En el escudo de armas de Panamá hay un águila que simboliza la
soberanía. De su pico pende un cintillo que dice en Latín: “Pro
mundi benefici”, es decir, “para beneficio del mundo. ¿Cuándo
Panamá dejará de ser candil de la calle y oscuridad de la casa?

Con la aprobación de la Ley 44 de 31 de agosto de 1999 se aprobó
la ampliación de la denominada “Cuenca del Canal” en 213,112
hectáreas (2,131.12 Kls. cuadrados). Eran los días finales de
la administración del Dr. Ernesto Pérez Balladares. El
Ejecutivo había presentado el proyecto de ley a la Asamblea
Legislativa para su aprobación. El Licdo. Martín Torrijos, hoy
Presidente de la República, era Viceministro de Gobierno y
Justicia.

Según la ACP (Autoridad del Canal de Panamá) esta Ley 44 era
necesaria, para los planes de ampliación del canal actual, así
como para responder a las demandas de agua de las áreas urbanas
de las provincias de Panamá y Colón. La reacción de las
comunidades que se encuentran ubicadas dentro de esa área no se
dejó esperar. Se asociaron en la llamada Coordinadora
Campesina Contra los Embalses, ya que con la ampliación del
canal –según este proyecto- se inundará un amplio territorio
donde están asentadas numerosas poblaciones, lo cual implica un
impacto económico, social, cultural y ambiental, debido a que
parte del área pertenece al denominado Corredor Biológico
Mesoamericano, donde aún existen bosques tropicales húmedos
jóvenes y maduros, con importante biodiversidad de flora y
fauna.

Según el Frente Campesino Contra los Embalses, otra de las
organizaciones surgidas más recientemente, para enfrentar esta
problemática, la creación de estos embalses afectará a una
población de 40 mil campesinos. Según el economista William
Hughes en su obra: “Impacto de la ampliación del Canal de
Panamá”, se trata de la creación de tres lagos en las cuencas de
Coclé del Norte, Caño Sucio y Río Indio, “lo cual está atado a
la construcción de dos hidroeléctricas en el primer y tercer
embalse”. El área a inundarse es de 80 mil has. (800 Kms.
cuadrados), a la cual deben añadírsele unas 1,900 has. (19 Kms.
cuadrados) “que, posiblemente, serían afectadas en el trayecto
de la construcción del tercer juego de esclusas, lo que también
podría implicar la reubicación de poblaciones asentadas en la
denominada ‘vieja’ o ‘tradicional’ cuenca del canal” (W. Hughes,
Op. Cit.).

Se trata de una población campesina en extrema pobreza. Los
funcionarios de la ACP sugieren que cambiar de lugar a estos
campesinos es la solución, lo que va como anillo al dedo al
proyecto de los embalses. La falta de servicios médicos,
educación deficiente y dificultades para mercadear los
productos, son los problemas de este campesinado, que –de ser
resueltos- se elevaría su nivel de vida. Es decir, que la
solución a la pobreza de esta gente no está en que los cambien
de lugar.

Reubicar a este campesinado no sólo les trastocaría su entorno
social y cultural, sino que también produciría una presión
social en las áreas donde sería reubicado, demandando mayores
servicios sociales al gobierno. El reubicarlos implicaría
también limitarlos en el uso de la tierra, debido a la
existencia de poblaciones en el área de posible reubicación y,
debido también al ya existente problema de la concentración de
la propiedad de la tierra.

Pero los impactos no sólo serían de carácter económico y
sociocultural, sino también de carácter ambiental y
ecológicos. La inundación que se pretende hacer, para crear los
embalses y construir el tercer juego de esclusas afectaría
también a la capa de ozono, pues se requiere realizar una
deforestación tal que coadyuvaría al recalentamiento del
planeta, ya que esta foresta presta un servicio como resumidero
de dióxido de carbono.

También la creación de los embalses implicaría la destrucción de
posibles sitios arqueológicos, cementerios desaparecidos, además
de pérdidas de biodiversidad, ruptura de ecosistemas y muerte de
especies. Según el economista Hughes, los impactos económicos y
sociales en la población, así como el impacto ambiental, son de
tal dimensión que el proyecto no podría mostrar niveles de
rentabilidad favorables para el pueblo panameño, pero sí para la
economía marítima internacional.