Dos lonkos (jefes) mapuche de La Araucanía cumplen
una condena a 5 años obtenida por el terrateniente Juan Agustín
Figueroa Yávar, a la vez, político, abogado, juez del Tribunal
Cnstitucional, empresario, presidente de la Fundación Neruda y
muchas cosas más. Pascual Pichún Collonao y Segundo Aniceto Norín
Catrimán, líderes de las comunidades indígenas Temulemu y Didádico
de Traiguén, ingresaron en enero de 2004 a la cárcel local
sentenciados bajo el cargo de “amenaza terrorista”.

La justicia no pudo demostrar que ambos líderes étnicos
intervinieron en un incendio forestal acaecido el 12 de diciembre de
2001 en la plantación de pino insigne de 15 años del fundo Nancahue.
Se trata de 600 hectáreas que posee Figueroa cerca de Traiguén y que
forman parte de un territorio de 2.600 hectáreas reclamado por las
comunidades indígenas. El resto de la tierra en reclamación
pertenece a Mininco, holding forestal del grupo Matte que controla
más de 500.000 hectáreas.

Pichún y Norín fueron declarados inocentes en un proceso que
concluyó en marzo de 2003. Pero en julio, la Corte Suprema declaró
nulo este juicio, tras oír un alegato del propio abogado Figueroa,
también miembro del Tribunal Constitucional de la República,
establecido en 1981 para dirimir grandes pleitos políticos que
ameriten una exégesis de la Constitución vigente, dictada en 1980
por Augusto Pinochet Ugarte.

“Te Condenamos Por Lo Que Eres”

La decisión de anular del más alto tribunal envió un mensaje a todos
los jueces del país. Un segundo juicio concluyó en septiembre 2003,
de nuevo sin acreditar el delito, pero los jueces concluyeron que
ambos líderes indígenas constituyen “amenaza terrorista”,
imponiéndoseles la condena a 5 años. El resto del tiempo, hasta su
encarcelamiento en enero 2004, se consumió en los requerimientos
ante las cortes de Apelaciones Temuco y Suprema, que ratificó la
condena en diciembre 2003.

Los lonkos fueron condenados “por lo que son”, no “por lo que
hicieron”, piensan muchos juristas, entre ellos Rodrigo Lillo Vera,
académico del Programa de Derechos Indígenas de la Universidad de la
Frontera. “Son mapuches, jefes de su comunidad y se oponen a la
situación de su pueblo”, concluyó Lillo. Aunque no se probó su
participación en el incendio de la propiedad de Figueroa, sus
antecedentes “revelan” que están involucrados en “el conflicto
mapuche” que estalló en Chile hace 12 años.

Figueroa exhibió al país su poder “inductor” ante la Corte Suprema y
“orientó”, de paso, a todo el sistema de justicia, haciendo valer su
influyente liderazgo como “mascarón de proa” de las corporaciones
chilenas del negocio forestal y su membresía en el Tribunal
Constitucional, todo esto sin que apareciera un solo análisis
crítico en la gran prensa. Al contrario, más bien hubo alabanzas a
su “poder judicial”. El diario La Nación, que pertenece al gobierno,
lo llama desde entonces “el N° 22” de la Corte Suprema –que tiene 21
ministros.

¿Quién es Figueroa?

Figueroa pertenece al Partido Radical Social Demócrata, con
protagonismo en la política chilena desde la segunda mitad del siglo
19. Fue ministro de Agricultura de Patricio Aylwin (1990-1994), el
primer gobernante civil después de la dictadura militar de 17 años
(1973-1990). En el 2000 le disputó sin éxito la presidencia del
partido al ex senador Anselmo Sule, un líder de signo progresista de
ese partido de la Concertación por más de una década, fallecido en
2002.

“Hacer de nuestro país un lugar mejor donde vivir y más justo para
todos” reza una consigna de los jóvenes radicales. Los principios
programáticos del partido afirman que “el radicalismo y los
socialdemócratas se basan en una doctrina política que propugna un
régimen social, económico y político fundado en el efectivo
ejercicio del poder por el pueblo y el control democrático del
aparato productivo e inspirado en los principios de libertad,
igualdad, solidaridad”… etcétera.

Otro párrafo indica que “el PRSD promueve la efectiva acción del
Estado como ente solidario y no meramente subsidiario, para
enfrentar los desafíos de futuro” (http://www.partidoradical.cl/).
Al parecer, Figueroa no tiene mucho que hacer en este partido aliado
de la Concertación gobernante que alcanzó el 4,05% de los sufragios
en la última elección parlamentaria 2001.

