contra la Democracia: el historial
del Capítulo XI del TLCAN sobre inversiones y las demandas
judiciales de empresas contra gobiernos, Washington.




[12]
Los “tratados internacionales celebrados por El Salvador con
otros Estados o con organismos internacionales, constituyen leyes de
la República al entrar en vigencia, conforme a las
disposiciones del mismo tratado y esta Constitución”.
Ver: Constitución de la República de El Salvador, Art.
144.




[13]
Abrego, Abraham (2002): Consideraciones jurídicas sobre los
Tratados de Libre Comercio, p.1. mimeo, FESPAD, San Salvador.




[14]
Constitución de la República de El Salvador, Art. 146.




[15]
Red Sinti Techan (2005): Análisis de la inconstitucionalidad
del CAFTA. Caso El Salvador, mimeo, febrero, San Salvador.




[16]
Abrego, Abraham, Op cít. p.2.




[17]
En 1999 se registró en México la entrada de maíz
transgénico de 6,000,000 de Toneladas, que representa el 30%
del total de importación en ese año. Ver: Arroyo,
Alberto (2001): Resultados del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte en México. Lecciones para la negociación del
ALCA, RMALC, México.




[18]
Ibíd.




[19]
La situación de la exportación maquiladora en
Centroamérica y el Caribe se encuentra seriamente amenazada
con la supresión de las cuotas de exportación
impuestas a China a través del Acuerdo Multifibras. Los bajos
costes de producción y la alta competitividad de las
exportaciones textiles y de confección chinas, que entrarían
sin restricciones al mercado estadounidense a partir del 2005,
representa una fuerte amenaza a la producción maquiladora de
la región, dada su marcada incapacidad de competir con la
producción oriental.




[20]
En este sentido el TLC CA-RD-EU son 11 tratados en uno, pues
incluye además: el Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor
(1996), el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o
Ejecución y Fonogramas (1996), el Tratado de Cooperación
en materia de Patentes, según su revisión y enmienda
(1970), el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional
del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento
en materia de Patentes (1980), el Convenio sobre la Distribución
de Señales de Satélite Portadoras de Programas (1974),
el Tratado sobre el Derecho de Marcas (1994), el Convenio
Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales
(1991) (Convenio UPOV 1991), el Tratado sobre el Derecho de Patentes
(2000), el Arreglo de la Haya sobre el Depósito Internacional
de Diseños Industriales (1999), y el Protocolo al Arreglo de
Madrid sobre el Registro Internacional de Marcas (1989).




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