La Fundación Neruda

Figueroa exhibe una prestigiable faceta “nerudiana”. Hoy, el nombre
del extinto poeta comunista se transformó en una mercancía, marca de
hoteles y hasta existe una propuesta para rebautizar con su apellido
la ciudad de Santiago. Asumir una postura “nerudiana” y seudo amante
de su poética todavía sugiere compromisos virtuales, sólo como
imagen pública, no reales. Su cargo más relucientes ante la opinión
pública es el ejercicio de la presidencia de la Fundación Pablo
Neruda, que maneja “la marca Neruda” y los cuantiosos bienes físicos
y derechos de autor del Premio Nóbel. El gran vate universal no dejó
herederos ni descendientes. Si hoy supiera todo esto le daría una
gran rabieta.

Figueroa no es el principal terrateniente forestal de La Araucanía,
porque sus 600 hectáreas representan a una gota entre el medio
millón hectáreas de Eliodoro Matte o el millón y medio de Anacleto
Angelini, miembros del trío más rico de Chile si se incluye a
Andrónico Luksic, quien no está en el negocio de la celulosa
blanqueada, sino en la gran minería del cobre y los sectores
industrial, financiero y bancario. Angelini es el tercer líder
mundial en el mercado internacional de la celulosa blanqueada de
pino y eucalipto, hoy la más rentable. Pero Figueroa se esmera en
servir a los más poderosos que él, como Ricardo Claro Valdés,
supermillonario de “segunda categoría” si se toma como referencia la
exigencia de mil millones de dólares por la membresía en la
exclusiva lista de la revista Forbes.

Figueroa es una suerte de puente político entre el ultra derechista
Claro y la Concertación, la coalición de hegemonía socialista-
demócrata cristiana que gobierna al país. Y este gran benefactor del
Opus Dei tiene al laico Figueroa en los directorios de sus holdings
Cristalerías Chile y Elecmetal, que a su vez controlan numerosas
otras empresas. Claro controla la flota marítima más importante, a
través de su holding Sudamericana de Vapores, y también los puertos
privatizados de San Antonio –hoy más importante que Valparaíso–,
San Vicente (Talcahuano), Iquique y Antofagasta, que controlan
prácticamente el negocio de la carga del país. Además, este
protector de Figueroa es un hombre “mediático”, propietario del
canal abierto Megavisión y del periódico financiero El Diario,
además de medios Internet.

Vasos Comunicantes

“A Juan Agustín yo lo puse como director (de Cristalerías Chile),
porque somos muy amigos desde la Universidad”, explicó Claro a El
Mercurio. Este poderoso empresario, que también es abogado, se
desempeñaba como ayudante de cátedra en la Escuela de Derecho de la
Universidad de Chile cuando desestimó la tesis de grado del joven
aspirante a abogado Ricardo Lagos Escobar, “La concentración del
poder económico”.

El entonces estudiante radical de izquierda, que llegó a la
Presidencia en 2000, salió adelante con su trabajo académico con el
apoyo del fallecido economista Alberto Baltra Cortés, también
radical, furibundo enemigo de Salvador Allende después de sustentar
posturas francamente izquierdistas y disputar sin éxito, a mediados
de los 60, una elección extraordinaria por una senaduría en lo que
hoy es la IX Región de La Araucanía, teniendo como rival al entonces
gobiernista demócrata cristiano Jorge Lavandero. La paradoja es que
hoy Lavandero es un senador DC disidente hacia la izquierda,
comprometido en una larga lucha casi personal y solitaria por gravar
al cobre con algún impuesto, mientras el resto de los protagonista
se fue a la derecha.

Su estudio de abogados “Figueroa y Coddou”, en sociedad con Alberto
Coddou Claramunt, entre muchas otras operaciones diseñó
jurídicamente Inversiones Saturno, la empresa de papel que encubre
los negocios del senador vitalicio y ex Presidente Eduardo Frei
Ruiz-Tagle. El escritorio y la empresa comparten el mismo “domicilio
legal”.

Periodismo y Política

Ambos abogados sienten una marcada inclinación por el periodismo.
Coddou fue presidente de la Sociedad La Epoca, S.A, propietaria del
diario homónimo democratacristiano, hoy desaparecido, en tanto
Figueroa gestó la revista Cauce, que desempeñó un rol respetable
durante la dictadura con un notable equipo de periodistas.

Pertenece a la clase política “de izquierda” que negoció el término
formal de la dictadura para instalarse ella en la administración del
modelo de sociedad impuesto por la fuerza de las armas. El
trasvasije fue una necesidad de la globalización, es decir, de las
mismas corporaciones internacionales que derrocaron a Salvador
Allende. El trabajo sucio de hacer retroceder la sociedad ya estaba
hecho. Y los negocios marchan mucho mejor desde que volvió “la
democracia”. Los medios de comunicación anti dictadura fueron
eliminados, al igual que la movilización social, una vez que
cumplieron el trabajo de inflamar a las masas para alcanzar mejores
posiciones en la mesa de negociación. La información y la opinión
están a cargo exclusivamente de El Mercurio y La Tercera, el
duopolio de Agustín Edwards y Alvaro Saieh que controla a la opinión
pública a través de sus redes de periódicos y revistas.

Del bufete jurídico nació en 2001 ElMostrador.cl, el primer diario
electrónico chileno, negocio-aventura que tuvo como fundadores a
casi todos sus socios abogados. El presidente de la empresa y
director del diario es hoy el abogado Federico Joannon Errázuriz,
otro de sus fundadores, en tanto Figueroa delegó su participación en
su hijo Juan Agustín Figueroa Elgueta, encargado formal del fundo
Nancahue.

El diario enfrenta hoy una severa crisis financiera que repercute en
su estructura tecnológica un tanto colapsada y en una alicaída
calidad periodística en descenso, a pesar de la incorporación de
nuevos socios como Juan Francisco Coloane, el hijo del gran escritor
fallecido, cuyos libros sobre la Patagonia se entronizaron en el
mercado lector europeo. El Mercurio y la Asociación Nacional de la
Prensa, que agrupa a los dueños de grandes diarios, le hacen la
guerra de frente a El Mostrador en el mercado de avisos. Aquí si que
no hay transacciones.

Legalidad “Impecable”

El versátil Figueroa, que como cualquier radical también es masón,
intervino como “testigo experto” en favor de la exhibición de “La
última tentación de Cristo”, ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, en el “Caso Olmedo Bustos y Otros”, de 1999. Según
datos recientes, es presidente de la junta directiva de la
Universidad de Santiago, que todavía pertenece al Estado, pero su
negocio insignia son las Termas de Puyehue, S.A., un gran hotel en
la cordillera de Osorno, camino a Bariloche. Además, aparece en los
directorios de Marítima de Inversiones S.A, Navarino S.A., Quemchi
S.A. y Viña Santa Rita S.A., todas empresas de Ricardo Claro.

Ricardo Lagos estuvo más de dos años sin visitar Osorno, pero en
menos de 12 meses viajó dos veces a Puyehue, a 60 km, como
Presidente de la República, primero a colocar la primera piedra de
una ampliación del hotel y de la embotelladora de agua mineral
homónima y luego, a la inauguración de ambas obras ya terminadas, el
24 de marzo de 2001. La influencia de Figueroa no es un mito.

Los lonkos Pichún y Norín probablemente tampoco estaría presos si no
existiera una Reforma Procesal Penal inaugurada hace dos años por
este gobierno en La Araucanía, para extenderla después al resto del
país. El nuevo código trajo consigo el nuevo delito de “asociación
ilícita”.

El apellido “terrorista” lo aporta la Ley Antiterrorista 18.314
“promulgada” por la dictadura de Augusto Pinochet, cuando “el Poder
Legislativo” radicaba en el almirante José Toribio Merino
(fallecido). Pero el único que puede invocar su aplicación es el
ministerio del Interior, a condición de hacerse “parte” en los
juicios contra los mapuches. Así emergen los delitos “asociación
ilícita terrorista” o simple “amenaza terrorista”, que hoy es la
definición jurídica de los lonkos castigados con prisión por “lo que
son”, no por “lo que hicieron”. La aplicación de la ley es
impecable…, dirían Figueroa & Cía.

“Ud. debe renunciar a la Concertación”, le dijo a Figueroa –en una
apasionada “carta abierta”– el joven diputado socialista Alejandro
Navarro Brain, quizás el único legislador que defiende a los
mapuches. Quizás, Navarro también. La Concertación de Partidos por
la Democracia y la Alianza por Chile –de las ultra derechista Unión
Demócrata Independiente y la menos cavernaria Renovación Nacional–
se identifican en un pensamiento y acción de derecha, aunque todavía
no haya exactamente un bipartidismo univitelino como el de
republicanos y demócratas de EE.UU., o PS/PPP de España. Pero hacia
allá vamos.-

* Por Ernesto Carmona. Periodista.